Acción popular por falta de baño público para discapacitados — conflicto de competencia Colombia

La situación que se presenta en este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de infraestructura adecuada puede afectar a un grupo vulnerable de la sociedad. En este caso, se trata de la acción popular interpuesta por Uner Augusto Becerra Largo, quien demandó a Bancolombia S.A. por la ausencia de un baño público accesible para personas con discapacidad en una de sus sedes en Bogotá. Este tipo de acciones son fundamentales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, quienes a menudo enfrentan barreras que limitan su acceso a servicios básicos. La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano exigir la protección de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos adecuados. Si usted se encuentra en una situación similar, es importante entender cómo funciona este proceso y qué pasos puede seguir para hacer valer sus derechos. La Corte Suprema de Justicia, en su sentencia AC3540-2021, tuvo que dirimir un conflicto de competencia entre dos juzgados, lo que refleja la complejidad del sistema judicial colombiano y la importancia de conocer los procedimientos adecuados para presentar una acción popular.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso en cuestión se origina a partir de una acción popular presentada por Uner Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. La demanda se centró en la falta de un baño público accesible para personas con discapacidad en una de las sedes de la entidad bancaria ubicada en Bogotá. En primera instancia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia admitió la demanda, notificó a la entidad demandada y al Ministerio Público, y vinculó a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, posteriormente, el mismo juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado, argumentando que no era competente para conocer el caso y enviando el expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá. Este último juzgado, a su vez, cuestionó la decisión del juzgado de La Virginia, señalando que había incurrido en un error al rechazar la competencia basándose en una causal no prevista por la ley. La controversia entre ambos juzgados llevó a la Corte Suprema de Justicia a intervenir y resolver el conflicto de competencia, lo que pone de manifiesto la importancia de la correcta asignación de competencias en el sistema judicial colombiano.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre los dos juzgados involucrados en el caso. En particular, analizó si el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había actuado correctamente al declararse incompetente y si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá tenía la autoridad para asumir el caso. La Corte determinó que la competencia debía ser asignada de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares. En este sentido, la Corte reafirmó la importancia de la «perpetuatio jurisdictionis», que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede separarse de él sin una justificación adecuada. Esto es fundamental para garantizar la celeridad y el respeto a los derechos de los ciudadanos en el proceso judicial.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3540-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02106-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3540-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02106-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (17 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (21 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3540-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02106-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece pautas claras sobre la competencia de los juzgados en relación con las acciones populares. En este contexto, es importante señalar que la ley otorga al actor la posibilidad de elegir entre varios fueros concurrentes, lo que implica que el juez debe respetar esa elección siempre que se ajuste a las normas establecidas. Esto significa que si un demandante elige un juzgado que no es competente, el demandado tiene la facultad de cuestionar esa elección, pero el juez no puede simplemente apartarse del caso sin una razón válida. La Corte, al resolver el conflicto de competencia, reafirma la importancia de seguir estos principios para asegurar que se respeten los derechos de todos los involucrados en el proceso judicial.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza que cualquier error en la elección del juez por parte del actor no debe afectar la competencia del juzgado que inicialmente asumió el caso, a menos que se presente una causal de nulidad prevista por la ley. Esto es crucial para mantener la estabilidad y la confianza en el sistema judicial, ya que garantiza que los casos sean manejados de manera adecuada y eficiente.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la acción popular y el conflicto de competencia, hay varios errores que pueden dar lugar a la casación. Uno de los principales errores es la incorrecta asignación de competencia entre los juzgados. Si un juez se declara incompetente sin una justificación válida, como ocurrió en este caso, puede ser motivo para que la Corte Suprema revise la decisión. Otro error común es la falta de consideración de la «perpetuatio jurisdictionis», que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede separarse de él sin una razón adecuada. Además, si un juzgado ignora las normas establecidas en la Ley 472 de 1998 sobre acciones populares, esto también puede dar lugar a la casación. Es fundamental que los jueces actúen de acuerdo con la ley y respeten los derechos de los ciudadanos, ya que cualquier desviación de estos principios puede ser objeto de revisión por parte de la Corte Suprema.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en casos de acción popular, como el que se ha analizado, procede bajo ciertas condiciones. En primer lugar, es necesario que la cuantía del asunto supere los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Además, el plazo para interponer el recurso es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales, la ley establece varias situaciones que pueden dar lugar a la casación, tales como la violación de normas procesales, la falta de motivación en las decisiones judiciales o la incorrecta interpretación de la ley. Es importante que los ciudadanos conozcan estos requisitos y causales, ya que esto les permitirá tomar decisiones informadas sobre cómo proceder en caso de que consideren que sus derechos han sido vulnerados o que se ha cometido un error en el proceso judicial.

Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano, el caso de la acción popular por la falta de un baño público accesible para discapacitados es un recordatorio de la importancia de conocer sus derechos y los mecanismos legales a su disposición. La acción popular es una herramienta poderosa que permite a cualquier persona exigir la protección de derechos colectivos, especialmente en situaciones que afectan a grupos vulnerables. Si usted se encuentra en una situación similar, es fundamental que se informe sobre cómo presentar una acción popular y qué pasos seguir para garantizar que sus derechos sean respetados. Además, es importante estar atento a las decisiones de los juzgados y a los posibles conflictos de competencia, ya que estos pueden afectar el resultado de su caso. Al conocer sus derechos y los procedimientos legales, podrá actuar de manera más efectiva para proteger sus intereses y los de su comunidad.

Preguntas frecuentes sobre acción popular baño público discapacitados

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano demandar la protección de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos adecuados.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, es necesario que se demuestre la existencia de un derecho colectivo vulnerado y que se sigan los procedimientos establecidos en la Ley 472 de 1998.

¿Qué hacer si un juzgado se declara incompetente? Si un juzgado se declara incompetente, el demandante puede cuestionar esa decisión a través de los mecanismos procesales disponibles, o esperar a que la Corte Suprema resuelva el conflicto de competencia.

¿Cuánto tiempo tengo para interponer un recurso de casación? El plazo para interponer un recurso de casación es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar.

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