Acción popular por falta de accesibilidad en entidad financiera — conflicto de competencia Colombia

Recientemente, se ha presentado un caso que pone de manifiesto la importancia de la accesibilidad en los servicios financieros en Colombia. En este contexto, un ciudadano decidió interponer una acción popular contra el Banco Davivienda S.A. debido a la falta de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y visual en una de sus sucursales. Este tipo de acciones busca proteger derechos colectivos y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de hacer valer derechos fundamentales se convirtió en un conflicto de competencia judicial entre dos juzgados. Este artículo tiene como objetivo explicar el proceso de casación, su relevancia en este caso y las implicaciones para quienes se encuentran en una situación similar. Si usted ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es fundamental entender sus derechos y las opciones disponibles para usted.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso en cuestión fue promovido por Sebastián Colorado, quien presentó una acción popular contra el Banco Davivienda S.A. en relación con la falta de accesibilidad en una de sus sucursales ubicada en Moniquirá, Boyacá. El demandante solicitó que la entidad financiera contratara de manera permanente a un profesional intérprete y a un guía intérprete, tal como lo establece la Ley 982 de 2005, que busca garantizar la atención adecuada a personas con discapacidad auditiva y visual. Inicialmente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia admitió la demanda y realizó las notificaciones pertinentes, incluyendo a la Alcaldía de Moniquirá y al Ministerio Público. Sin embargo, en un segundo momento, este juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado, argumentando que no era competente para conocer del asunto y enviando el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Moniquirá, que consideraba más apropiado para tramitar el caso, dado que la sede de la entidad bancaria se encontraba en esa localidad.

El Juzgado Civil del Circuito de Moniquirá, por su parte, rechazó el asunto, argumentando que la competencia la tenía el juzgado que inicialmente admitió la demanda, es decir, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia. Esta situación generó un conflicto de competencia entre ambos juzgados, lo que llevó a que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia para que resolviera la controversia. La Corte, al analizar el caso, tuvo que considerar varios factores, incluyendo la normativa aplicable y la correcta interpretación de los artículos del Código General del Proceso y la Ley 472 de 1998, que regulan las acciones populares y la competencia judicial.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia evaluó el conflicto de competencia que surgió entre los dos juzgados. En este análisis, la Corte tuvo en cuenta que la competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, está determinada por factores territoriales y funcionales. En el caso de las acciones populares, la Ley 472 de 1998 establece que la competencia corresponde al juez del lugar donde ocurrieron los hechos o al domicilio del demandado. Además, la Corte destacó que si existen varios jueces con competencia para conocer del asunto, la regla de prevención establece que el juez ante el cual se presentó la demanda será el competente. Esto implica que, si un juez admite una demanda, su competencia se prorroga, y no puede ser cuestionada por otro juez a menos que se presente una causal que justifique el cambio de competencia.

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (26 ene. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (19 abr. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3549-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02594-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3549-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02594-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3549-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02594-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

¿Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia judicial y la forma en que deben resolverse los conflictos de competencia. En este sentido, el Tratado enfatiza la importancia de la estabilidad en la competencia de los jueces, lo que se traduce en la regla de perpetuatio jurisdictionis. Esta regla establece que una vez que un juez ha asumido el conocimiento de un asunto, no puede apartarse de él sin una justificación legal. En el caso analizado, la Corte reafirmó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, al haber admitido la demanda, mantuvo su competencia a pesar de las alegaciones de nulidad planteadas posteriormente. Esto es fundamental para garantizar la celeridad en la administración de justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado también menciona que los errores en la elección del juez por parte del demandante no pueden ser utilizados por el demandado para cuestionar la competencia del juez que inicialmente asumió el caso. Esto significa que, en situaciones donde el demandante ha optado por un juez que, en teoría, no sería el más adecuado, el proceso puede continuar sin que esto afecte la validez de las actuaciones realizadas por el juez que admitió la demanda.

¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es importante identificar los errores que pueden dar lugar a este recurso. En el caso analizado, se pueden identificar varias causales que podrían ser relevantes. En primer lugar, se encuentra la causal de violación de normas sustantivas o adjetivas, que se refiere a la incorrecta aplicación de la ley por parte del juez. En este caso, si el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia hubiera aplicado incorrectamente las normas sobre competencia, esto podría dar lugar a una casación. Asimismo, la falta de motivación en las decisiones judiciales también puede ser una causal de casación. Si un tribunal no justifica adecuadamente sus decisiones, esto puede ser un motivo para que la Corte Suprema revise el caso.

Otro error que puede dar lugar a casación es la violación del derecho de defensa. Si alguna de las partes no tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos o pruebas de manera adecuada, esto podría ser considerado un error que justifique la intervención de la Corte. En el caso específico de la acción popular, es fundamental que se garantice el derecho de todos los ciudadanos a participar en el proceso, especialmente cuando se trata de la protección de derechos colectivos. Por último, la falta de congruencia entre lo pedido en la demanda y lo resuelto por el juez también puede ser un motivo para la casación, ya que esto podría implicar que no se han atendido adecuadamente las pretensiones del demandante.

¿Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia. En el caso de las acciones populares, este recurso puede proceder cuando se cumplen ciertos requisitos. En primer lugar, es necesario que la cuantía del asunto sea superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que asegura que solo los casos de relevancia económica puedan ser revisados por la Corte. Además, el plazo para interponer el recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se impugna.

Es importante mencionar que las causales de casación son específicas y deben ser alegadas de manera clara en el recurso. Esto implica que el abogado que presente el recurso debe identificar de manera precisa los errores que se consideran han afectado la decisión del tribunal inferior. En el caso de la acción popular analizada, si se considera que hubo errores en la aplicación de la ley o en la interpretación de los hechos, el abogado puede argumentar estas causales en el recurso de casación. La Corte Suprema, al revisar el caso, evaluará si efectivamente existen fundamentos para revocar la decisión del tribunal inferior y, en caso afirmativo, podrá ordenar la continuación del proceso ante el juez competente.

¿Qué significa esto para usted?

Si usted se encuentra en una situación similar a la del caso analizado, es fundamental que comprenda sus derechos y las opciones que tiene a su disposición. La acción popular es una herramienta poderosa que permite a los ciudadanos defender derechos colectivos, pero también es importante estar al tanto de los procedimientos judiciales y las posibles complicaciones que pueden surgir. La experiencia del conflicto de competencia entre los juzgados pone de manifiesto la importancia de contar con asesoría legal adecuada para garantizar que su caso sea tramitado de manera correcta.

Además, si ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es esencial que actúe rápidamente. Contar con un abogado especializado en derecho civil y acciones populares puede marcar la diferencia en el resultado de su caso. La casación no solo es un recurso para corregir errores judiciales, sino que también puede ser una oportunidad para reafirmar sus derechos y los de otros ciudadanos que puedan estar en una situación similar. No dude en buscar asesoría legal para explorar las opciones que tiene y cómo puede proceder en su caso particular.

Preguntas frecuentes sobre acción popular competencia judicial

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos, la protección del medio ambiente o la defensa de grupos vulnerables.

¿Cuáles son los requisitos para interponer una acción popular? Para presentar una acción popular, es necesario demostrar que se están vulnerando derechos colectivos y que se cuenta con interés legítimo para actuar en defensa de esos derechos.

¿Qué hacer si se pierde en segunda instancia? Si se pierde en segunda instancia, se puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

¿Cuánto tiempo tengo para presentar un recurso de casación? El plazo para presentar un recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se impugna.

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