Nulidad de contratos verbales en la contratación estatal en Colombia
Análisis elaborado por
Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices
Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.
La contratación estatal es un proceso que debe regirse por principios de transparencia, legalidad y objetividad, garantizando así el correcto uso de los recursos públicos. Sin embargo, en ocasiones se presentan situaciones en las que se celebran contratos verbales, lo que puede llevar a la nulidad de dichos acuerdos. En este contexto, es fundamental entender las implicaciones legales de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, especialmente en el ámbito de la contratación estatal. Este artículo se enfoca en un caso específico relacionado con la desintegración de vehículos del Ministerio de Defensa, donde se suscribió un contrato verbal que no cumplía con las formalidades exigidas por la ley. La falta de un contrato escrito no solo pone en riesgo la legalidad del acuerdo, sino que también puede acarrear responsabilidades penales para los involucrados, quienes pueden enfrentar cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A través de este análisis, se busca ofrecer una visión clara sobre los riesgos y consecuencias de este tipo de prácticas en la administración pública.
¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?
En el caso analizado, se evidenció que se llevó a cabo un contrato verbal para la desintegración de vehículos del Ministerio de Defensa, lo que generó serias dudas sobre su legalidad. A pesar de que la normativa establecía la necesidad de un contrato escrito para este tipo de operaciones, los funcionarios del Ministerio de Defensa decidieron proceder con un acuerdo verbal. Este contrato se formalizó entre dos tenientes coroneles del Ejército y el gerente de una empresa autorizada para realizar la desintegración de vehículos. Aunque la empresa cumplía con los requisitos técnicos y legales para llevar a cabo la actividad, la ausencia de un contrato formal contraviene las disposiciones legales que regulan la contratación estatal. La falta de cumplimiento de los requisitos formales no solo afecta la validez del contrato, sino que también compromete la transparencia y la objetividad del proceso de contratación, principios fundamentales en la gestión pública. Este caso se convierte en un ejemplo claro de cómo la falta de formalidad en los contratos puede llevar a la nulidad de los mismos y a la posible imputación de responsabilidades a los funcionarios involucrados.
Lo que analizó la Sala de Casación Penal
La Sala de Casación Penal tuvo que evaluar la legalidad del contrato verbal celebrado entre los funcionarios del Ministerio de Defensa y la empresa encargada de la desintegración de vehículos. En su análisis, se destacó que la normativa vigente exige que los contratos estatales se formalicen por escrito, especialmente aquellos que involucran la disposición de bienes públicos. La falta de un contrato escrito no solo vulnera el principio de legalidad, sino que también impide el adecuado control y seguimiento de las obligaciones contractuales. Además, la Sala subrayó que la contratación verbal en este contexto no solo es inadecuada, sino que también puede dar lugar a la corrupción y al mal uso de recursos públicos. La decisión de la Sala se fundamentó en la necesidad de proteger los intereses del Estado y garantizar que todas las contrataciones se realicen de manera transparente y conforme a la ley. Este análisis pone de manifiesto la importancia de cumplir con los requisitos legales en la contratación estatal, ya que la ausencia de estos puede tener graves consecuencias tanto para los funcionarios como para la administración pública en general.
Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia
Consideraciones de la Corte — AP4216-2025
M.P. Gerson Chaverra Castro · Radicación ·
e enfrenta con el principio de transparencia, la cual debe aplicarse a lo largo de la fase precontractual, fase [que] se reitera fue omitida totalmente por los contratantes. Se enfrenta también con el principio de objetividad, por cuánto no se hizo ninguna convocatoria, simplemente se escogió a una sola empresa para llevar a cabo el proceso de desintegración, conforme esto con el artículo 24 de la Ley 80 del 93, y además traiciona el principio de legalidad merced a qué desobedece los postulados
La definición de competencia es el mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico para establecer de manera perentoria y definitiva cuál de los distintos Jueces o Magistrados es el llamado a conocer de la fase de conocimiento, u ocuparse de un trámite determinado. Esta figura se encuentra regulada en el canon 54 del estatuto procesal en cita, de la siguiente manera: (…) Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la m
Corresponde entonces dilucidar cuál es la autoridad encargada de conocer del proceso adelantado en contra de Luis Alfredo Reyna Salcedo, a quien se le atribuye la comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 3.1. El artículo 43 de la Ley 906 de 2004 establece la competencia territorial en el juez del lugar donde ocurrió el delito y si no es posible determinarlo o si se realizó en varios sitios, en uno incierto o en el extranjero, se fija en el lugar donde se encuentren
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¿Esta sentencia aplica a su caso?
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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?
En el contexto de la nulidad de contratos verbales en la contratación estatal, se pueden identificar varios errores del Tribunal que podrían dar lugar a la casación, según lo estipulado en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. En primer lugar, la falta de consideración de la obligatoriedad de un contrato escrito para la celebración de acuerdos que involucren bienes públicos es un error grave. Este tipo de omisión puede llevar a la nulidad del contrato y a la responsabilidad de los funcionarios que lo suscribieron. Asimismo, el Tribunal debe analizar si se respetaron los principios de transparencia y objetividad en el proceso de contratación. La selección de un único contratista sin una convocatoria adecuada puede ser considerado un vicio que afecte la validez del contrato. Además, la falta de un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas, que demuestren la existencia de un contrato verbal y sus implicaciones legales, puede ser otro motivo para la casación. En resumen, cualquier error que implique la violación de los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 906 de 2004 puede dar lugar a la revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Nisimblat Law · Casación Penal Colombia
Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal
Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
Elaboración de la demanda ante el Tribunal
Representación ante la Sala de Casación Penal
Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.
¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?
El recurso de casación penal es procedente en situaciones donde se han vulnerado derechos fundamentales o se han cometido errores en la interpretación y aplicación de la ley. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el recurso puede interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia condenatoria, y la demanda debe presentarse ante el Tribunal en un plazo de 30 días. En el caso de nulidad de contratos verbales, es crucial que la parte afectada demuestre que se han violado principios legales en la contratación estatal, como la falta de formalidad y el incumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. La casación puede ser un recurso efectivo para corregir errores judiciales y garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y los principios de la administración pública. Por lo tanto, es fundamental que los involucrados en procesos de contratación estatal estén informados sobre sus derechos y las vías legales disponibles para impugnar decisiones que consideren injustas o ilegales.
¿Qué significa esto para usted?
La nulidad de contratos verbales en la contratación estatal tiene implicaciones significativas tanto para los funcionarios públicos como para las empresas que deseen participar en procesos de contratación. Para los funcionarios, la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales puede acarrear responsabilidades penales y administrativas, afectando su carrera y reputación. Por otro lado, las empresas que se involucran en estos acuerdos también corren el riesgo de perder la confianza del Estado y enfrentar sanciones. Es esencial que tanto funcionarios como contratistas comprendan la importancia de seguir los procedimientos establecidos por la ley para evitar situaciones de nulidad y las consecuencias que estas pueden acarrear. Además, la transparencia y la legalidad en la contratación estatal son fundamentales para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por lo tanto, es vital que todos los actores involucrados en la contratación estatal actúen con responsabilidad y cumplan con las normativas vigentes.
Preguntas frecuentes — Nulidad de contratos verbales en la contratación estatal
1. ¿Qué es un contrato verbal en la contratación estatal? Un contrato verbal en la contratación estatal es un acuerdo que se establece de manera oral entre las partes, sin cumplir con los requisitos formales exigidos por la ley, lo que puede llevar a su nulidad.
2. ¿Cuáles son las consecuencias de celebrar un contrato verbal en la contratación estatal? Las consecuencias incluyen la nulidad del contrato, la posible responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios involucrados, y la afectación de la transparencia en la gestión pública.
3. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que un contrato estatal sea válido? Para que un contrato estatal sea válido, debe formalizarse por escrito, cumplir con los principios de transparencia y objetividad, y seguir los procedimientos establecidos por la ley.
4. ¿Cómo se puede impugnar un contrato verbal en la contratación estatal? Un contrato verbal puede impugnarse a través de un recurso de casación, presentando pruebas que demuestren la violación de los principios legales y solicitando la nulidad del contrato ante el Tribunal correspondiente.
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MAIKEL NISIMBLAT - Director Juridico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Harvard PON, MIT, Wharton AI, IBM AI Specialist, George Washington University School of Business. Especialista en litigio con mas de 27 anos de experiencia en casos de alta complejidad en Colombia. Creador de Energy Audit AI reconocido en Associated Press, Fox News y CBS, abril 2026.
