Falta de interprete en servicios publicos — conflicto de competencia Colombia

La situación que se presenta en el caso de la acción popular promovida por Sebastián Colorado contra el Banco Davivienda S.A. es un claro ejemplo de cómo la falta de un intérprete profesional en servicios públicos puede desencadenar un conflicto de competencia entre diferentes juzgados en Colombia. En este caso, el demandante argumentó que la entidad no contaba con un intérprete que pudiera facilitar la comunicación con la población que requiere este servicio, lo que vulnera sus derechos colectivos. Este tipo de situaciones son más comunes de lo que se podría pensar, y muchas personas se encuentran en la misma encrucijada al enfrentarse a la falta de atención adecuada en servicios públicos, especialmente cuando se trata de la inclusión de personas con discapacidad auditiva. La casación es un recurso que permite a las partes impugnar decisiones judiciales, y en este contexto, es fundamental entender cómo funciona este mecanismo y qué implicaciones tiene para quienes se ven afectados por decisiones de juzgados que no cumplen con la normativa vigente.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En este caso, Sebastián Colorado presentó una acción popular en contra del Banco Davivienda S.A., argumentando que la entidad no contaba con un intérprete profesional en su establecimiento, lo que afectaba a la población que requiere este servicio, tal como lo establece la Ley 982 de 2005. La demanda fue inicialmente radicada en el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, que admitió la acción. Sin embargo, posteriormente, este juzgado consideró que no tenía competencia para conocer el caso, ya que el domicilio del demandado se encontraba en Cali, y la supuesta vulneración de derechos colectivos también ocurría en esa ciudad. Por lo tanto, decidió remitir el caso al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali. Este último, al recibir la demanda, también se declaró incompetente, lo que generó un conflicto de competencia entre ambos juzgados. La Corte Suprema de Justicia tuvo que intervenir para resolver esta disputa, ya que ambos juzgados se negaron a asumir el conocimiento del caso, lo que obligó a la Corte a aclarar cuál de ellos era el competente para resolver la acción popular presentada por el demandante.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia evaluó el conflicto de competencia entre los juzgados involucrados, considerando los argumentos presentados por cada uno de ellos. La Corte determinó que, de acuerdo con la legislación vigente, el juez competente para conocer de la acción popular es aquel del lugar donde ocurrieron los hechos o el del domicilio del demandado, a elección del actor. En este caso, el demandante había radicado la acción en La Virginia, pero también había señalado como domicilio del demandado este mismo municipio y como sitio de vulneración la calle 13 No. 98LC-194 CC Unicentro en Cali. La Corte, al analizar estos factores, concluyó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había cometido un error al rechazar la demanda y remitirla a Cali, ya que había asumido erróneamente que no tenía competencia, sin considerar que la competencia había sido prorrogada al admitir la demanda.

“Dicho lo anterior, la Corte observa que en el caso analizado ninguno de los dos requisitos se cumplen, pues el reclamante presento la demanda en la Virginia, y se�al� como domicilio del demandado este mismo municipio y como sitio de vulneraci�n la ?calle 13 No. 98LC-194 CC Unicentro?, no obstante, el Juzgado Promiscuo del Circuito, sin advertir…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2851-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02258-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, raz�n por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislaci�n vigente al momento de radicaci�n, a fin de adoptar la determinaci�n de rigor en torno a su facultad o…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2851-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02258-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Como la discusi�n planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com�n de ambas, seg�n lo establecido en los art�culos 139 del C�digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado �ste por el 7� de la Ley 1285 de…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2851-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02258-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece que la competencia de los juzgados debe ser analizada con base en la legislación vigente al momento de la radicación de la demanda. En este contexto, se menciona que el juez debe valorar si tiene la facultad para conocer el caso, y en caso de duda, debe seguir el procedimiento establecido por la ley. En el caso que nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia reafirmó que el juez que admite la demanda asume la competencia, y que esta no puede ser modificada a su arbitrio, a menos que las partes se pronuncien al respecto. Esto es fundamental para asegurar la estabilidad del proceso judicial y la protección de los derechos de los ciudadanos que buscan justicia.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, se enfatiza que la falta de competencia debe ser alegada por la parte demandada en los momentos procesales establecidos, y que si el juez admite la demanda, se entiende que ha aceptado la competencia para conocer del caso. En este sentido, la Corte resolvió que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia debía continuar con el trámite de la acción popular, ya que había asumido la competencia al admitirla inicialmente.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

Existen varios errores que pueden dar lugar a la casación en el contexto de un conflicto de competencia. En primer lugar, si un tribunal se declara incompetente sin que haya sido alegado por la parte demandada, está cometiendo un error que puede ser objeto de revisión. Asimismo, si un juez no considera adecuadamente los factores de competencia establecidos por la ley, como el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, también puede dar lugar a la casación. Otro error común es la falta de análisis de la prórroga de competencia, que se produce cuando un juez admite una demanda sin advertir que tiene la facultad para conocer del caso. En este sentido, la Corte ha señalado que una vez asumida la competencia, el juez no puede desprenderse de ella a menos que la parte demandada lo alegue en el momento oportuno. Estos errores pueden afectar gravemente el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos y, por lo tanto, son susceptibles de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia en un recurso de casación.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación procede en los casos donde se ha presentado una decisión que afecta los derechos de las partes y que se considera que ha sido emitida en contravención a la ley. En el caso de acciones populares, es importante que se cumplan ciertos requisitos para que el recurso sea procedente. En primer lugar, la cuantía de la acción debe ser superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Además, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se desea impugnar. Las causales de casación son diversas, pero en este contexto, se pueden mencionar la falta de competencia del juez, la violación de normas procesales y la incorrecta interpretación de la ley. Es fundamental que el abogado que represente a la parte interesada en el recurso de casación tenga un conocimiento profundo de la normativa aplicable y de los requisitos formales que deben cumplirse para que el recurso sea admitido y tramitado adecuadamente.

Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano que ha enfrentado una situación similar a la de Sebastián Colorado, es crucial entender que la falta de un intérprete en servicios públicos no solo afecta su acceso a la información, sino que también puede desencadenar conflictos legales que requieren atención. Si ha presentado una acción popular y se ha encontrado con dificultades en el proceso, es fundamental que sepa que existe un recurso de casación que puede ser utilizado para impugnar decisiones que considere injustas. La casación es una herramienta que permite a los ciudadanos buscar la protección de sus derechos y asegurar que se respeten los principios de justicia y equidad en el sistema judicial. Por lo tanto, es recomendable que busque asesoría legal para evaluar las opciones disponibles y determinar si es posible interponer un recurso de casación en su caso particular. La justicia debe ser accesible para todos, y conocer sus derechos es el primer paso para hacerlos valer.

Preguntas frecuentes sobre falta de interprete servicios publicos

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano presentar una demanda en defensa de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos adecuados.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, es necesario demostrar que existe una vulneración a derechos colectivos y que se cuenta con la legitimidad para actuar en defensa de esos derechos.

¿Qué hacer si mi acción popular es rechazada? Si su acción popular es rechazada, puede interponer un recurso de apelación o, en algunos casos, un recurso de casación, dependiendo de las circunstancias del caso.

¿Cuáles son las consecuencias de no contar con un intérprete en servicios públicos? La falta de un intérprete puede limitar el acceso a información y servicios, afectando a personas con discapacidad auditiva y vulnerando sus derechos fundamentales.

← Ver guia completa de casacion civil en Colombia