Acción popular por falta de intérpretes — conflicto de competencia Colombia

La situación que se presenta en este caso es un claro reflejo de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad auditiva y visual en Colombia. Sebastián Colorado López, un ciudadano que busca garantizar el acceso a servicios básicos y la inclusión social, interpone una acción popular contra el Banco Davivienda S.A. por la falta de intérpretes que faciliten la comunicación para quienes padecen estas discapacidades. Este tipo de acciones son fundamentales para proteger derechos colectivos y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la información y servicios que necesitan. Sin embargo, el camino hacia la justicia no siempre es sencillo, y en este caso, se suscitó un conflicto de competencia entre dos juzgados que complicó aún más la situación. La casación se convierte en una herramienta crucial para resolver este tipo de conflictos y asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos. En este artículo, exploraremos los detalles de este caso, la decisión de la Corte Suprema y lo que significa para quienes se encuentran en situaciones similares.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso se origina cuando Sebastián Colorado López presenta una acción popular ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, solicitando que el Banco Davivienda contrate de manera permanente a un profesional intérprete y un guía intérprete. Esta solicitud se fundamenta en la Ley 982 de 2005, que busca garantizar la atención adecuada a personas con discapacidad auditiva y visual. En su demanda, el actor argumenta que la falta de intérpretes en la entidad bancaria vulnera los derechos de los usuarios con estas discapacidades, quienes requieren asistencia para poder acceder a los servicios ofrecidos por el banco en su sede ubicada en Medellín.

El juzgado de La Virginia admite la demanda y comienza el proceso correspondiente, notificando a las partes involucradas y al Ministerio Público. Sin embargo, en un giro inesperado, el juzgado declara la nulidad de todo lo actuado y decide remitir el caso al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín, argumentando que esta última autoridad era la competente debido a la ubicación de la entidad demandada. Sin embargo, el juzgado de Medellín también se declara incompetente, alegando que la acción popular debería ser tramitada en Risaralda, donde el actor había elegido inicialmente presentar la demanda. Este conflicto de competencia entre los dos juzgados es lo que finalmente lleva el caso a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la responsabilidad de dirimir la controversia y establecer cuál de los juzgados debe continuar con el trámite del proceso.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia se enfrenta a la tarea de resolver el conflicto de competencia entre los juzgados de La Virginia y Medellín. En su análisis, la Corte considera varios aspectos legales, incluyendo la normativa que rige la competencia en acciones populares. La Corte evalúa si la elección del fuero territorial realizada por el actor es válida y si los juzgados involucrados tienen la autoridad para decidir sobre el caso. En este contexto, se revisan los principios de la «perpetuatio jurisdictionis», que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede apartarse de él sin justificación. La Corte concluye que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia es el competente para seguir conociendo del trámite, lo que implica que el caso debe regresar a este juzgado para continuar con el proceso.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3518-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02606-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3518-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02606-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (26 en. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (19 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3518-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02606-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales que guían la resolución de conflictos de competencia en el ámbito judicial. En este caso, se hace referencia a la importancia de la correcta elección del fuero territorial por parte del actor en acciones populares. La normativa vigente permite que el demandante elija entre varios fueros concurrentes, lo que debe ser respetado por los juzgados. La Corte, al resolver el conflicto, se adhiere a estos principios, reafirmando que la elección del actor es vinculante y que cualquier error en esta elección debe ser discutido mediante los mecanismos procesales adecuados. Esto garantiza que se respeten los derechos de los ciudadanos y se mantenga la integridad del proceso judicial.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza la necesidad de que los jueces actúen con celeridad y respeten los derechos sustanciales de las partes involucradas. En este sentido, la Corte Suprema reitera que el juzgado que inicialmente asumió el caso debe continuar con su tramitación, evitando así dilaciones innecesarias que puedan perjudicar a los ciudadanos que buscan justicia.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la acción popular y el conflicto de competencia, existen varios errores que pueden dar lugar a la casación. Uno de los principales es la incorrecta interpretación de las normas que rigen la competencia territorial. Si un juzgado se declara incompetente sin justificación adecuada, esto puede ser motivo para interponer un recurso de casación. Asimismo, la falta de consideración de la voluntad del actor en la elección del fuero territorial también puede ser un error que justifique la revisión por parte de la Corte Suprema.

Otro aspecto relevante es la inobservancia de los principios de la «perpetuatio jurisdictionis», que impide que un juez se aparte de un caso que ya ha asumido sin una causa justificada. Si un juzgado decide trasladar un caso a otro sin fundamentos sólidos, esto podría ser considerado un error que afecte el derecho de las partes a un debido proceso. La Corte también puede intervenir si se presentan irregularidades en la notificación a las partes o en el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley. En resumen, cualquier acción que comprometa la correcta administración de justicia y los derechos de los ciudadanos puede dar lugar a un recurso de casación.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación procede en situaciones específicas, especialmente cuando se presentan errores en la interpretación o aplicación de la ley. En el caso de acciones populares, es fundamental que se cumplan ciertos requisitos para que el recurso sea admitido. Uno de estos requisitos es que la cuantía del asunto en cuestión debe ser igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Esto garantiza que solo los casos de relevancia significativa sean revisados por la Corte Suprema.

Además, el plazo para interponer el recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se impugna. Es importante que los actores estén atentos a este plazo, ya que su incumplimiento puede llevar a la pérdida del derecho a recurrir. En cuanto a las causales, el artículo 16 de la Ley 472 de 1998 establece que se puede recurrir a la casación si se han vulnerado derechos fundamentales o si se han cometido errores de procedimiento que afecten el resultado del proceso. Estos aspectos son cruciales para que los ciudadanos puedan acceder a la justicia y hacer valer sus derechos en situaciones de conflicto.

Que significa esto para usted?

Para aquellas personas que se encuentran en situaciones similares a la de Sebastián Colorado López, este caso representa una luz de esperanza en la lucha por la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. La decisión de la Corte Suprema de Justicia reafirma la importancia de garantizar el acceso a servicios básicos y la atención adecuada para todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones. Además, resalta la relevancia de las acciones populares como herramienta para defender derechos colectivos y promover cambios en la sociedad.

Si usted ha enfrentado situaciones de vulneración de derechos o ha intentado interponer acciones populares sin éxito, es fundamental que conozca sus derechos y las vías legales disponibles para hacerlos valer. La casación puede ser un recurso valioso para corregir errores en el proceso judicial y asegurar que se respeten sus derechos. No dude en buscar asesoría legal para entender mejor su situación y las opciones que tiene a su disposición. La justicia es un derecho de todos, y es fundamental que cada ciudadano se empodere para luchar por ella.

Preguntas frecuentes sobre acción popular conflicto de competencia

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano interponer una demanda para proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios básicos y la protección del medio ambiente.

¿Cuáles son las causales para interponer un recurso de casación? Las causales incluyen errores en la interpretación de la ley, vulneración de derechos fundamentales y irregularidades en el procedimiento judicial.

¿Qué requisitos debo cumplir para presentar una acción popular? Debe demostrar que existe una vulneración de derechos colectivos y que la acción busca proteger el interés general. Además, la cuantía debe ser igual o superior a 1.000 SMLMV.

¿Cuál es el plazo para interponer un recurso de casación? El plazo es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se impugna. Es crucial cumplir con este plazo para no perder el derecho a recurrir.

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