Acción popular por falta de baño público accesible — competencia territorial Colombia

Recientemente, se ha presentado un caso que pone de manifiesto la importancia de la accesibilidad en los espacios públicos, en particular en las entidades bancarias. Uner Augusto Becerra Largo promovió una acción popular contra Bancolombia S.A. debido a la falta de un baño público accesible en su sucursal ubicada en Medellín. Esta situación no solo refleja una problemática de infraestructura, sino que también plantea interrogantes sobre la competencia territorial en el ámbito judicial. Para quienes han enfrentado una decisión desfavorable en segunda instancia o han recibido una demanda de casación, es fundamental entender el contexto de este caso y cómo se aplica la normativa en Colombia. La casación es un recurso que permite a las partes impugnar decisiones de tribunales inferiores, buscando una revisión en instancias superiores. En este artículo, exploraremos los detalles de la sentencia AC2842-2021 y su relevancia en el ámbito de la acción popular y la competencia territorial.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En el caso que nos ocupa, Uner Augusto Becerra Largo presentó una acción popular contra Bancolombia S.A., argumentando que la sucursal de la entidad en Medellín no contaba con un baño público accesible para personas con movilidad reducida. La acción fue inicialmente admitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, que notificó a las partes involucradas, incluyendo a la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, posteriormente, este juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda, argumentando que no tenía competencia territorial para conocer el caso, dado que la sucursal demandada se encontraba en Medellín y no en La Virginia, donde supuestamente estaba domiciliada la entidad. Este rechazo se basó en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, que establece que el juez competente es el del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Ante esta situación, el juzgado de Medellín también se declaró incompetente, lo que llevó a la Corte Suprema a intervenir y resolver el conflicto de competencia.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre los juzgados de La Virginia y Medellín. En su análisis, la Corte consideró las normas pertinentes que regulan la competencia en acciones populares, en particular el artículo 16 de la Ley 472 de 1998. Este artículo establece que el juez competente es aquel del lugar donde ocurrieron los hechos o el del domicilio del demandado, permitiendo al actor elegir entre ambos. La Corte también tuvo en cuenta la naturaleza de la acción popular y la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente en casos que involucran derechos fundamentales. A partir de esta evaluación, la Corte determinó que la competencia debía ser atribuida al juez de la sucursal donde se presentó la situación que motivó la acción, en este caso, la falta de un baño accesible en la sucursal de Bancolombia en Medellín.

“De ah� que para casos de varios domicilios, o situaciones f�cticas relacionadas con una sucursal o agencia espec�fica de una persona jur�dica que sea convocada, con base en la distribuci�n racional de los asuntos a cargo de los jueces, para un mejor ejercicio de sus funciones, como tambi�n para facilitar al promotor la elecci�n del fuero…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2842-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02035-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Al conjugar, pues, las reglas de competencia antes comentadas, de los art�culos 16 de la ley 472 de 1998 y el numeral 5� del art�culo 28 del C�digo General del Proceso, como en esta especie de controversia se demand� a una persona jur�dica por situaciones vinculadas con determinada sucursal o agencia, es indiscutible que la facultad electiva del…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2842-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02035-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Con todo, revisado este punto de competencia en las acciones populares, a partir del auto AC193 de 2017, se dilucid� que el citado segmento normativo de la ley 472 de 1998, no contempl� soluci�n para los eventos en que el accionado tiene varios domicilios, o es una persona jur�dica con sucursales o agencias, y los hechos respectivos se relacionan…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2842-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02035-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia territorial y el tratamiento de las acciones populares. En este contexto, es relevante mencionar que la ley permite al demandante elegir el juez competente, lo que se traduce en una mayor flexibilidad para acceder a la justicia. Sin embargo, también se establece que esta elección debe hacerse de manera razonable y en consonancia con la naturaleza del caso. En el caso en cuestión, la Corte Suprema subrayó la importancia de interpretar las normas de competencia de manera que se evite la concentración de litigios en un solo lugar, garantizando así una distribución equitativa de los casos entre los diferentes juzgados. Esto es especialmente relevante en situaciones donde las entidades demandadas tienen múltiples sucursales, como ocurre con los bancos.

“Muchas de esas dificultades he logrado superarlas mediante el estudio sistemático de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de las posiciones asumidas por cada magistrado frente a los distintos problemas jurídicos sometidos a su consideración.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza que la falta de competencia por factores distintos de los subjetivos o funcionales puede ser prorrogable, lo que significa que, si no se plantea la objeción a tiempo, el juez continuará conociendo el caso. Este principio de prorrogabilidad es fundamental para asegurar que los procesos no se vean interrumpidos innecesariamente, permitiendo que las partes se concentren en el fondo del asunto.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la sentencia AC2842-2021, se pueden identificar varios errores que podrían dar lugar a la casación. En primer lugar, la declaración de nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia por falta de competencia territorial puede considerarse un error, dado que la acción fue admitida y, por lo tanto, el juez asumió la competencia en virtud del principio de perpetuatio jurisdictionis. Este principio establece que, una vez que un juez ha asumido la competencia, no puede renunciar a ella de manera unilateral, salvo en casos excepcionales. En este caso, no se presentaron circunstancias que justificaran la declinación de competencia por parte del juez inicial.

Otro error que puede ser objeto de casación es la interpretación de la norma que regula la competencia en acciones populares. La Corte Suprema destacó que, en situaciones donde hay múltiples domicilios o sucursales, el demandante tiene la facultad de elegir el juez competente, lo que implica que la decisión de rechazar la demanda por falta de competencia territorial debe ser revisada con cautela. La falta de un análisis exhaustivo de la normativa aplicable y la interpretación restrictiva de las reglas de competencia pueden dar lugar a decisiones que vulneren el derecho de acceso a la justicia de las partes involucradas. Por último, la falta de consideración de los derechos fundamentales de las personas con movilidad reducida, que son el núcleo de la acción popular, también puede ser un motivo para que la Corte revise la decisión del tribunal inferior.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo que permite a las partes impugnar decisiones de tribunales inferiores. En el caso de acciones populares, como la presentada por Uner Augusto Becerra Largo, el recurso de casación puede proceder cuando se cumplen ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que la cuantía del asunto sea igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Además, es fundamental que la parte interesada presente el recurso dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se desea impugnar.

Las causales de casación son diversas y pueden incluir errores en la interpretación de la ley, violaciones al debido proceso, o la falta de competencia del juez que emitió la decisión. En el contexto de la acción popular, si se considera que el tribunal inferior no aplicó correctamente las normas de competencia territorial, o que vulneró derechos fundamentales de los ciudadanos, la parte afectada puede interponer el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Este recurso no solo busca la revocación de la decisión impugnada, sino también la protección de los derechos de los ciudadanos y la correcta aplicación de la ley.

Que significa esto para usted?

Para quienes han enfrentado una decisión desfavorable en segunda instancia o han recibido una demanda de casación, el caso de la acción popular por falta de baño público accesible en la sucursal de Bancolombia es un claro ejemplo de cómo la justicia puede ser un camino complicado. Es fundamental entender que la competencia territorial es un aspecto crucial en el proceso judicial, ya que determina qué juez tiene la autoridad para conocer un caso. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en este asunto no solo resalta la importancia de la accesibilidad en los espacios públicos, sino que también establece precedentes sobre cómo deben interpretarse las normas de competencia en acciones populares. Si usted se encuentra en una situación similar, es vital que busque asesoría legal adecuada para entender sus derechos y las opciones disponibles para impugnar decisiones que considere injustas. La casación puede ser una herramienta poderosa para garantizar que se respeten sus derechos y que se aplique correctamente la ley en su caso.

Preguntas frecuentes sobre acción popular competencia territorial

1. ¿Qué es una acción popular?
Una acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano promover acciones judiciales en defensa de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos, la protección del medio ambiente, entre otros. Su objetivo es garantizar el bienestar general y la protección de derechos fundamentales.

2. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular?
Para presentar una acción popular, el demandante debe demostrar que existe una situación que afecta derechos colectivos. Además, debe presentar la demanda ante el juez competente, que puede ser el del lugar donde ocurrieron los hechos o el del domicilio del demandado, según lo establecido en la ley.

3. ¿Qué significa la competencia territorial en una acción popular?
La competencia territorial se refiere a la autoridad que tiene un juez para conocer un caso en función de la ubicación geográfica donde ocurrieron los hechos o donde reside el demandado. En acciones populares, el demandante puede elegir entre el juez del lugar de los hechos o el del domicilio del demandado.

4. ¿Qué hacer si se rechaza una acción popular por falta de competencia?
Si una acción popular es rechazada por falta de competencia, el demandante puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la decisión del tribunal inferior fue incorrecta. Es importante contar con asesoría legal para presentar el recurso adecuadamente y proteger los derechos en juego.

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