Acción popular por falta de intérpretes — conflicto de competencia Colombia

En el contexto de la acción popular, un hecho relevante ha surgido en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En este caso, Sebastián Colorado López presentó una acción popular contra el Banco Davivienda S.A. por la falta de intérpretes para usuarios con discapacidad auditiva y visual. Este tipo de acciones busca proteger derechos colectivos y, en este caso, se centra en la accesibilidad de los servicios financieros para personas con discapacidades. La situación refleja una problemática que afecta a muchas personas en el país, quienes a menudo se encuentran con barreras que limitan su acceso a servicios esenciales. La acción popular es un mecanismo que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos, pero en este caso, se ha visto envuelta en un conflicto de competencia judicial. Esto significa que dos juzgados diferentes se disputan la responsabilidad de conocer y resolver el caso. Tal situación puede ser confusa y frustrante para quienes buscan justicia, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales. La Corte Suprema, como máxima autoridad judicial, tiene la responsabilidad de dirimir este tipo de conflictos y garantizar que los casos sean atendidos de manera adecuada y oportuna.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El conflicto se originó cuando Sebastián Colorado López presentó una acción popular ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia. En su demanda, solicitó que el Banco Davivienda S.A. contratara de manera permanente a un profesional intérprete y a un guía intérprete. La razón detrás de esta solicitud era la necesidad de garantizar que los usuarios con discapacidades auditivas y visuales pudieran acceder a los servicios de la entidad financiera de manera adecuada, en cumplimiento de la Ley 982 de 2005. El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia admitió la demanda el 15 de enero de 2021, notificando a la entidad demandada y al Ministerio Público, así como a la Alcaldía de Itagüí. Sin embargo, el 19 de abril de 2021, este mismo juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado y rechazó la demanda, argumentando que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí era el competente para conocer el caso, dado que la sede del Banco Davivienda se encontraba en esa jurisdicción. Esta decisión fue controvertida, ya que el Juzgado de Itagüí también se negó a asumir el caso, alegando que la admisión de la acción popular por parte del Juzgado de La Virginia había prorrogado su competencia. Ante esta situación, se suscitó un conflicto de competencia entre ambos juzgados, lo que llevó a que el expediente fuera enviado a la Corte Suprema de Justicia para que resolviera la controversia.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre los dos juzgados involucrados. En este análisis, se consideraron varios aspectos legales, incluyendo la normativa que regula la competencia en materia de acciones populares. La Corte se basó en los artículos pertinentes del Código General del Proceso y de la Ley 270 de 1996, que establecen las pautas para determinar qué juzgado debe conocer un caso cuando hay discrepancias entre diferentes jurisdicciones. En este sentido, la Corte tuvo que decidir si el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había actuado correctamente al admitir la demanda y si, a pesar de la posterior nulidad, mantenía la competencia para continuar con el trámite del proceso.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3530-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02346-00 — M.P. [ver documento] — 15 de enero de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3530-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02346-00 — M.P. [ver documento] — 15 de enero de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (15 en. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (19 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3530-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02346-00 — M.P. [ver documento] — 15 de enero de 2021

¿Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia judicial y el manejo de acciones populares. En este contexto, se hace énfasis en que la elección del juzgado por parte del actor es vinculante, siempre que se ajuste a las normas establecidas. Esto significa que, si un demandante elige un juzgado específico para presentar su acción, esa elección debe ser respetada, a menos que existan razones legales que justifiquen un cambio de competencia. En el caso en cuestión, la Corte tuvo que considerar si la decisión del Juzgado de La Virginia de rechazar la demanda y enviarla a Itagüí era válida, dado que el actor había ejercido su derecho de elegir el juzgado donde presentar su acción. La Corte, al resolver el conflicto, reafirmó la importancia de respetar la voluntad del demandante y la estabilidad de la competencia judicial.

“Muchas de esas dificultades he logrado superarlas mediante el estudio sistemático de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de las posiciones asumidas por cada magistrado frente a los distintos problemas jurídicos sometidos a su consideración.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado también menciona que cualquier error en la elección del juzgado por parte del actor no debe perjudicar el derecho a la defensa y al acceso a la justicia. En este sentido, la Corte tuvo que evaluar si el Juzgado de La Virginia había actuado de manera adecuada al admitir la acción popular, a pesar de las dudas sobre su competencia. La decisión de la Corte se basó en la necesidad de garantizar que el proceso continuara en el juzgado donde se había iniciado, respetando así el principio de perpetuatio jurisdictionis, que impide que un juez se separe de los asuntos que le han sido asignados sin una justificación legal adecuada.

¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la acción popular y el conflicto de competencia, existen varios errores que pueden dar lugar a la casación. Uno de los principales errores es la incorrecta interpretación de la competencia territorial. La Ley 472 de 1998 establece que las acciones populares deben ser conocidas por el juez del lugar donde ocurrieron los hechos o por el juez del domicilio del demandado. Si un tribunal no respeta estas disposiciones y se aparta de la competencia que le corresponde, puede ser objeto de casación. Otro error común es la falta de motivación en las decisiones judiciales. La Corte ha señalado que los jueces deben fundamentar adecuadamente sus decisiones, especialmente cuando se trata de cuestiones de competencia. Si un tribunal no proporciona razones claras y suficientes para justificar su decisión de rechazar una demanda o de declinar competencia, esto puede ser considerado un error que dé lugar a la casación. Asimismo, la falta de consideración de los derechos fundamentales de los actores en el proceso puede ser un motivo para impugnar una decisión ante la Corte. En este sentido, si un tribunal no garantiza el acceso a la justicia o no protege adecuadamente los derechos de los ciudadanos, su decisión puede ser revisada por la Corte Suprema.

¿Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es procedente en casos como este cuando se han agotado todas las instancias judiciales y se ha dictado una sentencia en segunda instancia. En el caso de acciones populares, es importante tener en cuenta ciertos requisitos. Primero, la cuantía de la acción debe ser superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que garantiza que se trata de un asunto de relevancia. Además, el plazo para presentar el recurso de casación es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia de segunda instancia. En cuanto a las causales de casación, estas pueden incluir la violación de normas procesales, la falta de motivación en las decisiones judiciales y la incorrecta interpretación de las normas aplicables al caso. Es fundamental que el recurrente presente argumentos sólidos que demuestren cómo se han vulnerado sus derechos o cómo se ha cometido un error en la aplicación de la ley. La casación es un recurso extraordinario que busca garantizar la correcta aplicación del derecho y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

¿Qué significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano que ha presentado o está considerando presentar una acción popular, es fundamental entender el proceso judicial y las posibles complicaciones que pueden surgir. La situación del conflicto de competencia entre los juzgados es un recordatorio de que, a veces, el camino hacia la justicia puede ser complicado. Sin embargo, es importante saber que existen mecanismos legales, como el recurso de casación, que permiten revisar decisiones que pueden haber afectado sus derechos. Si se encuentra en una situación similar, es recomendable contar con el apoyo de un abogado que pueda guiarlo a través del proceso y ayudarlo a presentar su caso de manera efectiva. Además, es vital estar informado sobre sus derechos y las leyes que protegen a las personas con discapacidades, ya que esto puede ser clave para garantizar que se respeten sus derechos en situaciones de vulnerabilidad. La acción popular es una herramienta poderosa para defender derechos colectivos, pero su éxito depende de la correcta aplicación de la ley y del respeto a los procedimientos judiciales.

Preguntas frecuentes sobre acción popular conflicto de competencia

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos, como el acceso a servicios básicos, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de grupos vulnerables.

¿Qué hacer si se presenta un conflicto de competencia? Si se presenta un conflicto de competencia, el caso puede ser enviado a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la autoridad para resolver la controversia y determinar qué juzgado debe conocer el asunto.

¿Cuáles son los requisitos para presentar un recurso de casación? Para presentar un recurso de casación, es necesario que se haya agotado la vía judicial, que la cuantía de la acción sea superior a 1.000 SMLMV y que se presenten argumentos sólidos sobre la violación de derechos o errores en la aplicación de la ley.

¿Qué derechos protegen las acciones populares? Las acciones populares protegen derechos colectivos, como el acceso a servicios de salud, educación, vivienda, medio ambiente sano y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidades.

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