Gerente de empresa adjudica contrato de acueducto y revoca adjudicación — prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos — casación penal Colombia
Gerente de empresa adjudica contrato de acueducto y revoca adjudicación — prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos — casación penal Colombia
Análisis elaborado por
Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices
Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.
La gestión pública y la administración de recursos del Estado son temas de gran relevancia en la sociedad actual. La correcta adjudicación de contratos es fundamental para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, cuando se presentan irregularidades en estos procesos, se pone en riesgo no solo la legalidad, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En este contexto, el caso de una gerente de empresa que adjudicó un contrato de acueducto y posteriormente revocó dicha adjudicación ha suscitado un intenso debate legal, en el que se cuestiona la validez de sus decisiones y las implicaciones penales que pueden derivarse de ellas. La situación se complica aún más cuando se habla de prevaricato, un delito que implica actuar en contra de la ley en el ejercicio de funciones públicas. Este artículo busca desglosar los hechos, el análisis de la Sala de Casación Penal y las posibles implicaciones para quienes se ven envueltos en situaciones similares.
¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?
Los hechos se remontan a la adjudicación de un contrato para la construcción de un sistema de acueducto en el Corregimiento de Bruselas, en el municipio de Pitalito. La gerente de la empresa responsable del proyecto adjudicó inicialmente el contrato a un consorcio específico. Sin embargo, tras recibir solicitudes de revocatoria por parte de otros consorcios cuyos ofrecimientos habían sido rechazados, la gerente decidió revocar la adjudicación. Esta acción fue seguida por la habilitación de otro consorcio, al que finalmente se le adjudicó el contrato tras una nueva evaluación. La Fiscalía acusó a la gerente por prevaricato por acción, argumentando que la revocación del contrato fue un acto manifiestamente contrario a la ley. A pesar de ser condenada en primera instancia, el Tribunal Superior revocó la decisión, absolviendo a la gerente, lo que llevó a la presentación de un recurso de casación por parte del apoderado de las víctimas.
Lo que analizó la Sala de Casación Penal
La Sala de Casación Penal se centró en determinar si la revocación del contrato y la posterior adjudicación a otro consorcio cumplían con las normativas vigentes. Se cuestionó la interpretación de las causales que permiten la revocatoria de un acto administrativo, y se revisó si la decisión de la gerente se ajustaba a las excepciones permitidas por la ley. La Corte analizó si la revocación se basó en fundamentos legales claros o si, por el contrario, se trató de un acto arbitrario que podría constituir un delito. Se discutió la aplicación de normas específicas que regulan la revocatoria de actos administrativos en el contexto de la contratación pública, así como la correcta interpretación de las causales que justifican tales decisiones.
Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia
Consideraciones de la Corte — SP1693-2025
M.P. Gerson Chaverra Castro · Radicación ·
El tercer reparo acusa un “sesgado desconocimiento de los medios de prueba aportados”, que lo llevó a no reconocer concurrente el delito de “Interés Indebido en la Celebración de Contratos”. Afirma violación indirecta derivada de error de hecho por falso juicio de existencia pues, se omitió valorar diversos e importantes medios probatorios que constatarían un interés indebido de la acusada en que el Consorcio Acueducto Pitalito fuera seleccionado
Para el censor, fluye diáfano que en el proceso existían suficientes elementos de juicio para inferir que la acusada se interesó indebida e ilícitamente a favor de uno de los proponentes en el proceso de contratación que concluyó con la adjudicación del mismo al Consorcio Acueducto Pitalito, sin que quepa sostener no estar demostrado que la finalidad de la revocatoria era favorecerlo, pues desconoce el amplio plexo probatorio que da cuenta que aq
Para la Fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema, la sentencia impugnada no debe ser casada. Respecto del primer cargo que acusa errada interpretación del artículo 9°.3 de la Ley 1150 de 2007, observa la Fiscalía que el mismo carece de fundamento. Con base en la información derivada de las propuestas presentadas para la adjudicación del contrato, se tiene que, en efecto, Consorcio Pitalito 2 y Consorcio Agua Bruselas 2011, presentaron en comú
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — SP1693-2025 — M.P. Gerson Chaverra Castro — Radicación —
¿Esta sentencia aplica a su caso?
Solicite un análisis de viabilidad según su situación específica.
¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?
Los errores del Tribunal que podrían dar lugar a casación se centran en la interpretación y aplicación de las normas que regulan la revocatoria de actos administrativos. Según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, se puede considerar que un fallo incurre en error si no se aplican correctamente las causales de revocatoria de un contrato. En este caso, se argumenta que el Tribunal no tuvo en cuenta que las únicas causales válidas para revocar un acto de adjudicación son la existencia de inhabilidades o incompatibilidades del contratista o la demostración de que el acto se obtuvo mediante medios ilegales. La falta de análisis sobre si se cumplían estas causales puede ser un motivo para que la Corte revise el fallo. Además, la confusión entre criterios habilitantes y evaluativos en el proceso de adjudicación también puede ser un punto de error, ya que esto puede llevar a decisiones que no se fundamentan en la ley.
Nisimblat Law · Casación Penal Colombia
Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal
Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
Elaboración de la demanda ante el Tribunal
Representación ante la Sala de Casación Penal
Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.
El recurso de casación penal procede cuando se presentan errores de hecho o de derecho en la sentencia impugnada. De acuerdo con los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el término para la interposición del recurso es de cinco días, contados a partir de la notificación de la sentencia. Posteriormente, el demandante tiene un plazo de 30 días para presentar la demanda ante el Tribunal. Es fundamental que el recurrente argumente de manera clara y precisa los errores que se alegan, ya que la Corte se limita a revisar los aspectos señalados y no puede realizar correcciones por iniciativa propia. La casación se convierte en una herramienta crucial para garantizar que se respeten los derechos de las partes y se aplique correctamente la ley en casos de relevancia pública.
¿Qué significa esto para usted?
La situación presentada en este caso tiene implicaciones significativas tanto para los funcionarios públicos como para los ciudadanos. Para los funcionarios, es un recordatorio de la importancia de actuar dentro del marco legal y de las consecuencias que pueden derivarse de decisiones mal fundamentadas. La posibilidad de enfrentar cargos por prevaricato puede afectar no solo la carrera profesional de un funcionario, sino también su reputación y la confianza del público en la administración pública. Para los ciudadanos, este caso subraya la necesidad de estar atentos a la gestión pública y de exigir transparencia en la adjudicación de contratos. La vigilancia ciudadana es fundamental para prevenir actos de corrupción y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y eficiente.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el prevaricato por acción? El prevaricato por acción es un delito que se comete cuando un funcionario público emite un acto administrativo que es manifiestamente contrario a la ley. Este delito busca proteger la legalidad en la actuación de los servidores públicos.
¿Cuáles son las consecuencias de ser condenado por prevaricato? Las consecuencias pueden incluir penas privativas de libertad, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Además, puede haber repercusiones en la reputación del condenado y en su carrera profesional.
¿Qué derechos tienen las víctimas en un proceso penal? Las víctimas tienen derecho a ser informadas sobre el desarrollo del proceso, a presentar pruebas y a ser escuchadas. También pueden solicitar reparaciones por los daños sufridos como resultado del delito.
¿Cómo se puede interponer un recurso de casación? Para interponer un recurso de casación, es necesario presentar una demanda ante el Tribunal competente dentro del plazo establecido, argumentando los errores de hecho o de derecho que se alegan en la sentencia impugnada.
Nisimblat Law · 27 años en casación
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MAIKEL NISIMBLAT - Director Juridico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Harvard PON, MIT, Wharton AI, IBM AI Specialist, George Washington University School of Business. Especialista en litigio con mas de 27 anos de experiencia en casos de alta complejidad en Colombia. Creador de Energy Audit AI reconocido en Associated Press, Fox News y CBS, abril 2026.
