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Terminación Unilateral Sin Justa Causa en Contrato De Suministro con entidad territorial: Cómo Demandar

Como contratista colombiano en Bogotá que tiene un contrato de suministro con una entidad territorial, es posible que se sienta frustrado por la terminación unilateral sin justa causa de su contrato. Esta situación es alarmante, ya que el Estado le debe dinero o le está causando perjuicios económicos considerables, que en su caso podrían ser entre $5.000 millones y $20.000 millones de pesos. Es importante que sepa que esta problemática tiene un camino legal para solucionarse y que existe la posibilidad de recuperarse de estos daños.

¿Qué es el terminación en la contratación estatal?

La terminación de un contrato en la contratación estatal se refiere a la finalización del vínculo contractual antes de que este llegue a su fin estipulado. De acuerdo con la Ley 80 de 1993, artículos 4, 5 y 27, el Estado tiene la facultad de terminar unilateralmente un contrato cuando existan razones justificadas; sin embargo, cuando la terminación se realiza sin ninguna causa razonable, se considera una violación de los derechos del contratista. En estos casos, el contratista tiene derecho a reclamar por los daños y perjuicios ocasionados.

Sus derechos como contratista ante entidad territorial

Como contratista en Bogotá, usted tiene derechos claros frente a la entidad territorial. Estos son:

1. Derecho a ser indemnizado por los perjuicios causados por la terminación unilateral sin justa causa.

2. Derecho a recibir el pago por los servicios prestados hasta la fecha de terminación.

3. Derecho a que se garantice el debido proceso en el procedimiento de liquidación del contrato.

4. Derecho a presentar una reclamación formal ante la entidad que realizó la terminación.

5. Derecho a que su caso sea evaluado por el Consejo de Estado, que es el tribunal competente para los litigios de esta naturaleza.

¿Cuándo procede una demanda contra el Estado en Bogotá?

Existen varias circunstancias que justifican iniciar una demanda contra el Estado en Bogotá, especialmente en casos de terminación unilateral sin justa causa. Entre las más relevantes se incluyen:

1. La entidad no justifica adecuadamente la terminación del contrato.

2. La terminación se lleva a cabo sin seguir los procedimientos previstos por la ley.

3. Han transcurrido más de 60 días desde la notificación de la terminación y no hay respuesta satisfactoria de la entidad.

4. Se presentan daños económicos evidentes debido a la terminación del contrato.

Es importante tener en cuenta que las demandas exitosas en estos casos suelen superar los $5.000 millones de pesos, lo que resalta la importancia de actuar de manera oportuna y adecuada.

El proceso legal paso a paso

Si ha decidido seguir adelante con la demanda, aquí tiene un proceso sencillo a seguir:

1. **Reclamación directa ante la entidad**: Lo primero que debe hacer es presentar una reclamación formal por escrito a la entidad territorial, en la cual exponga los motivos por los cuales considera injusta la terminación del contrato.

2. **Conciliación extrajudicial**: Si no recibe respuesta o la respuesta no es satisfactoria, puede optar por la conciliación extrajudicial. Este es un mecanismo que permite llegar a un acuerdo sin necesidad de judicializar el caso.

3. **Demanda ante el Tribunal Administrativo o Consejo de Estado**: Si la conciliación falla, puede presentar su demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o, si el valor de su demanda supera los $500 millones, ante el Consejo de Estado.

4. **Liquidación y cobro de la sentencia**: Una vez que obtenga una sentencia favorable, procederá la liquidación y el cobro del monto adecuado que se le deba.

¿Cuánto tiempo tiene para demandar?

Es crucial que actúe rápidamente. La caducidad de la acción contractual es de 2 años desde la liquidación del contrato o desde el momento en que se tuvo conocimiento del daño causado. Este plazo es perentorio, por lo que perderlo significaría renunciar a su derecho de reclamar, algo que desea evitar.

Nisimblat Law — Expertos en demandas contra el Estado

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