Falta de accesibilidad en servicios públicos — competencia judicial Colombia

En Colombia, el acceso a servicios públicos es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los ciudadanos, sin excepción. Sin embargo, en muchas ocasiones, este derecho se ve vulnerado, como ocurrió en el caso de Johan Gallego, quien presentó una acción popular debido a la falta de accesibilidad en los servicios ofrecidos por el Centro de Servicios Crediticios. La situación que enfrentó Gallego es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas personas en el país, especialmente a aquellas con discapacidades o condiciones que limitan su movilidad. La acción popular es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos defender sus derechos colectivos, pero en este caso, surgió un conflicto de competencia judicial que llevó el asunto hasta la Corte Suprema de Justicia. La casación es un recurso que puede utilizarse para revisar decisiones judiciales y, en este contexto, se convierte en una herramienta crucial para garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, especialmente en temas de accesibilidad a servicios públicos. En este artículo, exploraremos lo que ocurrió en este caso específico, cómo la Corte Suprema analizó la situación y qué implicaciones tiene para otros casos similares.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia involucró a Johan Gallego, quien presentó una acción popular contra el Centro de Servicios Crediticios (CSC). Gallego argumentó que la entidad no contaba con una ventanilla accesible para personas de talla baja en su sede de Tierralta, Córdoba. A pesar de que la falta de accesibilidad se denunciaba como un problema generalizado en el país, el demandante especificó que la vulneración de sus derechos colectivos se evidenciaba en esa localidad. La acción fue inicialmente radicada ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que inadmitió la demanda por falta de información y solicitó al demandante que subsanara algunos aspectos, como la dirección de notificaciones y el domicilio del demandado. Posteriormente, el Juzgado de Pereira rechazó la demanda y la remitió al Juzgado Tercero Civil de Montería, argumentando que la competencia correspondía al lugar donde ocurrió la presunta vulneración. Sin embargo, el Juzgado de Montería también se negó a conocer el caso, lo que generó un conflicto de competencia que fue elevado a la Corte Suprema para su resolución.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre los dos juzgados que se habían pronunciado sobre el caso. En este sentido, la Corte analizó cuál de los dos juzgados era el competente para conocer la acción popular presentada por Johan Gallego. La Corte se basó en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, que establece que el juez competente para conocer de acciones populares puede ser el del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado, a elección del actor. La Corte determinó que, dado que el demandante había señalado el lugar de vulneración en Tierralta, Córdoba, correspondía al Juzgado de Montería conocer del caso, ya que este era el lugar donde se había presentado la supuesta violación de derechos colectivos. Así, la Corte resolvió el conflicto de competencia y ordenó que el juzgado de Montería diera trámite a la acción popular.

“As� las cosas, al examinar con detenimiento el libelo se deduce que, en �ltimas, el foro elegido para atribuir la competencia no puede ser otro que el de los hechos o agravio, por obra de la referencia que el demandante hace a la sede de la convocada como ?lugar de vulneraci�n calle 7 No. 14-13 Tierralta, C�rdoba?, de donde es claro que la…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC1986-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-00689-00 — M.P. [ver documento] — 10 de noviembre de 2020

“Dicho lo anterior, la Corte observa que si bien en este caso el reclamante radic� el libelo ante los juzgadores de la ciudad de Pereira, se hace necesario indicar que de la informaci�n que se anexa en el expediente y de la que se puede consultar en internet, no es posible determinar con precisi�n el domicilio principal del demandado, sin que la…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC1986-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-00689-00 — M.P. [ver documento] — 10 de noviembre de 2020

“En definitiva, una vez el pleito en ciernes fue recibido por el prenombrado estrado judicial de Monter�a, �ste se equivoc� al repelerlo, desconociendo el fuero que le impon�a su conocimiento por ser el juzgador del lugar de ocurrencia de los hechos, de manera que se le remitir� para que le d� el tr�mite que legalmente corresponda y se pondr� al…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC1986-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-00689-00 — M.P. [ver documento] — 10 de noviembre de 2020

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece lineamientos claros sobre la competencia judicial en casos de acciones populares. En este contexto, se resalta que el legislador otorga a los ciudadanos la posibilidad de elegir el juez ante el cual presentar su acción, ya sea en el lugar donde ocurrieron los hechos o en el domicilio del demandado. Esta disposición busca facilitar el acceso a la justicia y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos de manera efectiva. En el caso de Johan Gallego, la Corte reafirmó la importancia de seguir este principio, asegurando que la elección del juez por parte del demandante es vinculante y debe ser respetada por los operadores judiciales. Esto es fundamental para asegurar que las acciones populares se tramiten adecuadamente y que las personas afectadas puedan ver sus derechos protegidos.

“Muchas de esas dificultades he logrado superarlas mediante el estudio sistemático de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de las posiciones asumidas por cada magistrado frente a los distintos problemas jurídicos sometidos a su consideración.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza que el cumplimiento de estos principios es esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia en Colombia. La Corte, al resolver el conflicto de competencia, no solo estaba decidiendo sobre el caso específico de Gallego, sino también sentando un precedente sobre cómo deben manejarse situaciones similares en el futuro.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto del caso de Johan Gallego, se pueden identificar varios errores que podrían dar lugar a un recurso de casación. En primer lugar, el Juzgado Tercero Civil de Pereira inadmitió la demanda inicialmente, lo que puede considerarse un error si se tiene en cuenta que el demandante cumplió con los requisitos básicos para presentar la acción. La Ley 472 de 1998 establece que las acciones populares deben ser tramitadas de manera preferente, y la inadmisión de la demanda podría interpretarse como un obstáculo injustificado para el acceso a la justicia. En segundo lugar, el Juzgado de Montería también cometió un error al rechazar el conocimiento del caso, ya que la Corte determinó que era competente para conocer la acción popular. Este tipo de errores en la interpretación de la ley y en la determinación de la competencia judicial pueden ser motivos suficientes para que una de las partes interponga un recurso de casación, buscando que la Corte Suprema revise y corrija las decisiones de los juzgados inferiores. Por último, es importante señalar que la falta de claridad en la aplicación de las normas sobre competencia judicial puede generar confusiones y dilaciones en el proceso, lo que afecta directamente el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia de manera efectiva.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en Colombia es un mecanismo que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia. En el caso de acciones populares, como la presentada por Johan Gallego, este recurso puede proceder cuando se cumplen ciertos requisitos. Uno de los principales requisitos es que el valor de la acción supere los 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Además, el demandante tiene un plazo de cinco días para presentar el recurso una vez notificada la decisión que se desea impugnar. Las causales de casación son diversas, pero en este contexto, se pueden mencionar aquellas relacionadas con la violación de normas sobre competencia judicial y la correcta interpretación de las leyes que regulan las acciones populares. Si se determina que un juzgado no tenía la competencia para conocer el caso, o que se cometieron errores en la aplicación de la ley, el recurso de casación puede ser procedente. Esto es fundamental para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que se les brinde un acceso efectivo a la justicia.

Que significa esto para usted?

La resolución del caso de Johan Gallego tiene implicaciones significativas para todos los ciudadanos en Colombia. En primer lugar, resalta la importancia de la accesibilidad a los servicios públicos y la necesidad de que las entidades cumplan con las normativas que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Además, el caso pone de manifiesto la relevancia de conocer los mecanismos legales disponibles para defender nuestros derechos. La acción popular es una herramienta poderosa que permite a los ciudadanos actuar en defensa de sus derechos colectivos, y es fundamental que se utilice de manera efectiva. Por otro lado, la decisión de la Corte Suprema también subraya la importancia de la correcta interpretación de las normas sobre competencia judicial, lo que puede influir en cómo se tramitan futuros casos similares. Para cualquier ciudadano que se encuentre en una situación similar, es esencial entender que existen recursos legales disponibles y que es posible buscar justicia ante instancias superiores si se considera que sus derechos han sido vulnerados.

Preguntas frecuentes sobre acceso a servicios públicos en Colombia

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos, medio ambiente sano, entre otros. Se puede presentar ante cualquier juez competente.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, se debe demostrar que existe una vulneración a derechos colectivos. Además, es necesario cumplir con los requisitos formales establecidos en la Ley 472 de 1998.

¿Qué hacer si mi acción popular es inadmitida? Si una acción popular es inadmitida, el demandante puede subsanar los errores señalados por el juez y volver a presentar la demanda. También puede interponer un recurso de casación si considera que se ha vulnerado su derecho de acceso a la justicia.

¿Cómo puedo asegurarme de que mis derechos sean protegidos en casos de accesibilidad? Es fundamental informarse sobre los derechos que protegen la accesibilidad y utilizar los mecanismos legales disponibles, como la acción popular, para hacer valer esos derechos ante las autoridades competentes.

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