Falta de baño público apto para ciudadanos en silla de ruedas — conflicto de competencia Colombia

En el contexto de la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad, se ha presentado un caso que pone de manifiesto la importancia de contar con instalaciones adecuadas en lugares públicos. En este caso específico, un ciudadano en silla de ruedas, Uner Augusto Becerra Largo, interpuso una acción popular contra Bancolombia S.A. debido a la falta de un baño público apto para su uso en una de sus sucursales en Medellín. Este hecho no solo resalta la necesidad de adecuaciones en espacios públicos, sino que también abre un debate sobre la competencia de los juzgados para conocer de este tipo de acciones. Si usted se encuentra en una situación similar, es posible que se pregunte qué opciones tiene y cómo puede proceder ante la negativa de las entidades a garantizar sus derechos. La casación es un recurso que permite revisar decisiones judiciales en instancias superiores, y en este artículo exploraremos cómo se aplica en el contexto de conflictos de competencia, especialmente en acciones populares.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso que nos ocupa comenzó cuando Uner Augusto Becerra Largo presentó una acción popular contra Bancolombia S.A. ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda. El demandante argumentó que la sucursal de la entidad bancaria ubicada en la Calle 64 n.º 54 D – 154 en Medellín no contaba con un baño público accesible para personas que se movilizan en silla de ruedas. Este hecho, según el demandante, vulneraba los derechos colectivos de accesibilidad y dignidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, el juzgado inicial admitió la demanda, pero posteriormente declaró la nulidad de lo actuado, argumentando que no tenía competencia territorial para conocer el caso, dado que la sucursal demandada se encontraba en Medellín y no en La Virginia, donde se había presentado la acción. Este rechazo generó un conflicto de competencia entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia a intervenir para resolver la disputa sobre cuál de los juzgados debía conocer el caso.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia surgido entre los dos juzgados mencionados. En este análisis, la Corte se centró en la interpretación de las normas que regulan la competencia en acciones populares, así como en la aplicación de principios como la perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez que un juez asume la competencia de un caso, no puede renunciar a ella de manera unilateral. La Corte también consideró la naturaleza de la acción popular y la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para los ciudadanos, especialmente en casos que involucran derechos fundamentales como la accesibilidad. Este análisis fue crucial para determinar cuál de los juzgados debía continuar con el conocimiento del caso y garantizar que se respeten los derechos de las personas con discapacidad.

“De ah� que para casos de varios domicilios, o situaciones f�cticas relacionadas con una sucursal o agencia espec�fica de una persona jur�dica que sea convocada, con base en la distribuci�n racional de los asuntos a cargo de los jueces, para un mejor ejercicio de sus funciones, como tambi�n para facilitar al promotor la elecci�n del fuero…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3392-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02464-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Al conjugar, pues, las reglas de competencia antes comentadas, de los art�culos 16 de la ley 472 de 1998 y el numeral 5� del art�culo 28 del C�digo General del Proceso, como en esta especie de controversia se demand� a una persona jur�dica por situaciones vinculadas con determinada sucursal o agencia, es indiscutible que la facultad electiva del…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3392-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02464-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Con todo, revisado este punto de competencia en las acciones populares, a partir del auto AC193 de 2017, se dilucid� que el citado segmento normativo de la ley 472 de 1998, no contempl� soluci�n para los eventos en que el accionado tiene varios domicilios, o es una persona jur�dica con sucursales o agencias, y los hechos respectivos se relacionan…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3392-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02464-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece directrices claras sobre cómo deben resolverse los conflictos de competencia en el ámbito judicial. En particular, se enfoca en la necesidad de que los jueces actúen de acuerdo con los principios de justicia y equidad, garantizando que las partes tengan acceso a un tribunal competente. En el contexto de acciones populares, el Tratado señala que el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado es competente, lo que implica que el demandante tiene la facultad de elegir ante cuál juez presentar su acción. Esta elección es vinculante y debe respetarse para asegurar un proceso justo. En este caso, la Corte tuvo que considerar la aplicación de estas disposiciones para resolver el conflicto de competencia entre los juzgados involucrados.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza la importancia de la correcta interpretación de las normas procesales, especialmente en situaciones donde hay múltiples domicilios o sucursales de una persona jurídica. Esto es relevante en el caso de Bancolombia S.A., ya que la acción se refería a una sucursal específica en Medellín, lo que complicaba la determinación del juez competente. La Corte tuvo que equilibrar estos aspectos para llegar a una decisión que no solo resolviera el conflicto de competencia, sino que también protegiera los derechos de los ciudadanos afectados.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de este caso, varios errores del tribunal podrían dar lugar a la casación. Uno de los principales errores fue la declaración de nulidad de lo actuado por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, que argumentó falta de competencia territorial. Este tipo de error puede ser revisado en casación, ya que afecta directamente el derecho de acceso a la justicia del demandante. Además, la incorrecta interpretación de las normas sobre competencia en acciones populares, como la perpetuatio jurisdictionis, también puede ser motivo de casación. La Corte ha establecido que una vez que un juez asume el conocimiento de un caso, no puede renunciar a su competencia a menos que se alegue oportunamente por el demandado. Si el juez no sigue este principio, su decisión puede ser considerada nula y, por lo tanto, susceptible de ser revisada en casación. Por último, la falta de consideración de la naturaleza de la acción popular y los derechos colectivos involucrados también puede ser un error que justifique la intervención de la Corte Suprema.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación procede en casos como este cuando se han agotado las instancias ordinarias y se ha dictado una sentencia en segunda instancia. En el caso de acciones populares, es fundamental que se cumplan ciertos requisitos para que la casación sea procedente. Uno de los requisitos es que la cuantía del asunto supere los 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Además, el plazo para interponer el recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la sentencia de segunda instancia. Es importante destacar que el recurso de casación solo puede ser interpuesto por las causales establecidas en la ley, que incluyen la violación de normas sustantivas o procesales, así como errores en la valoración de las pruebas. En este sentido, si se considera que el tribunal de segunda instancia cometió errores que afectaron el resultado del proceso, se puede presentar el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que revise la decisión y, en su caso, la revoque o modifique.

Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano, este caso resalta la importancia de conocer sus derechos y las vías legales disponibles para hacerlos valer. Si ha enfrentado una situación similar, donde se vulneran sus derechos de accesibilidad, es crucial que sepa que tiene la opción de presentar una acción popular. Sin embargo, también es fundamental que comprenda los aspectos procesales que pueden influir en el resultado de su caso, como la competencia de los juzgados y los requisitos para interponer un recurso de casación. La casación no solo es un medio para impugnar decisiones desfavorables, sino que también es una herramienta para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Por lo tanto, es recomendable que busque asesoría legal especializada que le ayude a navegar por el sistema judicial y a tomar decisiones informadas sobre su situación.

Preguntas frecuentes sobre conflicto de competencia acción popular

¿Qué es un conflicto de competencia? Un conflicto de competencia se presenta cuando dos o más juzgados reclaman la facultad de conocer un mismo caso. Esto puede ocurrir por diferencias en la interpretación de las normas sobre competencia territorial o funcional.

¿Cuáles son las causales para interponer un recurso de casación? Las causales para interponer un recurso de casación incluyen la violación de normas sustantivas o procesales, así como errores en la valoración de las pruebas. Es fundamental que se identifiquen claramente para que el recurso sea procedente.

¿Qué requisitos debo cumplir para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, debe demostrarse que se está vulnerando un derecho colectivo, como el acceso a servicios públicos. Además, es importante que el juez ante el cual se presenta la acción sea competente, lo que puede depender de la ubicación de los hechos o del domicilio del demandado.

¿Qué hacer si mi acción popular es rechazada por falta de competencia? Si su acción popular es rechazada por falta de competencia, puede considerar presentar un recurso de casación si se cumplen los requisitos establecidos. También es recomendable buscar asesoría legal para evaluar las opciones disponibles.

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