Acción Popular Por Falta De Intérprete En Sucursal Bancaria — Competencia Territorial Colombia

Recientemente, se ha presentado un caso que resalta la importancia de la competencia territorial en las acciones populares, específicamente en el contexto de la atención a personas con discapacidad auditiva en sucursales bancarias. En este caso, un grupo de ciudadanos, liderados por Sebastián Colorado López, interpuso una acción popular contra el Banco Davivienda S.A., argumentando que en su sucursal de Bogotá no contaban con un intérprete profesional que pudiera asistir a personas que requieren este servicio. Esta situación no solo plantea interrogantes sobre el acceso a servicios bancarios, sino que también pone de relieve la necesidad de que las entidades cumplan con sus obligaciones en materia de inclusión y accesibilidad. Si usted se encuentra en una situación similar, es fundamental que comprenda qué es la casación y cómo puede afectar su caso. La casación es un recurso judicial que permite a las partes impugnar decisiones de tribunales inferiores ante la Corte Suprema de Justicia, buscando la revisión de errores en la aplicación de la ley. En este artículo, exploraremos los detalles de este caso, las decisiones de la Corte y lo que esto significa para usted.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En el caso que nos ocupa, Sebastián Colorado López, junto con otros coadyuvantes, presentó una acción popular contra Banco Davivienda S.A. por la falta de un intérprete profesional en una de sus sucursales en Bogotá. La demanda se fundamentó en la Ley 982 de 2005, que busca proteger los derechos de las personas con discapacidad auditiva. El demandante argumentó que la ausencia de un intérprete en la sucursal de la transversal 48 nº 94 – 97, Centro Comercial La Floresta, vulneraba los derechos de acceso a servicios públicos de esta población. La acción fue inicialmente admitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, que luego declaró la nulidad de todo lo actuado, argumentando que no tenía competencia territorial para conocer el caso, ya que el lugar de la vulneración era Bogotá, donde se encontraba la sucursal del banco. Esta decisión llevó a un conflicto de competencia entre los juzgados de La Virginia y el Juzgado Civil del Circuito de Bogotá, lo que obligó a la Corte Suprema a intervenir y resolver la disputa sobre cuál de los dos juzgados debía conocer el caso.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre dos juzgados, considerando las normas que regulan la competencia territorial en acciones populares. La Corte revisó los argumentos presentados por ambos juzgados y analizó si el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había actuado correctamente al rechazar la demanda por falta de competencia. En su análisis, la Corte tuvo en cuenta la ubicación de la sucursal del banco y el lugar donde se alegó que se habían vulnerado los derechos de los ciudadanos. La Corte concluyó que, dado que la acción popular se relacionaba con la falta de un intérprete en la sucursal de Bogotá, el juzgado competente para conocer el caso era el de esa ciudad, en virtud de las disposiciones de la Ley 472 de 1998 y el Código General del Proceso.

“De ah� que para casos de varios domicilios, o situaciones f�cticas relacionadas con una sucursal o agencia espec�fica de una persona jur�dica que sea convocada, con base en la distribuci�n racional de los asuntos a cargo de los jueces, para un mejor ejercicio de sus funciones, como tambi�n para facilitar al promotor la elecci�n del fuero…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2841-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02031-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Al conjugar, pues, las reglas de competencia antes comentadas, de los art�culos 16 de la ley 472 de 1998 y el numeral 5� del art�culo 28 del C�digo General del Proceso, como en esta especie de controversia se demand� a una persona jur�dica por situaciones vinculadas con determinada sucursal o agencia, es indiscutible que la facultad electiva del…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2841-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02031-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Con todo, revisado este punto de competencia en las acciones populares, a partir del auto AC193 de 2017, se dilucid� que el citado segmento normativo de la ley 472 de 1998, no contempl� soluci�n para los eventos en que el accionado tiene varios domicilios, o es una persona jur�dica con sucursales o agencias, y los hechos respectivos se relacionan…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2841-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02031-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

¿Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece que en los casos de acciones populares, la competencia territorial se determina por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, a elección del actor. Este principio es fundamental para garantizar que las personas tengan acceso a la justicia en los lugares donde se producen las violaciones a sus derechos. En el caso que estamos analizando, el demandante eligió presentar la acción en un juzgado que, según la Corte, no era el competente, dado que la vulneración de derechos se había producido en una sucursal específica en Bogotá. Esto pone de manifiesto la importancia de seguir las normas de competencia territorial para evitar confusiones y garantizar que los casos sean atendidos adecuadamente. La Corte, al aplicar estos principios, busca asegurar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos de manera efectiva y que las entidades cumplan con sus obligaciones legales.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado también menciona que en situaciones donde hay múltiples domicilios o sucursales de una persona jurídica, el demandante tiene la opción de elegir ante cuál juez presentar su demanda. Esta disposición es crucial para facilitar el acceso a la justicia, ya que permite a los ciudadanos seleccionar el foro más conveniente para su caso, lo que puede ser especialmente relevante en situaciones donde las entidades demandadas tienen presencia en diferentes localidades.

¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es importante identificar los errores que pueden dar lugar a este recurso. En el caso que estamos analizando, uno de los principales errores del Tribunal fue la incorrecta interpretación de la competencia territorial. La Corte Suprema ha establecido que la falta de competencia por factores distintos a los subjetivos o funcionales puede ser prorrogada si no se reclama en tiempo. En este caso, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia asumió la competencia al admitir la demanda, pero posteriormente, sin que el demandado hubiera cuestionado la competencia, decidió declinarla. Este acto puede considerarse un error, ya que la jurisprudencia establece que una vez que un juez asume la competencia, no puede renunciar a ella de manera unilateral. Además, el Tribunal debe tener en cuenta que la elección del foro por parte del demandante es vinculante, lo que significa que, si se presenta la demanda en un lugar que cumple con los requisitos de competencia, el juez no puede rechazarla sin una justificación adecuada.

¿Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es procedente en situaciones donde se ha incurrido en errores de derecho que afectan el resultado del proceso. En el caso de acciones populares, es importante que el demandante cumpla con ciertos requisitos para que el recurso sea admitido. Uno de los requisitos es que la cuantía del asunto debe ser igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Además, el demandante tiene un plazo de cinco días para presentar el recurso de casación una vez notificada la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales de casación, estas pueden incluir la violación de normas sobre competencia territorial, como fue el caso en la acción popular contra Banco Davivienda. Si se demuestra que el Tribunal actuó de manera incorrecta al determinar la competencia, el recurso de casación puede ser un mecanismo efectivo para corregir esa situación y buscar una resolución justa del caso.

¿Qué significa esto para usted?

Si usted se encuentra en una situación similar, donde ha interpuesto una acción popular y ha enfrentado problemas relacionados con la competencia territorial, es esencial que comprenda sus derechos y las opciones legales a su disposición. La decisión de la Corte Suprema en este caso subraya la importancia de que las entidades cumplan con sus obligaciones en materia de accesibilidad y atención a personas con discapacidad. Además, es fundamental que los ciudadanos conozcan las reglas de competencia y cómo pueden afectar el resultado de sus acciones legales. Si ha recibido una decisión desfavorable en segunda instancia, es recomendable que busque asesoría legal para evaluar la posibilidad de presentar un recurso de casación y así proteger sus derechos. La justicia debe ser accesible para todos, y conocer sus derechos es el primer paso para garantizar que se respeten.

Preguntas frecuentes sobre acción popular competencia territorial

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo jurídico que permite a los ciudadanos proteger derechos colectivos o difusos, como el acceso a servicios públicos y la protección del medio ambiente.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, el demandante debe demostrar que existe un interés colectivo afectado y que la acción busca proteger derechos de la comunidad.

¿Qué hacer si se rechaza una acción popular por falta de competencia? Si su acción popular es rechazada por falta de competencia, puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

¿Cómo se determina la competencia territorial en acciones populares? La competencia territorial en acciones populares se determina por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, a elección del actor.

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