La problemática de la extinción de dominio y la recuperación de bienes está en constante evolución en el ámbito jurídico colombiano. Con la aparición de la Ley 1708 de 2014, se establece un marco normativo que no solo aborda la confiscación de bienes de origen ilícito, sino que también plantea desafíos significativos para los propietarios y gerentes, especialmente en la figura del tercerista de buena fe. Este análisis jurídico-financiero se propone desglosar el papel de la figura del tercerista de buena fe en este contexto y cómo una correcta interpretación y aplicación de la ley puede traer beneficios tanto a los individuos como a las empresas.
1. Análisis de la Ley 1708 de 2014 y su Carácter Real, no Personal
La Ley 1708 de 2014, conocida como el Código de Extinción de Dominio, fue promulgada para combatir de manera más efectiva la criminalidad organizada y el enriquecimiento ilícito en Colombia. Su principal objetivo es el de recuperar los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita, haciendo énfasis en su carácter real. Esto significa que la acción de extinción de dominio se dirige directamente sobre los bienes en cuestión, independientemente de quién sea su propietario.
Este carácter real es fundamental, ya que coloca a los bienes en el centro de la acción penal, despojando a los derechos de propiedad de su carácter personal. Por ende, se produce una inversión de la carga de la prueba, trasladando la responsabilidad al propietario para demostrar la licitud de la procedencia de esos bienes. Esto podría generar un potencial abuso en la aplicación de la ley, dado que puede llevar a situaciones en las que personas ajenas a actividades ilícitas se vean afectadas.
Es aquí donde el rol del tercerista de buena fe se hace indispensable. La ley reconoce que, en ciertas circunstancias, los terceros que adquieren bienes de manera legítima y sin conocimiento de su origen ilícito deben ser protegidos. Esta disposición es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de propiedad de aquellos que actúan de buena fe en el tráfico jurídico.
2. Nisimblat Law y la Reconstrucción de la Contabilidad
Una de las prácticas más relevantes que se han implementado en la defensa de propietarios y gerentes que enfrentan la extinción de dominio es la reconstrucción de la contabilidad del pasado. Nisimblat Law ha desarrollado metodologías que permiten reconstruir registros contables de hasta 20 años atrás, con el fin de demostrar la licitud del origen de los fondos empleados en la adquisición de propiedades.
El proceso de reconstrucción contable implica un examen exhaustivo de los ingresos, egresos y las fuentes de financiamiento de una empresa a lo largo de las dos últimas décadas. Utilizando diversas herramientas de análisis financiero y auditoría, se puede presentar un relato claro y coherente del flujo de capital, evidenciando que los recursos utilizados para la compra de bienes provienen de actividades lícitas.
Este esfuerzo no solo busca la protección del propietario o gerente, sino que también resulta fundamental para la estabilidad de la empresa como unidad productiva. Demostrar la legitimidad de los recursos utilizados puede prevenir la errónea presunción de ilicitud por parte de la Fiscalía, lo que podría llevar a la recuperación eficaz de bienes y a la salvaguarda del patrimonio empresarial.
3. Crítica a la ‘Presunción de Ilicitud’ Aplicada por la Fiscalía
La Fiscalía, en su lucha contra la criminalidad organizada y el narcotráfico, ha adoptado en ocasiones una postura de presunción de ilicitud que puede socavar los derechos de los propietarios y gerentes legítimos. Esta presunción implica que cualquier bien cuyo origen no pueda ser claramente justificado es automáticamente considerado de procedencia ilícita. Si bien es comprensible la preocupación por la lucha contra el delito, aplicar una política de presunción que no respete las garantías procesales puede resultar en injusticias.
El enfoque de Nisimblat Law es desafiar esta aplicación arbitraria de la presunción de ilicitud, argumentando que se deben establecer parámetros claros y específicos que permitan a los propietarios demostrar su buena fe y la licitud de sus bienes. Esto se traduce en un llamado a la Fiscalía para que valore adecuadamente las pruebas y no actúe simplemente sobre la base de suposiciones. El proceso penal debe garantizarlos derechos de los todos los involucrados, asegurando un equilibrio entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos individuales.
4. Protección de la Empresa como Unidad Productiva
No podemos olvidar que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 333, establece la protección de la empresa como una unidad productiva. Esto implica que la ley debe garantizar la estabilidad y seguridad de las actividades empresariales, cuidando de no afectar su operatividad a través de medidas que puedan resultar excesivas o desproporcionadas.
La disponibilidad de bienes y recursos es crucial para la continuidad operacional de cualquier empresa. Por ello, la extinción de dominio debería ser un recurso extraordinario, aplicado en situaciones verdaderamente justificadas y con el debido respeto a los derechos de los propietarios. Las empresas deben tener la oportunidad de demostrar su legitimidad y el origen lícito de sus recursos, sin ser vistas como cómplices por el mero hecho de tener bienes cuestionados.
El enfoque de un tercerista de buena fe no solo beneficia al individuo que actúa de manera íntegra, sino que también protege la economía en general al fomentar un ambiente empresarial saludable y responsable. Las políticas públicas y la intervención del Estado en la materia deberán reconocer la importancia de la empresa como motor del desarrollo económico y social, garantizando así que la acción estatal no interfiera en la actividad productiva legítima.
Conclusión
El rol del tercerista de buena fe en el contexto de la recuperación de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) es fundamental y debe ser cuidadosamente considerado en la aplicación del Código de Extinción de Dominio. La Ley 1708 de 2014, a pesar de sus buenas intenciones en la lucha contra la criminalidad, puede convertirse en una herramienta de persecución sin una correcta interpretación y aplicación.
Es esencial que los propietarios y gerentes sean proactivos en la defensa de sus derechos y en la demostración de la licitud de sus actividades. Nisimblat Law se erige como un aliado clave en este proceso, al proporcionar las herramientas necesarias para la reconstrucción contable y la defensa legal frente a presunciones arbitrarias de ilicitud.
La protección de la unidad productiva, como establece la Constitución, debe ser un pilar de las políticas públicas y la administración de justicia. Solo así, se podrá lograr un equilibrio entre la persecución de crímenes y la defensa de los derechos de quienes, actuando de buena fe, contribuyen al desarrollo empresarial y económico del país. Es imperativo que el ecosistema empresarial colombiano no se vea afectado por interpretaciones erróneas o excesos en las acciones estatales, y que se respete el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La justicia debe actuar con prudencia y equidad, garantizando que el desarrollo y crecimiento del país no dependa de la errónea aplicación de una legislación necesaria, pero compleja.
MAIKEL NISIMBLAT
Estratega en Defensa de Activos y Extinción de Dominio
Abogado de la Universidad de los Andes con formación en Wharton (Finance).
La verdadera batalla penal moderna no es solo por la libertad, es por el Patrimonio. En Nisimblat Law, somos especialistas en desvirtuar la procedencia ilícita de bienes mediante rastreo forense de capitales y reconstrucción histórica de flujos lícitos.
Blindaje Patrimonial: Representamos a empresarios y terceros de buena fe exenta de culpa en procesos ante la Fiscalía de Extinción de Dominio y la SAE, garantizando la recuperación de bienes incautados y la protección de la propiedad privada frente a interpretaciones erróneas del Estado.
⚖️ Evaluación Legal Especializada — Nisimblat Law
Si usted requiere una consulta urgente con un abogado experto el equipo de Nisimblat Law ofrece una auditoría técnica y legal de su caso bajo los más altos estándares internacionales.
MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación