Imposición de servidumbre eléctrica sobre predio en Cundinamarca — conflicto de competencia territorial Colombia

La imposición de una servidumbre eléctrica puede ser un tema complicado y generar conflictos legales que afectan a las partes involucradas. En este caso, se presenta un conflicto de competencia territorial entre dos juzgados, lo que puede resultar confuso para quienes no están familiarizados con el sistema judicial colombiano. Si usted se encuentra en una situación similar, donde ha recibido una demanda o ha perdido en segunda instancia, es fundamental entender qué significa la casación y cómo puede afectar su caso. La casación es un recurso que permite revisar las decisiones de los tribunales superiores, buscando la protección de derechos fundamentales y la correcta aplicación de la ley. En este artículo, abordaremos el caso específico de la imposición de servidumbre eléctrica sobre un predio en Cundinamarca, analizando los hechos, la decisión de la Corte Suprema y las implicaciones legales que pueden surgir de esta situación.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En el caso que nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia tuvo que resolver un conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho, Cundinamarca, y el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá. La controversia surgió a raíz de una demanda presentada por el Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., que solicitaba la imposición de una servidumbre de conducción de energía eléctrica sobre un predio denominado «Santa Inés», ubicado en la vereda «Montedulce» del municipio de Supatá, Cundinamarca. La empresa demandante argumentó que el juzgado de Pacho era el competente para conocer el caso, dado que el predio objeto de la servidumbre se encontraba en su jurisdicción. Sin embargo, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho admitió la demanda, pero luego la rechazó por falta de competencia territorial, alegando que la empresa demandante, siendo una entidad de economía mixta con domicilio en Bogotá, debía ser conocida por el juzgado de la capital. Este rechazo llevó a que el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá declinara su conocimiento, planteando así un conflicto de competencia que finalmente tuvo que ser resuelto por la Corte Suprema.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia evaluó el conflicto de competencia entre los dos juzgados, considerando las disposiciones del Código General del Proceso y la naturaleza de las partes involucradas. La Corte tuvo que determinar cuál de los dos juzgados era el competente para conocer de la demanda de imposición de servidumbre eléctrica, teniendo en cuenta que se trataba de un proceso que involucraba a una entidad pública y la ubicación del predio afectado. En este sentido, la Corte analizó los principios de competencia territorial y los factores subjetivos que determinan la jurisdicción, buscando garantizar que el proceso se desarrolle en el marco de la ley y respetando los derechos de las partes.

“As� las cosas y como quiera que el par�grafo del canon 104 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que, por �entidad p�blica se entiende todo �rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci�n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci�n igual o…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC1876-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01315-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“ESP� es una empresa de servicios p�blicos, constituida como sociedad an�nima por acciones, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1992; con autonom�a administrativa, patrimonial y presupuestal, aunque ejerce sus actividades dentro del �mbito del derecho privado como empresario mercantil de car�cter sui generis; de donde la competencia para…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC1876-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01315-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“E.S.P., es una sociedad constituida con aportes estatales y de capital privado, de car�cter u orden distrital, en la cual los entes del Estado poseer�n por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot� (antes Concejo de Santa Fe de Bogot�), Distrito Capital, que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC1876-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01315-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece directrices claras sobre la competencia territorial y los derechos de las partes en los procesos judiciales. En este caso, la Corte se basó en el Tratado para fundamentar su decisión, resaltando la importancia de la competencia territorial en los procesos que involucran derechos reales, como es el caso de la servidumbre eléctrica. Según el Tratado, la competencia se determina no solo por la ubicación del bien, sino también por la calidad de las partes involucradas, especialmente cuando se trata de entidades públicas. Esto significa que, en situaciones donde una entidad pública es parte del proceso, la competencia territorial puede variar y debe ser evaluada con base en la normativa vigente.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza que la falta de competencia por factores distintos a los subjetivos o funcionales es prorrogable, lo que implica que, si las partes no alegan la falta de competencia en el momento adecuado, el juez puede continuar con el conocimiento del proceso. Este principio es fundamental para entender por qué la Corte decidió que el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá debía asumir el caso, a pesar de que el predio se encontraba en Cundinamarca.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es importante identificar los errores que pueden dar lugar a este recurso. En el caso que nos ocupa, se pueden señalar varios aspectos que la Corte analizó y que podrían considerarse errores del tribunal. Uno de los principales errores es la incorrecta interpretación de la competencia territorial, ya que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho inicialmente aceptó la demanda, pero luego la rechazó por falta de competencia, sin considerar adecuadamente la naturaleza de la entidad demandante. Además, el tribunal no tomó en cuenta el principio de la perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez asumida la competencia, esta no puede ser modificada por el juez a menos que se alegue expresamente por las partes. Otro error relevante es la falta de consideración de la calidad de las partes en el proceso, lo que llevó a una incorrecta aplicación de las normas sobre competencia. Estos errores pueden dar lugar a la casación, ya que afectan el debido proceso y los derechos de las partes involucradas.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es procedente en casos como este cuando se cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley. En primer lugar, es necesario que la cuantía del proceso sea superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que garantiza que se trata de un asunto de relevancia económica. Además, el plazo para interponer el recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales, la ley establece que se puede recurrir a la casación por violación de normas sustantivas o adjetivas, así como por errores en la interpretación y aplicación de la ley. En este sentido, si se demuestra que el tribunal incurrió en errores en la interpretación de la competencia territorial o en la aplicación de los principios que rigen la materia, el recurso de casación puede ser procedente y la Corte Suprema podría revisar la decisión del tribunal inferior.

Que significa esto para usted?

Para usted, como parte involucrada en un proceso de imposición de servidumbre eléctrica o en un caso similar, es fundamental entender las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema y cómo puede afectar su situación. La casación es una herramienta legal que permite revisar decisiones que pueden haber vulnerado sus derechos, y conocer los fundamentos de la competencia territorial es esencial para proteger sus intereses. Si ha recibido una demanda o ha perdido en segunda instancia, es importante que consulte con un abogado especializado en derecho civil para evaluar las posibilidades de interponer un recurso de casación y así buscar una solución favorable a su caso. La correcta interpretación de la ley y el respeto a los derechos de las partes son pilares fundamentales en el sistema judicial, y conocerlos puede marcar la diferencia en el resultado de su proceso.

Preguntas frecuentes sobre conflicto de competencia servidumbre eléctrica

¿Qué es una servidumbre eléctrica? La servidumbre eléctrica es un derecho que permite a una empresa de servicios públicos instalar y mantener líneas de conducción de energía eléctrica sobre un predio ajeno, garantizando el acceso a la infraestructura necesaria para la prestación del servicio.

¿Qué hacer si se recibe una demanda de imposición de servidumbre eléctrica? Si recibe una demanda de este tipo, es crucial que consulte con un abogado especializado para entender sus derechos y las opciones legales disponibles, incluyendo la posibilidad de impugnar la demanda.

¿Cuáles son los plazos para interponer un recurso de casación? El plazo para interponer un recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar, por lo que es importante actuar con prontitud.

¿Qué requisitos se deben cumplir para que proceda la casación? Para que proceda el recurso de casación, es necesario que la cuantía del proceso supere 1.000 SMLMV y que se aleguen causales de violación de normas sustantivas o adjetivas, así como errores en la interpretación de la ley.

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