Falta de baño público en sucursal bancaria — competencia territorial en acciones populares Colombia

La situación que se presenta en este caso es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en su vida cotidiana. La falta de un baño público accesible en una sucursal bancaria puede parecer un detalle menor, pero para quienes se movilizan en silla de ruedas, representa una vulneración significativa de sus derechos. Este tipo de situaciones no solo afecta la dignidad de las personas, sino que también pone de manifiesto la necesidad de que las instituciones cumplan con normativas que garanticen la accesibilidad. Si usted ha enfrentado una situación similar o ha recibido una demanda de casación tras perder en segunda instancia, es fundamental que comprenda el proceso de casación y cómo puede ayudarle a buscar justicia. La casación es un recurso que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, buscando la revisión de errores de hecho o de derecho en las sentencias emitidas por los tribunales inferiores. En este artículo, analizaremos el caso específico de la falta de un baño público en una sucursal bancaria y la competencia territorial en acciones populares en Colombia, para que pueda entender mejor sus derechos y opciones legales.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En este caso, el promotor de la acción popular, Uner Augusto Becerra Largo, presentó una demanda contra Bancolombia S.A. por la falta de un baño público apto para ciudadanos en silla de ruedas en una de sus sucursales ubicada en Medellín, Antioquia. La demanda fue radicada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda. El demandante argumentó que, aunque la sucursal se encuentra en Medellín, la entidad demandada tiene su domicilio en La Virginia, lo que generó un conflicto de competencia territorial. El juzgado inicial admitió la demanda, pero posteriormente declaró la nulidad de todo lo actuado, argumentando que no tenía competencia para conocer del caso, ya que la vulneración de derechos ocurría en Medellín, donde se ubica la sucursal. En consecuencia, el juzgado consideró que debía ser el juez de Medellín quien conociera del asunto. Este conflicto llevó a que el juzgado de La Virginia planteara una colisión negativa, argumentando que el demandante había elegido presentar la acción en su jurisdicción por ser el lugar de ocurrencia de los hechos, y que la vulneración afectaba a ciudadanos en todo el país. Así, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que tuvo que decidir sobre la competencia territorial para conocer de la acción popular.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia evaluó el conflicto de competencia entre los juzgados involucrados, considerando las disposiciones legales aplicables a las acciones populares. La Corte se centró en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, que establece que el juez competente para conocer de una acción popular es el del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado, a elección del actor. La Corte también tuvo en cuenta que, en casos donde el demandado tiene múltiples domicilios, como es el caso de las entidades financieras con sucursales, el demandante puede elegir ante cuál juez presentar la demanda. Este análisis fue fundamental para determinar si el juzgado de La Virginia tenía la autoridad para conocer del caso o si debía ser el juzgado de Medellín quien asumiera la competencia. La Corte concluyó que, a pesar de que el demandante eligió presentar la acción en La Virginia, la naturaleza del caso y la ubicación de la sucursal implicaban que el juez de Medellín era el competente para resolver la controversia.

“De ah� que para casos de varios domicilios, o situaciones f�cticas relacionadas con una sucursal o agencia espec�fica de una persona jur�dica que sea convocada, con base en la distribuci�n racional de los asuntos a cargo de los jueces, para un mejor ejercicio de sus funciones, como tambi�n para facilitar al promotor la elecci�n del fuero…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2840-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02009-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Al conjugar, pues, las reglas de competencia antes comentadas, de los art�culos 16 de la ley 472 de 1998 y el numeral 5� del art�culo 28 del C�digo General del Proceso, como en esta especie de controversia se demand� a una persona jur�dica por situaciones vinculadas con determinada sucursal o agencia, es indiscutible que la facultad electiva del…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2840-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02009-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Con todo, revisado este punto de competencia en las acciones populares, a partir del auto AC193 de 2017, se dilucid� que el citado segmento normativo de la ley 472 de 1998, no contempl� soluci�n para los eventos en que el accionado tiene varios domicilios, o es una persona jur�dica con sucursales o agencias, y los hechos respectivos se relacionan…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2840-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02009-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia territorial en acciones populares. En este contexto, es importante resaltar que la ley permite al demandante elegir el juez ante el cual presentar la acción, lo que le otorga un poder significativo en la determinación del foro. Sin embargo, esta elección debe estar alineada con la naturaleza del caso y la ubicación de los hechos que dan origen a la demanda. En el caso de la falta de un baño público accesible en una sucursal bancaria, la Corte enfatizó que la elección del demandante no puede ser arbitraria, y debe considerar la ubicación de la sucursal como un factor determinante en la competencia territorial. El Tratado también menciona que, en situaciones donde hay múltiples domicilios o sucursales, se debe buscar una interpretación que garantice el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos. Esto implica que, aunque el demandante puede elegir, su elección debe ser razonable y justificada por la realidad del caso.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado subraya la importancia de la correcta aplicación de las normas procesales en la determinación de la competencia, lo que garantiza un debido proceso para todas las partes involucradas. La Corte, al analizar el caso, reafirmó que la competencia territorial no es solo una cuestión técnica, sino que está profundamente relacionada con el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es fundamental identificar los errores que pueden dar lugar a la impugnación de una sentencia. En este caso específico, el Tribunal cometió un error al declarar la nulidad de todo lo actuado y rechazar la demanda por falta de competencia territorial sin considerar adecuadamente las circunstancias del caso. La Ley 472 de 1998 establece que el juez competente es aquel del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado, y el demandante tiene la facultad de elegir entre ambos. Si el juzgado de La Virginia asumió la competencia al admitir la demanda, no podía desestimar su autoridad de manera unilateral. Este tipo de error puede ser considerado como una violación del principio de perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez asumida la competencia, esta no puede ser alterada por el juez a menos que se presente una objeción válida por parte del demandado. La Corte también puede revisar si se han vulnerado derechos fundamentales del demandante al no permitirle que su acción sea conocida por el juez que él eligió inicialmente. En este sentido, la falta de un análisis exhaustivo de la competencia territorial y la incorrecta aplicación de las normas procesales pueden ser causales de casación, permitiendo que el caso sea revisado por la Corte Suprema.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es procedente en casos donde se ha presentado una decisión judicial que se considera errónea o injusta. En el contexto de acciones populares, como el caso de la falta de un baño público en una sucursal bancaria, es importante que el demandante cumpla con ciertos requisitos para poder interponer este recurso. En primer lugar, es necesario que la cuantía de la acción supere los 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que garantiza que el caso tenga relevancia económica. Además, el demandante tiene un plazo de cinco días para presentar el recurso de casación una vez notificada la sentencia de segunda instancia. Este plazo es crucial, ya que la falta de presentación en el término establecido puede llevar a la caducidad del derecho a recurrir. Por otro lado, es importante que el recurso de casación se base en causales específicas, como la violación de normas de derecho o la incorrecta interpretación de las mismas. En este sentido, el demandante debe argumentar de manera clara y fundamentada por qué considera que la decisión del tribunal inferior fue errónea, ya sea por un error de hecho o de derecho. La Corte Suprema, al recibir el recurso, evaluará si se cumplen los requisitos y si existen fundamentos suficientes para revisar la sentencia impugnada.

Que significa esto para usted?

Para usted, que ha enfrentado una situación similar o ha recibido una demanda de casación, es fundamental entender que existen mecanismos legales que pueden ayudarle a buscar justicia. La falta de un baño público accesible en una sucursal bancaria no es solo un problema de infraestructura, sino una violación de derechos que debe ser atendida por el sistema judicial. La casación es una herramienta que le permite impugnar decisiones que considera injustas, y es importante que sepa que tiene derechos y opciones legales a su disposición. Si ha perdido en segunda instancia, no debe desanimarse, ya que el recurso de casación puede ser su oportunidad para que la Corte Suprema revise su caso. Asegúrese de contar con el apoyo de un abogado especializado que le ayude a entender el proceso y a presentar su recurso de manera adecuada. La justicia es un derecho fundamental, y es su deber como ciudadano exigir que se respeten sus derechos y los de los demás.

Preguntas frecuentes sobre competencia territorial en acciones populares

¿Qué es una acción popular? Una acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos e intereses colectivos, como el acceso a servicios públicos y la protección del medio ambiente. Su objetivo es garantizar el bienestar de la comunidad y la defensa de los derechos fundamentales.

¿Cómo se determina la competencia territorial en acciones populares? La competencia territorial se determina según el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, a elección del actor. Esto significa que el demandante puede elegir ante qué juez presentar la acción, lo que le otorga un cierto poder en el proceso.

¿Qué hacer si se pierde en segunda instancia? Si se pierde en segunda instancia, se puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Este recurso permite impugnar decisiones que se consideran erróneas, y es importante cumplir con los requisitos establecidos por la ley para que sea procedente.

¿Cuáles son los plazos para presentar un recurso de casación? El plazo para presentar un recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la sentencia de segunda instancia. Es fundamental cumplir con este plazo para no perder el derecho a recurrir.

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