Acción popular por falta de baño público para discapacitados — conflicto de competencia Colombia

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia se pronunció sobre un caso que pone de manifiesto la importancia de garantizar el acceso a servicios públicos para todas las personas, en especial para aquellas con discapacidad. En este caso específico, un ciudadano, Uner Augusto Becerra Largo, interpuso una acción popular en contra de Bancolombia S.A. debido a la falta de un baño público adecuado para personas discapacitadas en una de sus sedes en Medellín. Este hecho resalta no solo la necesidad de infraestructura accesible, sino también los conflictos de competencia que pueden surgir en el ámbito judicial al abordar estas problemáticas. Si usted se encuentra en una situación similar, es fundamental que comprenda qué es la casación y cómo puede afectar su caso. La casación es un recurso que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema, buscando que se revise la legalidad de las mismas. En este artículo, analizaremos lo sucedido en este caso, qué consideró la Corte y cómo puede esto impactar a quienes enfrentan situaciones similares.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En este caso, el demandante, Uner Augusto Becerra Largo, presentó una acción popular ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, argumentando que Bancolombia S.A. no contaba con un baño público accesible para personas discapacitadas en su sede ubicada en Medellín. La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos y la protección del medio ambiente. En este contexto, el juzgado admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad demandada y al Ministerio Público, además de vincular a la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, el 21 de abril de 2021, el Juzgado de La Virginia declaró la nulidad de todo lo actuado y rechazó la demanda, argumentando que el caso debía ser conocido por el Juzgado Civil del Circuito de Medellín, dado que allí se encontraba la sede de la entidad demandada. Este rechazo generó un conflicto de competencia entre los dos juzgados, lo que llevó a que el asunto fuera elevado a la Corte Suprema de Justicia para que decidiera quién debía conocer el caso. La Corte tuvo que evaluar la legalidad de las decisiones tomadas por ambos juzgados y determinar cuál era el competente para tramitar la acción popular.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia se enfocó en resolver el conflicto de competencia suscitado entre los dos juzgados involucrados en el caso. La Corte consideró que, dado que la acción popular había sido presentada inicialmente en el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, este juzgado era el competente para continuar con el trámite. La Corte se basó en el principio de perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede apartarse de él sin una justificación válida. La Corte también analizó la normativa aplicable en materia de acciones populares, que establece que la competencia se determina por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado. En este sentido, la Corte concluyó que el Juzgado de La Virginia había actuado incorrectamente al declinar su competencia y que debía retomar el caso para continuar con el trámite correspondiente.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3539-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02128-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3539-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02128-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (12 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (21 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3539-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02128-00 — M.P. [ver documento] — 12 de marzo de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia de los juzgados en el manejo de acciones populares. En particular, se menciona que la competencia debe ser determinada por el lugar donde ocurrió la vulneración de los derechos colectivos o el domicilio del demandado. Esto significa que el actor tiene la facultad de elegir entre varios fueros concurrentes, lo cual es vinculante para el juez. En este caso, el demandante eligió el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, lo que debería haber garantizado que ese juzgado mantuviera la competencia a lo largo del proceso. La Corte, al resolver el conflicto, reafirmó la importancia de este principio y destacó que cualquier error en la elección de la competencia debe ser discutido por el demandado a través de los mecanismos procesales adecuados, sin que esto afecte la validez de la actuación del juez que inicialmente asumió el caso.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

La Corte también enfatizó que la regla de perpetuatio jurisdictionis es fundamental para asegurar la celeridad y la eficiencia en la administración de justicia, evitando que los casos sean trasladados de un juzgado a otro sin justificación, lo que podría generar dilaciones innecesarias y afectar el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia de manera oportuna.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de este caso, se pueden identificar varios errores que podrían dar lugar a la casación. En primer lugar, la decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia de declarar la nulidad de lo actuado y rechazar la demanda sin un análisis exhaustivo de la competencia es un error grave. Este tipo de decisiones pueden ser impugnadas a través del recurso de casación, ya que afectan directamente el derecho del demandante a que su acción popular sea tramitada. Además, el hecho de que el juzgado receptor no haya asumido el caso, a pesar de que la demanda fue presentada inicialmente ante él, también puede ser considerado un error que justifique la intervención de la Corte Suprema. En términos generales, los errores que pueden dar lugar a la casación incluyen la falta de aplicación de la normativa vigente, la incorrecta interpretación de las normas sobre competencia y la inobservancia de los principios procesales que garantizan el debido proceso. Estos errores no solo afectan la resolución del caso específico, sino que también pueden tener un impacto en la jurisprudencia y en la manera en que se manejan las acciones populares en el futuro.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en el contexto de acciones populares como la presentada por Uner Augusto Becerra Largo procede bajo ciertas condiciones. En primer lugar, es importante mencionar que la cuantía del asunto debe ser superior a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que implica que el caso debe tener un impacto significativo en términos económicos o sociales. Además, el demandante tiene un plazo de cinco días para presentar el recurso de casación una vez notificada la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales, el recurso de casación puede ser interpuesto por errores en la aplicación de la ley, violaciones al debido proceso o la falta de competencia del juzgado que conoce el caso. En este sentido, si un juzgado se aparta de las normas establecidas sobre competencia o no aplica correctamente la legislación vigente en materia de acciones populares, esto puede ser motivo suficiente para que la Corte Suprema revise la decisión y, en su caso, revoque la sentencia emitida por el tribunal inferior. Es fundamental que los ciudadanos conozcan estos aspectos, ya que les permite hacer valer sus derechos y buscar la protección de los mismos a través de los mecanismos legales disponibles.

Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano, el caso de la acción popular por falta de baño público para discapacitados resalta la importancia de conocer sus derechos y los mecanismos legales a su disposición. Si alguna vez se encuentra en una situación similar, ya sea por la falta de infraestructura accesible o por cualquier otra vulneración de derechos colectivos, es fundamental que sepa que puede interponer una acción popular para buscar la protección de esos derechos. Además, comprender el proceso de casación y las causales que pueden dar lugar a este recurso le permitirá actuar de manera informada si se enfrenta a una decisión judicial que considere injusta o incorrecta. La justicia no solo debe ser accesible, sino también efectiva, y cada ciudadano tiene el derecho de exigir que sus derechos sean respetados y protegidos. Por lo tanto, estar informado sobre estos procesos y mecanismos legales es esencial para garantizar que se haga justicia en situaciones que afectan a la comunidad en su conjunto.

Preguntas frecuentes sobre acción popular baño público discapacitados

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos o la protección del medio ambiente. Se puede interponer ante los juzgados para exigir el cumplimiento de normas que garanticen estos derechos.

¿Cómo se presenta una acción popular? Para presentar una acción popular, el ciudadano debe redactar una demanda que exponga los hechos y derechos vulnerados, y presentarla ante el juzgado correspondiente. Es importante seguir los procedimientos establecidos en la ley para asegurar su admisión.

¿Qué hacer si mi acción popular es rechazada? Si su acción popular es rechazada, tiene la opción de interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, como la cuantía y el plazo para presentar el recurso.

¿Qué derechos se pueden proteger a través de una acción popular? A través de una acción popular se pueden proteger derechos colectivos como el acceso a servicios públicos, la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos de grupos vulnerables y la garantía de condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos.

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