Acción popular contra Davivienda S.A. — conflicto de competencia Colombia

Recibir una notificación de un fallo en segunda instancia puede ser un momento difícil y confuso. En este caso, se trata de una acción popular promovida por Sebastián Colorado contra Davivienda S.A., donde se plantea un conflicto de competencia entre dos juzgados. Este tipo de situaciones son comunes en el ámbito judicial, y es fundamental entender qué implica una acción popular y cómo se resuelven los conflictos de competencia. La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos colectivos que han sido vulnerados, como el acceso a servicios públicos, la protección del medio ambiente, entre otros. Sin embargo, cuando surgen conflictos sobre cuál es el juez competente para conocer de la acción, se puede generar incertidumbre sobre el futuro del proceso. En este artículo, exploraremos los detalles de este caso, la decisión de la Corte Suprema y lo que esto significa para quienes se encuentran en situaciones similares.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En este caso, Sebastián Colorado presentó una acción popular contra Davivienda S.A. ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda. El demandante solicitó que se ordenara a la entidad bancaria contratar de planta un profesional intérprete y un profesional guía intérprete en su sede. A pesar de que el domicilio de Davivienda se encontraba en La Virginia, el sitio de vulneración de los derechos colectivos se ubicaba en Bogotá, Cundinamarca. Inicialmente, el juez de La Virginia admitió la demanda, pero posteriormente declaró la nulidad de todo lo actuado, argumentando que no era el lugar adecuado para conocer el caso, dado que el domicilio principal de la entidad demandada no estaba en ese municipio y la vulneración se producía en otro lugar.

El Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, al recibir el expediente, también se declaró incompetente para conocer del asunto, argumentando que el Juzgado Promiscuo de La Virginia había admitido la acción sin que se hubiera presentado objeción alguna sobre la falta de jurisdicción. Este intercambio de argumentos entre los dos juzgados generó un conflicto de competencia que fue elevado a la Corte Suprema de Justicia para su resolución. La Corte tuvo que decidir cuál de los dos juzgados era el competente para seguir con el trámite de la acción popular promovida por Colorado.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia evaluó el conflicto de competencia entre los dos juzgados involucrados en el caso. Se centró en la interpretación de las normas que regulan la competencia territorial en acciones populares, así como en los principios establecidos en la legislación colombiana. La Corte tuvo en cuenta que, según la Ley 472 de 1998, el juez competente para conocer de una acción popular es el del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado, a elección del actor. En este caso, la Corte debía determinar si el juez de La Virginia o el de Bogotá tenía la competencia para conocer de la acción popular presentada por Sebastián Colorado.

“Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci�n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as�: (i) Los fueros concurrentes por elecci�n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3556-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02797-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Y el fuero contractual ata�e, finalmente, a �los procesos originados en un negocio jur�dico o que involucren t�tulos ejecutivos� en los que �es tambi�n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones�. (iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci�n a las espec�ficas funciones de los jueces en las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3556-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02797-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci�n territorial (pues opera �salvo disposici�n legal en contrario�); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci�n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni�os, ni�as o…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3556-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02797-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

¿Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia en los procesos judiciales, incluyendo las acciones populares. Según el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, el juez competente es aquel del lugar donde ocurrieron los hechos o el del domicilio del demandado, y el actor tiene la libertad de elegir entre estas opciones. Este principio es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos colectivos. En el caso de la acción popular contra Davivienda, la Corte tuvo que aplicar estos principios para resolver el conflicto de competencia que se había presentado entre los juzgados de La Virginia y Bogotá.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza que una vez que el juez ha admitido la demanda, conserva su competencia a menos que se presente una objeción válida sobre su jurisdicción. Esto significa que, en situaciones como la de Sebastián Colorado, una vez que se ha activado la jurisdicción, el juez no puede apartarse de su competencia sin una justificación adecuada.

¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

La casación es un recurso que se interpone ante la Corte Suprema de Justicia para revisar decisiones de tribunales inferiores. Existen varias causales que pueden dar lugar a la casación, especialmente en casos donde se presentan errores de hecho o de derecho. En el contexto de un conflicto de competencia, los errores pueden incluir la incorrecta interpretación de las normas que regulan la competencia territorial, así como la falta de aplicación de los principios establecidos en la legislación.

Por ejemplo, si un tribunal declara su incompetencia sin considerar adecuadamente el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, esto puede ser motivo para interponer un recurso de casación. Asimismo, si se ignoran las reglas de conservación de la competencia, donde un juez que ha admitido una demanda no puede apartarse de su conocimiento sin una objeción válida, también se puede considerar un error que justifique la casación. En este sentido, es fundamental que los jueces actúen conforme a las normas y principios establecidos para evitar que sus decisiones sean objeto de revisión por parte de la Corte Suprema.

¿Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación procede en situaciones específicas, y es importante que los interesados conozcan los requisitos necesarios para su interposición. En el caso de acciones populares, uno de los requisitos es que la cuantía del asunto sea superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Esto implica que la acción debe tener un valor significativo para que se pueda considerar la posibilidad de casación.

Además, el plazo para presentar el recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es fundamental que los interesados actúen con prontitud, ya que el tiempo es un factor crítico en el proceso judicial. Las causales de casación son diversas y pueden incluir errores en la interpretación de las normas de competencia, así como la falta de aplicación de principios fundamentales que rigen el acceso a la justicia. Por lo tanto, es esencial que quienes se encuentren en situaciones similares a la de Sebastián Colorado comprendan estos aspectos para poder tomar decisiones informadas sobre su caso.

¿Qué significa esto para usted?

Entender el proceso de casación y los conflictos de competencia es crucial para cualquier persona que se vea involucrada en acciones populares o en litigios similares. La decisión de la Corte Suprema en el caso de Sebastián Colorado contra Davivienda S.A. no solo afecta a las partes involucradas, sino que también establece precedentes importantes para futuros casos. Si usted ha presentado una acción popular y se encuentra en una situación similar, es fundamental que busque asesoría legal adecuada para entender sus derechos y opciones.

La casación puede ser una herramienta poderosa para corregir errores judiciales y garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, es importante actuar con rapidez y estar al tanto de los plazos y requisitos necesarios para interponer el recurso. Recuerde que cada caso es único y que contar con el apoyo de un abogado experimentado puede hacer una gran diferencia en el resultado de su situación legal.

Preguntas frecuentes sobre acción popular Davivienda conflicto competencia

1. ¿Qué es una acción popular?
Una acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos colectivos que han sido vulnerados, como el acceso a servicios públicos o la protección del medio ambiente.

2. ¿Qué hacer si se presenta un conflicto de competencia?
En caso de un conflicto de competencia, es fundamental que las partes involucradas consulten con un abogado para determinar el curso de acción adecuado y si es necesario interponer un recurso de casación.

3. ¿Cuáles son los plazos para presentar un recurso de casación?
El plazo para presentar un recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar.

4. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que proceda la casación?
Para que proceda la casación, la cuantía del asunto debe ser superior a 1.000 SMLMV, y deben existir causales que justifiquen la revisión de la decisión tomada por el tribunal inferior.

← Ver guia completa de casacion civil en Colombia