Acción popular por falta de baño accesible — conflicto de competencia Colombia

En Colombia, la accesibilidad es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos los ciudadanos, sin importar su condición física. En este contexto, se presentó un caso que involucra a Bancolombia y la falta de un baño accesible para personas en silla de ruedas en una de sus sucursales. Este hecho ha llevado a un ciudadano a interponer una acción popular, buscando proteger los derechos e intereses colectivos de los usuarios. Sin embargo, la situación se complicó debido a un conflicto de competencia entre dos juzgados, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro del caso. Si usted se encuentra en una situación similar, es importante que comprenda qué es la casación y cómo puede afectar su caso. La casación es un recurso legal que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, buscando que se revise la interpretación y aplicación de la ley. En este artículo, analizaremos el caso específico, las decisiones de la Corte y las implicaciones que tiene para los ciudadanos que buscan justicia en situaciones de vulneración de derechos.

Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso se origina cuando Uner Augusto Becerra Largo decide interponer una acción popular contra Bancolombia, argumentando que la entidad no cuenta con un baño accesible para personas que se movilizan en silla de ruedas en su sucursal ubicada en Sabaneta, Antioquia. El demandante sostiene que esta falta de accesibilidad vulnera los derechos e intereses colectivos de los usuarios, quienes tienen derecho a acceder a servicios básicos en igualdad de condiciones. La acción fue admitida inicialmente por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, el 15 de marzo de 2021. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, este juzgado decidió declarar la nulidad de lo actuado y rehusar su competencia, argumentando que la vulneración no se había fijado en su territorio. Por lo tanto, ordenó el envío del expediente al Juzgado Civil del Circuito de Envigado, Antioquia. A pesar de que el actor presentó un recurso contra esta decisión, el juzgado mantuvo su postura. Posteriormente, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Envigado se abstuvo de avocar el conocimiento del caso, lo que generó un conflicto negativo de competencia entre ambos juzgados. Este conflicto fue elevado a la Corte Suprema de Justicia para su resolución.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia suscitado entre los dos juzgados involucrados. En su análisis, la Corte se centró en determinar cuál de los juzgados tenía la competencia para conocer la acción popular interpuesta por el demandante. La Corte consideró que, según la legislación vigente, el juez del lugar donde ocurrió la vulneración o el del domicilio del demandado son los competentes para conocer este tipo de acciones. La Corte también tuvo en cuenta el principio de perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez que un juez asume el conocimiento de un proceso, su competencia se mantiene a pesar de la falta de jurisdicción territorial, siempre que no se reclame en tiempo. Esto implica que el juez que inicialmente admitió la acción popular debe continuar con el conocimiento del caso, a menos que se presente una causa justificada para cambiar de juez.

“En palabras de la Corte Constitucional, el mencionado auxilio busca �proteger los derechos e intereses colectivos de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotaci�n de los recursos naturales, los productos m�dicos defectuosos, la imprevisi�n en la construcci�n de…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3397-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02734-00 — M.P. [ver documento] — 15 de marzo de 2021

“Sin embargo, cuando un funcionario distinto al de alguna de las circunscripciones territoriales facultadas para tramitar el pleito, omitiendo su deber de estudiar las diligencias sometidas a su consideraci�n, como lo dispone el art�culo 90 del estatuto adjetivo, admite su competencia, en �l quedar� radicada �sta, en virtud del principio de…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3397-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02734-00 — M.P. [ver documento] — 15 de marzo de 2021

“De no hacer uso de aquellas facultades, como ocurri� en el sub examine donde la juzgadora decidi� dar curso al juicio sin reparar en su correcta atribuci�n, se torna inviable desconocer el memorado axioma, cuya inaplicaci�n �nicamente es admisible en eventos excepcionales como ?cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplom�tico…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3397-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02734-00 — M.P. [ver documento] — 15 de marzo de 2021

Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece que las acciones populares son un mecanismo de protección y aplicación de los derechos e intereses colectivos. Este tipo de acciones se caracterizan por su naturaleza preventiva y su objetivo de garantizar el acceso a la justicia de manera rápida y efectiva. En el contexto del caso de Bancolombia, el Tratado resalta la importancia de que los jueces actúen con celeridad y economía procesal al tramitar este tipo de acciones. La Corte Suprema, al resolver el conflicto de competencia, subraya que los jueces deben ser diligentes en la verificación de su competencia y en la admisión de las acciones populares, asegurando que se respeten los derechos de los ciudadanos. Esto es fundamental para evitar dilaciones innecesarias en el proceso y garantizar que se protejan los derechos colectivos de manera efectiva.

“Muchas de esas dificultades he logrado superarlas mediante el estudio sistemático de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de las posiciones asumidas por cada magistrado frente a los distintos problemas jurídicos sometidos a su consideración.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza que la elección del juez por parte del demandante es vinculante y debe ser respetada por el juzgador. Esto significa que, una vez que el demandante elige un juez competente para conocer su caso, el juez no puede apartarse de esa elección sin una justificación válida. La Corte Suprema, al resolver el conflicto de competencia, reafirma este principio y establece que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia debe continuar con el conocimiento de la acción popular, ya que su competencia fue prorrogada por el principio de perpetuatio jurisdictionis.

Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto del caso de Bancolombia, se pueden identificar varios errores que podrían dar lugar a un recurso de casación. Uno de los principales errores fue la decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia de declarar la nulidad de lo actuado y rehusar su competencia sin realizar un análisis exhaustivo de la elección del demandante. La Corte Suprema resaltó que, al admitir la acción popular, el juzgado asumió la competencia para conocer el caso y no podía simplemente desestimar su responsabilidad sin una justificación adecuada. Este tipo de decisiones pueden ser objeto de revisión en casación, ya que afectan directamente el derecho de acceso a la justicia del demandante. Otro error que puede dar lugar a casación es la falta de atención a los principios de celeridad y economía procesal en el trámite de acciones populares. Los jueces tienen la obligación de actuar con prontitud y eficiencia, y cualquier dilación injustificada puede ser motivo para que la Corte Suprema revise la actuación del juzgado. En este sentido, la Corte ha enfatizado que los jueces deben ser diligentes en la verificación de su competencia y en la admisión de las acciones populares, asegurando que se respeten los derechos de los ciudadanos.

Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en casos de acciones populares, como el de Bancolombia, procede bajo ciertas condiciones. En primer lugar, es importante que el monto de la controversia supere los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Esto significa que, si el valor de la acción popular es inferior a esta cantidad, no será posible interponer el recurso de casación. Además, el plazo para presentar el recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es fundamental que el demandante actúe dentro de este plazo, ya que la falta de presentación del recurso en tiempo puede llevar a la pérdida del derecho a impugnar la decisión. En cuanto a las causales de casación, estas están establecidas en el Código General del Proceso y pueden incluir errores en la interpretación de la ley, violaciones a los derechos fundamentales, o la falta de motivación en las decisiones judiciales. En el caso de la acción popular interpuesta contra Bancolombia, si se considera que el juzgado cometió errores en la admisión de la acción o en la declaración de nulidad, el demandante podría tener fundamentos para presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Qué significa esto para usted?

La resolución del conflicto de competencia en el caso de Bancolombia tiene importantes implicaciones para los ciudadanos que buscan justicia en situaciones de vulneración de derechos. En primer lugar, reafirma la importancia de las acciones populares como herramienta para proteger los derechos e intereses colectivos. Si usted se encuentra en una situación similar, es fundamental que conozca sus derechos y las vías legales disponibles para hacerlos valer. La decisión de la Corte Suprema también destaca la necesidad de que los jueces actúen con diligencia y respeto por los principios de celeridad y economía procesal. Esto significa que, como ciudadano, usted tiene derecho a esperar que su caso sea tramitado de manera eficiente y sin dilaciones injustificadas. Además, es importante que esté informado sobre los plazos y requisitos para presentar recursos de casación en caso de que se produzcan errores en la actuación judicial. Conocer estos aspectos puede ser crucial para garantizar que sus derechos sean protegidos y que se haga justicia en su caso.

Preguntas frecuentes sobre acción popular baño accesible

¿Qué es una acción popular? Una acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano interponer una demanda en defensa de los derechos e intereses colectivos, como el acceso a servicios básicos o la protección del medio ambiente.

¿Cuáles son los requisitos para interponer una acción popular? Para interponer una acción popular, es necesario que la acción esté relacionada con la protección de derechos colectivos, que la controversia supere los 1.000 SMLMV y que se presente dentro del plazo establecido por la ley.

¿Qué hacer si el juzgado declara la nulidad de la acción popular? Si un juzgado declara la nulidad de una acción popular, el demandante puede presentar un recurso de apelación o, en ciertos casos, un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuáles son las consecuencias de un conflicto de competencia? Un conflicto de competencia puede retrasar el proceso judicial y generar incertidumbre sobre cuál juzgado tiene la autoridad para conocer el caso. Esto puede afectar el acceso a la justicia para el demandante.

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