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Casación Colombia

Acción popular por unidad sanitaria — conflicto de competencia Colombia



Acción popular por unidad sanitaria — conflicto de competencia Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

Es posible que usted se encuentre en una situación complicada tras haber perdido un litigio en segunda instancia o haber recibido una demanda de casación. La incertidumbre y la frustración pueden ser abrumadoras, especialmente cuando se trata de un asunto que afecta a la comunidad, como la construcción de una unidad sanitaria para personas con movilidad reducida. Este tipo de acciones populares son fundamentales para garantizar derechos colectivos, pero también pueden dar lugar a conflictos de competencia entre diferentes juzgados. Entender cómo funciona el proceso de casación y qué significa para su caso es crucial. La casación es un recurso extraordinario que permite revisar decisiones judiciales para asegurar que se hayan aplicado correctamente las normas y principios del derecho. Si ha enfrentado un conflicto similar, este artículo le proporcionará información valiosa sobre el proceso y las implicaciones legales de su situación.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En el caso que nos ocupa, Augusto Becerra Largo interpuso una acción popular contra Bancolombia S.A. con el objetivo de que se ordenara la construcción de una unidad sanitaria pública apta para ciudadanos con movilidad reducida en un inmueble de la entidad bancaria ubicado en Medellín, Antioquia. La acción fue admitida inicialmente por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, que procedió a notificar a la entidad demandada y al Ministerio Público, además de vincular a la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, el 21 de abril de 2021, este juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado y rechazó los libelos, argumentando que la competencia para conocer del caso correspondía a los juzgados de Medellín, dado que allí se encontraba el domicilio de la entidad demandada y el lugar de la supuesta vulneración de derechos colectivos. Esta decisión generó un conflicto de competencia, ya que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín también se había pronunciado sobre el asunto, aunque con una interpretación diferente. Finalmente, el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para que resolviera la colisión de competencias entre ambos juzgados.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar la competencia de los juzgados involucrados en el caso, considerando que la acción popular se rige por normas específicas que determinan el lugar de conocimiento de la misma. En este contexto, la Corte analizó si el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había actuado correctamente al desestimar su competencia y si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín podía asumir el caso. La Corte concluyó que la competencia debía permanecer en el juzgado que inicialmente admitió la demanda, dado que no se habían presentado razones suficientes para justificar el cambio de competencia.

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (12 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (21 abr. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3544-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02517-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3544-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02517-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3544-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02517-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios y normas que guían el proceso de revisión de decisiones judiciales, especialmente en casos donde se presentan conflictos de competencia. En este sentido, el tratado resalta la importancia de la correcta asignación de competencias entre los juzgados, así como la necesidad de garantizar el derecho a un debido proceso. La Corte Suprema, al resolver este conflicto, se basa en los principios establecidos en el tratado, que buscan asegurar que los litigios sean tramitados por el juez adecuado, evitando así la dilación en la justicia y garantizando que los derechos de los ciudadanos sean protegidos de manera efectiva.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el tratado enfatiza que la elección del juez por parte del actor es vinculante, lo que significa que si el demandante elige un juzgado que no es competente, el juez no puede simplemente apartarse del caso sin una justificación válida. Esto es fundamental para mantener la estabilidad y la confianza en el sistema judicial.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, existen varios errores que pueden dar lugar a la revisión de una decisión judicial. En el caso que nos ocupa, uno de los errores más significativos fue la incorrecta interpretación de la competencia por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia. Este juzgado, al declarar la nulidad de lo actuado y rechazar la demanda, no tuvo en cuenta que la competencia se había prorrogado una vez que admitió la acción popular. Este tipo de errores pueden ser considerados como causales de casación, ya que afectan directamente el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia y a que sus reclamaciones sean atendidas por el juez adecuado. Otros errores que pueden dar lugar a la casación incluyen la falta de aplicación de normas sustantivas o procesales, la vulneración del debido proceso, y la incorrecta valoración de pruebas. En este sentido, la Corte Suprema tiene la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos fundamentales y que las decisiones judiciales sean coherentes con el marco normativo vigente.

Nisimblat Law · Casacion Civil Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

  • Revision integral de la sentencia impugnada
  • Estudio tecnico de las causales aplicables
  • Analisis de errores de hecho y de derecho
  • Evaluacion de probabilidades de procedencia
  • Concepto juridico escrito
  • Elaboracion de la demanda de casacion
  • Representacion ante la Corte Suprema de Justicia

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Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo extraordinario que se puede interponer en casos específicos, como aquellos en los que se ha dictado una sentencia en segunda instancia que se considera errónea. Para que proceda este recurso, es necesario cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, la cuantía del asunto debe ser igual o superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Además, el plazo para interponer el recurso es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia. En cuanto a las causales, el recurso puede ser interpuesto por violación de normas sustantivas o procesales, falta de aplicación de la ley, o por errores en la interpretación de las disposiciones legales. En el caso de acciones populares, es fundamental que el actor tenga en cuenta que la elección del juez es un aspecto clave, ya que si se elige incorrectamente, puede resultar en la inadmisibilidad del recurso. Por lo tanto, es esencial que los ciudadanos que se encuentren en esta situación busquen asesoría legal para determinar si su caso cumple con los requisitos para interponer un recurso de casación.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

Maikel Nisimblat · Amazon, 2026 · 33 capitulos · 223 secciones

Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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Que significa esto para usted?

Si usted se encuentra en una situación similar a la que se ha descrito, es fundamental que comprenda las implicaciones legales de su caso. La acción popular es un mecanismo poderoso para proteger derechos colectivos, pero también puede ser complejo en términos de competencia judicial. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en este caso resalta la importancia de elegir correctamente el juzgado y de entender los procedimientos legales que rigen las acciones populares. Si ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es crucial que busque asesoría legal especializada que le ayude a navegar por el proceso y a entender sus derechos. La casación puede ser una oportunidad para corregir errores judiciales y asegurar que su voz sea escuchada en el sistema de justicia. No subestime la importancia de contar con el apoyo adecuado para enfrentar esta situación y proteger sus derechos.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre acción popular conflicto de competencia

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano presentar una demanda en defensa de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos, el medio ambiente, la salud, entre otros.

¿Qué significa conflicto de competencia? Un conflicto de competencia ocurre cuando dos o más juzgados reclaman la facultad de conocer un mismo caso, lo que puede generar confusión y retrasos en la administración de justicia.

¿Cómo se interpone un recurso de casación? Para interponer un recurso de casación, es necesario presentar un escrito ante la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con los requisitos de forma y fondo establecidos por la ley.

¿Cuáles son las causales de casación más comunes? Las causales de casación más comunes incluyen la violación de normas procesales, la falta de aplicación de la ley, y errores en la interpretación de disposiciones legales que afectan el resultado del proceso.

Nisimblat Law · 27 anos en casacion civil

Tiene una sentencia de segunda instancia desfavorable?

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Casación Penal Colombia

Creación de corporación para asesorar juntas de vivienda y malversación de fondos — estafa agravada y concierto para delinquir — casación penal Colombia



Creación de corporación para asesorar juntas de vivienda y malversación de fondos — estafa agravada y concierto para delinquir — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La situación que enfrentan muchas comunidades en Colombia en relación con la obtención de vivienda digna es un tema sensible y complejo. En este contexto, la creación de corporaciones que prometen asesorar a juntas de vivienda puede parecer una solución viable. Sin embargo, cuando estas organizaciones se desvían de su propósito y se involucran en actividades delictivas, las consecuencias pueden ser devastadoras para las familias que confían en ellas. Este tipo de casos no solo afecta a las víctimas directamente involucradas, sino que también socava la confianza en las instituciones y en los mecanismos de protección social. La malversación de fondos destinados a proyectos de vivienda no solo es un delito, sino que representa una traición a la esperanza de muchas personas que buscan mejorar su calidad de vida. En este artículo, analizaremos un caso reciente que ilustra estas problemáticas, explorando los hechos, el análisis de la Sala de Casación Penal y las implicaciones legales que surgen de este tipo de conductas delictivas.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el caso en cuestión, se presentó una serie de irregularidades relacionadas con la creación de una corporación destinada a asesorar juntas de vivienda en el municipio de Itagüí. La corporación, conocida como CORVIDAS, fue establecida con el objetivo de apoyar a las juntas en la consecución de soluciones habitacionales de interés social. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los acusados, a través de esta entidad, llevaron a cabo una serie de acciones engañosas que resultaron en la malversación de fondos. Las víctimas, quienes aspiraban a obtener vivienda, entregaron importantes sumas de dinero bajo la promesa de asesorías y gestión de proyectos, pero los recursos fueron desviados a cuentas personales y no se ejecutaron los proyectos prometidos. A raíz de estas acciones, se presentaron múltiples denuncias y se inició un proceso penal que culminó en condenas por estafa agravada y concierto para delinquir. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia condenatoria, lo que llevó a la defensa a interponer un recurso de casación ante la Corte.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal se centró en evaluar los argumentos presentados por la defensa en su recurso de casación. Uno de los puntos clave fue la alegación de que no se valoraron adecuadamente ciertos testimonios periciales que podrían haber influido en el resultado del juicio. La Corte examinó si la omisión de estos testimonios constituía una violación de los derechos del procesado y si afectaba la validez de la decisión del Tribunal. A pesar de las alegaciones, la Corte determinó que no había lugar a la admisión del recurso, ya que los argumentos no cumplían con los requisitos establecidos en la ley. Este análisis resalta la importancia de la correcta valoración de la prueba y la necesidad de que las partes involucradas en un proceso penal presenten sus argumentos de manera clara y fundamentada para que sean considerados por el tribunal.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP3992-2023

M.P. Hugo Quintero Bernate · Radicación 54820 ·

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Existen varias causales que pueden dar lugar a la casación en casos de esta naturaleza, según lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre ellas, se destaca la violación de normas sustantivas o procesales que afecten el debido proceso, así como la falta de valoración de pruebas que puedan ser determinantes para el fallo. En este caso, la defensa argumentó que el Tribunal no consideró adecuadamente ciertos testimonios periciales, lo cual podría constituir un error que afectara la decisión final. Sin embargo, es fundamental que la defensa demuestre cómo dicha omisión impactó el resultado del juicio, ya que la simple alegación de error no es suficiente para que proceda el recurso de casación. Además, la Corte también revisa si se han cumplido los plazos establecidos para la interposición del recurso, lo que es crucial para su admisibilidad.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en casos donde se alegue la violación de derechos fundamentales o se presenten errores en la aplicación de la ley. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, y la demanda debe presentarse ante el Tribunal correspondiente dentro de los 30 días. Es importante que el recurrente exponga de manera clara y precisa los motivos de su inconformidad, así como las pruebas que sustenten su posición. La casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad del proceso anterior, por lo que la Corte se limita a analizar si se han cumplido los requisitos legales y si se han respetado los derechos de las partes involucradas.

¿Qué significa esto para usted?

Para cualquier persona involucrada en un proceso penal, entender el funcionamiento del recurso de casación es fundamental. Este recurso puede ser una herramienta crucial para corregir errores judiciales y garantizar que se respeten los derechos de los acusados. Sin embargo, es esencial actuar dentro de los plazos establecidos y presentar argumentos sólidos que justifiquen la revisión del caso. La casación puede ser un proceso complejo, y contar con el apoyo de un abogado especializado en derecho penal es vital para navegar adecuadamente por este camino. La protección de los derechos fundamentales y la búsqueda de justicia son principios que deben prevalecer en todo proceso judicial, y la casación es un mecanismo que permite garantizar estos principios en Colombia.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el recurso de casación penal?
El recurso de casación penal es un mecanismo legal que permite a las partes impugnar una sentencia ante una Corte superior, alegando violaciones a la ley o al debido proceso. Su objetivo es revisar la legalidad de las decisiones judiciales.

¿Cuáles son los plazos para interponer un recurso de casación?
El plazo para interponer el recurso de casación es de cinco días a partir de la notificación de la sentencia, y la demanda debe presentarse ante el Tribunal correspondiente dentro de los 30 días siguientes.

¿Qué tipos de errores pueden dar lugar a la casación?
Los errores que pueden dar lugar a la casación incluyen violaciones de normas sustantivas o procesales, falta de valoración de pruebas relevantes y afectaciones al derecho al debido proceso.

¿Es necesario un abogado para presentar un recurso de casación?
Sí, es altamente recomendable contar con un abogado especializado en derecho penal para presentar un recurso de casación, ya que este proceso requiere un conocimiento profundo de la ley y de los procedimientos judiciales.

Nisimblat Law · 27 años en casación

¿Tiene una sentencia condenatoria de segunda instancia?

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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Casación Colombia

Conflicto de competencia entre juzgados — competencia judicial Colombia



Conflicto de competencia entre juzgados — competencia judicial Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

Es comprensible que, tras recibir una decisión desfavorable en un proceso judicial, como el caso de conflicto de competencia entre juzgados, te sientas confundido y desorientado. La situación se vuelve aún más compleja cuando se trata de un conflicto de competencia en un proceso ejecutivo, donde la rapidez y la claridad son fundamentales. En este contexto, la Corte Suprema de Justicia se convierte en la última instancia que puede resolver este tipo de controversias. La casación, en este sentido, se presenta como un recurso que busca garantizar la correcta aplicación de la ley y la protección de los derechos de las partes involucradas. Si te encuentras en esta situación, es vital comprender cómo funciona el sistema judicial colombiano y qué opciones tienes para hacer valer tus derechos.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En el caso que se analiza, el Banco de Bogotá presentó una demanda ejecutiva contra Luis Enrique Valencia Montero, fundamentada en un pagaré. El conflicto surgió debido a la asignación de competencia entre dos juzgados: el Juzgado Once de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali y el Segundo Promiscuo Municipal de Candelaria. El Banco de Bogotá argumentó que, de acuerdo con el lugar de cumplimiento de la obligación estipulada en el pagaré, el proceso debía ser conocido por el juzgado de Cali. Sin embargo, el Juzgado de Cali se negó a asumir el caso, argumentando que el domicilio del demandado no correspondía a la comuna que le otorgaba competencia según el acuerdo del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. En consecuencia, el juzgado de Cali remitió el expediente al juzgado de Candelaria, que a su vez rechazó el conocimiento del caso, generando así un conflicto de competencia que tuvo que ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar la legalidad de las decisiones tomadas por los juzgados involucrados en el conflicto de competencia. En este sentido, se centró en determinar si el Juzgado de Cali tenía la facultad de rechazar la demanda y remitir el caso a Candelaria, así como si el juzgado de Candelaria podía negarse a conocer el asunto. La Corte, al analizar los fundamentos legales y las normas aplicables, buscó establecer cuál era el juzgado competente para conocer del proceso ejecutivo en cuestión.

“A su turno, el numeral 3� de la misma norma establece que en �los procesos originados en un negocio jur�dico o que involucren t�tulos ejecutivos es tambi�n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones�, de suerte que en juicios coercitivos el promotor estar� facultado para elegir el territorio donde desea…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3542-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01781-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“En el caso particular, la entidad accionante realiz� la atribuci�n con fundamento en el lugar de cumplimiento de las obligaciones a cargo del ejecutado, prevalida para ello de la informaci�n que consta en el pagar� base de recaudo, en cuyo encabezado claramente se establece que el deudor pagar�a su importe en las oficinas del �Banco de Bogot� -…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3542-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01781-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Lo anterior pone en evidencia la equivocaci�n del primer servidor al remitir el expediente a sus pares en el municipio de Candelaria, pues aunque era cierto que el Acuerdo CSJVR16-148 del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca restring�a su competencia a la Comuna 1 de Cali (cfr. art. 1�, ib.), tal circunstancia no la habilitaba…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3542-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01781-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece directrices claras sobre la competencia judicial en procesos ejecutivos. En este caso, se debe considerar el lugar de cumplimiento de la obligación y el domicilio del demandado como factores determinantes para asignar la competencia. La Corte Suprema, al resolver el conflicto, se basa en estos principios y en la normativa vigente, que permite al demandante elegir el juzgado que considere adecuado para la tramitación de su demanda. Esto es fundamental para garantizar un acceso efectivo a la justicia y evitar dilaciones innecesarias en los procesos judiciales.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza la importancia de que los juzgados respeten las elecciones realizadas por las partes en cuanto a la competencia, salvo que se presente una objeción válida por parte del demandado. En este sentido, la Corte reafirma que la elección del demandante debe ser respetada, siempre que se ajuste a los criterios establecidos por la ley.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de este caso, se pueden identificar varios errores que podrían dar lugar a un recurso de casación. Uno de los principales errores fue la falta de respeto a la elección del demandante en cuanto a la competencia del juzgado. El Juzgado de Cali, al remitir el expediente a Candelaria, actuó de manera incorrecta al desconocer el fundamento de la demanda, que se basaba en el lugar de cumplimiento de la obligación. Este tipo de error puede ser considerado como una violación de las normas procesales, lo que justifica la intervención de la Corte Suprema. Además, la falta de claridad en la interpretación de las normas sobre competencia también puede constituir un motivo para la casación, ya que afecta el derecho de las partes a un debido proceso. La Corte, al analizar estos errores, busca garantizar que se respeten los derechos de los litigantes y se aplique correctamente la ley en los procesos judiciales.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

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  • Estudio tecnico de las causales aplicables
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  • Representacion ante la Corte Suprema de Justicia

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Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en casos de conflicto de competencia como el que se ha analizado, procede bajo ciertas condiciones. En primer lugar, es necesario que el monto de la controversia supere los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Este requisito es fundamental para determinar si el caso es susceptible de ser conocido por la Corte Suprema. Además, el plazo para interponer el recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es importante que las partes interesadas presenten sus argumentos de manera clara y fundamentada, señalando las causales específicas que justifican la casación. Entre las causales más comunes se encuentran la violación de normas procesales, la falta de competencia de los juzgados involucrados y la incorrecta interpretación de la ley. Si se cumplen estos requisitos, la Corte Suprema tiene la facultad de revisar el caso y tomar una decisión que busque corregir los errores cometidos por los juzgados de instancia.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

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Que significa esto para usted?

Si te encuentras en una situación similar a la del caso analizado, es crucial que comprendas el impacto que puede tener un conflicto de competencia en tu proceso judicial. La correcta asignación de competencia es fundamental para garantizar que tu caso sea tratado de manera adecuada y en el tiempo oportuno. La intervención de la Corte Suprema en estos casos no solo busca resolver la controversia, sino también proteger tus derechos como parte del proceso. Si has recibido una decisión que consideras injusta o errónea, es importante que busques asesoría legal para evaluar la posibilidad de interponer un recurso de casación. Recuerda que el sistema judicial está diseñado para proteger tus derechos, y contar con el apoyo adecuado puede marcar la diferencia en el resultado de tu caso.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre conflicto de competencia entre juzgados

¿Qué es un conflicto de competencia? Un conflicto de competencia se presenta cuando dos o más juzgados reclaman la facultad para conocer de un mismo asunto. Esto puede generar incertidumbre sobre cuál es el juzgado adecuado para resolver el caso.

¿Cómo se resuelve un conflicto de competencia? La Corte Suprema de Justicia es la encargada de resolver los conflictos de competencia entre juzgados. Analiza las circunstancias del caso y determina cuál es el juzgado competente para conocer del asunto.

¿Qué hacer si mi caso es rechazado por un juzgado? Si un juzgado rechaza tu caso, puedes solicitar la revisión de la decisión y, si es necesario, interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

¿Cuáles son las consecuencias de un conflicto de competencia? Un conflicto de competencia puede retrasar el proceso judicial, generar incertidumbre sobre el juzgado adecuado y afectar el derecho de las partes a un debido proceso. Es fundamental resolver estos conflictos de manera oportuna para garantizar el acceso a la justicia.

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Casación Penal Colombia

Funcionarios judiciales no valoraron prueba en caso de violencia intrafamiliar — prevaricato por acción y omisión — casación penal Colombia



Funcionarios judiciales no valoraron prueba en caso de violencia intrafamiliar — prevaricato por acción y omisión — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La violencia intrafamiliar es un problema social que afecta a muchas familias en Colombia. Cuando se presentan denuncias sobre este tipo de situaciones, es esencial que los funcionarios judiciales actúen con la debida diligencia y valoren todas las pruebas presentadas. Sin embargo, en ocasiones, se presentan casos en los que las pruebas no son adecuadamente consideradas, lo que puede llevar a decisiones judiciales erróneas y a la impunidad de los agresores. En este contexto, la reciente sentencia de la Sala de Casación Penal pone de manifiesto la importancia de la correcta valoración de las pruebas en los procesos judiciales relacionados con la violencia intrafamiliar. La falta de atención a elementos probatorios puede dar lugar a la configuración de delitos como el prevaricato, tanto por acción como por omisión, afectando gravemente a las víctimas y a la administración de justicia. Este artículo analiza un caso en el que se alegó que los funcionarios judiciales no valoraron adecuadamente las pruebas en un caso de violencia intrafamiliar, lo que generó un recurso de casación penal y la posibilidad de sanciones para los involucrados.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por un representante de la víctima, quien alegó la comisión del delito de violencia intrafamiliar. Los hechos denunciados ocurrieron en octubre de 2013, cuando se reportó que un menor había sido víctima de maltrato por parte de su padrastro. A pesar de que se aportaron pruebas, incluyendo un informe psicosocial que evidenciaba la situación de violencia, los funcionarios judiciales involucrados decidieron precluir la investigación. Esta decisión fue apelada por el denunciante, quien argumentó que las pruebas no fueron valoradas adecuadamente. La Sala de Casación Penal tuvo que analizar si la falta de valoración de las pruebas por parte de los funcionarios constituía un prevaricato, tanto por acción como por omisión, y si esto justificaba la casación de la decisión del Tribunal Superior. La situación planteó serias dudas sobre la actuación de los funcionarios y la protección de los derechos de la víctima.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal revisó los argumentos presentados por el denunciante y la actuación de los funcionarios judiciales. Se destacó que el informe psicosocial, que evidenciaba la situación de violencia intrafamiliar, no fue considerado en la decisión de preclusión. La Sala analizó si esta omisión podía ser calificada como un acto prevaricador, dado que el prevaricato implica una decisión contraria a la ley en el ejercicio de funciones públicas. La Sala también evaluó las pruebas que habían sido consideradas por los funcionarios y si estas eran suficientes para justificar la decisión de preclusión. Se destacó la importancia de valorar adecuadamente todas las pruebas en casos de violencia intrafamiliar, ya que esto no solo afecta a las víctimas, sino que también compromete la integridad del sistema judicial. La decisión de la Sala podría sentar un precedente sobre la obligación de los funcionarios de actuar con diligencia y valorar todas las pruebas en estos casos.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP3968-2025

M.P. Jorge Hernán Díaz Soto · Radicación ·

Según lo anterior, el procesado, amparada en su autonomía como fiscal, elevó la petición preclusiva porque se trataba de un conflicto de carácter familiar y por manera alguna se tipificaba el delito establecido en el artículo 229 del Código Penal. Argumentó que la afectación psicológica del menor, propiciada por el padecimiento de una enfermedad mental tan compleja como la esquizofrenia y su estado de consumo habitual de marihuana, generaban este

Del mismo modo, realizó un análisis de las actuaciones adelantadas por la fiscalía, en particular, frente a la prueba cuyo análisis echó de menos el denunciante. Al respecto explicó que mediante la visita sociofamiliar llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Comisaría de Familia Centro, se evidencia a detalle que el entonces menor es agresivo, desobediente, no atiende las reglas de convivencia, vive con su señora madr

Según lo anterior, determinó la funcionaria que, bajo ese escenario, no se trasciende al derecho penal, al cual debe acudirse como última ratio para la solución de conflictos, pues lo sucedido no va más allá unas típicas escenas de una persona inmersa en el mundo de las drogas, una familia dispersa, pero que finalmente no se logró tipificar la conducta punible de violencia intrafamiliar. En el caso en comento, no puede concluirse que, los hechos

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP3968-2025 — M.P. Jorge Hernán Díaz Soto — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

En el contexto de la Ley 906 de 2004, existen varias causales que pueden dar lugar a la casación en casos donde se alegue prevaricato por acción y omisión. En primer lugar, la falta de valoración de pruebas relevantes puede constituir un error que afecte el debido proceso y, por ende, la decisión final del Tribunal. Además, si se evidencia que los funcionarios judiciales no actuaron conforme a la ley, esto puede ser considerado como un acto doloso, lo que también puede dar lugar a la casación. La omisión de considerar pruebas que demuestran la existencia de violencia intrafamiliar puede llevar a la conclusión de que no se protegieron adecuadamente los derechos de la víctima. Asimismo, la falta de motivación en las decisiones judiciales puede ser otro error que justifique la casación, ya que los fallos deben estar debidamente fundamentados. En este caso, la Sala de Casación Penal deberá evaluar si los errores cometidos por los funcionarios judiciales constituyen causales suficientes para anular la decisión del Tribunal y ordenar un nuevo análisis del caso.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en diversas circunstancias, según lo establecido en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. En primer lugar, se puede interponer cuando se alegue que la decisión del Tribunal ha incurrido en errores de hecho o de derecho que afectan la sustanciación del proceso. También es procedente cuando se argumenta que se han vulnerado derechos fundamentales de las partes, lo que incluye el derecho a un debido proceso. Además, el recurso puede ser interpuesto si se considera que la decisión es contraria a la ley o a la jurisprudencia existente. En el caso de violencia intrafamiliar, la valoración adecuada de las pruebas es crucial, y cualquier error en este sentido puede dar lugar a la casación. Es importante que los interesados presenten el recurso dentro de los plazos establecidos, que son de cinco días para la interposición y de treinta días para la presentación de la demanda ante el Tribunal, asegurando así que se respeten los derechos de las víctimas y se garantice una administración de justicia efectiva.

¿Qué significa esto para usted?

La decisión de la Sala de Casación Penal en este caso tiene implicaciones significativas para las víctimas de violencia intrafamiliar y para el sistema judicial en general. La correcta valoración de las pruebas es fundamental para garantizar que se haga justicia y que las víctimas reciban la protección que merecen. Si los funcionarios judiciales no valoran adecuadamente las pruebas, esto puede llevar a la impunidad de los agresores y a la revictimización de quienes sufren violencia. Además, la posibilidad de que se configure un prevaricato por acción y omisión resalta la responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Para las víctimas, es esencial que comprendan que tienen derechos y que pueden recurrir a instancias judiciales si consideran que no se les ha brindado la atención adecuada. La administración de justicia debe ser un proceso transparente y efectivo, y cada decisión debe estar fundamentada en la ley y en la valoración objetiva de las pruebas. Esto no solo fortalece la confianza en el sistema judicial, sino que también contribuye a la protección de los derechos humanos en el país.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el prevaricato por acción? El prevaricato por acción se refiere a la conducta de un funcionario que, en el ejercicio de sus funciones, toma decisiones contrarias a la ley, actuando de manera dolosa y perjudicando a las partes involucradas.

¿Cómo se puede interponer un recurso de casación? El recurso de casación se puede interponer dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión, presentando la demanda ante el Tribunal correspondiente en un plazo de treinta días.

¿Qué derechos tienen las víctimas de violencia intrafamiliar? Las víctimas de violencia intrafamiliar tienen derecho a recibir protección, atención y justicia. Pueden presentar denuncias y acceder a recursos judiciales para garantizar su seguridad y bienestar.

¿Qué sucede si un funcionario no valora adecuadamente las pruebas? Si un funcionario no valora adecuadamente las pruebas, esto puede dar lugar a la configuración de un prevaricato, lo que puede resultar en sanciones penales y la anulación de decisiones judiciales.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Casación Colombia

Falta de Baño Público Para Discapacitados — Conflicto de Competencia Colombia



Falta de Baño Público Para Discapacitados — Conflicto de Competencia Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

Recientemente, se ha presentado un caso que pone de manifiesto la importancia de garantizar el acceso a servicios básicos para todas las personas, especialmente para aquellas que tienen discapacidades. En este caso, un ciudadano presentó una acción popular contra Bancolombia S.A. debido a la falta de un baño público accesible para personas discapacitadas en una de sus sucursales. Esta situación no solo refleja una problemática social, sino que también plantea cuestiones legales sobre la competencia de los juzgados para conocer de este tipo de acciones. Si usted se encuentra en una situación similar, donde ha enfrentado una decisión desfavorable en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es fundamental que comprenda el proceso y las posibilidades que tiene para buscar justicia. La casación es un recurso legal que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, buscando la revisión de errores en la aplicación del derecho. Este artículo tiene como objetivo explicarle los aspectos más relevantes de este caso y cómo puede afectar su situación legal.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso en cuestión se origina a partir de una acción popular interpuesta por Uner Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. La demanda fue presentada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, donde el demandante solicitó que se ordenara a la entidad financiera la provisión de un baño público apto para ciudadanos discapacitados que se movilizan en silla de ruedas en su sucursal ubicada en Medellín. Este hecho pone de relieve la necesidad de garantizar el acceso a instalaciones adecuadas para todas las personas, en cumplimiento de los derechos colectivos relacionados con la igualdad y la no discriminación.

El juzgado inicial admitió la demanda y procedió a notificar a la entidad demandada, así como a vincular a la Alcaldía de Medellín y al Ministerio Público. Sin embargo, posteriormente, el Juzgado de La Virginia declaró la nulidad de todo lo actuado y rechazó la demanda, argumentando que la competencia para conocer de este asunto correspondía a los juzgados de Medellín, dado que allí se encontraba la sede de la entidad bancaria y se alegaba la vulneración de derechos. Este rechazo generó un conflicto de competencia, ya que el juzgado de Medellín también se declaró incompetente, lo que llevó a que el caso fuera elevado a la Corte Suprema de Justicia para su resolución.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia suscitado entre los juzgados de La Virginia y Medellín. En este análisis, se consideraron varios factores, incluyendo la ubicación de los hechos y la elección del actor en cuanto al juzgado ante el cual presentar la demanda. La Corte determinó que, dado que la acción popular se refería a derechos colectivos y la norma aplicable permitía al actor elegir entre los fueros concurrentes, la decisión del Juzgado de La Virginia de desestimar el caso fue incorrecta. La Corte reafirmó que el juzgado inicial debía continuar con el trámite del proceso, dado que había asumido la competencia de manera válida y no existían razones suficientes para transferir el caso a otro juzgado. Esto subraya la importancia de la correcta aplicación de las normas sobre competencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos en el acceso a la justicia.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3541-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02014-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3541-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02014-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (12 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (21 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3541-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02014-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

¿Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales que rigen el proceso de casación en Colombia, incluyendo la importancia de la competencia de los juzgados y el respeto a los derechos de los ciudadanos. En este caso, el Tratado resalta que la elección del juzgado por parte del actor es vinculante, siempre que se ajuste a las normas establecidas. Esto significa que si un demandante elige un juzgado que considera competente, esa elección debe ser respetada, a menos que se demuestre un error claro en la selección. La Corte, al resolver el conflicto de competencia, reafirma la necesidad de que los juzgados actúen de acuerdo con las disposiciones legales y no se aparten de su competencia sin justificación adecuada.

“El estudio de la técnica casacional constituye uno de los mayores retos en la vida profesional de un abogado litigante.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza la importancia de garantizar el acceso a la justicia para todos, especialmente en casos que involucran derechos colectivos. La protección de estos derechos es esencial para asegurar que todas las personas, independientemente de su condición, puedan acceder a los servicios y recursos necesarios para su bienestar. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, al decidir sobre el conflicto de competencia, no solo se ocupa de cuestiones técnicas, sino que también reafirma su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es importante identificar los errores que pueden dar lugar a la impugnación de una decisión judicial. En este caso, el Tribunal incurrió en un error al declarar la nulidad de todo lo actuado y rechazar la demanda, sin considerar que la elección del juzgado por parte del actor era válida. La Corte Suprema de Justicia ha establecido que los errores en la apreciación de la competencia pueden ser causales de casación, especialmente cuando afectan el derecho de acceso a la justicia.

Además, la falta de motivación en las decisiones judiciales y la incorrecta aplicación de las normas procesales también son causales que pueden dar lugar a la casación. En este caso, el Juzgado de La Virginia asumió inicialmente la competencia, pero luego se retractó sin una justificación adecuada, lo que generó un conflicto que debió ser resuelto en favor del acceso a la justicia. La Corte, al corregir este error, subraya la importancia de que los juzgados actúen con celeridad y respeten los derechos de los ciudadanos, evitando decisiones que puedan perjudicar el ejercicio de sus derechos. La casación, en este sentido, se convierte en un mecanismo esencial para garantizar que las decisiones judiciales se ajusten a la ley y protejan los derechos fundamentales de las personas.

Nisimblat Law · Casacion Civil Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

  • Revision integral de la sentencia impugnada
  • Estudio tecnico de las causales aplicables
  • Analisis de errores de hecho y de derecho
  • Evaluacion de probabilidades de procedencia
  • Concepto juridico escrito
  • Elaboracion de la demanda de casacion
  • Representacion ante la Corte Suprema de Justicia

Termino fatal: 5 dias habiles desde la notificacion. No espere.

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¿Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia. En casos como el que hemos analizado, el recurso de casación procede cuando se cumplen ciertos requisitos. Uno de los principales requisitos es que la cuantía del asunto debe ser superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Esto significa que el valor del litigio debe ser significativo para que la Corte pueda intervenir.

Además, el recurso debe ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es fundamental que las partes actúen con prontitud, ya que el tiempo es un factor crucial en el proceso de casación. Las causales de casación son diversas, y pueden incluir errores en la interpretación de la ley, violaciones al debido proceso, o la falta de motivación en las decisiones judiciales. En este sentido, es importante que las partes tengan claro cuáles son los fundamentos que sustentan su recurso, para que la Corte pueda evaluar adecuadamente la procedencia de la casación y decidir sobre el fondo del asunto.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

Maikel Nisimblat · Amazon, 2026 · 33 capitulos · 223 secciones

Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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¿Qué significa esto para usted?

Si usted se encuentra en una situación similar a la del caso analizado, es fundamental que comprenda que tiene derechos y opciones legales para buscar justicia. La falta de acceso a servicios básicos, como un baño público para discapacitados, es una violación de derechos que puede ser objeto de acción popular. La Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir el juzgado que consideren competente para resolver sus conflictos, y que esa elección debe ser respetada.

Además, si ha recibido una decisión desfavorable en segunda instancia, tiene la opción de interponer un recurso de casación, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Este recurso es una herramienta poderosa que puede ayudarle a corregir errores en la aplicación de la ley y a garantizar que sus derechos sean protegidos. Es importante que busque asesoría legal para entender mejor su situación y las opciones disponibles, ya que cada caso es único y puede requerir un enfoque específico. No dude en actuar, ya que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre baño público discapacitados competencia

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos y la protección del medio ambiente. Se utiliza para reclamar el cumplimiento de derechos que afectan a la comunidad en general.

¿Cuáles son los requisitos para interponer un recurso de casación? Para interponer un recurso de casación, se debe cumplir con ciertos requisitos, como que la cuantía del litigio sea superior a 1.000 SMLMV y que el recurso se presente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se desea impugnar.

¿Qué hacer si se declara la nulidad de una acción popular? Si se declara la nulidad de una acción popular, es importante analizar las razones de dicha decisión. Dependiendo del caso, puede ser posible interponer un recurso de casación para corregir errores en la decisión del juzgado.

¿Cómo se determina la competencia de los juzgados en acciones populares? La competencia de los juzgados en acciones populares se determina por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado. El actor tiene la opción de elegir entre los fueros concurrentes, y esa elección debe ser respetada por los juzgados.

Nisimblat Law · 27 anos en casacion civil

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Casación Penal Colombia

Funcionario judicial omitió diligencias mínimas en caso de tráfico de estupefacientes — prevaricato — casación penal Colombia



Funcionario judicial omitió diligencias mínimas en caso de tráfico de estupefacientes — prevaricato — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La actuación de un funcionario judicial es fundamental para garantizar el debido proceso y la justicia en el país. Sin embargo, en ocasiones, se presentan situaciones en las que se omiten diligencias esenciales, lo que puede llevar a la vulneración de derechos y a la impunidad. Este es el caso que se analizará, donde un funcionario judicial no realizó las diligencias mínimas requeridas en un proceso de tráfico de estupefacientes. La omisión de estas diligencias no solo afecta a los involucrados en el caso, sino que también pone en entredicho la confianza en el sistema judicial. La importancia de este tipo de situaciones radica en que las decisiones tomadas por los funcionarios deben estar fundamentadas en pruebas sólidas y en el cumplimiento de la ley, para asegurar que se haga justicia y se protejan los derechos de todos los ciudadanos. La falta de diligencia puede resultar en consecuencias graves, tanto para los acusados como para la sociedad en general, por lo que es crucial que se analicen estos casos con detenimiento y se tomen las acciones necesarias para corregir los errores cometidos.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En este caso, se presentó una situación en la que un funcionario judicial omitió realizar diligencias mínimas en un proceso relacionado con el tráfico de estupefacientes. Los hechos se remontan a enero de 2013, cuando miembros del Ejército Nacional informaron sobre la captura en flagrancia de dos individuos que transportaban una sustancia estupefaciente. Durante la requisa, se encontró que uno de ellos portaba un bolso con cocaína. A pesar de la evidencia, el funcionario judicial solo solicitó audiencias concentradas para uno de los capturados, omitiendo al segundo, quien era el portador de la droga. Esta omisión fue determinante, ya que el funcionario decidió liberar al primer capturado basándose únicamente en su declaración, sin realizar las diligencias necesarias para verificar la situación. La decisión de liberar a ambos individuos, a pesar de la flagrancia y la evidencia, generó un cuestionamiento sobre la legalidad del procedimiento y la responsabilidad del funcionario en el manejo del caso.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal analizó los argumentos presentados en el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal. Se destacó que la actuación del funcionario judicial se caracterizó por la falta de diligencias mínimas de verificación y la ausencia de una formulación de imputación adecuada. La Sala subrayó que las decisiones de los funcionarios deben basarse en un análisis crítico de las pruebas y en el respeto a los derechos de los capturados. Además, se enfatizó que la libertad de los individuos no podía ser determinada únicamente por las declaraciones unilaterales, sino que debía estar respaldada por un proceso judicial riguroso. La Corte también hizo hincapié en la importancia de esclarecer los hechos y en la necesidad de que los funcionarios actúen con la debida diligencia para evitar la impunidad y garantizar la justicia.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP3942-2025

M.P. Gerardo Barbosa Castillo · Radicación ·

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Los errores que pueden dar lugar a casación en este tipo de casos se encuentran en las causales establecidas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Uno de los principales errores es la falta de motivación en las decisiones judiciales, lo que puede llevar a la nulidad de las actuaciones. También se considera la violación del derecho al debido proceso, cuando se omiten diligencias esenciales que afectan la legalidad de la captura y la imputación. La falta de análisis crítico de las pruebas y la decisión de liberar a los capturados sin una justificación adecuada son causales que pueden ser alegadas en un recurso de casación. Además, la incorrecta aplicación de la ley en la valoración de las pruebas y la falta de fundamentación en las decisiones pueden ser motivos para que la Corte revise el caso y determine si se han vulnerado derechos fundamentales o si se ha actuado en contravía de lo establecido por la normativa penal.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en los casos en que se aleguen violaciones a las normas procesales o sustantivas que afecten el debido proceso. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se impugna. Posteriormente, se cuenta con un plazo de 30 días para presentar la demanda ante el Tribunal. Es importante destacar que el recurso de casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad de las decisiones adoptadas en instancias anteriores. Por lo tanto, se debe demostrar que la decisión impugnada incurrió en errores que afectan la validez del proceso y que, de no ser corregidos, podrían llevar a una injusticia. La casación es un mecanismo fundamental para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y que las decisiones judiciales se ajusten a la ley.

¿Qué significa esto para usted?

La situación analizada en este caso resalta la importancia de la diligencia y la responsabilidad en el ejercicio de funciones judiciales. Para los ciudadanos, esto significa que deben estar atentos a cómo se manejan sus casos en el sistema judicial y a la actuación de los funcionarios encargados de garantizar la justicia. La omisión de diligencias mínimas puede tener consecuencias graves, no solo para los acusados, sino también para la sociedad en general, ya que puede fomentar la impunidad. Es fundamental que los ciudadanos conozcan sus derechos y que exijan un debido proceso en todas las etapas de un juicio. Además, es crucial que se promueva la capacitación y la supervisión de los funcionarios judiciales para asegurar que actúen conforme a la ley y respeten los derechos de todos los involucrados en los procesos judiciales. La confianza en el sistema de justicia depende de la transparencia y la correcta actuación de quienes lo administran.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el prevaricato y cómo se configura? El prevaricato es un delito que se configura cuando un funcionario judicial emite una decisión arbitraria o contraria a la ley, en ejercicio de sus funciones. Esto puede incluir la omisión de diligencias necesarias que afectan el debido proceso.

¿Cuáles son las consecuencias del prevaricato? Las consecuencias del prevaricato pueden incluir sanciones penales para el funcionario involucrado, así como la nulidad de las decisiones tomadas en el proceso afectado. Esto puede llevar a la revisión del caso y a la posibilidad de que se revoquen decisiones judiciales.

¿Qué hacer si se considera que se ha cometido prevaricato? Si un ciudadano considera que se ha cometido prevaricato en su caso, puede presentar una denuncia ante las autoridades competentes y buscar asesoría legal para interponer los recursos necesarios que protejan sus derechos.

¿Cómo se puede garantizar un debido proceso? Para garantizar un debido proceso, es fundamental que los funcionarios judiciales actúen con diligencia, respeten los derechos de los ciudadanos y fundamenten sus decisiones en pruebas sólidas y en el marco de la ley. La supervisión y la capacitación continua son esenciales para lograrlo.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Casación Colombia

Acción popular por falta de baño público para discapacitados — conflicto de competencia Colombia



Acción popular por falta de baño público para discapacitados — conflicto de competencia Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

La situación que se presenta en este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de infraestructura adecuada puede afectar a un grupo vulnerable de la sociedad. En este caso, se trata de la acción popular interpuesta por Uner Augusto Becerra Largo, quien demandó a Bancolombia S.A. por la ausencia de un baño público accesible para personas con discapacidad en una de sus sedes en Bogotá. Este tipo de acciones son fundamentales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, quienes a menudo enfrentan barreras que limitan su acceso a servicios básicos. La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano exigir la protección de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos adecuados. Si usted se encuentra en una situación similar, es importante entender cómo funciona este proceso y qué pasos puede seguir para hacer valer sus derechos. La Corte Suprema de Justicia, en su sentencia AC3540-2021, tuvo que dirimir un conflicto de competencia entre dos juzgados, lo que refleja la complejidad del sistema judicial colombiano y la importancia de conocer los procedimientos adecuados para presentar una acción popular.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso en cuestión se origina a partir de una acción popular presentada por Uner Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. La demanda se centró en la falta de un baño público accesible para personas con discapacidad en una de las sedes de la entidad bancaria ubicada en Bogotá. En primera instancia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia admitió la demanda, notificó a la entidad demandada y al Ministerio Público, y vinculó a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, posteriormente, el mismo juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado, argumentando que no era competente para conocer el caso y enviando el expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá. Este último juzgado, a su vez, cuestionó la decisión del juzgado de La Virginia, señalando que había incurrido en un error al rechazar la competencia basándose en una causal no prevista por la ley. La controversia entre ambos juzgados llevó a la Corte Suprema de Justicia a intervenir y resolver el conflicto de competencia, lo que pone de manifiesto la importancia de la correcta asignación de competencias en el sistema judicial colombiano.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre los dos juzgados involucrados en el caso. En particular, analizó si el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había actuado correctamente al declararse incompetente y si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá tenía la autoridad para asumir el caso. La Corte determinó que la competencia debía ser asignada de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares. En este sentido, la Corte reafirmó la importancia de la «perpetuatio jurisdictionis», que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede separarse de él sin una justificación adecuada. Esto es fundamental para garantizar la celeridad y el respeto a los derechos de los ciudadanos en el proceso judicial.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3540-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02106-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3540-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02106-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (17 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (21 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3540-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02106-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece pautas claras sobre la competencia de los juzgados en relación con las acciones populares. En este contexto, es importante señalar que la ley otorga al actor la posibilidad de elegir entre varios fueros concurrentes, lo que implica que el juez debe respetar esa elección siempre que se ajuste a las normas establecidas. Esto significa que si un demandante elige un juzgado que no es competente, el demandado tiene la facultad de cuestionar esa elección, pero el juez no puede simplemente apartarse del caso sin una razón válida. La Corte, al resolver el conflicto de competencia, reafirma la importancia de seguir estos principios para asegurar que se respeten los derechos de todos los involucrados en el proceso judicial.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza que cualquier error en la elección del juez por parte del actor no debe afectar la competencia del juzgado que inicialmente asumió el caso, a menos que se presente una causal de nulidad prevista por la ley. Esto es crucial para mantener la estabilidad y la confianza en el sistema judicial, ya que garantiza que los casos sean manejados de manera adecuada y eficiente.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la acción popular y el conflicto de competencia, hay varios errores que pueden dar lugar a la casación. Uno de los principales errores es la incorrecta asignación de competencia entre los juzgados. Si un juez se declara incompetente sin una justificación válida, como ocurrió en este caso, puede ser motivo para que la Corte Suprema revise la decisión. Otro error común es la falta de consideración de la «perpetuatio jurisdictionis», que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede separarse de él sin una razón adecuada. Además, si un juzgado ignora las normas establecidas en la Ley 472 de 1998 sobre acciones populares, esto también puede dar lugar a la casación. Es fundamental que los jueces actúen de acuerdo con la ley y respeten los derechos de los ciudadanos, ya que cualquier desviación de estos principios puede ser objeto de revisión por parte de la Corte Suprema.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

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  • Estudio tecnico de las causales aplicables
  • Analisis de errores de hecho y de derecho
  • Evaluacion de probabilidades de procedencia
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  • Elaboracion de la demanda de casacion
  • Representacion ante la Corte Suprema de Justicia

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Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en casos de acción popular, como el que se ha analizado, procede bajo ciertas condiciones. En primer lugar, es necesario que la cuantía del asunto supere los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Además, el plazo para interponer el recurso es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales, la ley establece varias situaciones que pueden dar lugar a la casación, tales como la violación de normas procesales, la falta de motivación en las decisiones judiciales o la incorrecta interpretación de la ley. Es importante que los ciudadanos conozcan estos requisitos y causales, ya que esto les permitirá tomar decisiones informadas sobre cómo proceder en caso de que consideren que sus derechos han sido vulnerados o que se ha cometido un error en el proceso judicial.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

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Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano, el caso de la acción popular por la falta de un baño público accesible para discapacitados es un recordatorio de la importancia de conocer sus derechos y los mecanismos legales a su disposición. La acción popular es una herramienta poderosa que permite a cualquier persona exigir la protección de derechos colectivos, especialmente en situaciones que afectan a grupos vulnerables. Si usted se encuentra en una situación similar, es fundamental que se informe sobre cómo presentar una acción popular y qué pasos seguir para garantizar que sus derechos sean respetados. Además, es importante estar atento a las decisiones de los juzgados y a los posibles conflictos de competencia, ya que estos pueden afectar el resultado de su caso. Al conocer sus derechos y los procedimientos legales, podrá actuar de manera más efectiva para proteger sus intereses y los de su comunidad.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre acción popular baño público discapacitados

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano demandar la protección de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos adecuados.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, es necesario que se demuestre la existencia de un derecho colectivo vulnerado y que se sigan los procedimientos establecidos en la Ley 472 de 1998.

¿Qué hacer si un juzgado se declara incompetente? Si un juzgado se declara incompetente, el demandante puede cuestionar esa decisión a través de los mecanismos procesales disponibles, o esperar a que la Corte Suprema resuelva el conflicto de competencia.

¿Cuánto tiempo tengo para interponer un recurso de casación? El plazo para interponer un recurso de casación es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar.

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Casación Penal Colombia

Exgobernador del Huila omitió licitación y firmó contrato directo — contrato sin cumplimiento de requisitos legales — casación penal Colombia



Exgobernador del Huila omitió licitación y firmó contrato directo — contrato sin cumplimiento de requisitos legales — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La administración pública debe regirse por principios de transparencia y legalidad, especialmente en lo que respecta a la contratación estatal. La falta de cumplimiento de estos principios puede llevar a graves consecuencias legales para quienes ocupan cargos de responsabilidad. En este contexto, se presenta un caso que involucra a un exgobernador del Huila, quien, al omitir un proceso licitatorio, firmó un contrato directo, lo que ha generado un debate sobre la legalidad de sus acciones. Este tipo de situaciones no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también puede tener repercusiones penales para los funcionarios involucrados. Es fundamental que los ciudadanos comprendan la importancia de la legalidad en la contratación pública y las implicaciones que pueden surgir de su violación. Este artículo examina un caso reciente en la Sala de Casación Penal, donde se analizan las irregularidades en la contratación pública y las posibles consecuencias para el exgobernador.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

El caso se centra en la decisión de un exgobernador del Huila, quien, tras asumir el cargo, decidió no continuar con un proceso de licitación pública que había sido iniciado por su predecesor. En lugar de ello, optó por suscribir un contrato directo con una empresa, justificando su decisión en razones que, según la acusación, no eran válidas. Durante el año 2007, se había iniciado un proceso de licitación para adjudicar un nuevo contrato de concesión para la producción y venta de licores, que debía entrar en vigor al finalizar el contrato anterior. Sin embargo, el nuevo gobernador omitió este procedimiento, argumentando la falta de seguridad jurídica y la saturación del mercado. A pesar de sus justificaciones, el ente investigador encontró que las condiciones establecidas para la contratación directa favorecían a la empresa que finalmente fue adjudicada, lo que generó serias dudas sobre la legalidad del proceso. Este caso pone de manifiesto la importancia de seguir los procedimientos establecidos en la ley para garantizar la transparencia y la competencia en la contratación pública.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal analizó las irregularidades en el proceso de contratación llevado a cabo por el exgobernador. Se encontraron múltiples fallas en los estudios previos que justificaban la contratación directa, así como en la resolución que la aprobaba. La Sala destacó que el exgobernador no cumplió con los requisitos establecidos en la normativa vigente, omitiendo la realización de un análisis objetivo que justificara su decisión de no continuar con la licitación pública. Además, se evidenció que las condiciones técnicas impuestas favorecían a un único oferente, lo que contraviene los principios de pluralidad y transparencia que deben regir en la contratación estatal. La Sala concluyó que las razones expuestas por el exgobernador no eran suficientes para justificar la omisión del proceso licitatorio, lo que podría dar lugar a la nulidad del contrato y a la posible responsabilidad penal del funcionario.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP387-2023

M.P. Fabio Ospitia Garzón · Radicación 62237 ·

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

De acuerdo con el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, existen varias causales que pueden dar lugar a la casación en casos de irregularidades en la contratación pública. En este caso, se pueden identificar varios errores que podrían ser objeto de revisión por parte de la Sala de Casación Penal. Primero, la falta de motivación en las decisiones del tribunal que no abordaron adecuadamente las irregularidades en el proceso de contratación directa. Segundo, la omisión de considerar pruebas relevantes que evidencian la falta de cumplimiento de los requisitos legales. Tercero, la incorrecta aplicación de la normativa que regula la contratación pública, lo que podría haber llevado a una interpretación errónea de las justificaciones presentadas por el exgobernador. Estos errores pueden ser fundamentales para la revisión del caso y la eventual decisión de la Sala de Casación Penal.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en los casos en que se alegue la violación de normas sustantivas o procesales, así como en situaciones donde se evidencien errores en la valoración de las pruebas. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión impugnada, y la demanda debe ser presentada ante el tribunal correspondiente dentro de los 30 días siguientes. Es fundamental que el recurrente exponga de manera clara y precisa las razones por las cuales considera que la decisión del tribunal inferior es errónea, así como las pruebas que sustentan su posición. La casación penal es un mecanismo que busca garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la correcta aplicación de la ley, por lo que su procedencia debe ser analizada con rigor.

¿Qué significa esto para usted?

La situación del exgobernador del Huila resalta la importancia de la legalidad en la contratación pública y las consecuencias que pueden derivarse de su violación. Para los ciudadanos, es fundamental entender que la transparencia en la gestión pública es un derecho que debe ser protegido. La falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos puede llevar a la nulidad de contratos y a la responsabilidad penal de los funcionarios, lo que afecta no solo a quienes ocupan cargos de poder, sino también a la sociedad en su conjunto. Este caso es un recordatorio de la necesidad de exigir a nuestros gobernantes que actúen con integridad y respeto a la ley, garantizando así una administración pública eficiente y transparente. La vigilancia ciudadana es clave para prevenir irregularidades y fomentar una cultura de legalidad en la gestión pública.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la casación penal? La casación penal es un recurso legal que permite revisar las decisiones de los tribunales inferiores, buscando garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la correcta aplicación de la ley. Este recurso puede ser interpuesto por las partes afectadas en un proceso penal.

¿Cuáles son las consecuencias de un contrato sin requisitos legales? La celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales puede llevar a su nulidad, así como a la responsabilidad penal del funcionario que lo suscribió. Esto puede implicar sanciones administrativas y penales, dependiendo de la gravedad de la falta.

¿Qué debe hacer un ciudadano si sospecha de irregularidades en la contratación pública? Si un ciudadano sospecha de irregularidades en la contratación pública, puede presentar denuncias ante las autoridades competentes, como la Contraloría General de la República o la Fiscalía General de la Nación, para que se investiguen los hechos.

¿Cómo se garantiza la transparencia en la contratación pública? La transparencia en la contratación pública se garantiza mediante la aplicación de normas y procedimientos claros que regulen el proceso de selección de contratistas, así como la obligación de publicar información relevante sobre los contratos y su ejecución.

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Casación Penal Colombia

Funcionario condenado por captación masiva y habitual de dineros — casación penal Colombia



Funcionario condenado por captación masiva y habitual de dineros — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La captación masiva y habitual de dineros es un delito que afecta gravemente la confianza pública y la estabilidad económica de muchos ciudadanos. En este contexto, el caso de un funcionario condenado por este delito resalta la importancia de la legalidad y la protección de los derechos de los afectados. La situación de quienes depositaron su confianza y recursos en manos de un funcionario que prometió rentabilidades y luego no cumplió, es una realidad dolorosa que requiere atención y justicia. La casación penal se convierte en una herramienta fundamental para revisar las decisiones judiciales y garantizar que se respeten los derechos de todos los intervinientes en el proceso. Este artículo analizará los hechos del caso, las decisiones de la Sala de Casación Penal y los errores que pueden dar lugar a la casación, así como las implicaciones de este proceso para los ciudadanos afectados.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En este caso, el funcionario fue condenado por captación masiva y habitual de dineros, tras haber prometido a sus víctimas una rentabilidad diaria a cambio de la inversión de sus ahorros en bonos de una empresa de telecomunicaciones. Entre los años 2010 y 2013, el procesado, junto con un grupo de personas, recabó aproximadamente cuatrocientos millones de pesos de ciudadanos que confiaron en su propuesta. Sin embargo, los inversionistas no solo no recibieron la rentabilidad prometida, sino que tampoco pudieron recuperar el capital entregado. Este hecho llevó a la Fiscalía a iniciar un proceso penal que culminó con la condena del funcionario a más de diez años de prisión y a una multa significativa. La defensa del procesado, insatisfecha con la decisión del Tribunal Superior, interpuso un recurso de casación, argumentando errores en la valoración de las pruebas y en la interpretación de la ley.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal revisó el recurso presentado por la defensa, centrándose en la existencia de un supuesto error de hecho y en la interpretación de las pruebas. La defensa argumentó que las instancias judiciales habían otorgado un valor probatorio incorrecto a las declaraciones testimoniales, sugiriendo que las personas que realmente recibieron el dinero no eran las que estaban siendo acusadas. Además, se alegó que no se cumplían las exigencias legales para considerar que se había realizado una captación masiva y habitual de dineros, dado que no se había demostrado la existencia de un pasivo compuesto por más de veinte personas. La Corte, al analizar estos argumentos, enfatizó la necesidad de que la demanda de casación cumpla con requisitos específicos para ser admitida, tales como la claridad en la causal invocada y la fundamentación adecuada de los cargos.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP3759-2023

M.P. Carlos Roberto Solórzano Garavito · Radicación ·

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

De acuerdo con el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, los errores que pueden dar lugar a la casación incluyen, entre otros, la falta de aplicación de normas sustantivas, la incorrecta interpretación de la ley y la violación de derechos fundamentales. En este caso, la defensa alegó un falso raciocinio en la valoración de pruebas, lo que podría constituir un error que justifique la revisión de la sentencia. La Corte ha establecido que, para que un recurso de casación prospere, es esencial que el demandante demuestre cómo el error afectó el sentido del fallo y que la decisión de las instancias inferiores contravino principios fundamentales del derecho. La falta de claridad en la fundamentación de la demanda puede llevar a que la Corte se abstenga de seleccionar el recurso, dado que la casación no es un medio para reexaminar los hechos del caso, sino para garantizar el respeto de las normas y derechos.

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  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal, según los artículos 181 y 184 de la Ley 906 de 2004, procede contra sentencias de segunda instancia que afecten derechos fundamentales. Es importante que el demandante presente su recurso dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia y que, posteriormente, presente la demanda ante el tribunal dentro de los treinta días. La Corte ha señalado que la demanda no será seleccionada si no se cumplen ciertos requisitos, como la falta de interés del demandante o la ausencia de una causal clara. Por lo tanto, es fundamental que quienes deseen interponer un recurso de casación lo hagan con una fundamentación sólida y clara, para asegurar que sus derechos sean efectivamente protegidos.

¿Qué significa esto para usted?

La posibilidad de interponer un recurso de casación en casos de captación masiva y habitual de dineros es un mecanismo que permite a los ciudadanos buscar justicia ante decisiones que consideran injustas o erróneas. La casación no solo busca corregir errores judiciales, sino también garantizar que se respeten los derechos de quienes han sido afectados por delitos económicos. Para aquellos que han sido víctimas de captaciones fraudulentas, entender el proceso de casación es crucial, ya que puede ofrecer una vía para la reparación de los daños sufridos. Además, la casación penal es un recordatorio de la importancia de la legalidad y la transparencia en las relaciones económicas, así como de la necesidad de contar con mecanismos efectivos para proteger a los ciudadanos de prácticas desleales.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la captación masiva y habitual de dineros?
Es un delito que consiste en recibir dinero del público con la promesa de una rentabilidad, sin cumplir con las regulaciones legales que protegen a los inversionistas. Este tipo de captación puede llevar a la defraudación de muchas personas.

¿Cuáles son las consecuencias legales para un funcionario condenado por este delito?
Las consecuencias pueden incluir una pena de prisión significativa, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Esto busca sancionar la falta de confianza y proteger a la sociedad de futuros delitos.

¿Qué requisitos debe cumplir una demanda de casación?
La demanda debe ser clara y precisa, indicando la causal de casación, desarrollando los cargos de sustentación y demostrando cómo el error afectó el sentido del fallo. La falta de cumplimiento puede llevar a que la Corte no seleccione la demanda.

¿Qué papel juega la Corte en el proceso de casación?
La Corte tiene la responsabilidad de revisar las sentencias de segunda instancia para garantizar que se respeten los derechos y garantías de los intervinientes, así como para unificar la jurisprudencia y asegurar la correcta aplicación de la ley.

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Casación Colombia

Acción popular por falta de baño público para discapacitados — conflicto de competencia Colombia



Acción popular por falta de baño público para discapacitados — conflicto de competencia Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia se pronunció sobre un caso que pone de manifiesto la importancia de garantizar el acceso a servicios públicos para todas las personas, en especial para aquellas con discapacidad. En este caso específico, un ciudadano, Uner Augusto Becerra Largo, interpuso una acción popular en contra de Bancolombia S.A. debido a la falta de un baño público adecuado para personas discapacitadas en una de sus sedes en Medellín. Este hecho resalta no solo la necesidad de infraestructura accesible, sino también los conflictos de competencia que pueden surgir en el ámbito judicial al abordar estas problemáticas. Si usted se encuentra en una situación similar, es fundamental que comprenda qué es la casación y cómo puede afectar su caso. La casación es un recurso que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema, buscando que se revise la legalidad de las mismas. En este artículo, analizaremos lo sucedido en este caso, qué consideró la Corte y cómo puede esto impactar a quienes enfrentan situaciones similares.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En este caso, el demandante, Uner Augusto Becerra Largo, presentó una acción popular ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, argumentando que Bancolombia S.A. no contaba con un baño público accesible para personas discapacitadas en su sede ubicada en Medellín. La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos y la protección del medio ambiente. En este contexto, el juzgado admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad demandada y al Ministerio Público, además de vincular a la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, el 21 de abril de 2021, el Juzgado de La Virginia declaró la nulidad de todo lo actuado y rechazó la demanda, argumentando que el caso debía ser conocido por el Juzgado Civil del Circuito de Medellín, dado que allí se encontraba la sede de la entidad demandada. Este rechazo generó un conflicto de competencia entre los dos juzgados, lo que llevó a que el asunto fuera elevado a la Corte Suprema de Justicia para que decidiera quién debía conocer el caso. La Corte tuvo que evaluar la legalidad de las decisiones tomadas por ambos juzgados y determinar cuál era el competente para tramitar la acción popular.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia se enfocó en resolver el conflicto de competencia suscitado entre los dos juzgados involucrados en el caso. La Corte consideró que, dado que la acción popular había sido presentada inicialmente en el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, este juzgado era el competente para continuar con el trámite. La Corte se basó en el principio de perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede apartarse de él sin una justificación válida. La Corte también analizó la normativa aplicable en materia de acciones populares, que establece que la competencia se determina por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado. En este sentido, la Corte concluyó que el Juzgado de La Virginia había actuado incorrectamente al declinar su competencia y que debía retomar el caso para continuar con el trámite correspondiente.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3539-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02128-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

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“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (12 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (21 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3539-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02128-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia de los juzgados en el manejo de acciones populares. En particular, se menciona que la competencia debe ser determinada por el lugar donde ocurrió la vulneración de los derechos colectivos o el domicilio del demandado. Esto significa que el actor tiene la facultad de elegir entre varios fueros concurrentes, lo cual es vinculante para el juez. En este caso, el demandante eligió el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, lo que debería haber garantizado que ese juzgado mantuviera la competencia a lo largo del proceso. La Corte, al resolver el conflicto, reafirmó la importancia de este principio y destacó que cualquier error en la elección de la competencia debe ser discutido por el demandado a través de los mecanismos procesales adecuados, sin que esto afecte la validez de la actuación del juez que inicialmente asumió el caso.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

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La Corte también enfatizó que la regla de perpetuatio jurisdictionis es fundamental para asegurar la celeridad y la eficiencia en la administración de justicia, evitando que los casos sean trasladados de un juzgado a otro sin justificación, lo que podría generar dilaciones innecesarias y afectar el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia de manera oportuna.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de este caso, se pueden identificar varios errores que podrían dar lugar a la casación. En primer lugar, la decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia de declarar la nulidad de lo actuado y rechazar la demanda sin un análisis exhaustivo de la competencia es un error grave. Este tipo de decisiones pueden ser impugnadas a través del recurso de casación, ya que afectan directamente el derecho del demandante a que su acción popular sea tramitada. Además, el hecho de que el juzgado receptor no haya asumido el caso, a pesar de que la demanda fue presentada inicialmente ante él, también puede ser considerado un error que justifique la intervención de la Corte Suprema. En términos generales, los errores que pueden dar lugar a la casación incluyen la falta de aplicación de la normativa vigente, la incorrecta interpretación de las normas sobre competencia y la inobservancia de los principios procesales que garantizan el debido proceso. Estos errores no solo afectan la resolución del caso específico, sino que también pueden tener un impacto en la jurisprudencia y en la manera en que se manejan las acciones populares en el futuro.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

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Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en el contexto de acciones populares como la presentada por Uner Augusto Becerra Largo procede bajo ciertas condiciones. En primer lugar, es importante mencionar que la cuantía del asunto debe ser superior a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que implica que el caso debe tener un impacto significativo en términos económicos o sociales. Además, el demandante tiene un plazo de cinco días para presentar el recurso de casación una vez notificada la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales, el recurso de casación puede ser interpuesto por errores en la aplicación de la ley, violaciones al debido proceso o la falta de competencia del juzgado que conoce el caso. En este sentido, si un juzgado se aparta de las normas establecidas sobre competencia o no aplica correctamente la legislación vigente en materia de acciones populares, esto puede ser motivo suficiente para que la Corte Suprema revise la decisión y, en su caso, revoque la sentencia emitida por el tribunal inferior. Es fundamental que los ciudadanos conozcan estos aspectos, ya que les permite hacer valer sus derechos y buscar la protección de los mismos a través de los mecanismos legales disponibles.

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Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano, el caso de la acción popular por falta de baño público para discapacitados resalta la importancia de conocer sus derechos y los mecanismos legales a su disposición. Si alguna vez se encuentra en una situación similar, ya sea por la falta de infraestructura accesible o por cualquier otra vulneración de derechos colectivos, es fundamental que sepa que puede interponer una acción popular para buscar la protección de esos derechos. Además, comprender el proceso de casación y las causales que pueden dar lugar a este recurso le permitirá actuar de manera informada si se enfrenta a una decisión judicial que considere injusta o incorrecta. La justicia no solo debe ser accesible, sino también efectiva, y cada ciudadano tiene el derecho de exigir que sus derechos sean respetados y protegidos. Por lo tanto, estar informado sobre estos procesos y mecanismos legales es esencial para garantizar que se haga justicia en situaciones que afectan a la comunidad en su conjunto.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre acción popular baño público discapacitados

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos o la protección del medio ambiente. Se puede interponer ante los juzgados para exigir el cumplimiento de normas que garanticen estos derechos.

¿Cómo se presenta una acción popular? Para presentar una acción popular, el ciudadano debe redactar una demanda que exponga los hechos y derechos vulnerados, y presentarla ante el juzgado correspondiente. Es importante seguir los procedimientos establecidos en la ley para asegurar su admisión.

¿Qué hacer si mi acción popular es rechazada? Si su acción popular es rechazada, tiene la opción de interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, como la cuantía y el plazo para presentar el recurso.

¿Qué derechos se pueden proteger a través de una acción popular? A través de una acción popular se pueden proteger derechos colectivos como el acceso a servicios públicos, la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos de grupos vulnerables y la garantía de condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos.

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