Acción popular por falta de intérprete en sucursal bancaria — conflicto de competencia Colombia

Recibir una notificación de un fallo en segunda instancia que no favorece tus intereses puede ser un momento desalentador. En este contexto, es importante entender que existen recursos legales que pueden ayudar a corregir situaciones que consideras injustas. Uno de estos recursos es el de la casación, que permite a los ciudadanos impugnar decisiones judiciales que no se ajustan a derecho. En este artículo, analizaremos un caso específico que involucra una acción popular por la falta de un intérprete en una sucursal bancaria, y cómo este se convirtió en un conflicto de competencia territorial entre dos juzgados. La acción popular es un mecanismo que permite a cualquier ciudadano proteger derechos e intereses colectivos, y en este caso, se planteó la pregunta de cuál era el juez competente para conocer del asunto. Si te encuentras en una situación similar, es fundamental que comprendas los aspectos legales que rodean tu caso y cómo puedes proceder para buscar justicia.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia involucró a Sebastián Colorado López, quien presentó una acción popular contra Banco Davivienda S.A. por la falta de un intérprete profesional en una de sus sucursales en Armenia, Quindío. En su demanda, el actor argumentó que la entidad bancaria no contaba con los recursos necesarios para atender a personas que requieren asistencia en su comunicación, lo que vulnera derechos fundamentales. La acción fue inicialmente admitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, que notificó a las partes involucradas, incluyendo a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, este juzgado posteriormente declaró la nulidad de lo actuado y rechazó la demanda, argumentando que carecía de competencia territorial, dado que la sucursal del banco se encontraba en Armenia, donde supuestamente se estaban vulnerando los derechos. Este rechazo llevó a que el juzgado remitiera el caso al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, que también declinó su competencia, generando así un conflicto de competencias entre ambos juzgados. La Corte Suprema tuvo que intervenir para resolver esta colisión y determinar cuál de los juzgados tenía la autoridad para conocer el caso.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema evaluó la competencia de los juzgados involucrados en el caso, considerando las disposiciones legales que regulan la materia. La Corte se centró en el principio de «perpetuatio jurisdictionis», que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede declinar su competencia a menos que existan razones excepcionales. Además, se revisaron las normas sobre la competencia territorial en acciones populares, que permiten al demandante elegir el juez del lugar donde ocurrieron los hechos o el del domicilio del demandado. La Corte tuvo que determinar si el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había actuado correctamente al asumir inicialmente la competencia y si había motivos para que se declinara a favor del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia.

“De ah� que para casos de varios domicilios, o situaciones f�cticas relacionadas con una sucursal o agencia espec�fica de una persona jur�dica que sea convocada, con base en la distribuci�n racional de los asuntos a cargo de los jueces, para un mejor ejercicio de sus funciones, como tambi�n para facilitar al promotor la elecci�n del fuero…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2731-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01920-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Con todo, revisado este punto de competencia en las acciones populares, a partir del auto AC193 de 2017, se dilucid� que el citado segmento normativo de la ley 472 de 1998, no contempl� soluci�n para los eventos en que el accionado tiene varios domicilios, o es una persona jur�dica con sucursales o agencias, y los hechos respectivos se relacionan…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2731-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01920-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Obs�rvese c�mo esa pauta impide la concentraci�n de litigios contra una persona jur�dica en su domicilio principal, y tambi�n evita que pueda demandarse en el lugar de cualquier sucursal o agencia, eventualidades que ir�an en perjuicio de la comentada distribuci�n racional entre los distintos jueces del pa�s, pero tambi�n contra los potenciales…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC2731-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01920-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece que en los casos de acciones populares, la competencia se determina por el lugar donde ocurrieron los hechos o el domicilio del demandado. Esto significa que el demandante tiene la facultad de elegir ante cuál juez presentar su demanda, lo que es fundamental para garantizar el acceso a la justicia. En el contexto de este caso, la Corte tuvo que interpretar cómo se aplican estas normas cuando se trata de entidades que tienen sucursales en diferentes localidades. La falta de regulación específica en la ley 472 de 1998 sobre qué hacer en casos de múltiples domicilios o sucursales complicó la situación, y la Corte tuvo que buscar una solución que garantizara tanto los derechos del demandante como el debido proceso para el demandado.

“Muchas de esas dificultades he logrado superarlas mediante el estudio sistemático de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de las posiciones asumidas por cada magistrado frente a los distintos problemas jurídicos sometidos a su consideración.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

La Corte también enfatizó la importancia de la «perpetuatio jurisdictionis», que protege la estabilidad del proceso judicial una vez que se ha iniciado. Esto significa que, a pesar de las disputas sobre la competencia, el juez que inicialmente asumió el caso debe continuar con su conocimiento, a menos que se presente una objeción válida por parte del demandado. En este caso, la Corte concluyó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había actuado correctamente al admitir la demanda y que no había razones para que se declinara su competencia.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de este caso, varios errores procesales podrían dar lugar a un recurso de casación. En primer lugar, la falta de competencia territorial es uno de los motivos más comunes para impugnar una decisión judicial. Si un juez asume un caso que no le corresponde según la ley, esto puede ser motivo suficiente para que la parte afectada solicite la casación. Además, si el juez no sigue el procedimiento adecuado al admitir o rechazar una demanda, esto también puede ser considerado un error. Por ejemplo, si no se notifica a todas las partes involucradas o si se omiten pasos esenciales en el proceso, esto podría dar lugar a la nulidad de lo actuado. La Corte también ha señalado que la falta de motivación en las decisiones judiciales puede ser un motivo para la casación, ya que todos los fallos deben estar debidamente fundamentados. En este caso, la Corte tuvo que evaluar si los juzgados habían actuado conforme a derecho y si habían respetado los principios procesales establecidos en la ley.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación procede en situaciones específicas, y es importante que los ciudadanos conozcan los requisitos para interponerlo. En primer lugar, la cuantía del asunto debe ser superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Esto significa que, si el valor de lo reclamado en la acción popular no alcanza esta cifra, no se podrá presentar el recurso. Además, el plazo para interponer la casación es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es fundamental que el demandante actúe dentro de este plazo, ya que la caducidad del recurso puede resultar en la pérdida de la oportunidad de buscar justicia. Por último, es necesario que se aleguen causales específicas de casación, como la falta de competencia, errores en la aplicación de la ley o la violación de derechos fundamentales. Conocer estos requisitos es esencial para quienes se enfrentan a una decisión judicial desfavorable y desean explorar sus opciones legales.

Que significa esto para usted?

Para quienes se encuentran en situaciones similares a la del caso analizado, es fundamental comprender que el sistema judicial ofrece mecanismos para proteger sus derechos. La acción popular es una herramienta poderosa que permite a los ciudadanos defender intereses colectivos y exigir que se respeten sus derechos. Sin embargo, es igualmente importante estar bien informado sobre los procedimientos y requisitos legales que deben cumplirse para que estas acciones sean efectivas. Si ha recibido un fallo en segunda instancia que considera injusto, es posible que tenga la opción de interponer un recurso de casación. En este sentido, contar con el apoyo de un abogado especializado puede ser crucial para navegar por el complejo sistema judicial y maximizar sus posibilidades de éxito en la búsqueda de justicia.

Preguntas frecuentes sobre acción popular competencia territorial

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos e intereses colectivos, como el acceso a servicios públicos adecuados.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, se debe demostrar que existe una vulneración de derechos colectivos y que se busca proteger un interés general.

¿Qué hacer si se pierde en segunda instancia? Si se pierde en segunda instancia, se puede interponer un recurso de casación si se cumplen los requisitos de cuantía y plazo establecidos por la ley.

¿Cuáles son las causales de casación más comunes? Las causales de casación más comunes incluyen la falta de competencia, errores en la aplicación de la ley y violaciones a derechos fundamentales.

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