Acción Popular Por Unidad Sanitaria — Conflicto De Competencia Colombia



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Acción Popular Por Unidad Sanitaria — Conflicto De Competencia Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

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Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

Si ha recibido una decisión desfavorable en segunda instancia o ha sido parte de una acción popular relacionada con la construcción de unidades sanitarias para personas con movilidad reducida, es probable que se sienta frustrado y confundido. La acción popular es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios básicos y la infraestructura adecuada. Sin embargo, en este tipo de casos, pueden surgir conflictos de competencia entre diferentes juzgados, lo que puede complicar aún más la situación. En este artículo, exploraremos el caso de Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A., donde se presentó un conflicto de competencia entre dos juzgados, y analizaremos cómo la Corte Suprema de Justicia resolvió este asunto. Además, abordaremos qué es la casación y cómo puede ser un recurso para quienes se encuentran en una situación similar.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En el caso que nos ocupa, el demandante, Augusto Becerra Largo, presentó una acción popular ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, en Risaralda. Su intención era solicitar que Bancolombia S.A. construyera una unidad sanitaria pública adecuada para personas con movilidad reducida, cumpliendo con las normas técnicas pertinentes. En su escrito, Becerra Largo argumentó que el domicilio de la entidad demandada estaba en La Virginia, pero también mencionó que la vulneración de derechos ocurría en Medellín, Antioquia, específicamente en una dirección concreta. Inicialmente, el juez de La Virginia admitió la demanda, pero posteriormente declaró la nulidad de lo actuado, alegando que no era competente para conocer el caso, dado que el domicilio de la entidad demandada y el lugar de la presunta vulneración no se encontraban en su jurisdicción. Por su parte, el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín también se declaró incompetente, argumentando que los hechos que dieron lugar a la acción popular tenían lugar en todo el territorio nacional, lo que generó un conflicto de competencia que fue elevado a la Corte Suprema de Justicia para su resolución.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre los dos juzgados mencionados. La Corte se centró en determinar cuál de los dos juzgados tenía la jurisdicción adecuada para conocer la acción popular presentada por Becerra Largo, considerando las normas de competencia territorial y los factores que influyen en la asignación de casos a los diferentes juzgados. En su análisis, la Corte tuvo en cuenta la naturaleza de la acción popular, así como el domicilio de la entidad demandada y el lugar donde se alegó la vulneración de derechos. La Corte también revisó las disposiciones legales pertinentes que regulan la competencia en materia civil y de familia, para establecer cuál era el juez competente para conocer de la demanda.

“Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci�n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as�: (i) Los fueros concurrentes por elecci�n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2633-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02017-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Y el fuero contractual ata�e, finalmente, a �los procesos originados en un negocio jur�dico o que involucren t�tulos ejecutivos� en los que �es tambi�n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones�. (iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci�n a las espec�ficas funciones de los jueces en las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2633-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02017-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci�n territorial (pues opera �salvo disposici�n legal en contrario�); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci�n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni�os, ni�as o…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2633-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02017-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

¿Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece que la competencia de los jueces debe ser determinada por normas claras y precisas, que permitan a las partes conocer de antemano cuál es el juez que debe conocer de su caso. En este sentido, el Tratado señala que la competencia territorial se basa en el domicilio del demandado y el lugar donde ocurrieron los hechos que dan lugar a la acción. En el caso de la acción popular presentada por Becerra Largo, la Corte tuvo que aplicar estas normas para resolver el conflicto de competencia. La decisión de la Corte se fundamentó en la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos colectivos, que son el objetivo principal de las acciones populares. La Corte también enfatizó que la correcta asignación de competencia es esencial para evitar la dilación en la administración de justicia y para asegurar que los derechos de los ciudadanos sean efectivamente protegidos.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado de Casación Civil resalta la importancia de que los jueces actúen con celeridad y eficacia en la resolución de los casos, especialmente en aquellos que involucran derechos colectivos. Esto es fundamental en el contexto de las acciones populares, donde la protección de derechos fundamentales puede estar en juego. La Corte, al resolver el conflicto de competencia, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y la importancia de que las acciones populares sean tramitadas de manera adecuada y en el juzgado competente.

¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto del caso analizado, se pueden identificar varios errores que podrían dar lugar a la casación. Uno de los principales errores es la incorrecta interpretación de las normas de competencia. Si un tribunal se declara incompetente sin fundamento suficiente o si no aplica correctamente las reglas de competencia territorial, esto puede ser motivo de casación. Asimismo, si se presenta una vulneración del debido proceso, como la falta de oportunidad para que las partes expongan sus argumentos, también se puede considerar un motivo para recurrir a la casación. Otro error que puede dar lugar a la casación es la falta de motivación en las decisiones judiciales. Los jueces tienen la obligación de fundamentar sus decisiones de manera clara y coherente, y si no lo hacen, esto puede ser considerado un defecto que justifique la intervención de la Corte Suprema. En el caso de la acción popular, la correcta identificación de la competencia es crucial, ya que de ello depende la posibilidad de que los derechos colectivos sean efectivamente protegidos. Por lo tanto, cualquier error en este aspecto puede tener graves consecuencias para los ciudadanos que buscan justicia.

Nisimblat Law · Casacion Civil Colombia

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¿Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en casos de acción popular, como el que hemos analizado, procede cuando se cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley. En primer lugar, es necesario que la cuantía del asunto supere los mil salarios mínimos legales vigentes, lo que en la actualidad equivale a una suma considerable. Además, el plazo para interponer el recurso es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es importante que las partes actúen con celeridad, ya que el tiempo es un factor crucial en el proceso de casación. En cuanto a las causales de casación, estas pueden incluir la violación de normas sustantivas o procesales, así como la falta de motivación en las decisiones judiciales. También se puede alegar la existencia de errores de hecho o de derecho que hayan influido en el resultado del proceso. En el caso de las acciones populares, es fundamental que se respeten los derechos colectivos y que se garantice el acceso a la justicia, por lo que cualquier irregularidad en el proceso puede dar lugar a la casación.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

Maikel Nisimblat · Amazon, 2026 · 33 capitulos · 223 secciones

Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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¿Qué significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano que ha enfrentado una situación similar, es fundamental comprender que la acción popular es una herramienta poderosa para defender derechos colectivos. Sin embargo, también es importante estar atento a los procedimientos y a las decisiones judiciales que puedan afectar su caso. Si ha recibido una decisión desfavorable en segunda instancia o si se ha presentado un conflicto de competencia, es recomendable buscar asesoría legal para evaluar la posibilidad de interponer un recurso de casación. La casación puede ser una vía para corregir errores judiciales y garantizar que sus derechos sean protegidos adecuadamente. Además, es esencial conocer los plazos y requisitos para presentar este recurso, ya que el tiempo es un factor determinante en el proceso. En resumen, estar informado y contar con el apoyo adecuado puede marcar la diferencia en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de justicia.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre acción popular unidad sanitaria

1. ¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios básicos y la infraestructura adecuada. Se utiliza para reclamar la protección de derechos que afectan a un grupo de personas.

2. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, es necesario que exista una amenaza o vulneración de derechos colectivos. Además, la acción debe ser interpuesta ante el juez competente y cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley.

3. ¿Qué hacer si se recibe una decisión desfavorable en una acción popular? Si se recibe una decisión desfavorable, es posible interponer un recurso de apelación o, en ciertos casos, un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Es recomendable buscar asesoría legal para evaluar las opciones disponibles.

4. ¿Qué plazo tengo para interponer un recurso de casación? El plazo para interponer un recurso de casación es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es importante actuar con celeridad para no perder la oportunidad de recurrir.

Nisimblat Law · 27 anos en casacion civil

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MAIKEL NISIMBLAT - Director Juridico de Nisimblat Law

Abogado de la Universidad de los Andes. Harvard PON, MIT, Wharton AI, IBM AI Specialist, George Washington University School of Business. Especialista en litigio con mas de 27 anos de experiencia en casos de alta complejidad en Colombia. Creador de Energy Audit AI reconocido en Associated Press, Fox News y CBS, abril 2026.

Autor de las siguientes publicaciones:

  • Responsabilidad Contractual
  • Responsabilidad Extracontractual
  • Estudios sobre Casacion
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