Falta de baño público en sucursal bancaria — conflicto de competencia Colombia

Recientemente, se ha presentado un caso que pone en evidencia la importancia de la accesibilidad en los espacios públicos, especialmente en los servicios bancarios. En este caso, un ciudadano, Uner Augusto Becerra Largo, interpuso una acción popular contra Bancolombia S.A. por la falta de un baño público apto para personas en silla de ruedas en una de sus sucursales en Medellín. Este hecho no solo refleja una vulneración de derechos fundamentales, sino que también plantea un conflicto de competencia entre dos juzgados que debían decidir sobre la acción. Para quienes han enfrentado una decisión adversa en segunda instancia o han recibido una demanda de casación, entender los pormenores de este caso es crucial. La casación es un recurso extraordinario que busca revisar decisiones judiciales para garantizar la correcta aplicación del derecho. En este artículo, exploraremos los detalles del caso, el análisis de la Corte Suprema y las implicaciones que tiene para usted como ciudadano.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso se origina cuando Uner Augusto Becerra Largo decide presentar una acción popular contra Bancolombia S.A., argumentando que la sucursal ubicada en la Calle 34 A n.º 76 – 50 en Medellín no cuenta con un baño público accesible para personas que se movilizan en silla de ruedas. Este tipo de acciones populares están diseñadas para proteger derechos colectivos y, en este caso, se busca garantizar el acceso a instalaciones adecuadas para todos los ciudadanos. La acción fue inicialmente presentada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda. Sin embargo, este juzgado, tras admitir la demanda, decidió declarar la nulidad de lo actuado, argumentando que carecía de competencia territorial, ya que los hechos en cuestión ocurrieron en Medellín, donde se encuentra la sucursal de la entidad demandada. Así, el juzgado consideró que el conocimiento del caso debía corresponder al Juzgado Civil del Circuito de Medellín. Posteriormente, este último juzgado también se vio envuelto en un conflicto de competencia, ya que planteó que la competencia debía permanecer con el primer juzgado que había asumido el caso. Esta situación llevó a la Corte Suprema a intervenir y resolver el conflicto de competencia entre ambos juzgados.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar la situación de competencia entre los juzgados involucrados, considerando las normas que regulan las acciones populares y la competencia territorial. Se centró en la interpretación del artículo 16 de la Ley 472 de 1998, que establece que el juez competente para conocer de acciones populares es el del lugar donde ocurrieron los hechos o el del domicilio del demandado, a elección del actor. En este caso, el demandante eligió presentar la acción en La Virginia, lo que complicó el panorama. La Corte tuvo que determinar si esta elección era válida, dado que los hechos se relacionaban con una sucursal específica de Bancolombia en Medellín. La decisión de la Corte se basó en la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la justicia y la correcta aplicación de las normas procesales en situaciones donde hay múltiples domicilios o sucursales involucradas.

“De ah� que para casos de varios domicilios, o situaciones f�cticas relacionadas con una sucursal o agencia espec�fica de una persona jur�dica que sea convocada, con base en la distribuci�n racional de los asuntos a cargo de los jueces, para un mejor ejercicio de sus funciones, como tambi�n para facilitar al promotor la elecci�n del fuero…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3569-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02511-00 — M.P. [ver documento] — 18 de junio de 2021

“Al conjugar, pues, las reglas de competencia antes comentadas, de los art�culos 16 de la ley 472 de 1998 y el numeral 5� del art�culo 28 del C�digo General del Proceso, como en esta especie de controversia se demand� a una persona jur�dica por situaciones vinculadas con determinada sucursal o agencia, es indiscutible que la facultad electiva del…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3569-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02511-00 — M.P. [ver documento] — 18 de junio de 2021

“Con todo, revisado este punto de competencia en las acciones populares, a partir del auto AC193 de 2017, se dilucid� que el citado segmento normativo de la ley 472 de 1998, no contempl� soluci�n para los eventos en que el accionado tiene varios domicilios, o es una persona jur�dica con sucursales o agencias, y los hechos respectivos se relacionan…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3569-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02511-00 — M.P. [ver documento] — 18 de junio de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia y el procedimiento en la resolución de conflictos judiciales. En este contexto, se hace énfasis en la importancia de la correcta determinación de la competencia territorial, especialmente en casos que involucran acciones populares. La Corte Suprema, al abordar este caso, se basó en estos principios para esclarecer la confusión generada por la elección del demandante y la posterior declinación de competencia por parte de los juzgados. La interpretación de la ley debe ser coherente con los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar que las acciones populares se tramiten de manera efectiva y justa. La Corte también subrayó que la falta de regulación específica para situaciones que involucran múltiples domicilios o sucursales de una persona jurídica puede llevar a interpretaciones erróneas que afecten el acceso a la justicia.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

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Además, el Tratado resalta la necesidad de que los jueces actúen con diligencia al momento de asumir la competencia, asegurando que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. Esto es especialmente relevante en el contexto de las acciones populares, donde el interés colectivo debe prevalecer sobre los intereses individuales. La Corte, al aplicar estos principios, busca no solo resolver el conflicto de competencia, sino también sentar un precedente que garantice el correcto manejo de futuras acciones populares en situaciones similares.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de este caso, existen varios errores que podrían dar lugar a la casación. Uno de los principales es la incorrecta interpretación de la competencia territorial. Los juzgados involucrados cometieron el error de no considerar adecuadamente las disposiciones de la Ley 472 de 1998 y el Código General del Proceso, que establecen claramente cómo debe determinarse la competencia en acciones populares. La falta de una interpretación adecuada de estas normas puede llevar a decisiones que no solo afectan a las partes involucradas, sino que también tienen un impacto en el acceso a la justicia de otros ciudadanos que puedan verse en situaciones similares. Otro error que puede ser objeto de casación es la falta de motivación en las decisiones de los juzgados. La Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las decisiones judiciales deben estar debidamente fundamentadas, y cualquier falta de motivación puede ser motivo para que se declare la nulidad de lo actuado. Además, la no aplicación de la regla de la perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez asumida la competencia, esta no puede ser alterada sin justificación, también puede ser un motivo válido para la casación. Estos errores, entre otros, son fundamentales para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y que se mantenga la integridad del sistema judicial.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación procede en varias circunstancias específicas. En primer lugar, es importante que el valor de la controversia supere los 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que garantiza que solo los casos de relevancia económica puedan ser objeto de este recurso. Además, el plazo para interponer la casación es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales, la Ley 144 de 1994 establece varias que pueden ser invocadas, como la violación de normas sustantivas o procesales, la falta de motivación en las decisiones judiciales, o la incorrecta interpretación de la ley. En el caso de acciones populares, la incorrecta determinación de la competencia territorial, como sucedió en este caso, es una causal que puede dar lugar a la casación. Es fundamental que los ciudadanos conozcan estos requisitos y causales, ya que les permite ejercer su derecho a la defensa y buscar la protección de sus derechos en el ámbito judicial. La casación no solo es un mecanismo de revisión, sino también una herramienta para garantizar que se aplique correctamente el derecho y se protejan los intereses de la sociedad en su conjunto.

Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano, este caso tiene implicaciones significativas. En primer lugar, resalta la importancia de la accesibilidad en los servicios públicos y la necesidad de que las entidades cumplan con las normativas que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Además, el conflicto de competencia entre los juzgados pone de manifiesto la complejidad del sistema judicial y la importancia de conocer sus derechos y los procedimientos disponibles para hacerlos valer. Si ha enfrentado una decisión adversa en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es fundamental que se asesore adecuadamente para entender las opciones que tiene a su disposición. La casación es un recurso que puede ser utilizado para corregir errores judiciales y garantizar que se haga justicia. Conocer los fundamentos de la casación y las causales que pueden ser invocadas le permitirá tomar decisiones informadas sobre su situación legal y buscar la protección de sus derechos de manera efectiva.

Preguntas frecuentes sobre acción popular y competencia territorial

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo jurídico que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos, el medio ambiente, entre otros. Su objetivo es proteger el interés general.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, se requiere que exista una vulneración a derechos colectivos, que el demandante tenga interés en la causa y que se presente ante el juez competente, según la normativa vigente.

¿Qué hacer si se pierde en segunda instancia? Si se pierde en segunda instancia, se puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y se argumenten las causales pertinentes.

¿Cómo se determina la competencia territorial en acciones populares? La competencia territorial en acciones populares se determina por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, a elección del actor, según lo establecido en la Ley 472 de 1998.

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