Acción popular por atención a discapacitados — conflicto de competencia Colombia

La situación de las personas con discapacidad auditiva y visual en Colombia es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en el ámbito de la atención que reciben de las entidades financieras. En este contexto, se ha presentado un caso que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se discute la competencia de los juzgados para conocer de una acción popular. Este tipo de acciones se utilizan para proteger derechos colectivos, y en este caso, se busca que una entidad bancaria contrate intérpretes que faciliten la atención a usuarios con discapacidad. Si usted se encuentra en una situación similar, donde ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es importante entender qué significa este proceso y cómo puede afectarle. La casación es un recurso que se interpone ante la Corte Suprema para revisar decisiones de instancias inferiores, y su objetivo es garantizar la correcta aplicación de la ley. A continuación, analizaremos el caso en detalle, los aspectos que la Corte tuvo en cuenta y qué implicaciones puede tener para usted.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso en cuestión involucra una acción popular presentada por Sebastián Colorado López contra el Banco Davivienda S.A. La demanda se originó debido a la falta de atención adecuada a usuarios con discapacidad auditiva y visual en una de las sucursales de la entidad bancaria ubicada en Itagüí. El demandante solicitó que se ordenara a la entidad financiera la contratación de un profesional intérprete y un profesional guía intérprete, tal como lo establece la Ley 982 de 2005, con el fin de asegurar que los usuarios con estas discapacidades pudieran recibir la atención que requieren. Inicialmente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia admitió la demanda y comenzó a tramitarla. Sin embargo, posteriormente, este juzgado declaró la nulidad de lo actuado y rechazó el libelo, argumentando que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí era el competente para conocer el caso, dado que la entidad demandada tiene su sede en esa localidad. Esta decisión generó un conflicto de competencia entre ambos juzgados, lo que llevó a que el expediente fuera enviado a la Corte Suprema para que resolviera la controversia.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia que surgió entre los dos juzgados involucrados en el caso. En este sentido, se centró en determinar cuál de los juzgados tenía la autoridad para conocer la acción popular presentada por el demandante. La Corte consideró que, dado que la competencia en materia de acciones populares está regida por normas específicas, era necesario analizar si se habían seguido los procedimientos adecuados en la elección del juzgado por parte del demandante. La Corte también tuvo en cuenta que, aunque el Juzgado de La Virginia había asumido inicialmente el caso, posteriormente había declarado la nulidad de sus actuaciones, lo que complicó aún más la situación. En este contexto, la Corte decidió que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia era el competente para continuar con el trámite de la acción popular.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3530-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02346-00 — M.P. [ver documento] — 15 de enero de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3530-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02346-00 — M.P. [ver documento] — 15 de enero de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (15 en. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (19 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3530-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02346-00 — M.P. [ver documento] — 15 de enero de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece lineamientos claros sobre la competencia de los juzgados en el contexto de acciones populares. Según este tratado, la competencia se determina por el lugar donde ocurrieron los hechos o el domicilio del demandado. En este caso, el demandante eligió el Juzgado de La Virginia, lo que debería haber sido suficiente para que este juzgado continuara con el proceso. Sin embargo, la decisión del juzgado de rechazar la demanda y enviarla a otro juzgado generó un conflicto que debía ser resuelto por la Corte Suprema. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la importancia de seguir los procedimientos establecidos para evitar que se vulneren los derechos de los ciudadanos que buscan justicia a través de acciones populares.

“Muchas de esas dificultades he logrado superarlas mediante el estudio sistemático de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de las posiciones asumidas por cada magistrado frente a los distintos problemas jurídicos sometidos a su consideración.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado menciona que los actores en acciones populares tienen la facultad de elegir el juzgado que conocerá su caso, siempre que se ajuste a las normas pertinentes. Si se presenta un error en esta elección, el juzgado que asume el caso no puede simplemente desentenderse de él, a menos que existan causas justificadas para ello. En este caso, la Corte reafirmó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia debía continuar con el trámite, ya que no había justificación para que se apartara del caso.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es fundamental identificar los errores que pueden dar lugar a este recurso. En el caso analizado, se evidencian varios aspectos que podrían considerarse errores del tribunal. Primero, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia asumió inicialmente el caso, pero luego decidió declinar su competencia sin justificación adecuada. Este tipo de decisiones pueden ser cuestionadas a través de la casación, ya que afectan el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia. Segundo, la falta de claridad en la aplicación de las normas sobre competencia puede dar lugar a confusiones y conflictos entre juzgados, lo que también es un motivo para solicitar la revisión de la decisión. Además, si un juzgado no sigue los procedimientos establecidos para la admisión y tramitación de una acción popular, esto puede ser considerado un error que justifique la casación. En resumen, cualquier decisión que no respete los principios de celeridad, prevalencia del derecho sustancial y preclusión puede ser objeto de revisión por parte de la Corte Suprema.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo que se puede utilizar en situaciones específicas, como en el caso de acciones populares. Para que proceda este recurso, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. En primer lugar, la cuantía del asunto debe ser superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que garantiza que se trate de un asunto de relevancia. Además, el plazo para interponer el recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales, el Código General del Proceso establece varias que pueden dar lugar a la casación, como la violación de normas procesales o sustantivas, la falta de motivación en las decisiones judiciales o la existencia de errores en la interpretación de la ley. En este sentido, es fundamental que los ciudadanos conozcan estos requisitos y causales para poder ejercer su derecho a la justicia de manera efectiva.

Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano que ha estado involucrado en un proceso judicial, es fundamental comprender las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema en este caso. Si ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es posible que se sienta frustrado o confundido. Sin embargo, es importante recordar que la casación es una herramienta que puede ayudar a corregir errores en la aplicación de la ley y garantizar que se respeten sus derechos. En situaciones como la presentada en este caso, donde se busca proteger los derechos de personas con discapacidad, la acción popular se convierte en un mecanismo vital para lograr cambios en la atención que reciben. Por lo tanto, si se encuentra en una situación similar, no dude en buscar asesoría legal para entender sus opciones y cómo puede proceder en su caso particular.

Preguntas frecuentes sobre acción popular competencia juzgados

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios adecuados para personas con discapacidad.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, se debe demostrar que existe una vulneración a derechos colectivos y que se busca una solución a través de la justicia.

¿Qué hacer si se pierde en segunda instancia? Si se pierde en segunda instancia, se puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

¿Cómo se determina la competencia de los juzgados? La competencia de los juzgados se determina por factores como el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, según lo establecido en la ley.

← Ver guia completa de casacion civil en Colombia