Falta de baño público accesible — competencia territorial en acciones populares Colombia

Recientemente, se ha presentado un caso que ha generado un intenso debate sobre la competencia territorial en acciones populares en Colombia. En este caso, un ciudadano interpuso una acción popular contra Bancolombia S.A. por la falta de un baño público accesible en una de sus sucursales en Medellín. Este hecho pone de manifiesto la importancia de garantizar el acceso a servicios básicos para todos, especialmente para las personas con movilidad reducida. Sin embargo, la situación se complica cuando se trata de determinar qué juez es competente para conocer la demanda, dado que la entidad demandada tiene su domicilio en otro municipio. Este tipo de conflictos no son infrecuentes y pueden generar frustración en los ciudadanos que buscan justicia. La casación es un recurso que permite a las partes impugnar decisiones judiciales, y en este caso, se plantea la necesidad de entender cómo se aplica en situaciones de competencia territorial. En este artículo, exploraremos los detalles del caso, el análisis de la Corte Suprema y lo que esto significa para quienes se encuentran en una situación similar.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso en cuestión se originó cuando Uner Augusto Becerra Largo, un ciudadano, presentó una acción popular contra Bancolombia S.A. La demanda fue radicada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, alegando que en la sucursal de la entidad ubicada en Medellín no había un baño público accesible para personas que se movilizan en silla de ruedas. Este hecho fue considerado una vulneración de derechos colectivos, lo que motivó la acción popular. Sin embargo, el juzgado de La Virginia, tras admitir la demanda, decidió declarar la nulidad de lo actuado y rechazó el libelo por falta de competencia territorial, argumentando que la sucursal de Medellín era el lugar donde se estaban vulnerando los derechos y, por lo tanto, el juez competente debía ser el de esa ciudad. La situación se complicó cuando el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, al recibir el expediente, planteó una colisión negativa de competencias, ya que consideraba que el juez de La Virginia no debió apartarse del asunto, invocando el principio de perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez asumida la competencia, esta no puede ser alterada sin justificación. Así, la Corte Suprema tuvo que intervenir para resolver el conflicto de competencia entre ambos juzgados.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar la colisión de competencias planteada entre los dos juzgados. En su análisis, la Corte se centró en la interpretación de las normas que regulan la competencia en acciones populares, específicamente la ley 472 de 1998 y el Código General del Proceso. La Corte determinó que, en este tipo de acciones, el juez competente puede ser el del lugar donde ocurrieron los hechos o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Sin embargo, también se consideró la situación particular de las personas jurídicas que tienen múltiples sucursales, como es el caso de Bancolombia. La Corte concluyó que, dado que la acción se refería a una sucursal específica en Medellín, el demandante debía haber presentado la demanda ante el juez de esa localidad, lo que llevó a la Corte a reafirmar la importancia de la correcta elección del juez competente en acciones populares.

“De ah� que para casos de varios domicilios, o situaciones f�cticas relacionadas con una sucursal o agencia espec�fica de una persona jur�dica que sea convocada, con base en la distribuci�n racional de los asuntos a cargo de los jueces, para un mejor ejercicio de sus funciones, como tambi�n para facilitar al promotor la elecci�n del fuero…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3391-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02434-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Al conjugar, pues, las reglas de competencia antes comentadas, de los art�culos 16 de la ley 472 de 1998 y el numeral 5� del art�culo 28 del C�digo General del Proceso, como en esta especie de controversia se demand� a una persona jur�dica por situaciones vinculadas con determinada sucursal o agencia, es indiscutible que la facultad electiva del…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3391-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02434-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Con todo, revisado este punto de competencia en las acciones populares, a partir del auto AC193 de 2017, se dilucid� que el citado segmento normativo de la ley 472 de 1998, no contempl� soluci�n para los eventos en que el accionado tiene varios domicilios, o es una persona jur�dica con sucursales o agencias, y los hechos respectivos se relacionan…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3391-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02434-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia en el ámbito judicial. En el contexto de acciones populares, se enfatiza la necesidad de que el demandante elija adecuadamente el juez ante el cual presenta su demanda, considerando el lugar de ocurrencia de los hechos y el domicilio del demandado. Este principio es esencial para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos colectivos. En el caso analizado, la Corte recordó que la falta de regulación específica en la ley 472 de 1998 sobre situaciones de pluralidad de domicilios o sucursales de personas jurídicas puede generar confusiones y conflictos de competencia. Por lo tanto, es fundamental que los ciudadanos comprendan cómo funcionan estas reglas y cómo pueden afectar sus acciones legales.

“Muchas de esas dificultades he logrado superarlas mediante el estudio sistemático de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de las posiciones asumidas por cada magistrado frente a los distintos problemas jurídicos sometidos a su consideración.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado subraya que la correcta interpretación de las normas sobre competencia es vital para el adecuado funcionamiento del sistema judicial. La Corte, al abordar este caso, reafirmó la necesidad de que los jueces actúen conforme a las disposiciones legales y respeten los derechos de las partes involucradas. Esto no solo garantiza la justicia en el caso particular, sino que también sienta un precedente para futuros litigios relacionados con acciones populares y competencia territorial.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es importante identificar los errores que pueden llevar a la anulación de una sentencia. En el caso de acciones populares, uno de los errores más comunes es la incorrecta determinación de la competencia territorial. Si un tribunal se pronuncia sobre un asunto que no le corresponde, esto puede ser motivo suficiente para que la parte afectada interponga un recurso de casación. Además, la falta de aplicación de los principios de perpetuatio jurisdictionis puede llevar a la nulidad de lo actuado, ya que una vez que un juez asume la competencia, no puede renunciar a ella sin justificación. Otro error que puede dar lugar a casación es la falta de motivación en las decisiones judiciales, ya que los jueces deben fundamentar adecuadamente sus resoluciones, especialmente en casos que involucran derechos colectivos. Asimismo, la omisión de análisis sobre la naturaleza y finalidad de las acciones populares puede ser un motivo de casación, dado que estas acciones buscan proteger derechos fundamentales y colectivos. Por último, cualquier irregularidad en el proceso que afecte el debido proceso también puede ser causal de casación, lo que pone de relieve la importancia de seguir los procedimientos establecidos por la ley.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo legal que permite a las partes impugnar decisiones judiciales que consideran erróneas. En el caso de acciones populares, este recurso procede cuando se presentan ciertas condiciones. En primer lugar, es necesario que la cuantía del asunto supere los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Además, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia. Las causales de casación aplicables en estos casos pueden incluir la violación de normas sobre competencia, la falta de motivación en las decisiones judiciales, y la vulneración de derechos fundamentales. Es fundamental que los ciudadanos que se encuentren en situaciones similares comprendan estos requisitos y causales, ya que el recurso de casación puede ser una herramienta poderosa para corregir errores judiciales y garantizar el acceso a la justicia. En este sentido, es recomendable contar con asesoría legal para asegurar que se cumplan todos los requisitos y se presente el recurso de manera adecuada.

Que significa esto para usted?

Para quienes han perdido en segunda instancia o han recibido una demanda de casación, es fundamental entender que este proceso no es el final del camino. La casación ofrece una nueva oportunidad para revisar decisiones que pueden haber sido injustas o incorrectas. En el contexto de acciones populares, como el caso de la falta de un baño público accesible, es vital que los ciudadanos conozcan sus derechos y cómo hacerlos valer. La decisión de la Corte Suprema en este caso resalta la importancia de la correcta elección del juez competente y la necesidad de que las entidades cumplan con sus obligaciones de garantizar el acceso a servicios básicos. Si usted se encuentra en una situación similar, es recomendable buscar asesoría legal para explorar las opciones disponibles y asegurar que se respeten sus derechos. La casación puede ser un recurso valioso para corregir errores y buscar justicia, y es esencial estar informado sobre cómo funciona este proceso.

Preguntas frecuentes sobre competencia territorial en acciones populares

¿Qué es una acción popular? Una acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos o de interés general, como el acceso a servicios públicos. Este tipo de acción busca proteger derechos fundamentales y garantizar el bienestar de la comunidad.

¿Cuáles son los requisitos para interponer una acción popular? Para interponer una acción popular, es necesario que el demandante demuestre que existe una vulneración de derechos colectivos y que la acción se presenta ante el juez competente, ya sea el del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado.

¿Qué es la perpetuatio jurisdictionis? La perpetuatio jurisdictionis es un principio que establece que una vez que un juez asume la competencia de un asunto, no puede renunciar a ella sin justificación, salvo en casos excepcionales. Este principio busca garantizar la estabilidad y la continuidad en los procesos judiciales.

¿Qué hacer si se considera que la sentencia es injusta? Si se considera que la sentencia es injusta, se puede interponer un recurso de casación dentro de los plazos establecidos. Es recomendable contar con asesoría legal para asegurar que se cumplan todos los requisitos y se presente el recurso de manera adecuada.

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