Acción popular por falta de intérpretes en Banco Davivienda — conflicto de competencia Colombia

En el contexto de la justicia colombiana, la acción popular es un mecanismo fundamental para la defensa de derechos colectivos. En este caso particular, se presenta una acción popular formulada por Sebastián Colorado contra el Banco Davivienda, debido a la falta de intérpretes para personas con limitaciones sensoriales en una de sus sucursales. Esta situación no solo refleja una problemática social, sino que también pone de manifiesto la importancia de la accesibilidad en los servicios financieros. Si usted se encuentra en una situación similar, donde sus derechos o los de un grupo de personas están siendo vulnerados, es crucial entender cómo funcionan estos mecanismos legales y qué pasos puede seguir para buscar justicia. La casación, en este contexto, se convierte en una herramienta que puede ser utilizada si se considera que hubo errores en las decisiones judiciales anteriores. A través de este artículo, exploraremos el caso específico, las decisiones de la Corte Suprema y cómo puede usted actuar si se encuentra en una situación similar.

Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso se origina cuando Sebastián Colorado presenta una acción popular contra el Banco Davivienda, específicamente contra su sucursal ubicada en Bogotá. La acción busca que se ordene al banco contratar intérpretes de planta para atender a personas con limitaciones sensoriales que visitan la entidad. En el escrito inicial, Colorado menciona que la vulneración de derechos ocurre a lo largo y ancho del territorio nacional, aunque posteriormente especifica que el hecho se centra en Bogotá. Esto genera un conflicto de competencia entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, donde inicialmente se admitió la demanda, y el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, que posteriormente se negó a conocer el caso.

El Juzgado de La Virginia admite la acción, pero luego decreta la nulidad de todo lo actuado, argumentando que el lugar de la vulneración es Bogotá, y remite el caso al Juzgado de Bogotá. Sin embargo, este último también se niega a conocer el asunto, argumentando que el demandante había elegido el juez de La Virginia, donde el banco tiene una sucursal. Este cruce de decisiones lleva a que el expediente sea enviado a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el conflicto de competencia, lo que pone de relieve la complejidad de la situación y la necesidad de un pronunciamiento claro sobre la competencia judicial en casos de acciones populares.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema se centró en evaluar la competencia de los juzgados involucrados en el caso. La Corte examinó si el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había actuado correctamente al admitir la demanda y si su posterior decisión de rechazarla y remitirla a Bogotá era válida. También se analizó si el Juzgado de Bogotá tenía la facultad de negarse a conocer el caso, dado que el demandante había optado por el juez de La Virginia. La Corte tuvo en cuenta los principios de celeridad y economía procesal que rigen las acciones populares, así como la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

“En palabras de la Corte Constitucional, el mencionado auxilio busca �proteger los derechos e intereses colectivos de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotaci�n de los recursos naturales, los productos m�dicos defectuosos, la imprevisi�n en la construcci�n de…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3388-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02693-00 — M.P. [ver documento] — 14 de diciembre de 2020

“Sin embargo, cuando un funcionario distinto al de alguna de las circunscripciones territoriales facultadas para tramitar el pleito, omitiendo su deber de estudiar las diligencias sometidas a su consideraci�n, como lo dispone el art�culo 90 del estatuto adjetivo, admite su competencia, en �l quedar� radicada �sta, en virtud del principio de…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3388-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02693-00 — M.P. [ver documento] — 14 de diciembre de 2020

“De no hacer uso de aquellas facultades, como ocurri� en el sub examine, donde la juzgadora decidi� dar curso al juicio sin reparar en su correcta atribuci�n, se torna inviable desconocer el memorado axioma, cuya inaplicaci�n �nicamente es admisible en eventos excepcionales, como �cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplom�tico…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3388-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02693-00 — M.P. [ver documento] — 14 de diciembre de 2020

Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece que las acciones populares son un mecanismo de defensa de derechos colectivos, y que su tramitación debe ser ágil y eficiente. En este contexto, se enfatiza la importancia de que los jueces actúen con diligencia al evaluar las demandas y determinar su competencia. En el caso del Banco Davivienda, el Tratado subraya que el juez debe respetar la elección del demandante en cuanto a la competencia, lo que implica que una vez que el demandante ha optado por un juez específico, este no puede desestimar su decisión sin un fundamento jurídico sólido. Esto es fundamental para garantizar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y asegurar que sus derechos sean protegidos de manera efectiva.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

La Corte también destaca que la falta de competencia no puede ser alegada por el juez una vez que ha admitido la demanda, a menos que existan circunstancias excepcionales que justifiquen tal acción. Esto refuerza la idea de que los jueces tienen la responsabilidad de examinar cuidadosamente las demandas y asegurarse de que están actuando dentro de los límites de su competencia.

Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de este caso, varios errores del tribunal pueden dar lugar a la casación. En primer lugar, la decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia de declarar la nulidad de todo lo actuado y rechazar la demanda sin un análisis adecuado de la competencia es un error significativo. La Corte ha establecido que una vez que un juez admite una demanda, su competencia se prorroga, y no puede simplemente desestimar el caso sin un fundamento legal claro. Además, el hecho de que el Juzgado de Bogotá se negara a conocer el caso, argumentando que el demandante había elegido el juez de La Virginia, también puede ser considerado un error, ya que el demandante tiene el derecho de elegir el juez que considere adecuado para su caso.

Otro error que puede ser objeto de casación es la falta de consideración de los principios de celeridad y economía procesal. La Corte ha enfatizado que las acciones populares deben ser tramitadas de manera rápida y eficiente, y cualquier decisión que retrase el proceso sin justificación puede ser susceptible de revisión. En este sentido, la Corte tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos y que el acceso a la justicia no se vea obstaculizado por errores procesales.

Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en casos de acción popular, como el del Banco Davivienda, procede cuando se cumplen ciertos requisitos. En primer lugar, es necesario que la cuantía del asunto supere los 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Esto significa que si el valor del daño o la afectación a los derechos colectivos es significativo, el recurso puede ser interpuesto. Además, el plazo para presentar el recurso de casación es de cinco días a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar.

Las causales de casación aplicables en este tipo de casos incluyen errores en la interpretación de la ley, violaciones al debido proceso y la falta de competencia por parte de los jueces. Si se puede demostrar que alguno de estos errores se ha cometido en el trámite de la acción popular, el recurso de casación puede ser procedente. Es fundamental que los interesados en presentar este recurso cuenten con el asesoramiento adecuado para garantizar que se cumplan todos los requisitos legales y se maximicen las posibilidades de éxito en la impugnación de la decisión judicial.

Qué significa esto para usted?

Si se encuentra en una situación similar a la del caso del Banco Davivienda, es crucial que comprenda sus derechos y las herramientas legales a su disposición. La acción popular es un mecanismo poderoso que permite a los ciudadanos defender sus derechos colectivos y buscar justicia ante situaciones de vulneración. Sin embargo, es fundamental que se sigan los procedimientos adecuados y se elijan los jueces competentes para evitar complicaciones en el proceso.

En caso de que haya perdido en segunda instancia o reciba una demanda de casación, es importante que busque asesoría legal especializada. Un abogado con experiencia en derecho procesal civil podrá guiarlo a través de los pasos necesarios para presentar un recurso de casación, asegurando que se cumplan todos los requisitos y se argumenten adecuadamente las causales de impugnación. No subestime la importancia de contar con un profesional que lo apoye en este proceso, ya que la defensa de sus derechos puede depender de ello.

Preguntas frecuentes sobre acción popular Banco Davivienda

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos e intereses colectivos, como el acceso a servicios básicos y la protección del medio ambiente.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, se debe demostrar que existe una vulneración a derechos colectivos y que se busca una solución a través de la justicia. No es necesario contar con un abogado para presentar la demanda.

¿Qué hacer si se pierde en segunda instancia? Si se pierde en segunda instancia, se puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.

¿Cuánto tiempo tengo para presentar un recurso de casación? El plazo para presentar un recurso de casación es de cinco días a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar.

← Ver guia completa de casacion civil en Colombia