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Casación Colombia

Disolución y Liquidación de Sociedad Patrimonial — Unión Marital de Hecho Colombia



Disolución y Liquidación de Sociedad Patrimonial — Unión Marital de Hecho Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

La situación que enfrenta a muchas personas en Colombia, como es el caso de la disolución y liquidación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, puede ser compleja y emocionalmente desgastante. En este contexto, se presenta la sentencia SC005-2021, donde la Corte Suprema de Justicia tuvo que decidir sobre un recurso de casación interpuesto por Jaime de Greiff Hernández, quien se opuso a la decisión del Tribunal Superior de Medellín. Este tipo de casos no solo involucra aspectos legales, sino que también toca fibras sensibles relacionadas con la convivencia, el patrimonio y los derechos de las personas involucradas. La casación es un recurso legal que permite a las partes cuestionar decisiones judiciales, buscando que la Corte Suprema revise y, en su caso, revoque o modifique la sentencia emitida en instancias inferiores. Para quienes se encuentran en una situación similar, es fundamental entender cómo funciona este proceso y qué implicaciones tiene para la resolución de sus conflictos patrimoniales.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En el caso de la sentencia SC005-2021, las partes involucradas son Clara Victoria Mesa Ochoa y Jaime de Greiff Hernández, quienes habían mantenido una unión marital de hecho desde abril de 2006 hasta julio de 2012. Clara Victoria demandó a Jaime, solicitando la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial que había surgido de su convivencia. En su demanda, Clara argumentó que durante su relación habían conformado una familia, aunque no tenían hijos en común. Jaime, por su parte, se opuso a las pretensiones de Clara, alegando que la convivencia había tenido interrupciones y que existían capitulaciones matrimoniales que excluían la creación de una sociedad patrimonial entre ellos.

El Juzgado Tercero de Familia de Medellín, en primera instancia, reconoció la existencia de dos uniones maritales entre las partes y declaró la conformación de una sociedad patrimonial, pero solo para un período específico. Sin embargo, ambas partes apelaron la decisión, lo que llevó al Tribunal Superior de Medellín a confirmar la sentencia de primera instancia, pero con algunas modificaciones, como el reconocimiento de una única unión marital de hecho y la existencia de la sociedad patrimonial desde mayo de 2007. Esto generó que Jaime decidiera interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema, cuestionando la validez de la decisión del Tribunal y la existencia de la sociedad patrimonial.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia evaluó varios aspectos relacionados con la existencia de la sociedad patrimonial y la validez de las capitulaciones matrimoniales que Jaime presentó como argumento en su defensa. La Corte se centró en determinar si efectivamente existía una sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes y si las capitulaciones celebradas eran válidas. En su análisis, la Corte consideró la normativa aplicable y la jurisprudencia relacionada, así como los hechos probados en el proceso. La decisión de la Corte se fundamentó en la interpretación de la Ley 54 de 1990 y el Código Civil, en relación con la creación de sociedades patrimoniales en el contexto de uniones maritales de hecho.

“Las relaciones personales de familia, aspecto �ste en torno del cual consagr� que la uni�n marital de hecho exige para quienes pretenden su surgimiento, la conformaci�n de ?una comunidad de vida permanente y singular? (art. 1�, Ley 54 de 1990), v�nculo que, como lo tiene dicho esta Corporaci�n, supone para ellos, entre muchos otros…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — SC005-2021 — Radicacion 05001-31-10-003-2012-01335-01 — M.P. [ver documento] — 30 de septiembre de 2014

“Como en muchas ocasiones lo ha se�alado la Corte, atendiendo la realidad social, que evidenciaba el incremento de la conformaci�n de familias constituidas por parejas que sin haberse casado, bien sea porque as� lo decid�an, ora porque ten�an impedimento para ello, tomaban la decisi�n de vivir juntas y de hacer de esa uni�n todo un proyecto de…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — SC005-2021 — Radicacion 05001-31-10-003-2012-01335-01 — M.P. [ver documento] — 30 de septiembre de 2014

“Como se aprecia, la conformaci�n de una uni�n marital de hecho puede dar lugar al surgimiento de una sociedad patrimonial entre compa�eros permanentes, siempre y cuando la existencia de aqu�lla sobrepase el t�rmino de dos a�os y los convivientes no est�n impedidos para contraer matrimonio o, en el supuesto de estarlo, hayan disuelto, o disuelvan,…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — SC005-2021 — Radicacion 05001-31-10-003-2012-01335-01 — M.P. [ver documento] — 30 de septiembre de 2014

¿Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece que la casación es un recurso extraordinario que busca la unificación de la interpretación de las normas y la protección de los derechos fundamentales. En este contexto, la Corte Suprema tiene la responsabilidad de interpretar las normas de manera que se garantice la equidad y la justicia en las decisiones judiciales. En el caso de la disolución y liquidación de sociedades patrimoniales, el Tratado enfatiza la importancia de considerar la naturaleza de la relación entre las partes y los derechos que surgen de la convivencia. La Corte, al analizar este caso, aplicó los principios establecidos en el Tratado, buscando asegurar que las decisiones sobre la sociedad patrimonial se basaran en una interpretación justa y equitativa de la ley.

“El estudio de la técnica casacional constituye uno de los mayores retos en la vida profesional de un abogado litigante.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado menciona que las decisiones sobre la existencia de una sociedad patrimonial deben considerar no solo los aspectos formales, sino también los hechos que demuestran la convivencia y la intención de las partes de compartir un patrimonio. La Corte, al evaluar el caso, tuvo en cuenta estos principios, lo que llevó a una decisión que buscaba proteger los derechos de ambos compañeros permanentes en el contexto de su relación.

¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, los errores que pueden dar lugar a la revisión de una sentencia son variados. En este caso, se pueden identificar varias causales que podrían haber sido alegadas por Jaime en su recurso de casación. Uno de los errores podría ser la incorrecta interpretación de la existencia de la sociedad patrimonial, ya que Jaime argumentó que las capitulaciones matrimoniales que firmaron eran válidas y debían ser tenidas en cuenta. La Corte debe evaluar si el Tribunal aplicó correctamente la normativa sobre las capitulaciones y si estas efectivamente excluían la creación de una sociedad patrimonial.

Otro posible error es la valoración de las pruebas. Si el Tribunal no consideró adecuadamente las pruebas presentadas por Jaime sobre las interrupciones en la convivencia o la existencia de las capitulaciones, esto podría ser un motivo para la casación. Además, la Corte debe analizar si el Tribunal aplicó correctamente los principios establecidos en la Ley 54 de 1990 y el Código Civil, en relación con la creación y disolución de sociedades patrimoniales. La Corte también puede revisar si se respetaron los derechos fundamentales de las partes y si se garantizó un debido proceso en la tramitación del caso. La identificación de estos errores es crucial para determinar si procede la casación y qué efectos tendría sobre la sentencia impugnada.

Nisimblat Law · Casacion Civil Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

  • Revision integral de la sentencia impugnada
  • Estudio tecnico de las causales aplicables
  • Analisis de errores de hecho y de derecho
  • Evaluacion de probabilidades de procedencia
  • Concepto juridico escrito
  • Elaboracion de la demanda de casacion
  • Representacion ante la Corte Suprema de Justicia

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¿Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en casos de disolución y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes procede bajo ciertas condiciones. En primer lugar, es importante que la cuantía del litigio supere los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que asegura que el caso tenga una relevancia económica significativa. Además, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que se desea impugnar.

Las causales de casación son fundamentales en este proceso. En el caso de la sentencia SC005-2021, Jaime podría alegar la infracción de normas sustantivas y procesales, como la incorrecta interpretación de la Ley 54 de 1990 y el Código Civil. También podría argumentar que el Tribunal no valoró adecuadamente las pruebas presentadas o que se vulneraron sus derechos fundamentales durante el proceso. La Corte Suprema, al recibir el recurso, analizará si se cumplen estas condiciones y si los argumentos presentados son suficientes para revisar la decisión del Tribunal. Es esencial que quienes se encuentren en una situación similar busquen asesoría legal para entender mejor sus opciones y los pasos a seguir en el proceso de casación.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

Maikel Nisimblat · Amazon, 2026 · 33 capitulos · 223 secciones

Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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¿Qué significa esto para usted?

Para quienes se encuentran en una situación similar a la de Clara y Jaime, la decisión de la Corte Suprema puede tener un impacto significativo en sus vidas. La disolución y liquidación de una sociedad patrimonial no solo implica aspectos legales, sino que también puede afectar emocionalmente a las partes involucradas. Es fundamental entender que la ley busca proteger los derechos de ambos compañeros permanentes y que, en caso de desacuerdo, existen mecanismos legales como la casación que permiten cuestionar decisiones judiciales.

Si usted está enfrentando una situación de disolución de sociedad patrimonial, es recomendable que busque asesoría legal especializada. Un abogado con experiencia en derecho de familia y casación puede ayudarle a entender sus derechos, evaluar las opciones disponibles y guiarle en el proceso judicial. La casación puede ser un recurso valioso para quienes consideran que sus derechos no han sido adecuadamente protegidos en instancias inferiores. En última instancia, es importante recordar que cada caso es único y que la asesoría legal adecuada puede marcar la diferencia en la resolución de su conflicto.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre disolución y liquidación de sociedad patrimonial

1. ¿Qué es una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes?
Una sociedad patrimonial es el conjunto de bienes y derechos que se adquieren durante la convivencia de dos personas en una unión marital de hecho. Esta sociedad se crea automáticamente al iniciar la convivencia y se disuelve cuando la relación termina.

2. ¿Cuáles son los requisitos para que se reconozca una unión marital de hecho?
Para que se reconozca una unión marital de hecho, es necesario que las partes convivan de manera permanente y singular, con la intención de formar un hogar, y que esta convivencia dure más de dos años, según lo establecido en la Ley 54 de 1990.

3. ¿Qué sucede con los bienes adquiridos durante la unión marital de hecho?
Los bienes adquiridos durante la unión marital de hecho forman parte de la sociedad patrimonial y deben ser liquidados al momento de la disolución de la relación. Esto implica que ambos compañeros tienen derechos sobre los bienes adquiridos en conjunto.

4. ¿Es posible impugnar una sentencia sobre la disolución de una sociedad patrimonial?
Sí, es posible impugnar una sentencia sobre la disolución de una sociedad patrimonial a través del recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y se aleguen causales válidas para la revisión de la decisión.

Nisimblat Law · 27 anos en casacion civil

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Casación Penal Colombia

Gobernador revocó resoluciones de reintegro de docente sin formalidades — prevaricato por acción — casación penal Colombia



gobernador revocó resoluciones de reintegro de docente sin formalidades — prevaricato por acción — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La revocación de resoluciones administrativas puede ser un tema complejo, especialmente cuando involucra a funcionarios públicos y derechos laborales. En este caso, se examina la actuación de un gobernador que revocó resoluciones de reintegro de una docente sin seguir las formalidades requeridas por la ley. Este tipo de situaciones no solo afecta a los individuos involucrados, sino que también pone en tela de juicio la legalidad y transparencia de las decisiones administrativas. Es fundamental que los funcionarios actúen dentro del marco legal para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. La jurisprudencia en Colombia ha establecido criterios claros sobre cómo deben manejarse estos casos, y la falta de observancia de estos principios puede dar lugar a acusaciones de prevaricato, un delito que se configura cuando un servidor público emite un acto contrario a la ley. En este contexto, es importante comprender las implicaciones legales de la revocación de resoluciones y cómo se puede recurrir a instancias superiores para buscar justicia.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En este caso, se presentó una situación en la que un gobernador revocó resoluciones que habían dispuesto el reintegro de una docente, lo que generó una serie de controversias legales. La docente había sido sancionada previamente con destitución e inhabilidad, pero tras la revocación de dicha sanción, se le ordenó su reintegro. Sin embargo, el gobernador tomó la decisión de revocar las resoluciones que permitían su regreso a la institución educativa sin cumplir con las formalidades legales requeridas. Esto generó un conflicto que llevó a la Fiscalía a imputar al gobernador por el delito de prevaricato por acción. En el juicio, se argumentó que la revocación de las resoluciones no solo fue ilegal, sino que también se realizó sin la debida notificación a la docente, lo que vulneró su derecho a la defensa. A pesar de las acusaciones, la Sala Especial de Primera Instancia absolvió al gobernador, argumentando que su actuación no era manifiestamente contraria a la ley y que había actuado en el marco de sus competencias. Esta decisión fue objeto de apelación por parte del representante de la víctima, lo que llevó a que el caso llegara a la Sala de Casación Penal para su revisión.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal se encargó de revisar los argumentos presentados en el recurso de apelación y de evaluar si existían fundamentos suficientes para revocar la decisión de absolución del gobernador. En su análisis, la Sala consideró los aspectos legales relacionados con la revocación de actos administrativos y la obligación de los funcionarios de seguir los procedimientos establecidos por la ley. Se examinó si el gobernador había actuado dentro de sus competencias y si había justificación legal para la revocación de las resoluciones. La Sala también tuvo en cuenta el contexto en el que se emitieron las decisiones y la interpretación que se había dado a las normas aplicables. En este sentido, se destacó que la revocación de actos administrativos debe realizarse con el debido respeto a los derechos de los afectados y que cualquier irregularidad en el proceso puede dar lugar a la configuración del delito de prevaricato. La Sala concluyó que, a pesar de las irregularidades, no se podía considerar que la actuación del gobernador fuera manifiestamente contraria a la ley, lo que llevó a la confirmación de la absolución.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — SP1867-2025

M.P. Gerson Chaverra Castro · Radicación ·

Cuestión previa 3.1 Como se ha indicado en acápites que preceden, la asunción de Guido Echeverry Piedrahíta como senador de la República implicó la readecuación del presente trámite, inicialmente adelantado bajo las disposiciones de la Ley 906 de 2004, a las previsiones de la Ley 600 de 2000. No obstante, considerando que, por virtud de lo ordenado en el auto CSJ AP1460-2023, rad. 63476, la práctica probatoria en el caso concreto se surtió bajo l

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — SP1867-2025 — M.P. Gerson Chaverra Castro — Radicación —

¿Esta sentencia aplica a su caso?

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

La casación penal en Colombia se fundamenta en diversas causales establecidas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. En el caso en cuestión, se pueden identificar varios errores que podrían dar lugar a un recurso de casación. Uno de los principales errores es la falta de motivación en la decisión del Tribunal, ya que la jurisprudencia exige que las sentencias estén debidamente fundamentadas y que se expliquen las razones por las cuales se llega a una determinada conclusión. Además, la omisión de considerar pruebas relevantes o la incorrecta valoración de las mismas también son causales de casación. En este caso, si se demuestra que el Tribunal no tuvo en cuenta pruebas que evidencian la ilegalidad de la revocación de las resoluciones, esto podría ser motivo suficiente para que la Sala de Casación Penal revise la decisión. Asimismo, la interpretación errónea de las normas aplicables al caso puede dar lugar a la configuración de un error de derecho, lo que también es causal de casación. En resumen, cualquier irregularidad en el proceso que afecte el debido proceso o que implique una incorrecta aplicación de la ley puede ser objeto de revisión por parte de la Sala de Casación Penal.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal es procedente cuando se presentan causales específicas que afectan la legalidad de la decisión judicial. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el recurso puede interponerse en un plazo de 5 días después de la notificación de la sentencia. Posteriormente, se cuenta con un plazo de 30 días para presentar la demanda ante el Tribunal. Es importante destacar que la casación no es un nuevo juicio, sino un mecanismo de control de la legalidad de las decisiones adoptadas por los tribunales inferiores. Por lo tanto, se centra en la revisión de errores de hecho y de derecho que puedan haber influido en la decisión final. En este sentido, los abogados deben ser cuidadosos al momento de interponer el recurso, asegurándose de que se cumplan todos los requisitos formales y sustanciales establecidos por la ley. La casación puede ser una herramienta poderosa para corregir injusticias y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito penal.

¿Qué significa esto para usted?

La revocación de resoluciones administrativas sin el debido proceso puede tener graves consecuencias para los derechos de los ciudadanos. En este caso, la actuación del gobernador y su eventual absolución por parte de la Sala Especial de Primera Instancia subraya la importancia de que los funcionarios públicos actúen dentro de los límites de la ley. Para los ciudadanos, esto significa que deben estar atentos a las decisiones que les afectan y conocer sus derechos en caso de que se presenten irregularidades. Además, es fundamental que se cuente con mecanismos de defensa efectivos, como el recurso de casación, para impugnar decisiones que puedan ser injustas o ilegales. La jurisprudencia en materia de prevaricato y revocación de actos administrativos es un campo en constante evolución, y es esencial que tanto los ciudadanos como los abogados estén informados sobre los cambios y las interpretaciones que se realizan en este ámbito. En última instancia, la protección de los derechos fundamentales y el respeto por el debido proceso son pilares fundamentales de un Estado de derecho.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el prevaricato por acción?
El prevaricato por acción es un delito que comete un servidor público cuando emite un acto administrativo que es manifiestamente contrario a la ley. Este tipo penal busca proteger la legalidad y el correcto ejercicio de la función pública, sancionando a quienes actúan de manera arbitraria o ilegal.

¿Cuáles son las formalidades para revocar un acto administrativo?
La revocación de un acto administrativo debe cumplir con ciertas formalidades, como la notificación personal al interesado y la justificación de la decisión. La falta de cumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a la nulidad del acto revocatorio y a posibles sanciones para el funcionario que lo emita.

¿Qué plazo tengo para interponer un recurso de casación?
El plazo para interponer un recurso de casación es de 5 días a partir de la notificación de la sentencia. Posteriormente, se cuenta con 30 días para presentar la demanda ante el Tribunal correspondiente.

¿Qué sucede si se confirma la absolución en casación?
Si la Sala de Casación Penal confirma la absolución, la decisión queda en firme y no se podrá interponer otro recurso en el mismo proceso. Sin embargo, esto no impide que se puedan explorar otras vías legales, dependiendo de las circunstancias del caso.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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Casación Penal Colombia

Autonomía del fiscal en decisiones de preclusión



Autonomía del fiscal en decisiones de preclusión

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La autonomía del fiscal en el proceso penal es un tema de vital importancia en el sistema jurídico colombiano, especialmente en lo que respecta a decisiones de preclusión. Esta figura permite al fiscal decidir sobre la continuación o el archivo de una investigación penal, lo que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas involucradas. En casos de violencia intrafamiliar, como el que se analiza, la decisión de solicitar la preclusión puede generar controversias y cuestionamientos sobre la valoración de las pruebas y el interés de la justicia. La autonomía del fiscal no solo implica un poder de decisión, sino también una responsabilidad que debe ser ejercida con criterios de legalidad, objetividad y respeto a los derechos de las víctimas. La decisión de precluir una investigación puede ser vista como una forma de proteger a las personas involucradas, pero también puede ser objeto de críticas si se percibe que se desestiman pruebas relevantes o se minimizan las circunstancias del caso. En este contexto, es fundamental entender cómo se ejerce esta autonomía y cuáles son sus límites, así como las implicaciones que tiene en el desarrollo del proceso penal.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el caso objeto de análisis, se presentó una denuncia por violencia intrafamiliar que llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el fiscal decidió solicitar la preclusión de la investigación, argumentando que no se configuraban los elementos del delito de violencia intrafamiliar. Esta decisión fue respaldada por el análisis de las pruebas recolectadas, que incluían testimonios y un informe psicosocial que, según el fiscal, no evidenciaban una vulneración del bien jurídico protegido. La juez que recibió la solicitud de preclusión accedió a ella, y su decisión fue posteriormente confirmada por un tribunal superior. Sin embargo, la decisión fue apelada por el denunciante, quien argumentó que las pruebas no fueron adecuadamente valoradas y que se incurrió en un posible prevaricato por parte de los funcionarios judiciales. Este caso pone de relieve la tensión entre la autonomía del fiscal y el derecho de las víctimas a que se investiguen adecuadamente los hechos denunciados, así como la necesidad de un control judicial sobre las decisiones de preclusión.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal tuvo que evaluar si la decisión del fiscal de solicitar la preclusión y la posterior aceptación de esta por parte de los jueces correspondía a un ejercicio legítimo de la autonomía del fiscal. En este sentido, se analizó si las pruebas presentadas por el denunciante fueron debidamente consideradas y si existía un fundamento sólido para la decisión de precluir la investigación. La Sala destacó que la autonomía del fiscal debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley y que la valoración de las pruebas es un aspecto crucial en este proceso. La decisión de preclusión no puede ser arbitraria ni caprichosa, sino que debe basarse en un análisis exhaustivo de los elementos de prueba y en un respeto absoluto a los derechos de las víctimas. En este caso, la Sala también tuvo en cuenta el contexto familiar y las circunstancias personales de los involucrados, lo que llevó a una reflexión sobre el papel del fiscal en la protección de los derechos de las personas afectadas por la violencia intrafamiliar.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP3968-2025

M.P. Jorge Hernán Díaz Soto · Radicación ·

Según lo anterior, determinó la funcionaria que, bajo ese escenario, no se trasciende al derecho penal, al cual debe acudirse como última ratio para la solución de conflictos, pues lo sucedido no va más allá unas típicas escenas de una persona inmersa en el mundo de las drogas, una familia dispersa, pero que finalmente no se logró tipificar la conducta punible de violencia intrafamiliar. En el caso en comento, no puede concluirse que, los hechos del 17 de octubre de 2013, hayan roto o resquebraj

Encontró que el auto de preclusión del 28 de febrero de 2018 proferido por la Juez Tercera Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira – el procesado- concluyó que no se configuró el delito de violencia intrafamiliar. A esa decisión se llegó luego de escuchar a los sujetos involucrados y valorar los elementos con vocación probatoria presentados. Lo anterior, al considerar que: Los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2013, en efecto no alcanzaron a vulnerar el bien jurídico de la fa

También manifestó frente a dicho informe, que aunque la doctora Olga Lucía Marín Castañeda, profesional que lo suscribió, sí consignó que SQM «es un niño que desde su infancia y adolescencia, ha sido vulnerado en sus derechos, pues ha sido víctima de violencia intrafamiliar de las personas que han convivido en el mismo domicilio», dichas afirmaciones son absolutamente genéricas, no se específica con claridad el tiempo en que aquello ocurrió o las personas que lo propiciaron. Además, allí también

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP3968-2025 — M.P. Jorge Hernán Díaz Soto — Radicación —

¿Esta sentencia aplica a su caso?

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

La autonomía del fiscal en el proceso penal, aunque es un principio fundamental, puede dar lugar a errores que justifiquen la casación. Según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, se pueden presentar causales de casación cuando se vulneran derechos fundamentales o se cometen errores en la valoración de las pruebas. En este caso, se podría argumentar que la decisión de preclusión no consideró adecuadamente el informe psicosocial que evidenciaba la situación de violencia intrafamiliar, lo que podría constituir un error de hecho. Además, si se determina que la decisión del fiscal fue arbitraria o que no se ajustó a los criterios establecidos por la ley, esto podría dar lugar a la anulación de la decisión. La falta de motivación suficiente en la resolución de la preclusión también podría ser un motivo para la casación, ya que el debido proceso exige que todas las decisiones judiciales estén debidamente fundamentadas. En resumen, la autonomía del fiscal no es absoluta y debe ser ejercida con responsabilidad, garantizando siempre los derechos de las víctimas y el respeto a la legalidad.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?

El recurso de casación penal es procedente en casos donde se aleguen violaciones a derechos fundamentales o errores en la aplicación de la ley, tal como lo establece el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. En el contexto de decisiones de preclusión, el recurso puede interponerse si se considera que la decisión del fiscal fue arbitraria o si no se valoraron adecuadamente las pruebas presentadas. El plazo para la interposición del recurso es de cinco días desde la notificación de la decisión, y la demanda debe ser presentada ante el tribunal correspondiente en un término de 30 días. Es importante que los denunciantes estén informados sobre sus derechos y las posibilidades de impugnar decisiones que consideren injustas, especialmente en casos de violencia intrafamiliar, donde las implicaciones son profundas y afectan la vida de las personas involucradas. La casación se convierte, entonces, en una herramienta fundamental para garantizar que se respeten los derechos de las víctimas y se haga justicia.

¿Qué significa esto para usted?

Para quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar, entender la autonomía del fiscal en el proceso penal es crucial. Esta autonomía implica que el fiscal tiene la capacidad de decidir si se continúa o se archiva una investigación, lo que puede influir directamente en la protección de sus derechos. Si se siente que su caso no ha sido tratado con la seriedad que merece, es fundamental que conozca sus opciones legales, incluyendo la posibilidad de apelar decisiones de preclusión. La casación puede ser un recurso valioso para cuestionar decisiones que no se ajusten a la ley o que no consideren adecuadamente las pruebas presentadas. En este sentido, contar con asesoría legal adecuada puede marcar la diferencia en la búsqueda de justicia. La autonomía del fiscal debe ser un instrumento al servicio de la justicia y no un obstáculo para la protección de las víctimas. Es esencial que se garantice un proceso justo y equitativo, donde se escuchen todas las voces y se tomen decisiones informadas y fundamentadas.

Preguntas frecuentes — Autonomía del fiscal en el proceso penal

1. ¿Qué es la autonomía del fiscal en el proceso penal?
La autonomía del fiscal se refiere a la capacidad que tiene este funcionario para tomar decisiones sobre la continuación o el archivo de investigaciones penales, basándose en criterios de legalidad y justicia.

2. ¿Cuáles son los límites de la autonomía del fiscal?
Los límites de la autonomía del fiscal están establecidos por la ley, que exige que las decisiones sean fundamentadas y que se respeten los derechos de las víctimas y los principios del debido proceso.

3. ¿Qué se puede hacer si se considera que la decisión de preclusión fue injusta?
Si se considera que la decisión de preclusión fue injusta, se puede interponer un recurso de casación ante el tribunal correspondiente, alegando violaciones a derechos fundamentales o errores en la valoración de pruebas.

4. ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso de casación?
El plazo para interponer un recurso de casación es de cinco días desde la notificación de la decisión, y la demanda debe ser presentada ante el tribunal en un término de 30 días.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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Casación Penal Colombia

Incremento patrimonial por acciones delictivas de familiares — enriquecimiento ilícito y lavado de activos — casación penal Colombia



incremento patrimonial por acciones delictivas de familiares — enriquecimiento ilícito y lavado de activos — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La problemática del incremento patrimonial derivado de acciones delictivas es un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico colombiano. En muchos casos, los familiares de los involucrados en actividades ilícitas se ven beneficiados de manera directa o indirecta por los réditos de estas acciones. Este fenómeno plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad penal y la forma en que se debe abordar el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos. La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que revisa un caso relacionado con estos delitos, pone de manifiesto la complejidad de la materia y la necesidad de un análisis riguroso de las pruebas presentadas. En este contexto, es fundamental entender cómo se estructuran las decisiones judiciales y qué criterios se utilizan para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. La casación penal se convierte en una herramienta esencial para garantizar que se respeten los derechos de los procesados y que se aplique correctamente la ley. Este artículo busca desglosar los elementos clave de la sentencia y ofrecer una visión clara sobre el impacto que tiene en el sistema judicial colombiano.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el caso objeto de análisis, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la demanda de casación interpuesta por el fiscal en contra de un fallo que había confirmado la absolución de un procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La acusación sostenía que el incremento patrimonial del procesado era producto de las actividades delictivas de sus hijos, quienes formaban parte de una organización criminal dedicada al hurto de residencias. Entre 2011 y 2019, se alegó que el procesado había adquirido varios bienes, como inmuebles y vehículos, con recursos obtenidos de estas acciones ilícitas. A pesar de las pruebas presentadas, el tribunal de primera instancia absolvió al procesado, decisión que fue confirmada en segunda instancia. Sin embargo, el fiscal argumentó que el tribunal había cometido errores en la valoración de las pruebas y en la apreciación de los hechos, lo que llevó a la interposición del recurso de casación. La Corte, al revisar el caso, tuvo que analizar si efectivamente existían fundamentos suficientes para revocar la absolución y determinar la responsabilidad penal del procesado.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal se centró en evaluar si el tribunal de apelación había incurrido en errores que justificaran la casación. En este sentido, el fiscal argumentó que la valoración de las pruebas había sido inadecuada y que el tribunal había ignorado elementos cruciales que demostraban la conexión entre el incremento patrimonial del procesado y las actividades delictivas de sus hijos. La Corte examinó los testimonios presentados, así como la documentación que evidenciaba la adquisición de bienes por parte del procesado. Se planteó la necesidad de considerar el contexto en el que se produjeron estas adquisiciones y la relación directa con los delitos cometidos por sus familiares. La Corte también tuvo en cuenta la interpretación de los tipos penales de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, analizando si existía un concurso entre ambos delitos y si las pruebas eran suficientes para establecer la culpabilidad del procesado. Este análisis fue fundamental para determinar si se debía revocar la absolución y, en consecuencia, si se debía imponer una condena.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — SP1860-2024

M.P. Myriam Ávila Roldán · Radicación ·

En esencia, la censura centra su refutación en errores de apreciación y valoración probatoria. Por ello, a fin de verificar si el tribunal incurrió en violación indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho en la fijación de los enunciados fácticos con fundamento en los cuales ratificó la absolución de la acusada, la Sala procederá así: inicialmente, traerá a colación los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Corte, en punto de la

Fijados esos referentes, contrastará la reconstruida estructura probatoria con las críticas formuladas por el censor, a fin de determinar si el ad quem cometió alguna infracción que invalide el escrutinio probatorio aplicado (num. 4.2.3.); entonces, establecerá si las declaraciones de hechos que integran el fallo deben modificarse o si, en ausencia de yerros en su construcción, han de permanecer inmodificables. Y, con esa base, determinará si ha

A la luz del art. 327 del C.P., la configuración de dicho delito exige: i) obtención de un incremento del patrimonio propio o ajeno; ii) la no justificación del incremento patrimonial; iii) que éste tenga su causa en una actividad delictiva antecedente del sujeto activo o de otra persona y iv) cuando la actividad ilícita es cometida por un tercero, basta que el sujeto activo del enriquecimiento ilícito haya tenido conocimiento del origen ilícito

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — SP1860-2024 — M.P. Myriam Ávila Roldán — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Los errores que pueden dar lugar a la casación en casos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos se encuentran contemplados en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre estos, se destacan la violación indirecta de la ley sustancial, la incorrecta valoración de las pruebas y la falta de consideración de elementos probatorios esenciales. En este caso, el fiscal argumentó que el tribunal había tergiversado las pruebas y no había apreciado adecuadamente el contexto del incremento patrimonial del procesado. Además, se denunció que el tribunal había ignorado la existencia de un concurso entre los delitos imputados, lo que podría haber llevado a una incorrecta absolución. La correcta aplicación de las reglas de la experiencia y la valoración integral de las pruebas son aspectos clave que deben ser considerados por los jueces al momento de emitir un fallo. La falta de atención a estos elementos puede resultar en decisiones que no reflejen la realidad de los hechos y, por ende, en la impunidad de conductas delictivas.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en los casos establecidos en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. Este recurso se puede interponer cuando se considera que ha habido una violación de la ley sustancial o un error en la valoración de las pruebas que afecte el sentido del fallo. En términos generales, el plazo para la interposición del recurso es de 5 días a partir de la notificación del fallo, y la demanda debe ser presentada ante el tribunal correspondiente en un plazo de 30 días. Es importante destacar que la casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad del fallo emitido por las instancias inferiores. Por lo tanto, la Corte se limita a analizar si se han respetado las normas y principios que rigen el proceso penal, así como la correcta aplicación de la ley. Este recurso es fundamental para garantizar el derecho a un debido proceso y la correcta administración de justicia.

¿Qué significa esto para usted?

La resolución de casos relacionados con el incremento patrimonial por acciones delictivas tiene un impacto significativo en la sociedad y en el sistema de justicia. La posibilidad de que los familiares de delincuentes se beneficien de actividades ilícitas plantea desafíos éticos y legales que deben ser abordados con seriedad. La casación penal se convierte en un mecanismo esencial para corregir errores judiciales y asegurar que se haga justicia. Para los ciudadanos, esto significa que existe un camino para impugnar decisiones que puedan parecer injustas o erróneas, lo que contribuye a fortalecer la confianza en el sistema judicial. Además, la claridad en la aplicación de la ley en estos casos puede disuadir comportamientos delictivos y fomentar una cultura de legalidad. Es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y sobre los procedimientos legales disponibles para protegerlos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el enriquecimiento ilícito?
El enriquecimiento ilícito es un delito que se configura cuando una persona incrementa su patrimonio de manera no justificada, es decir, sin una fuente lícita de ingresos. Este delito busca sancionar a quienes se benefician de actividades ilegales.

¿Qué implica el lavado de activos?
El lavado de activos implica el proceso de dar apariencia de legalidad a bienes o recursos obtenidos de actividades delictivas. Este delito busca ocultar el origen ilícito de los fondos a través de diversas transacciones financieras.

¿Cuáles son las consecuencias legales de estos delitos?
Las consecuencias legales del enriquecimiento ilícito y el lavado de activos pueden incluir penas de prisión, multas y la confiscación de bienes. Además, estos delitos pueden afectar la reputación y la vida personal de los involucrados.

¿Cómo se puede demostrar el enriquecimiento ilícito?
Para demostrar el enriquecimiento ilícito, es necesario presentar pruebas que evidencien el incremento patrimonial del acusado y la falta de justificación de este aumento. Esto puede incluir documentos financieros, testimonios y análisis de la situación económica del procesado.

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
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Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

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Sentencia Año M.P. Causal Análisis
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Casación Colombia

Unión Marital de Hecho y Sociedad Patrimonial — Derecho Familiar Colombia



Unión Marital de Hecho y Sociedad Patrimonial — Derecho Familiar Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

La situación que enfrenta a Liliana Posada y Antonio Zuluaga es un claro ejemplo de las complejidades que pueden surgir en el ámbito del derecho familiar en Colombia. Tras una relación de convivencia que se extendió por más de 17 años, la disputa sobre la existencia de una unión marital de hecho y la correspondiente sociedad patrimonial ha llegado a los estrados judiciales. En este contexto, es fundamental entender qué implica la casación y cómo puede ser un recurso para quienes se sienten agraviados por decisiones de instancias inferiores. La casación es un mecanismo legal que permite a las partes impugnar sentencias que consideran injustas o erróneas, buscando así una revisión a fondo de los argumentos y fundamentos que llevaron a la decisión final. Si usted se encuentra en una situación similar, donde ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es esencial que comprenda sus derechos y las posibilidades que tiene para hacer valer su posición ante la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En este caso, Liliana María Posada Arboleda demandó a Antonio María Zuluaga Betancourt, solicitando que se reconociera la existencia de una unión marital de hecho entre ellos desde el 11 de abril de 1992 hasta el 21 de noviembre de 2009. La demanda también incluía la solicitud de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial que, según Posada, se había formado durante su convivencia. En respuesta, Zuluaga aceptó algunos hechos, pero negó otros y presentó excepciones, argumentando que existía un vínculo matrimonial vigente con otra persona, lo que, según él, invalidaba la existencia de la unión marital de hecho con Posada. El Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, en primera instancia, negó las pretensiones de Posada. Sin embargo, al apelar, el Tribunal Superior de Bogotá reconoció la existencia de la unión marital de hecho, pero desestimó la solicitud de liquidación de la sociedad patrimonial, argumentando que Zuluaga ya tenía una sociedad conyugal vigente con su esposa legal. Esto llevó a Posada y Zuluaga a presentar recursos de casación ante la Corte Suprema, buscando que se revisara la decisión del Tribunal.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia evaluó los recursos de casación interpuestos por ambas partes, centrándose en los argumentos presentados y en la correcta aplicación de la ley. Se revisaron aspectos como la existencia de la unión marital de hecho, la validez de las pruebas presentadas y la interpretación de la ley 54 de 1990, que regula este tipo de uniones. La Corte examinó si se habían vulnerado derechos fundamentales o si había errores en la valoración de las pruebas que justificaran la intervención de la Corte en este caso. La decisión se basó en el análisis de la singularidad de la unión marital y la existencia de otras relaciones que pudieran afectar su validez.

“Al respecto, la Corte ha dicho que ?Al denunciarse en el punto la comisi�n de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci�n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial�ctico, as� sea…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — SC003-2021 — Radicacion 11001-31-10-018-2010-00682-01 — M.P. [ver documento] — 22 de marzo de 2013

“En consecuencia, la adecuada sustentaci�n de una censura por yerro f�ctico debe observar, entre otros, los siguientes requisitos: (i) identificar las normas sustanciales conculcadas, con la explicaci�n sobre la forma en que se present� la vulneraci�n; (ii) individualizar las pruebas pretermitidas, supuestas o tergiversadas; (iii) parangonar la…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — SC003-2021 — Radicacion 11001-31-10-018-2010-00682-01 — M.P. [ver documento] — 22 de marzo de 2013

“Cuando el ataque se construye sobre la base de haberse incurrido en transgresi�n indirecta de la ley sustancial en raz�n de la comisi�n de un yerro f�ctico, seg�n el precepto 368 del C�digo de Procedimiento Civil, actualmente, ordinal 2� del canon 336 del C�digo General del Proceso, su acreditaci�n presupone, entre otras exigencias, que la…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — SC003-2021 — Radicacion 11001-31-10-018-2010-00682-01 — M.P. [ver documento] — 22 de marzo de 2013

¿Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales que guían la revisión de las sentencias en materia de derecho familiar. En este contexto, se enfatiza la importancia de la singularidad en las uniones maritales de hecho y cómo la existencia de múltiples relaciones puede afectar la validez de una de ellas. La Corte debe considerar no solo los hechos probados, sino también la interpretación de la ley en relación con las circunstancias particulares de cada caso. Esto significa que, en situaciones donde se alegue la existencia de una unión marital de hecho, es crucial demostrar que no hay otras uniones que puedan interferir con la validez de la relación reclamada. Este principio es esencial para garantizar la protección de los derechos de las partes involucradas y para mantener la integridad del sistema legal.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado también menciona la necesidad de que las partes presenten pruebas contundentes que respalden sus afirmaciones. En el caso de Liliana Posada y Antonio Zuluaga, la Corte tuvo que evaluar si las pruebas presentadas eran suficientes para demostrar la existencia de la unión marital de hecho y si esta podía coexistir con el matrimonio de Zuluaga. La correcta interpretación de estas pruebas es vital para la resolución de conflictos en el ámbito del derecho familiar.

¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es fundamental identificar los errores que pueden haber influido en la decisión del Tribunal. En el caso de Liliana Posada y Antonio Zuluaga, se pueden señalar varias causales que podrían dar lugar a la casación. Uno de los errores más comunes es la incorrecta valoración de las pruebas. Si el Tribunal no consideró adecuadamente los testimonios y documentos presentados, esto podría ser motivo suficiente para que la Corte Suprema revise el fallo. Otro error podría ser la interpretación errónea de la ley, en este caso, la ley 54 de 1990, que regula las uniones maritales de hecho. Si el Tribunal no aplicó correctamente esta ley al caso concreto, se podría argumentar que hubo una violación de derechos fundamentales. Además, la falta de consideración de la singularidad de la unión marital también puede ser un punto de impugnación, ya que la existencia de múltiples relaciones puede afectar la validez de la unión reclamada. Estos errores, si se demuestran, pueden llevar a la Corte Suprema a revocar la decisión del Tribunal y a ordenar un nuevo análisis del caso.

Nisimblat Law · Casacion Civil Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

  • Revision integral de la sentencia impugnada
  • Estudio tecnico de las causales aplicables
  • Analisis de errores de hecho y de derecho
  • Evaluacion de probabilidades de procedencia
  • Concepto juridico escrito
  • Elaboracion de la demanda de casacion
  • Representacion ante la Corte Suprema de Justicia

Termino fatal: 5 dias habiles desde la notificacion. No espere.

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¿Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo extraordinario que solo procede bajo ciertas condiciones. En el caso de las uniones maritales de hecho, es importante que se cumplan ciertos requisitos para que el recurso sea admitido. En primer lugar, la cuantía debe ser superior a 1.000 salarios mínimos legales vigentes, lo que garantiza que solo se revisen casos de relevancia. Además, el plazo para presentar el recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la sentencia que se desea impugnar. Es fundamental que el recurrente identifique claramente las causales de casación, que pueden incluir la violación de normas sustanciales, errores en la valoración de pruebas o la falta de consideración de hechos relevantes. La presentación de un recurso de casación debe ser meticulosa y bien fundamentada, ya que la Corte Suprema revisa los argumentos con un enfoque estricto, dado que se trata de un recurso excepcional. Por lo tanto, es esencial contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho familiar para asegurar que se cumplan todos los requisitos y se presente un caso sólido ante la Corte.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

Maikel Nisimblat · Amazon, 2026 · 33 capitulos · 223 secciones

Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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¿Qué significa esto para usted?

Si usted se encuentra en una situación similar a la de Liliana Posada y Antonio Zuluaga, es crucial que entienda las implicaciones legales de su caso. La existencia de una unión marital de hecho y la correspondiente sociedad patrimonial pueden tener un impacto significativo en su vida personal y financiera. Es fundamental que conozca sus derechos y las opciones legales disponibles para proteger sus intereses. La casación puede ser una herramienta poderosa para aquellos que consideran que han sido tratados injustamente por las decisiones de los tribunales inferiores. Sin embargo, es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de la ley y de los procedimientos judiciales. Por ello, contar con el apoyo de un abogado especializado puede marcar la diferencia en el resultado de su caso. No subestime la importancia de actuar con rapidez y de manera informada, ya que los plazos son estrictos y cada detalle puede ser crucial para el éxito de su recurso.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre unión marital de hecho Colombia

1. ¿Qué requisitos se necesitan para que una unión marital de hecho sea reconocida en Colombia? Para que una unión marital de hecho sea reconocida, es necesario que exista convivencia permanente, que haya un consentimiento mutuo entre las partes y que se haya vivido como una pareja durante un periodo significativo, generalmente más de dos años. Además, no debe existir un vínculo matrimonial vigente con otra persona.

2. ¿Cómo se liquida una sociedad patrimonial en caso de disolución de la unión marital de hecho? La liquidación de la sociedad patrimonial se realiza mediante un acuerdo entre las partes o, en su defecto, a través de un proceso judicial. Se deben identificar los bienes adquiridos durante la convivencia y determinar cómo se dividirán entre las partes, teniendo en cuenta las aportaciones de cada uno.

3. ¿Qué derechos tiene una persona en una unión marital de hecho en comparación con el matrimonio? Las personas en una unión marital de hecho tienen derechos similares a los del matrimonio en cuanto a la protección de sus bienes y derechos patrimoniales. Sin embargo, no cuentan con los mismos derechos en materia de pensiones y herencias, a menos que se haya establecido lo contrario mediante un testamento o acuerdo.

4. ¿Qué sucede si uno de los miembros de la unión marital de hecho se niega a reconocerla? Si uno de los miembros se niega a reconocer la unión marital de hecho, la otra parte puede acudir a la vía judicial para solicitar su reconocimiento. Esto puede incluir la solicitud de pruebas que demuestren la convivencia y la relación de pareja, así como la liquidación de la sociedad patrimonial si corresponde.

Nisimblat Law · 27 anos en casacion civil

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Casación Penal Colombia

Aspectos legales de la violencia intrafamiliar en Colombia



Aspectos legales de la violencia intrafamiliar en Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que afecta a muchas familias en Colombia, generando no solo un impacto físico en las víctimas, sino también consecuencias emocionales y psicológicas que pueden perdurar a lo largo del tiempo. En este contexto, es fundamental entender cómo se trata este tipo de violencia desde el sistema judicial colombiano, así como las implicaciones legales y sociales que conlleva. La denuncia de violencia intrafamiliar no solo es un acto de valentía por parte de la víctima, sino que también es un paso crucial para buscar justicia y protección. Sin embargo, el camino a seguir puede ser complejo y lleno de obstáculos. Las víctimas a menudo se enfrentan a un sistema que puede no responder adecuadamente a sus necesidades, lo que puede llevar a la frustración y a la desconfianza en las instituciones. Por ello, es esencial que tanto la sociedad como los organismos judiciales trabajen en conjunto para garantizar que las denuncias de violencia intrafamiliar sean tratadas con la seriedad y el respeto que merecen, asegurando así la protección de las víctimas y la sanción de los agresores.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En un caso reciente, se abordó una denuncia de violencia intrafamiliar que tuvo lugar en octubre de 2013, donde se alegaba la agresión hacia un menor por parte de su padrastro. La denuncia fue presentada por el representante del menor, quien argumentó que el agresor había maltratado y amenazado al niño. La Fiscalía inició una indagación, recopilando diversos elementos de prueba, incluyendo un informe psicosocial que evidenciaba el impacto emocional en el menor. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación, argumentando que no se configuraban los elementos del delito de violencia intrafamiliar. Esta decisión fue confirmada por los jueces de primera y segunda instancia, quienes consideraron que no había evidencia suficiente para tipificar el delito, basándose en el contexto familiar y el comportamiento del menor. Esta situación generó un debate sobre la valoración de las pruebas y la interpretación de los hechos, lo que llevó al denunciante a considerar que hubo un prevaricato por parte de las autoridades judiciales al no considerar adecuadamente el informe psicosocial presentado.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal tuvo que analizar las decisiones tomadas por los jueces en relación con la solicitud de preclusión. En este sentido, se revisaron las pruebas aportadas, así como los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y los jueces. Se destacó que, aunque el informe psicosocial fue presentado, su valoración fue cuestionada, lo que llevó a la conclusión de que no se había dado la debida importancia a los elementos que podían evidenciar la violencia intrafamiliar. La Sala también tuvo en cuenta el contexto de la relación familiar y las condiciones de salud mental del menor, lo que complicaba la situación. Este análisis es crucial, ya que pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades judiciales comprendan la complejidad de los casos de violencia intrafamiliar y actúen de manera que se protejan los derechos de las víctimas, evitando así que se perpetúen ciclos de violencia y desprotección.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP3968-2025

M.P. Jorge Hernán Díaz Soto · Radicación ·

Según lo anterior, determinó la funcionaria que, bajo ese escenario, no se trasciende al derecho penal, al cual debe acudirse como última ratio para la solución de conflictos, pues lo sucedido no va más allá unas típicas escenas de una persona inmersa en el mundo de las drogas, una familia dispersa, pero que finalmente no se logró tipificar la conducta punible de violencia intrafamiliar. En el caso en comento, no puede concluirse que, los hechos del 17 de octubre de 2013, hayan roto o resquebraj

Encontró que el auto de preclusión del 28 de febrero de 2018 proferido por la Juez Tercera Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira – el procesado- concluyó que no se configuró el delito de violencia intrafamiliar. A esa decisión se llegó luego de escuchar a los sujetos involucrados y valorar los elementos con vocación probatoria presentados. Lo anterior, al considerar que: Los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2013, en efecto no alcanzaron a vulnerar el bien jurídico de la fa

También manifestó frente a dicho informe, que aunque la doctora Olga Lucía Marín Castañeda, profesional que lo suscribió, sí consignó que SQM «es un niño que desde su infancia y adolescencia, ha sido vulnerado en sus derechos, pues ha sido víctima de violencia intrafamiliar de las personas que han convivido en el mismo domicilio», dichas afirmaciones son absolutamente genéricas, no se específica con claridad el tiempo en que aquello ocurrió o las personas que lo propiciaron. Además, allí también

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP3968-2025 — M.P. Jorge Hernán Díaz Soto — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Existen diversas causales que pueden dar lugar a la casación en casos de violencia intrafamiliar, según lo establecido en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Uno de los errores más comunes es la falta de valoración adecuada de las pruebas presentadas, especialmente en casos donde se involucran menores. La omisión de considerar informes psicosociales, testimonios y otros elementos que puedan evidenciar la violencia puede llevar a decisiones que no reflejan la realidad de la situación. Además, la interpretación errónea de los hechos y la falta de aplicación de la normativa correspondiente también son causales de casación. Es fundamental que los tribunales actúen con la debida diligencia y sensibilidad ante estos casos, ya que cualquier error puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas, perpetuando la violencia y la impunidad.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?

El recurso de casación penal en casos de violencia intrafamiliar puede ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia. Posteriormente, se cuenta con un plazo de 30 días para presentar la demanda ante el tribunal correspondiente. Es importante que los afectados comprendan que la casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad de las decisiones tomadas por los tribunales inferiores. En este sentido, la casación puede proceder cuando se evidencien errores en la aplicación de la ley, en la valoración de las pruebas o en la interpretación de los hechos. Esto es especialmente relevante en casos de violencia intrafamiliar, donde la protección de las víctimas debe ser una prioridad para el sistema judicial. Por lo tanto, es esencial que las víctimas y sus representantes legales estén informados sobre sus derechos y las vías de recurso disponibles para garantizar que se haga justicia.

¿Qué significa esto para usted?

Para las víctimas de violencia intrafamiliar, entender el proceso judicial y las opciones disponibles es crucial para buscar justicia y protección. La violencia intrafamiliar no solo afecta a quienes la sufren directamente, sino que también tiene un impacto en la familia y la sociedad en general. Por ello, es fundamental que las víctimas se sientan empoderadas para denunciar y que el sistema judicial responda de manera efectiva a sus necesidades. La posibilidad de interponer un recurso de casación es una herramienta que puede ayudar a corregir errores judiciales y garantizar que se tomen en cuenta todas las pruebas y circunstancias del caso. Además, es esencial que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la gravedad de la violencia intrafamiliar y apoye a las víctimas en su proceso de búsqueda de justicia. La educación y la sensibilización son claves para prevenir este tipo de violencia y promover un entorno familiar seguro y saludable.

Preguntas frecuentes — violencia intrafamiliar en Colombia

1. ¿Qué se considera violencia intrafamiliar en Colombia?
La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier acto de agresión física, psicológica, sexual o económica que se ejerce dentro del ámbito familiar. Esto incluye situaciones de maltrato entre parejas, padres e hijos, y otros miembros del hogar.

2. ¿Qué hacer si soy víctima de violencia intrafamiliar?
Si eres víctima de violencia intrafamiliar, es fundamental que busques ayuda. Puedes acudir a la policía, a la Fiscalía o a organizaciones que se especializan en la atención de víctimas. También es importante documentar los hechos y buscar apoyo emocional.

3. ¿Cuáles son las consecuencias legales para el agresor?
Las consecuencias legales para el agresor pueden incluir sanciones penales, como prisión, así como medidas de protección para la víctima. La ley busca garantizar la seguridad de quienes sufren violencia intrafamiliar y sancionar a los agresores.

4. ¿Qué recursos legales existen para las víctimas?
Las víctimas de violencia intrafamiliar pueden acceder a recursos legales como la denuncia penal, medidas de protección y asistencia psicológica. Es importante que las víctimas conozcan sus derechos y busquen asesoría legal para hacer valer su protección.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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Casación Penal Colombia

Funcionario judicial revoca medida de aseguramiento a alcalde por irregularidades en contrato — prevaricato por acción — casación penal Colombia



Funcionario judicial revoca medida de aseguramiento a alcalde por irregularidades en contrato — prevaricato por acción — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La situación de los funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan cargos de elección popular, es siempre un tema delicado en el ámbito judicial. La revocación de medidas de aseguramiento puede tener implicaciones profundas, no solo para el individuo involucrado, sino también para la confianza pública en las instituciones. En este caso, se examina la decisión de un funcionario judicial que revocó la medida de aseguramiento impuesta a un alcalde, en medio de acusaciones de irregularidades en un contrato. La decisión fue objeto de controversia y llevó a un análisis exhaustivo por parte de la Sala de Casación Penal, que tuvo que considerar si la actuación del juez había sido correcta o si, por el contrario, había incurrido en prevaricato por acción. Este tipo de situaciones pone de relieve la importancia de la correcta aplicación de la ley y el respeto a los procedimientos establecidos, así como la necesidad de una adecuada supervisión judicial para garantizar que las decisiones se tomen de acuerdo con el marco normativo vigente.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

El caso se origina en la actuación de un alcalde que, durante su mandato, fue acusado de irregularidades en la celebración de un contrato relacionado con la modernización de los servicios de tránsito y transporte en su municipio. A pesar de las serias acusaciones, un funcionario judicial decidió revocar la medida de aseguramiento que había sido impuesta al alcalde, argumentando que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes. Esta decisión fue cuestionada, ya que se alegó que el funcionario no había considerado adecuadamente las pruebas y había actuado en contravía de la ley. La Fiscalía, inconforme con la absolución del funcionario judicial, decidió apelar la decisión del Tribunal Superior, lo que llevó a que el caso fuera revisado por la Sala de Casación Penal. En este contexto, se plantearon serias dudas sobre la legalidad de la actuación del funcionario y su posible responsabilidad penal por prevaricato por acción, dado que se argumentó que su decisión había sido manifiestamente contraria a la ley.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal tuvo que evaluar si la decisión del funcionario judicial de revocar la medida de aseguramiento se ajustaba a los principios establecidos en la ley. En su análisis, se consideraron las razones expuestas por la Fiscalía en relación con la necesidad de mantener la medida de aseguramiento, así como la interpretación que el funcionario había hecho de los hechos y las pruebas. La Corte encontró que el funcionario había incurrido en errores significativos al desestimar las pruebas presentadas por la Fiscalía, calificándolas de meras conjeturas y no valorando adecuadamente los elementos materiales que justificaban la medida de aseguramiento. Además, se argumentó que el funcionario había quebrantado el marco normativo de la contratación estatal y que su decisión había ignorado las implicaciones de su actuación, lo que llevó a la Corte a considerar que había existido una actuación dolosa en su proceder.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — SP1857-2025

M.P. José Joaquín Urbano Martínez · Radicación ·

Así las cosas, la Sala de Casación Penal está habilitada para revisar la legalidad de la decisión apelada. Tal competencia la ejercerá con estricto respeto del principio de limitación, que la autoriza para pronunciarse sobre los puntos objeto de inconformidad del recurrente y lo inescindiblemente relacionado con ellos. En esa dirección, la Corporación expondrá las razones que sustentan su decisión, ocupándose inicialmente de la validez de la actu

La Corte advierte que en el proceso contra Rubén Darío Hurtado Gironza: (a) la actuación la adelantaron las autoridades competentes; estas (b) no omitieron etapas esenciales del proceso penal; (c) garantizaron el derecho de defensa técnica y material; (d) no practicaron pruebas con vulneración de derechos fundamentales o sin cumplir los requisitos legales; (e) motivaron en debida forma sus decisiones; y (f) garantizaron a las partes e intervinien

En este caso no existe discusión respecto de la calidad de servidor público que para la época de los hechos ostentaba Rubén Darío Hurtado Gironza. Tampoco ofrece reparo que, en su rol de Juez 4º Penal del Circuito de Conocimiento de Popayán, resolvió el recurso de apelación formulado contra el auto, del 29 de enero de 2019, dictado por el Juzgado 3º Penal Municipal de Garantías de esa ciudad que impuso medida de aseguramiento privativa de la libe

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — SP1857-2025 — M.P. José Joaquín Urbano Martínez — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, existen varias causales que pueden dar lugar a la casación de una sentencia. En este caso, se identificaron errores en la valoración de las pruebas, así como la incorrecta aplicación de la ley por parte del Tribunal. La Corte consideró que el Tribunal no había analizado adecuadamente las pruebas presentadas por la Fiscalía, lo que llevó a una decisión que no se sustentaba en el debido proceso. Además, se argumentó que el Tribunal había incurrido en un error al no considerar la gravedad de las acusaciones y las implicaciones de la revocación de la medida de aseguramiento, lo que podría haber afectado la administración de justicia y la confianza pública en las instituciones. La falta de un análisis exhaustivo de los elementos probatorios y la incorrecta interpretación de la normativa aplicable son causales que pueden dar lugar a la casación en este tipo de casos, lo que subraya la importancia de una correcta actuación judicial en el manejo de situaciones delicadas.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en diversas circunstancias, según lo establecido en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. En general, este recurso puede ser interpuesto cuando se considera que ha habido una violación de la ley o un error en la interpretación de la misma. Específicamente, puede ser procedente cuando se han vulnerado derechos fundamentales, cuando se ha incurrido en errores en la valoración de las pruebas o cuando se ha hecho una incorrecta aplicación de la ley. En este sentido, es fundamental que las partes interesadas actúen dentro de los plazos establecidos, que son de cinco días para la interposición del recurso y de treinta días para la presentación de la demanda ante el Tribunal. La casación es un mecanismo que busca garantizar la correcta aplicación de la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos, por lo que su uso debe ser considerado con seriedad y responsabilidad.

¿Qué significa esto para usted?

La decisión de la Sala de Casación Penal en este caso tiene importantes implicaciones no solo para el funcionario judicial involucrado, sino también para la administración de justicia en general. La revocación de una medida de aseguramiento en un contexto de acusaciones serias puede afectar la percepción pública sobre la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial. Además, este caso resalta la importancia de que los funcionarios judiciales actúen con rigor y responsabilidad al tomar decisiones que pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Para los ciudadanos, es esencial entender que existen mecanismos legales para impugnar decisiones que se consideran injustas o erróneas, y que la casación es una herramienta que puede ser utilizada para corregir posibles abusos o errores en la aplicación de la ley. Este tipo de situaciones también pone de relieve la necesidad de una formación continua y un compromiso ético por parte de los funcionarios judiciales, para asegurar que sus decisiones se basen en un análisis riguroso y en el respeto a los derechos fundamentales.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el prevaricato por acción?
El prevaricato por acción es un delito que se comete cuando un funcionario público emite una decisión manifiestamente contraria a la ley en el ejercicio de sus funciones. Este tipo de conducta puede tener graves consecuencias legales para el funcionario involucrado.

¿Cuáles son las consecuencias de una revocación de medida de aseguramiento?
La revocación de una medida de aseguramiento puede permitir que el acusado recupere su libertad, pero también puede generar preocupaciones sobre la posibilidad de obstrucción de la justicia o la fuga del imputado, dependiendo de las circunstancias del caso.

¿Qué plazos debo tener en cuenta para interponer un recurso de casación?
Para interponer un recurso de casación, se dispone de cinco días para la presentación del recurso y treinta días para la demanda ante el Tribunal. Es fundamental cumplir con estos plazos para no perder la oportunidad de impugnar una decisión judicial.

¿Qué papel juega la Fiscalía en el proceso de casación?
La Fiscalía tiene un papel fundamental en el proceso de casación, ya que puede presentar recursos de apelación y argumentar en favor de la legalidad de las decisiones judiciales. Su intervención es clave para garantizar que se respeten los derechos de las víctimas y se mantenga la integridad del sistema judicial.

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
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Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
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Casación Penal Colombia

La importancia de la valoración de pruebas en el proceso penal



La importancia de la valoración de pruebas en el proceso penal

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La correcta valoración de las pruebas en un proceso penal es fundamental para garantizar la justicia y la protección de los derechos de las partes involucradas. Cuando se trata de casos de violencia intrafamiliar, esta valoración adquiere una relevancia aún mayor, ya que las decisiones que se tomen pueden afectar la vida de las víctimas y de los acusados de manera significativa. En este contexto, es crucial que todos los elementos probatorios sean analizados de manera exhaustiva y objetiva, evitando que pruebas relevantes sean desestimadas o ignoradas. La falta de valoración adecuada puede llevar a decisiones erróneas que no solo afectan la justicia, sino que también perpetúan ciclos de violencia y desprotección. Este artículo se centra en un caso reciente que ilustra la importancia de la valoración de pruebas, donde un informe psicosocial no fue considerado, lo que generó controversia sobre la legalidad de las decisiones tomadas por las autoridades judiciales.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En un caso reciente, se presentó un recurso de apelación debido a la decisión de precluir una investigación por violencia intrafamiliar. El denunciante argumentó que las autoridades judiciales no valoraron un informe psicosocial que evidenciaba la violencia sufrida por un menor. Este informe, que contenía información crucial sobre el estado emocional y psicológico del niño, fue omitido en las decisiones que llevaron a la preclusión del caso. A pesar de que se presentaron otros elementos de prueba, el denunciante insistió en que la falta de consideración de este informe constituyó un acto de prevaricato por omisión. Las decisiones de los jueces, que consideraron que no había elementos suficientes para tipificar el delito de violencia intrafamiliar, fueron cuestionadas por no haber tomado en cuenta la totalidad de las pruebas presentadas, lo que generó un debate sobre la correcta valoración de las pruebas en el proceso penal.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal revisó la actuación de las autoridades judiciales y la valoración de las pruebas en el caso. Se destacó la importancia de considerar todos los elementos probatorios, especialmente aquellos que pueden impactar directamente en la vida de las personas involucradas. La omisión de un informe psicosocial, que proporcionaba información sobre la dinámica familiar y el impacto emocional en el menor, fue vista como una falta grave en el proceso. La Sala enfatizó que la valoración de pruebas no solo debe ser exhaustiva, sino también objetiva, asegurando que todas las voces y perspectivas sean escuchadas en el proceso. La decisión de precluir la investigación fue cuestionada, ya que se argumentó que la falta de valoración de este informe podría haber llevado a una conclusión errónea sobre la existencia de violencia intrafamiliar.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP3968-2025

M.P. Jorge Hernán Díaz Soto · Radicación ·

Según lo anterior, determinó la funcionaria que, bajo ese escenario, no se trasciende al derecho penal, al cual debe acudirse como última ratio para la solución de conflictos, pues lo sucedido no va más allá unas típicas escenas de una persona inmersa en el mundo de las drogas, una familia dispersa, pero que finalmente no se logró tipificar la conducta punible de violencia intrafamiliar. En el caso en comento, no puede concluirse que, los hechos del 17 de octubre de 2013, hayan roto o resquebraj

Encontró que el auto de preclusión del 28 de febrero de 2018 proferido por la Juez Tercera Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira – el procesado- concluyó que no se configuró el delito de violencia intrafamiliar. A esa decisión se llegó luego de escuchar a los sujetos involucrados y valorar los elementos con vocación probatoria presentados. Lo anterior, al considerar que: Los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2013, en efecto no alcanzaron a vulnerar el bien jurídico de la fa

También manifestó frente a dicho informe, que aunque la doctora Olga Lucía Marín Castañeda, profesional que lo suscribió, sí consignó que SQM «es un niño que desde su infancia y adolescencia, ha sido vulnerado en sus derechos, pues ha sido víctima de violencia intrafamiliar de las personas que han convivido en el mismo domicilio», dichas afirmaciones son absolutamente genéricas, no se específica con claridad el tiempo en que aquello ocurrió o las personas que lo propiciaron. Además, allí también

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP3968-2025 — M.P. Jorge Hernán Díaz Soto — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

La valoración de pruebas es un aspecto crítico en el proceso penal, y su incorrecta apreciación puede dar lugar a causales de casación. Según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, se pueden presentar recursos de casación cuando se evidencian errores en la valoración de pruebas que afecten el debido proceso. En este caso, la falta de consideración de un informe psicosocial relevante puede ser vista como un error que afecta la legalidad de la decisión. Además, la omisión de pruebas que son fundamentales para entender el contexto de los hechos puede llevar a la vulneración de derechos de las partes. La Sala de Casación Penal tiene la responsabilidad de garantizar que se respeten los principios de justicia y equidad, y cualquier error en la valoración de pruebas puede ser motivo suficiente para revocar decisiones previas y ordenar una nueva valoración de los elementos probatorios.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?

El recurso de casación penal procede en diversas circunstancias, especialmente cuando se evidencia que ha habido un error en la valoración de pruebas. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el recurso puede ser interpuesto dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia, y la demanda debe ser presentada ante el tribunal correspondiente en un plazo de 30 días. Es fundamental que el recurrente argumente de manera clara y precisa los errores cometidos por el tribunal de instancia, especialmente en lo que respecta a la valoración de pruebas. La casación no solo busca corregir errores, sino también garantizar que se haga justicia de manera efectiva, protegiendo los derechos de todas las partes involucradas en el proceso penal.

¿Qué significa esto para usted?

La correcta valoración de pruebas en el proceso penal es esencial para asegurar que se haga justicia. Si usted se encuentra involucrado en un caso penal, es fundamental que comprenda la importancia de cada elemento probatorio y cómo estos pueden influir en la decisión final del tribunal. La omisión de pruebas relevantes puede tener consecuencias graves, no solo para el acusado, sino también para las víctimas. Por ello, es recomendable contar con asesoría legal adecuada que garantice que todos los elementos de prueba sean considerados y valorados de manera justa. La justicia no solo se basa en la verdad de los hechos, sino también en la forma en que se manejan y valoran las pruebas presentadas ante el tribunal. Su derecho a un juicio justo depende de ello.

Preguntas frecuentes — valoración de pruebas en el proceso penal

¿Qué es la valoración de pruebas en el proceso penal? La valoración de pruebas es el proceso mediante el cual el juez analiza y determina la relevancia y credibilidad de los elementos probatorios presentados en un caso. Esta valoración es crucial para tomar decisiones justas y fundamentadas.

¿Qué ocurre si no se valoran adecuadamente las pruebas? La falta de valoración adecuada de las pruebas puede llevar a decisiones erróneas, como la absolución de un culpable o la condena de un inocente, lo que puede dar lugar a recursos de casación.

¿Cómo se puede impugnar una decisión basada en la mala valoración de pruebas? Se puede presentar un recurso de casación ante el tribunal correspondiente, argumentando los errores en la valoración de pruebas y solicitando una revisión de la decisión.

¿Qué tipo de pruebas son consideradas en el proceso penal? En el proceso penal se pueden considerar pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales, entre otras, siempre que sean relevantes y pertinentes al caso.

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
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Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

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Casación Colombia

Falta de atención médica que culminó en ceguera total — responsabilidad civil contractual Colombia



Falta de atención médica que culminó en ceguera total — responsabilidad civil contractual Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

La situación que enfrenta una persona cuando sufre un daño irreversible, como la ceguera total, debido a la falta de atención médica adecuada es desgarradora. En el caso del señor Fredi Rená Burgos Ramírez, este hecho se convirtió en un proceso judicial que buscaba justicia por la responsabilidad civil de la entidad promotora de salud. La casación es el recurso que permite a las partes impugnar decisiones judiciales, buscando que se revise la legalidad de las mismas. Si usted se encuentra en una situación similar, donde siente que ha sido víctima de una atención médica deficiente, es fundamental entender cómo funciona este proceso y qué derechos tiene. La responsabilidad civil en el ámbito de la salud es un tema complejo, pero esencial para garantizar que los pacientes reciban la atención que merecen. En este artículo, analizaremos el caso de Fredi Rená Burgos Ramírez, la decisión de la Corte Suprema y cómo puede afectar a quienes enfrentan situaciones similares.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso se centra en la demanda presentada por Fredi Rená Burgos Ramírez contra la entidad promotora de salud Saludcoop, que se encontraba en proceso de liquidación. El demandante alegó que la falta de atención médica oportuna y eficiente culminó en su ceguera total. Según los hechos, el señor Burgos había sido diagnosticado con una disminución de la agudeza visual y se le recomendó un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, la atención no fue proporcionada en el tiempo adecuado, lo que resultó en un agravamiento de su condición. A pesar de que se realizaron estudios y se recomendó una intervención quirúrgica, el paciente solo fue llevado a cirugía después de un considerable retraso, lo que llevó a la pérdida total de su visión. En este contexto, el demandante solicitó que se declarara la responsabilidad civil de la entidad de salud y se le indemnizara por los perjuicios sufridos. La Corte tuvo que evaluar si efectivamente hubo una falta en la atención médica que justificara la condena a la entidad demandada.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia analizó si existió una responsabilidad civil contractual por parte de la entidad promotora de salud. Se centró en determinar si hubo una falta de atención médica que resultó en el daño irreversible del demandante. La Corte evaluó los hechos presentados, la historia clínica del paciente y las recomendaciones médicas que no fueron cumplidas en tiempo y forma. La decisión de la Corte se basó en la interpretación de la normativa que rige la responsabilidad civil en el ámbito de la salud y la obligación de las entidades de prestar un servicio adecuado y oportuno a sus afiliados.

“Se solicit� declarar la
responsabilidad civil contractual, como consecuencia de la �falta de atenci�n
oportuna, eficiente y suficiente� del actor, que �culmin� en la ceguera total�
del mismo; y, por tanto, se la condene a pagarle los perjuicios.”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — RESPONSABILIDAD CIVIL — Radicacion 11001-31-03-006-2008-00055-01 — M.P. [ver documento] — 12 de junio de 2015

“Se registr� en
la historia cl�nica �disminuci�n de agudeza visual� y �se recomend� tratamiento
quir�rgico previa la pr�ctica de otra Resonancia Nuclear Magn�tica (NMR) y
control con resultados�, que se verific� el 31 de mayo de 2006, ratific�ndose
el diagn�stico ya conocido, el se�or Burgos Ram�rez solamente fue llevado a
cirug�a, practic�ndosele p”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — RESPONSABILIDAD CIVIL — Radicacion 11001-31-03-006-2008-00055-01 — M.P. [ver documento] — 12 de junio de 2015

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la responsabilidad civil, especialmente en el ámbito de la salud. Este documento resalta la importancia de la atención médica oportuna y adecuada, así como la obligación de las entidades de salud de garantizar el bienestar de sus pacientes. En el contexto del caso de Fredi Rená Burgos Ramírez, el Tratado subraya que la falta de atención no solo puede dar lugar a una indemnización, sino que también establece un precedente sobre la responsabilidad de las entidades de salud en Colombia. La jurisprudencia indica que la relación entre el paciente y la entidad de salud es contractual, lo que implica que cualquier incumplimiento puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad civil.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado menciona que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, quien debe demostrar que la falta de atención médica fue la causa directa del daño sufrido. Esto significa que, en casos como el de Burgos Ramírez, es fundamental contar con pruebas contundentes que respalden la reclamación de responsabilidad civil.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

La casación puede ser procedente cuando se presentan errores en la interpretación o aplicación de la ley por parte de los tribunales inferiores. En el caso de la responsabilidad civil en atención médica, existen varias causales que pueden dar lugar a un recurso de casación. Uno de los errores más comunes es la falta de análisis de la prueba presentada, lo que puede llevar a decisiones injustas. Si el tribunal no considera adecuadamente la historia clínica, los diagnósticos y las recomendaciones médicas, puede incurrir en un error que justifique la casación. Otro aspecto relevante es la incorrecta aplicación de los principios de la responsabilidad civil, donde el tribunal puede no haber evaluado correctamente si existió una relación de causalidad entre la falta de atención y el daño sufrido por el paciente. Además, si se considera que el tribunal no aplicó adecuadamente los criterios establecidos en la jurisprudencia sobre responsabilidad civil, esto también puede ser motivo para interponer un recurso de casación. En resumen, los errores en la valoración de la prueba, la interpretación de la ley y la aplicación de la jurisprudencia son causales que pueden dar lugar a la casación en casos de responsabilidad civil en atención médica.

Nisimblat Law · Casacion Civil Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

  • Revision integral de la sentencia impugnada
  • Estudio tecnico de las causales aplicables
  • Analisis de errores de hecho y de derecho
  • Evaluacion de probabilidades de procedencia
  • Concepto juridico escrito
  • Elaboracion de la demanda de casacion
  • Representacion ante la Corte Suprema de Justicia

Termino fatal: 5 dias habiles desde la notificacion. No espere.

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Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en casos de responsabilidad civil, como el de la falta de atención médica, procede bajo ciertas condiciones. En primer lugar, es importante que la cuantía del asunto supere los 1000 salarios mínimos legales vigentes, lo que asegura que el caso tenga relevancia económica. Además, el plazo para interponer el recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la sentencia que se desea impugnar. Las causales de casación que pueden invocarse incluyen la violación de normas sustantivas o procesales, así como la falta de motivación en las decisiones del tribunal. En el contexto de la responsabilidad civil en atención médica, es fundamental que el demandante tenga claro que debe demostrar que la falta de atención fue la causa directa del daño sufrido, lo que implica una carga probatoria significativa. También es importante que el recurso se formule de manera clara y precisa, indicando los errores que se consideran cometidos por el tribunal inferior. En resumen, el recurso de casación es una herramienta legal que permite a las partes buscar la revisión de decisiones judiciales, pero debe ser utilizado dentro de los plazos y requisitos establecidos por la ley.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

Maikel Nisimblat · Amazon, 2026 · 33 capitulos · 223 secciones

Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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Que significa esto para usted?

Para quienes se encuentran en situaciones similares a la de Fredi Rená Burgos Ramírez, es fundamental comprender que tienen derechos y opciones legales ante la falta de atención médica. La responsabilidad civil en el ámbito de la salud es un tema que no solo afecta a los pacientes, sino que también establece estándares para las entidades de salud. Si usted ha sufrido un daño debido a una atención médica deficiente, es esencial que busque asesoría legal para evaluar su caso y determinar si es posible interponer un recurso de casación. La justicia en estos casos no solo busca reparar el daño sufrido, sino también garantizar que las entidades de salud cumplan con sus obligaciones y brinden un servicio adecuado a sus afiliados. La casación puede ser un camino para corregir errores judiciales y buscar la verdad en situaciones donde la vida y la salud de las personas están en juego. No dude en buscar el apoyo de profesionales que puedan guiarlo en este proceso y ayudarlo a hacer valer sus derechos.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre responsabilidad civil atención médica

1. ¿Qué es la responsabilidad civil en el ámbito de la salud?
La responsabilidad civil en el ámbito de la salud se refiere a la obligación que tienen las entidades y profesionales de la salud de brindar atención adecuada y oportuna a sus pacientes. Si no cumplen con esta obligación y un paciente sufre un daño como resultado, pueden ser considerados responsables y obligados a indemnizar.

2. ¿Cuáles son los requisitos para interponer un recurso de casación?
Para interponer un recurso de casación, es necesario que la cuantía del asunto supere los 1000 salarios mínimos legales vigentes, que se presente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia y que se argumenten claramente las causales de casación, como errores en la interpretación de la ley o en la valoración de la prueba.

3. ¿Qué pruebas son necesarias para demostrar la responsabilidad civil?
Para demostrar la responsabilidad civil, es fundamental contar con pruebas que respalden la reclamación, como la historia clínica del paciente, informes médicos, testimonios y cualquier documento que evidencie la falta de atención o el incumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad de salud.

4. ¿Qué sucede si se interpone un recurso de casación y se acepta?
Si se acepta el recurso de casación, la Corte revisará el caso y puede anular la decisión del tribunal inferior, ordenando que se emita una nueva sentencia conforme a la ley. Esto puede dar lugar a una revisión del caso y, potencialmente, a una indemnización para el demandante.

Nisimblat Law · 27 anos en casacion civil

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Casación Penal Colombia

Directora de unidad administrativa celebra contrato sin licitación — contrato sin cumplimiento de requisitos legales — casación penal Colombia



directora de unidad administrativa celebra contrato sin licitación — contrato sin cumplimiento de requisitos legales — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La celebración de contratos por parte de entidades estatales debe regirse por principios de transparencia, selección objetiva y cumplimiento normativo. Cuando un funcionario público elude estos principios, se pone en riesgo no solo la legalidad de la contratación, sino también la confianza pública en las instituciones. En este contexto, el caso de una directora de unidad administrativa que celebró un contrato sin licitación ha suscitado un debate sobre la responsabilidad penal en la gestión pública. Este tipo de situaciones no solo afecta a la administración pública, sino que también puede tener repercusiones significativas en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. La importancia de seguir los procedimientos establecidos es crucial para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y adecuada, evitando así la corrupción y el mal uso del poder. La decisión de la Corte en este caso es un recordatorio de que el cumplimiento de la ley es fundamental para la integridad del sistema de contratación pública en Colombia.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En este caso, se presentó una denuncia contra una directora de unidad administrativa por la celebración de un contrato sin cumplimiento de los requisitos legales establecidos. La acusación sostenía que la funcionaria tramitó y firmó un contrato con una empresa, el cual debía ser objeto de licitación pública, dado que se trataba de un contrato de obra pública para el mantenimiento de la malla vial de una ciudad. Sin embargo, la directora optó por clasificar el contrato como uno de ciencia y tecnología, lo que le permitió eludir el proceso de licitación y seleccionar directamente a la empresa contratista. Esta decisión fue cuestionada, ya que se argumentó que la empresa carecía de la capacidad técnica y financiera necesaria para llevar a cabo el trabajo, además de no cumplir con los requisitos legales para la celebración del contrato. La Fiscalía acusó a la funcionaria de haber actuado de manera dolosa, violando principios fundamentales de la contratación pública, tales como la transparencia y la selección objetiva. A pesar de que la directora fue condenada en primera instancia, su defensa interpuso un recurso de casación, argumentando violaciones al debido proceso y deficiencias en la motivación de la sentencia.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal analizó los argumentos presentados por la defensa, centrándose en la supuesta falta de motivación en la sentencia del tribunal inferior. Se cuestionó si el tribunal había establecido de manera clara cuáles eran los requisitos legales que la directora había incumplido durante el proceso de contratación. La defensa argumentó que la sentencia no especificaba en qué etapa del proceso se habrían presentado las irregularidades, lo que generaba confusión sobre la responsabilidad de la funcionaria. Además, se señaló que la inferencia de dolo realizada por el tribunal no estaba debidamente fundamentada, ya que se basó en interpretaciones vagas y no en pruebas concretas. La Corte también evaluó si se habían considerado adecuadamente las capacidades del contratista y si se habían cumplido los requisitos de idoneidad y experiencia necesarios para la ejecución del contrato. La falta de análisis exhaustivo por parte del tribunal fue un aspecto clave en la revisión de la sentencia.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — SP185-2024

M.P. Myriam Ávila Roldán · Radicación ·

En vista de la naturaleza y orden de prioridad lógica de los cargos formulados contra la unidad decisoria impugnada, la Sala sintetizará, en primer lugar, la estructura fáctico-probatoria en referencia a la cual se aplicó el juicio de adecuación típica (num. 4.1.). A partir de ello se evaluará, en segundo término, si se presentaron las deficiencias de motivación denunciadas (4.2.1.) y, subsidiariamente, si en vista de los hechos que se declararon

El 18 de noviembre de 2013, Green Patcher Colombia (GPC) S.A.S., sociedad por acciones simplificada constituida por un solo accionista -Juan Pablo Posada- el 5 de junio de 2013, presentó a la UAERMV oferta de servicios de obras de mantenimiento y reparcheo de vías, mediante el uso “único y exclusivo de la tecnología de reparación de pavimentos, a través de la aplicación de mezcla asfáltica en frío, inyectada por presión neumática, conocida como V

En atención a la oferta de la empresa GPC, el 20 de diciembre de 2013, la UAERMV llevó a cabo un comité técnico de contratación, al que, según los testigos y asistentes Olga Patricia Mendoza Navarro y Natanael Kennedy Machado, también acudieron el procesado, Francisco Coronel Julio (Jefe de la Oficina Jurídica), María Constanza Aguja (Secretaria General) y los contratistas Ernesto Matallana (abogado especialista en contratación estatal) y Luis Ca

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — SP185-2024 — M.P. Myriam Ávila Roldán — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Los errores que pueden dar lugar a casación en este tipo de casos están contemplados en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre ellos se encuentran la violación del debido proceso, la falta de motivación en las decisiones judiciales y la incorrecta valoración de las pruebas. En este caso, la defensa argumentó que el tribunal no había motivado adecuadamente su decisión, lo que constituye una violación al derecho de defensa. La falta de claridad en la identificación de los requisitos legales incumplidos por la directora y la ausencia de un análisis riguroso de las pruebas presentadas, también son causales que pueden dar lugar a la casación. La Corte tiene la responsabilidad de garantizar que las decisiones judiciales sean justas y fundamentadas, y cualquier deficiencia en este sentido puede resultar en la anulación de la sentencia. La jurisprudencia ha establecido que la motivación de las sentencias debe ser suficiente y adecuada, permitiendo a las partes comprender las razones detrás de las decisiones judiciales.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en los casos en que se alegue la violación de derechos fundamentales, como el debido proceso, y cuando se cuestionen aspectos sustanciales de la sentencia. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el término para la interposición del recurso es de 5 días, y la demanda debe presentarse ante el tribunal correspondiente en un plazo de 30 días. Es fundamental que la parte interesada argumente de manera clara y precisa las razones por las cuales considera que la sentencia debe ser revisada. La Corte revisará si se han cumplido los requisitos formales y sustanciales para la procedencia del recurso, asegurando que se respeten los derechos de las partes involucradas en el proceso. La casación es un mecanismo que busca corregir errores judiciales y garantizar la justicia en el sistema penal colombiano.

¿Qué significa esto para usted?

La decisión de la Corte en este caso resalta la importancia de la legalidad en la contratación pública y las consecuencias que pueden derivarse de su incumplimiento. Para los funcionarios públicos, esto representa un llamado a actuar con responsabilidad y a seguir los procedimientos establecidos para evitar caer en prácticas que puedan ser consideradas ilegales. Asimismo, para la ciudadanía, este tipo de casos refuerza la necesidad de exigir transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. La confianza en las instituciones se construye a partir de la correcta administración de los recursos públicos, y cualquier desviación de este principio puede tener repercusiones graves. Es fundamental que tanto funcionarios como ciudadanos estén informados sobre sus derechos y deberes en el ámbito de la contratación pública, para contribuir a un sistema más justo y eficiente.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un contrato sin cumplimiento de requisitos legales?
Se refiere a aquellos contratos celebrados por entidades públicas que no cumplen con los procedimientos establecidos por la ley, lo que puede generar nulidad del contrato y responsabilidad penal para los funcionarios involucrados.

¿Cuáles son las consecuencias de celebrar un contrato sin licitación?
Las consecuencias pueden incluir la nulidad del contrato, sanciones administrativas y penales para los funcionarios responsables, así como la obligación de reparar el daño causado al erario público.

¿Qué derechos tiene un funcionario acusado de este delito?
El funcionario tiene derecho a un debido proceso, a ser defendido por un abogado, a presentar pruebas y a apelar las decisiones judiciales que le afecten.

¿Cómo se puede prevenir la celebración de contratos irregulares?
Es fundamental que las entidades públicas sigan estrictamente los procedimientos de contratación establecidos en la ley, realicen capacitaciones a sus funcionarios y promuevan una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Jurisprudencia relacionada — Sala de Casación Penal

318 providencias analizadas por Nisimblat Law Offices.

Sentencia Año M.P. Tema Análisis
39287(22-08-12).txt 3928 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
41914(11-12-13).txt 4191 Corte Suprema De Justicia Estafa 📱 Solicitar
49906(06-05-20).txt 4990 Luis Antonio Hernández Barbosa Lavado de activos 📱 Solicitar

Autos de inadmisión — Errores frecuentes en la demanda

⚠️ Contra la no selección solo procede insistencia de magistrado o Ministerio Público — Art. 184 Ley 906/2004.

Sentencia Año M.P. Causal Análisis
AP1035-2026 1035 Diego Eugenio Corredor Beltrán Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1094-2024 1094 Luis Antonio Hernández Barbosa Sin clasificar 📱 Solicitar
AP1099-2026 1099 Gerson Chaverra Castro Sin clasificar 📱 Solicitar

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