Cohecho impropio en la función pública: implicaciones legales
Análisis elaborado por
Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices
Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.
El cohecho impropio es un delito que afecta gravemente la integridad de la función pública y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Este tipo de corrupción se presenta cuando un funcionario público acepta un pago o beneficio a cambio de favorecer a un tercero en la adjudicación de contratos o en la toma de decisiones administrativas. La gravedad de este delito radica en que no solo se vulnera la ética y la moralidad en el ejercicio de la función pública, sino que también se compromete la transparencia y la equidad en la gestión de recursos públicos. En Colombia, el marco legal establece sanciones severas para quienes incurren en esta conducta, buscando así proteger el interés general y garantizar que los funcionarios actúen en beneficio de la comunidad. La responsabilidad penal en estos casos se extiende no solo al funcionario que recibe el soborno, sino también a aquellos que ofrecen o facilitan el cohecho, creando un círculo vicioso que perpetúa la corrupción. Es fundamental que los ciudadanos conozcan las implicaciones legales del cohecho impropio y se conviertan en vigilantes de la ética pública, denunciando cualquier irregularidad que atente contra el buen uso de los recursos del Estado.
¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?
En un reciente fallo, la Sala de Casación Penal abordó un caso en el que un funcionario público, en su calidad de alcalde, fue acusado de cohecho impropio tras aceptar un pago a cambio de favorecer un contrato para la construcción de un muelle fluvial. Los hechos se desarrollaron entre 2016 y 2017, cuando el alcalde, en complicidad con otros funcionarios, acordó direccionar el contrato a una empresa específica a cambio de un porcentaje del valor total del mismo. A pesar de que la oferta presentada por la empresa no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, los funcionarios involucrados emitieron documentos falsos que certificaban el cumplimiento de dichos requisitos, facilitando así la adjudicación del contrato. Este acto no solo vulneró los principios de transparencia y legalidad en la contratación pública, sino que también generó un perjuicio económico significativo para el municipio al destinar recursos públicos a un contrato que no cumplía con las condiciones necesarias para su ejecución. La Sala analizó las evidencias presentadas y determinó que las acciones de los funcionarios constituían una clara violación de la ley, lo que llevó a la apertura de un proceso penal en su contra.
Lo que analizó la Sala de Casación Penal
La Sala de Casación Penal examinó detenidamente las pruebas y los testimonios presentados en el proceso, así como los argumentos de la defensa. Uno de los aspectos centrales del análisis fue la existencia de un acuerdo ilícito entre el alcalde y el oferente, que se tradujo en la aceptación de un soborno a cambio de favorecer la adjudicación del contrato. La Sala destacó que la conducta del funcionario no solo comprometió su deber de actuar en beneficio de la comunidad, sino que también afectó la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Además, se puso de manifiesto la responsabilidad de los otros funcionarios que, al emitir documentos falsos y recomendar la adjudicación del contrato, se convirtieron en cómplices del delito de cohecho impropio. La Sala subrayó la importancia de sancionar este tipo de conductas para disuadir futuros actos de corrupción y proteger la integridad de la función pública. En este sentido, el fallo reafirmó el compromiso del sistema judicial colombiano de combatir la corrupción y garantizar la justicia en el ejercicio de la administración pública.
Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia
Consideraciones de la Corte — AP5058-2025
M.P. Gerson Chaverra Castro · Radicación ·
La definición de competencia es el mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico para establecer de manera perentoria y definitiva cuál de los distintos Jueces o Magistrados es el llamado a asumir la fase de conocimiento, u ocuparse de un trámite determinado. Esta figura se encuentra regulada en el canon 54 del estatuto procesal en cita, de la siguiente manera: (…) Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma
En este asunto, tras revisar la actuación procesal, la Sala constata que se presenta la segunda de las hipótesis en comento, ya que, por una parte, en diligencia del 16 de julio de 2025, los defensores de José Luis Hernández Serrano, Argemiro Perdomo Santos y Ángela Julieth Bautista Grimaldo, aseguraron que la competencia para conocer del presente asunto no radicaba en los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, sino en sus homólogos de Leticia, por cuanto, que el delito más grave objeto de juzga
En ese sentido, corresponde a la Corte establecer cuál es la autoridad judicial a la que le corresponde asumir el conocimiento, en fase de juzgamiento, de la causa penal adelantada en contra de José Luis Hernández Serrano, Argemiro Perdomo Santos, Ángela Julieth Bautista Grimaldo y Edgar Eduardo Santacruz Morales, por la presunta comisión de los delitos de cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiaci
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP5058-2025 — M.P. Gerson Chaverra Castro — Radicación —
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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?
La Ley 906 de 2004 establece varias causales que pueden dar lugar a la casación en casos de cohecho impropio. Entre ellas, se encuentra la violación de normas sustantivas, que ocurre cuando el tribunal inferior no aplica correctamente las disposiciones legales relacionadas con la contratación pública y la responsabilidad de los funcionarios. Asimismo, la falta de motivación en las decisiones del tribunal puede ser un motivo para la casación, especialmente si no se fundamentan adecuadamente las razones por las cuales se desestimaron las pruebas o se aceptaron las argumentaciones de la defensa. Otro aspecto relevante es la posible vulneración del derecho a la defensa, que se presenta cuando no se permite a las partes presentar sus argumentos o pruebas de manera efectiva. En el contexto del cohecho impropio, es crucial que el tribunal analice minuciosamente las pruebas y testimonios, garantizando así un proceso justo y equitativo. La casación se convierte en una herramienta esencial para corregir errores que puedan haber afectado el resultado del proceso, asegurando que la justicia prevalezca y que se sancione adecuadamente a quienes incurren en actos de corrupción.
Nisimblat Law · Casación Penal Colombia
Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal
Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
Elaboración de la demanda ante el Tribunal
Representación ante la Sala de Casación Penal
Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.
¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?
El recurso de casación penal en casos de cohecho impropio procede cuando se han agotado todas las instancias previas y se busca revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por el tribunal inferior. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el término para la interposición del recurso es de cinco días a partir de la notificación de la sentencia. Posteriormente, el demandante cuenta con un plazo de 30 días para presentar la demanda ante el tribunal competente. Es importante señalar que la falta de selección del recurso por parte del magistrado o del Ministerio Público puede dar lugar a la insistencia en la solicitud, conforme lo establece el artículo 184 de la ley mencionada. En este sentido, es fundamental que los abogados defensores y los acusados conozcan los plazos y requisitos establecidos por la ley para asegurar que sus derechos sean protegidos y que se puedan presentar los argumentos necesarios para la revisión del caso. La casación se convierte así en un mecanismo vital para garantizar la justicia en el ámbito penal, especialmente en delitos tan graves como el cohecho impropio.
¿Qué significa esto para usted?
Entender las implicaciones del cohecho impropio es crucial para cualquier ciudadano, especialmente aquellos que se desempeñan en la función pública o que están involucrados en procesos de contratación con el Estado. Este delito no solo conlleva sanciones penales severas, sino que también puede afectar la reputación y la carrera profesional de quienes se ven involucrados. La corrupción en la función pública socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y puede tener un impacto negativo en la calidad de los servicios públicos. Por lo tanto, es esencial que los funcionarios actúen con integridad y transparencia, evitando cualquier situación que pueda comprometer su responsabilidad. Además, los ciudadanos deben ser conscientes de su papel en la vigilancia de la ética pública, denunciando cualquier irregularidad que puedan observar. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a la construcción de un Estado más justo y transparente.
Preguntas frecuentes — Cohecho impropio en la función pública
1. ¿Qué es el cohecho impropio? El cohecho impropio es un delito que se presenta cuando un funcionario público acepta un pago o beneficio a cambio de favorecer a un tercero en la adjudicación de contratos o decisiones administrativas. Este acto de corrupción compromete la integridad de la función pública y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
2. ¿Cuáles son las sanciones por cohecho impropio? Las sanciones por cohecho impropio pueden incluir penas de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La gravedad de la sanción dependerá de las circunstancias del caso y de la cantidad de dinero involucrada en el soborno.
3. ¿Qué papel juegan los ciudadanos en la lucha contra el cohecho impropio? Los ciudadanos tienen un papel fundamental en la vigilancia de la ética pública. Denunciar actos de corrupción y exigir transparencia en la gestión pública son acciones que contribuyen a la lucha contra el cohecho impropio y a la construcción de un Estado más justo.
4. ¿Cómo se puede prevenir el cohecho impropio en la función pública? La prevención del cohecho impropio implica la implementación de políticas de transparencia, capacitación en ética para funcionarios públicos y mecanismos de control ciudadano. Fomentar una cultura de integridad y responsabilidad en la gestión pública es clave para reducir la incidencia de este delito.
Nisimblat Law · 27 años en casación
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MAIKEL NISIMBLAT - Director Juridico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Harvard PON, MIT, Wharton AI, IBM AI Specialist, George Washington University School of Business. Especialista en litigio con mas de 27 anos de experiencia en casos de alta complejidad en Colombia. Creador de Energy Audit AI reconocido en Associated Press, Fox News y CBS, abril 2026.
