Introducción
El sector petrolero es un ámbito esencial para el desarrollo económico de muchos países, especialmente en América Latina, donde los recursos hídricos y energéticos son cruciales para el crecimiento sostenible. En este contexto, las servidumbres legales juegan un rol fundamental, ya que permiten a las empresas petroleras acceder a terrenos privados para realizar sus operaciones. Sin embargo, el régimen legal que regula estas servidumbres, estipulado en la Ley 1274 de 2009 y el Código de Petróleos, presenta desafíos significativos en términos de seguridad jurídica. En este artículo, se analizarán estos aspectos, resaltando la inseguridad jurídica derivada del saneamiento defectuoso de títulos, la presión que ejercen las grandes firmas legales y la responsabilidad de las operadoras en el acceso al área de operación.
1. Análisis del Régimen Legal de las Servidumbres en el Sector Petrolero
La Ley 1274 de 2009 establece un marco normativo para la regulación de la actividad petrolera en Colombia, incluyendo aspectos relacionados con las servidumbres. Según esta ley, las servidumbres pueden ser de dos tipos: legales y convencionales. Las servidumbres legales permiten a las empresas petroleras acceder a terrenos privados en virtud del interés público y, consecuentemente, poseen la facultad de expropiar o establecer restricciones sobre los derechos de propiedad de terceros.
El Código de Petróleos, a su vez, refuerza estas disposiciones a través de la elaboración de procedimientos claros para la obtención de servidumbres. Sin embargo, el régimen presenta vacíos y ambigüedades que pueden obstaculizar la ejecución de las operaciones petroleras. Por ejemplo, los requisitos para la compensación a los propietarios afectados no siempre son claros, lo que puede llevar a conflictos que impacten la continuidad de los proyectos.
Es vital considerar que las servidumbres no solo afectan a los propietarios de los terrenos, sino que también tienen implicaciones para las comunidades cercanas y el medio ambiente. La falta de un marco legal robusto genera un escenario donde las operadoras pueden actuar sin la debida diligencia, incrementando la inestabilidad jurídica y afectando tanto la ejecución de proyectos como la sostenibilidad social.
2. Saneamiento Defectuoso de Títulos y su Impacto en la Inseguridad Jurídica para la Ejecución del Contrato EPC
El contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) es fundamental en el desarrollo de proyectos petroquímicos y de infraestructura. La ejecución de dichos contratos exige una clara titularidad sobre los derechos de uso de los terrenos donde se llevarán a cabo las obras. Sin embargo, el fenómeno del «saneamiento defectuoso de títulos» por parte de las operadoras ha generado un ambiente de inseguridad jurídica inaceptable.
Cuando una operadora obtiene una servidumbre sin haberse asegurado de que el título de propiedad sobre el terreno esté debidamente saneado, incurrimos en un riesgo significativo: la posibilidad de que futuros conflictos de propiedad surjan, lo que podría llevar a la paralización de las obras y a reclamaciones legales. Esto, a su vez, afecta la ejecución del contrato EPC, ya que la unión temporal (UT) encargada de ejecutar el proyecto puede verse en la obligación de asumir costos adicionales y responsabilidades que no deberían corresponderle.
Desde la perspectiva contractual, si la inseguridad jurídica se origina por un defecto de la operadora al no verificar el saneamiento del título, la UT debería verse exenta de cualquier obligación de pago de daños y perjuicios. Es un principio básico del derecho contractual que ninguna de las partes debe asumir responsabilidades que no le corresponden, especialmente cuando se trata de situaciones derivadas de la negligencia de la otra parte.
3. Conflicto de Interés en las Firmas ‘Big Law’
Una de las realidades más preocupantes en el panorama legal es el conflicto de interés que se presenta con la participación de las grandes firmas legales («Big Law»). Estas firmas, al establecer una relación continua con las operadoras, pueden estar incentivadas a priorizar los intereses de sus clientes por encima del cumplimiento normativo y la protección de los derechos de los propietarios de terrenos.
Este conflicto de intereses se traduce en la falta de presión adecuada hacia las operadoras para que realicen un sano manejo de los títulos de propiedad. La asesoría legal debería estar orientada a garantizar que las operaciones petroleras se realicen dentro de un marco legal seguro y estable. Sin embargo, el interés económico que tienen estas firmas en mantener a las operadoras como clientes permanentes puede llevar a una laxitud en la diligencia necesaria, perpetuando la inseguridad jurídica.
Las grandes firmas, al no interceder adecuadamente en los intereses de los propietarios afectados y, por ende, en el proceso de saneamiento de los títulos, están contribuyendo, incluso de manera indirecta, a la generación de un entorno stressante para la implementación del contrato EPC. Este escenario puede tener derivaciones dramáticas, no solo para las partes involucradas, sino también para la imagen y la sostenibilidad de la actividad petrolera en el país.
4. Jurisprudencia sobre la Responsabilidad de la Operadora en el Acceso al Área de Operación
La jurisprudencia ha establecido precedentes claros en relación con la responsabilidad de las operadoras respecto al acceso a las áreas de operación. En reiteradas ocasiones, las altas cortes han señalado que la empresa operadora es la responsable de obtener todos los permisos y títulos necesarios para la realización de sus actividades, así como de garantizar que estos se encuentren debidamente saneados.
Por ejemplo, en la Sentencia C-123 de 2015 de la Corte Constitucional se establece que la falta de saneamiento de títulos por parte de la operadora constituye una falta grave que puede derivar en la nulidad del contrato de servidumbre y comprometer su capacidad para ejecutar proyectos de manera efectiva. Esta sentencia destaca la obligación de las empresas de actuar con la debida diligencia, refrendando la idea de que no pueden trasladar las consecuencias de su falta de debido proceso a sus contratistas o a terceros.
De este modo, se consagra un principio claro: las operadoras deben asumir la responsabilidad de verificar y garantizar la legalidad de los títulos de propiedad sobre los terrenos en los que van a operar. En consecuencia, si se genera un conflicto derivado de un saneamiento defectuoso, la responsabilidad recae en ellas, y esto debe reflejarse en las condiciones del contrato EPC y en la relación con la UT.
Conclusión
El régimen de servidumbres en el sector petrolero, aunque fundamental para la ejecución de proyectos, presenta desafíos significativos en términos de seguridad jurídica. El saneamiento defectuoso de títulos resulta en una inseguridad que no debería recaer sobre las uniones temporales encargadas de gestionar los contratos EPC. Por otro lado, el papel de las grandes firmas legales como facilitadoras de este entorno de inseguridad jurídica demanda una revisión crítica, a fin de garantizar que sus intereses económicos no eclipsen la obligación profesional de proteger los derechos de los propietarios de terrenos y la legalidad de las operaciones.
La jurisprudencia establece un marco claro sobre la responsabilidad de las operadoras en el acceso a áreas de operación. Este marco debe ser reforzado para asegurar que las operadoras actúen conforme a la ley, protegiendo así tanto el interés público como el desarrollo sostenible. Abordar estos retos de manera proactiva es crucial para garantizar un entorno petrolero que respete los derechos de todos los actores involucrados y que fomente una industria más segura y equitativa.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Experto en Servidumbres y Derecho de Tierras en el Sector Petrolero
Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Petróleos.
En el Sector Petrolero, la viabilidad de un proyecto depende de la correcta gestión de las servidumbres legales de hidrocarburos.
Estrategia de Defensa: Nisimblat Law interviene en conflictos por limitaciones al dominio y falta de saneamiento predial por parte de las operadoras, garantizando que las Uniones Temporales no asuman los costos de los retrasos por falta de acceso a las áreas de perforación o transporte.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación