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Casación Penal Colombia

Funcionaria condenada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales — contrato sin cumplimiento de requisitos legales — casación penal Colombia



Funcionaria condenada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales — contrato sin cumplimiento de requisitos legales — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La administración pública enfrenta desafíos constantes en cuanto a la legalidad y transparencia en la contratación. En este contexto, la condena de una funcionaria por suscribir un contrato sin cumplir con los requisitos legales establecidos genera preocupación y resalta la importancia de seguir los procedimientos adecuados. La falta de cumplimiento de las normativas puede acarrear no solo sanciones penales, sino también un deterioro en la confianza pública hacia las instituciones. Es fundamental que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad y ética, garantizando que cada decisión y cada contrato se ajusten a la ley. La reciente sentencia que condena a una funcionaria por este tipo de irregularidades pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia constante y un marco legal robusto que proteja los recursos públicos y asegure su correcta utilización. La sociedad tiene el derecho de exigir transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, y cada caso de este tipo debe ser analizado con rigor y seriedad.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En este caso, la funcionaria fue condenada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras suscribir un convenio que no cumplía con las exigencias legales establecidas. La investigación se inició en 2011, cuando la Fiscalía abrió un proceso por la suscripción de un contrato que, aunque aparentaba ser un convenio de cooperación, en realidad, se trataba de un contrato que debía haber seguido un proceso de licitación pública. A pesar de que los recursos utilizados provenían de las Empresas Públicas de Neiva, la funcionaria no cumplió con los principios de transparencia y legalidad, lo que llevó a su condena. La sentencia inicial fue emitida por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Neiva, y posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Neiva. La defensa interpuso un recurso de casación, argumentando violaciones al debido proceso y la falta de competencia del fiscal en el manejo del caso, lo que generó un debate sobre la legalidad de las actuaciones procesales previas.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal analizó los argumentos presentados por la defensa, centrándose en la supuesta violación de derechos fundamentales y en la competencia del fiscal que llevó a cabo la investigación. Se discutió si el fiscal había actuado dentro de sus facultades al continuar con el proceso a pesar de que la funcionaria había adquirido fuero tras ser elegida gobernadora. La Corte evaluó si este hecho afectó el debido proceso y si las decisiones tomadas por el fiscal fueron válidas. La Sala concluyó que, aunque existieron cuestionamientos sobre el manejo del caso, no se evidenció una violación que justificara la admisión del recurso de casación. Esto implica que la Corte consideró que las actuaciones del fiscal no comprometieron la validez del proceso judicial y que la condena se sustentó en pruebas suficientes que demostraron la responsabilidad de la funcionaria en el delito imputado.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP2274-2023

M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán · Radicación ·

Primer cargo –principal- de nulidad con sustento en la causal tercera de casación. Es menester señalar que la causal prevista en el artículo 207, numeral 3°, de la Ley 600 de 2000 (régimen aplicable al presente asunto), en efecto, se erige en el camino para denunciar violaciones procesales o de garantías. Y, si bien, su demostración opera menos exigente que la inherente a otras especies de vicios, ello no implica que la correspondiente solicitud

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP2274-2023 — M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Los errores que pueden dar lugar a un recurso de casación se encuentran en las causales establecidas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre ellos, se destacan la violación de derechos fundamentales, la falta de competencia del juez o fiscal, y la incorrecta interpretación o aplicación de la ley. En este caso, la defensa argumentó que la falta de competencia del fiscal, al no remitir el caso a la autoridad correspondiente tras la adquisición del fuero, constituía un vicio que afectaba el debido proceso. Además, se alegó que el proceso se había llevado a cabo de manera irregular, lo que podría haber influido en el resultado del juicio. Sin embargo, la Sala de Casación Penal determinó que, a pesar de los errores procesales, no se configuraron causales que justificaran la anulación de la sentencia condenatoria, lo que resalta la importancia de la correcta aplicación de la ley y la necesidad de que los funcionarios actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en los casos en que se alegue la violación de derechos fundamentales, errores en la aplicación de la ley o falta de competencia de los jueces. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el término para la interposición del recurso es de 5 días, y la demanda debe presentarse ante el tribunal correspondiente dentro de los 30 días siguientes. Es fundamental que el demandante argumente de manera clara y precisa las razones por las cuales considera que la sentencia es errónea, ya que la Corte no admite correcciones por parte del demandante. La casación es un recurso extraordinario que busca garantizar la correcta aplicación de la justicia y la protección de los derechos de los involucrados, por lo que su uso debe ser fundamentado y justificado.

¿Qué significa esto para usted?

La condena de una funcionaria por contrato sin cumplimiento de requisitos legales es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la legalidad en la administración pública. Para los ciudadanos, este tipo de casos subraya la necesidad de exigir responsabilidad y ética en el manejo de los recursos públicos. La decisión de la Sala de Casación Penal también resalta la relevancia de conocer los derechos y procedimientos legales, tanto para los acusados como para las víctimas. En un sistema judicial donde la casación puede ser un recurso para corregir errores, es esencial que los ciudadanos comprendan cómo funciona este proceso y cuáles son sus derechos en situaciones similares. La confianza en las instituciones se fortalece cuando se actúa con justicia y se respetan los principios legales, lo que beneficia a toda la sociedad.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un contrato sin cumplimiento de requisitos legales?
Es un contrato que se celebra sin seguir los procedimientos y requisitos establecidos por la ley, lo que puede llevar a la nulidad del mismo y a sanciones para los responsables.

¿Cuáles son las consecuencias de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales?
Las consecuencias incluyen sanciones penales, administrativas y la nulidad del contrato. Además, puede afectar la reputación de los funcionarios involucrados.

¿Cómo se puede interponer un recurso de casación?
El recurso de casación se interpone ante el tribunal correspondiente dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia, y la demanda debe presentarse en un plazo de 30 días.

¿Qué derechos tiene un acusado en un proceso penal?
El acusado tiene derecho a un debido proceso, a la defensa, a ser informado de los cargos en su contra y a presentar pruebas en su favor, entre otros derechos fundamentales.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Casación Colombia

Falta de baño público para discapacitados — conflicto de competencia Colombia



Falta de baño público para discapacitados — conflicto de competencia Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

La situación que enfrenta muchas personas con discapacidad en Colombia es alarmante, especialmente cuando se trata de la falta de instalaciones adecuadas en espacios públicos. Un caso reciente que ha captado la atención es el de Uner Augusto Becerra Largo, quien presentó una acción popular contra Bancolombia S.A. por la ausencia de un baño público accesible para personas que se movilizan en silla de ruedas. Este tipo de acciones son fundamentales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pero también generan conflictos de competencia judicial que pueden complicar el proceso. Si usted se encuentra en una situación similar, es importante entender qué es la casación y cómo puede influir en su caso. La casación es un recurso que permite revisar decisiones judiciales para asegurar que se respeten los derechos fundamentales y se aplique correctamente la ley. En este artículo, analizaremos el caso de Becerra Largo y cómo la Corte Suprema de Justicia resolvió el conflicto de competencia entre dos juzgados.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso inicia cuando Uner Augusto Becerra Largo decide presentar una acción popular en contra de Bancolombia S.A., argumentando que la entidad no cuenta con un baño público apto para personas discapacitadas en su sede ubicada en Envigado. La demanda fue inicialmente admitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, quien notificó a la entidad demandada y al Ministerio Público, además de vincular a la Alcaldía de Envigado. Sin embargo, el 22 de abril de 2021, el juzgado de La Virginia declaró la nulidad de todo lo actuado, rechazando la demanda y enviándola al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, argumentando que este último era el competente debido a que la sede de Bancolombia se encontraba en esa municipalidad. El Juzgado de Envigado, a su vez, también rechazó la demanda, alegando que el actor había presentado su acción en un contexto nacional y que, por lo tanto, la competencia debía permanecer con el primer juzgado. Esta situación generó un conflicto de competencia entre ambos juzgados, lo que llevó a que el caso fuera elevado a la Corte Suprema de Justicia para su resolución.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre los dos juzgados que habían intervenido en el caso. La Corte se basó en los principios establecidos en el Código General del Proceso y en la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares. En este sentido, la Corte determinó que la competencia se rige por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, y que el actor tiene la facultad de elegir entre los fueros concurrentes. La Corte también subrayó que la elección del juez por parte del actor es vinculante, siempre que se ajuste a las normas pertinentes. Esto significa que, si el juzgado inicial no se aparta de su competencia, la decisión de continuar con el proceso debe mantenerse, a menos que existan razones legales que justifiquen un cambio.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3525-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02543-00 — M.P. [ver documento] — 8 de marzo de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3525-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02543-00 — M.P. [ver documento] — 8 de marzo de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (8 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (22 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3525-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02543-00 — M.P. [ver documento] — 8 de marzo de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece directrices claras sobre la competencia judicial en acciones populares, enfatizando la importancia de la elección del juez por parte del actor. Este tratado resalta que, en situaciones donde se presentan múltiples fueros, la decisión del demandante es crucial y debe ser respetada por los jueces. En el caso de Becerra Largo, la Corte reafirmó que la elección del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia era válida y que, por lo tanto, debía continuar con el proceso. Esto es fundamental para garantizar la celeridad y eficiencia en la administración de justicia, evitando que los derechos de los ciudadanos se vean vulnerados por conflictos de competencia que pueden prolongar innecesariamente los trámites judiciales.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado también menciona que la regla de perpetuatio jurisdictionis impide que un juez se separe de un asunto que ha asumido, a menos que existan razones legales que lo justifiquen. En este sentido, la Corte encontró injustificada la decisión del Juzgado de La Virginia de desligarse del caso, ya que había asumido la competencia desde el inicio y no había razones válidas para cambiarla.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es importante identificar los errores que pueden dar lugar a este recurso. En el caso de Becerra Largo, se pueden señalar varias causales que podrían ser relevantes. Primero, el error en la asignación de competencia por parte del Juzgado de La Virginia, quien inicialmente aceptó la demanda y luego decidió rechazarla sin justificación adecuada. Este tipo de decisiones pueden ser impugnadas a través de la casación, ya que afectan el derecho de acceso a la justicia del demandante. Segundo, la falta de consideración de la voluntad del actor al elegir el juzgado competente, lo que podría interpretarse como una vulneración de sus derechos. Tercero, la falta de motivación en las decisiones de los juzgados, lo que puede dar lugar a la nulidad de los actos procesales. Estos errores son fundamentales, ya que pueden afectar la validez de las decisiones judiciales y, por ende, el resultado del proceso. En este sentido, la Corte Suprema tiene la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y que se aplique correctamente la ley en todos los casos.

Nisimblat Law · Casacion Civil Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

  • Revision integral de la sentencia impugnada
  • Estudio tecnico de las causales aplicables
  • Analisis de errores de hecho y de derecho
  • Evaluacion de probabilidades de procedencia
  • Concepto juridico escrito
  • Elaboracion de la demanda de casacion
  • Representacion ante la Corte Suprema de Justicia

Termino fatal: 5 dias habiles desde la notificacion. No espere.

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Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es procedente en situaciones específicas, y es importante que los ciudadanos conozcan los requisitos que deben cumplirse para poder interponerlo. En primer lugar, la cuantía del asunto debe ser igual o superior a 1,000 salarios mínimos legales vigentes, lo que asegura que se trata de un asunto de relevancia económica. Además, el plazo para presentar el recurso es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales, la ley establece varias que pueden ser invocadas, tales como la violación de normas sustantivas o adjetivas, la falta de motivación de las decisiones judiciales, y la vulneración de derechos fundamentales. En el caso de Becerra Largo, si se hubiera decidido en contra de sus intereses, podría haber interpuesto un recurso de casación argumentando que no se respetó su derecho a elegir el juez competente y que se vulneraron sus derechos como persona con discapacidad. Por lo tanto, es esencial que los ciudadanos conozcan estos aspectos para poder defender sus derechos de manera efectiva.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

Maikel Nisimblat · Amazon, 2026 · 33 capitulos · 223 secciones

Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano, el caso de Becerra Largo y la decisión de la Corte Suprema de Justicia son de suma importancia. Este caso no solo resalta la necesidad de garantizar el acceso a instalaciones adecuadas para personas con discapacidad, sino que también pone de manifiesto la importancia de la correcta administración de justicia. Si se encuentra en una situación similar, es fundamental que entienda que tiene derechos y que existen mecanismos legales para hacerlos valer. La casación es una herramienta que puede ser utilizada para corregir errores judiciales y asegurar que se respeten sus derechos. Además, es un recordatorio de que la elección del juez competente es un aspecto crucial en el proceso judicial, y que cualquier error en este sentido puede tener consecuencias significativas. Por lo tanto, es vital que esté informado y preparado para actuar en defensa de sus derechos, ya sea a través de acciones populares o mediante el uso de recursos legales como la casación.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre falta de baño público para discapacitados y conflicto de competencia

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos adecuados, en este caso, la falta de un baño público para discapacitados.

¿Cómo se determina la competencia judicial en acciones populares? La competencia se determina por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, y el actor tiene la facultad de elegir entre los fueros concurrentes.

¿Qué hacer si se presenta un conflicto de competencia en mi caso? Si se presenta un conflicto de competencia, se puede elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la autoridad para resolver estas disputas entre juzgados.

¿Cuáles son los requisitos para interponer un recurso de casación? Los requisitos incluyen que la cuantía del asunto sea igual o superior a 1,000 salarios mínimos, presentar el recurso dentro de cinco días hábiles y alegar causales específicas de violación de derechos o normas.

Nisimblat Law · 27 anos en casacion civil

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Casación Penal Colombia

Funcionario condenado por peculado en indemnizaciones laborales — peculado por apropiación agravado — casación penal Colombia



Funcionario condenado por peculado en indemnizaciones laborales — peculado por apropiación agravado — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La condena de un funcionario por peculado en el contexto de indemnizaciones laborales es un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico colombiano. Este tipo de delitos no solo afecta a las instituciones públicas, sino que también tiene un impacto significativo en los derechos de los trabajadores. La situación se torna aún más compleja cuando se presentan recursos de casación, donde se cuestionan las decisiones de los tribunales inferiores. Es fundamental comprender las implicaciones legales y las posibles vías de defensa que pueden ser utilizadas en estos casos. La casación penal se convierte en una herramienta crucial para revisar la legalidad de las decisiones judiciales, buscando garantizar un debido proceso y la correcta aplicación de la ley. En este artículo, analizaremos un caso reciente en el que un funcionario fue condenado por peculado por apropiación agravado relacionado con indemnizaciones laborales, y exploraremos las decisiones de la Sala de Casación Penal y los errores que pueden dar lugar a la casación.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el caso analizado, se dictó una sentencia en la que se condenó a un funcionario por peculado por apropiación agravado en relación con indemnizaciones laborales. Los hechos se remontan a decisiones judiciales previas que otorgaron indemnizaciones a ciertos trabajadores de una empresa pública. A pesar de que las sentencias laborales favorecieron a los trabajadores, se alegó que las indemnizaciones reclamadas no eran procedentes, ya que se argumentó que los conceptos de indemnización ya habían sido considerados en el proceso de liquidación de la empresa. La Fiscalía presentó pruebas que indicaban que el funcionario, al actuar como determinador del delito, había facilitado la obtención indebida de recursos públicos. La condena inicial fue confirmada por el Tribunal Superior, lo que llevó a la interposición de un recurso de casación por parte de la defensa del condenado, quien argumentó que se habían cometido errores en la valoración de las pruebas y en la aplicación de la ley.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal examinó la demanda presentada por la defensa, centrando su análisis en los argumentos de violación de la ley sustancial y los errores de apreciación probatoria. Se discutió si el Tribunal había aplicado correctamente las normas relacionadas con el peculado por apropiación y si había valorado adecuadamente las pruebas presentadas. La Corte revisó los fundamentos de la acusación y la interpretación de las sentencias laborales previas, así como la relación entre las indemnizaciones y la liquidación de la empresa. La Sala también consideró si existían elementos que justificaran la condena y si se habían respetado los derechos del procesado durante el proceso judicial. Este análisis es crucial para determinar la validez de la condena y el posible impacto de la casación en el caso.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP2195-2025

M.P. Hugo Quintero Bernate · Radicación ·

El artículo 206 de la Ley 600 de 2000 prevé que el recurso de casación propende por «la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, la unificación de la jurisprudencia nacional y además la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada». Se propicia por este medio la revisión de la legalidad de la sentencia emitida en segunda instancia por un Tribu

Acorde con lo que se viene de precisar, desde ya la Corte anuncia que el libelo será inadmitido porque no cumple con la sustentación de un cargo atendible en sede extraordinaria, habida cuenta que el promotor se aparta de la lógica argumentativa requerida en esta sede y los principios de claridad, coherencia, suficiencia argumentativa y autonomía que rigen la casación. 2.1. Conforme a reiterada y decantada jurisprudencia, la violación indirecta d

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP2195-2025 — M.P. Hugo Quintero Bernate — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Los errores que pueden dar lugar a la casación en casos de peculado por apropiación agravado son diversos y se encuentran contemplados en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre ellos, se destacan: la violación de derechos fundamentales, la falta de motivación en las decisiones, la incorrecta valoración de las pruebas y la aplicación indebida de la ley. En este caso, la defensa argumentó que el Tribunal incurrió en un falso raciocinio al no considerar las máximas de la experiencia y al desconocer la legalidad de las indemnizaciones otorgadas. Además, se alegó que el Tribunal no valoró adecuadamente las circunstancias que rodearon las decisiones laborales previas, lo que podría haber influido en la condena. La falta de claridad en la fundamentación de la sentencia y la posible incorrecta interpretación de los hechos son causales que pueden ser objeto de revisión en el marco de la casación.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en los casos en que se alegue la violación de la ley sustancial o la falta de aplicación de normas procesales que afecten el debido proceso. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el término para la interposición del recurso es de cinco días a partir de la notificación de la sentencia, y la demanda debe ser presentada ante el Tribunal correspondiente dentro de los 30 días siguientes. Es importante destacar que la casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad de las decisiones tomadas por los tribunales inferiores. La Corte se enfoca en verificar si se han respetado los derechos de los procesados y si se ha aplicado correctamente la ley, lo que puede resultar en la anulación de la sentencia o en la orden de un nuevo juicio.

¿Qué significa esto para usted?

La condena por peculado en indemnizaciones laborales tiene implicaciones significativas tanto para el funcionario condenado como para el sistema judicial en su conjunto. Para los trabajadores, es fundamental que se respeten sus derechos y que se garantice la correcta aplicación de las indemnizaciones que les corresponden. La posibilidad de interponer un recurso de casación permite a los condenados buscar una revisión de su caso, asegurando que se respeten los principios del debido proceso y la justicia. Además, este tipo de casos resalta la importancia de la transparencia en la gestión pública y la necesidad de que los funcionarios actúen dentro del marco legal. La casación penal se convierte en una herramienta esencial para corregir posibles injusticias y garantizar que la ley se aplique de manera equitativa.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el peculado por apropiación agravado?
El peculado por apropiación agravado es un delito que se comete cuando un funcionario público se apropia de bienes o recursos que le han sido confiados en razón de su cargo, causando un perjuicio a la administración pública. Este delito es considerado grave y puede acarrear severas penas.

¿Cuáles son las consecuencias de una condena por peculado?
Las consecuencias de una condena por peculado pueden incluir penas de prisión, inhabilitación para ejercer funciones públicas y la obligación de restituir los recursos apropiados. Además, puede afectar la reputación y la carrera profesional del condenado.

¿Qué derechos tiene un condenado en un proceso de casación?
Un condenado tiene derecho a presentar un recurso de casación para impugnar la decisión de los tribunales inferiores. Este recurso debe ser fundamentado y presentado dentro de los plazos establecidos por la ley. El condenado también tiene derecho a ser asistido por un abogado durante este proceso.

¿Qué se necesita para interponer un recurso de casación?
Para interponer un recurso de casación, es necesario presentar una demanda que cumpla con los requisitos legales, incluyendo la identificación de los errores cometidos por el tribunal y la fundamentación de las razones por las cuales se solicita la revisión de la sentencia. Este recurso debe ser presentado dentro de los plazos establecidos por la ley.

Nisimblat Law · 27 años en casación

¿Tiene una sentencia condenatoria de segunda instancia?

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Casación Penal Colombia

Funcionario judicial condenado por prevaricato en el ejercicio de sus funciones — prevaricato — casación penal Colombia



Funcionario judicial condenado por prevaricato en el ejercicio de sus funciones — prevaricato — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La condena de un funcionario judicial por prevaricato es un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico colombiano. Este delito, que implica la actuación contraria a la ley en el ejercicio de funciones públicas, no solo afecta la confianza en el sistema judicial, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de quienes tienen la tarea de impartir justicia. En este contexto, el análisis de la sentencia y los fundamentos que llevaron a la condena se convierten en elementos cruciales para entender las implicaciones legales y éticas de tales decisiones. La casación penal, como recurso extraordinario, permite revisar las sentencias emitidas por instancias inferiores, buscando garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la correcta aplicación de la ley. En este artículo, se examinará un caso reciente que involucra a un funcionario judicial condenado por prevaricato, analizando los hechos, las decisiones de la Sala de Casación Penal y las posibles causales de casación que pueden ser invocadas en situaciones similares.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En este caso, un funcionario judicial fue condenado por el delito de prevaricato en el ejercicio de sus funciones. Los hechos se remontan a una decisión tomada en 2008, cuando el procesado, en su calidad de Juez 1° Promiscuo del Circuito de Corozal, emitió una tutela que ordenaba el pago inmediato de salarios y acreencias laborales a un grupo de extrabajadores de una entidad pública, sin que se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable que justificara tal decisión. Esta actuación desconoció la prelación de créditos que debía respetarse en el proceso de liquidación de la entidad, lo que llevó a que posteriormente se interpusiera una demanda ejecutiva laboral en su contra. A pesar de que en primera instancia se dictó una sentencia absolutoria, la Sala de Casación Penal revocó esta decisión y condenó al funcionario por prevaricato, argumentando que su actuación contravino las normas que regulan la liquidación de entidades públicas. La defensa del procesado, al considerar que la acción penal había prescrito, presentó una demanda de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, lo que llevó a un análisis más profundo de la situación.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal, al revisar el caso, se centró en la legalidad de la actuación del funcionario y en la interpretación de las normas aplicables al proceso de liquidación de entidades públicas. La decisión del procesado de conceder una tutela de forma definitiva, sin los fundamentos necesarios, fue considerada como un acto que no solo vulneró el debido proceso, sino que también afectó la correcta administración de justicia. La Sala enfatizó que el funcionario, al actuar de esta manera, no solo incumplió con su deber de aplicar la ley, sino que además generó un perjuicio a la entidad y a los demás acreedores. La revisión de la sentencia anterior y la confirmación de la condena por parte de la Sala de Casación Penal resaltaron la importancia de la responsabilidad de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones, así como la necesidad de garantizar que las decisiones judiciales se tomen en estricto apego a la normativa vigente.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP1669-2026

M.P. Jorge Hernán Díaz Soto · Radicación ·

¿Esta sentencia aplica a su caso?

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Los errores que pueden dar lugar a la casación en este tipo de casos se encuentran contemplados en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre las causales más relevantes se destaca la violación de normas sustantivas o procesales que afecten el debido proceso. En este caso, la actuación del funcionario judicial al emitir una tutela sin los requisitos necesarios y contraviniendo las normas sobre liquidación de entidades públicas puede ser considerada como un error de hecho que afecta la validez de la decisión. Asimismo, la falta de motivación en la sentencia y la incorrecta interpretación de las pruebas pueden ser causales que justifiquen la intervención de la Corte, buscando restablecer el orden jurídico y garantizar el respeto a los derechos de todas las partes involucradas. La posibilidad de que el Tribunal haya incurrido en errores de juicio al valorar las pruebas y al aplicar la ley también se convierte en un punto clave para la revisión de la sentencia y la eventual declaración de nulidad.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en virtud de las causales establecidas en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. En términos generales, este recurso puede ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, y la demanda debe ser presentada ante el Tribunal correspondiente en un plazo de 30 días. Es importante destacar que la casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad de la decisión adoptada por el Tribunal. Por lo tanto, el enfoque debe centrarse en la correcta aplicación de la ley y en la protección de los derechos fundamentales de las partes. La casación se convierte en un mecanismo esencial para garantizar que las decisiones judiciales se ajusten a los principios del debido proceso y a la normativa vigente, permitiendo así la corrección de posibles errores que puedan haber afectado el resultado del proceso.

¿Qué significa esto para usted?

La condena de un funcionario judicial por prevaricato no solo resalta la importancia de la integridad en el ejercicio de la función pública, sino que también subraya la necesidad de que los ciudadanos conozcan sus derechos y las vías de defensa disponibles ante posibles abusos. La casación penal se presenta como un recurso fundamental para aquellos que consideran que han sido objeto de decisiones judiciales injustas o erróneas. Comprender el proceso de casación y las causales que pueden dar lugar a su procedencia es esencial para garantizar que se haga justicia. Además, este tipo de casos refuerza la confianza en el sistema judicial, al demostrar que existen mecanismos para corregir errores y asegurar que la ley se aplique de manera justa y equitativa. En última instancia, el respeto por la legalidad y la protección de los derechos fundamentales son pilares esenciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el prevaricato y cuáles son sus consecuencias?
El prevaricato es un delito que se comete cuando un funcionario público emite una decisión contraria a la ley en el ejercicio de sus funciones. Las consecuencias pueden incluir la pérdida del cargo, sanciones penales y civiles, así como la afectación de la confianza pública en las instituciones.

¿Cómo se interpone un recurso de casación?
El recurso de casación debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia. La demanda debe ser presentada ante el Tribunal correspondiente en un plazo de 30 días y debe incluir las causales de casación y los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan.

¿Qué se necesita para que proceda la demanda de revisión?
Para que proceda la demanda de revisión, es necesario que se cumplan los requisitos formales establecidos en la Ley 906 de 2004, así como la demostración de alguna de las causales previstas en el artículo 192, como la prescripción de la acción penal o la existencia de una sentencia condenatoria en un proceso que no podía iniciarse o proseguirse.

¿Cuáles son los plazos para la interposición de recursos en el proceso penal?
Los plazos para la interposición de recursos en el proceso penal son de cinco días para la interposición del recurso de casación y de 30 días para la presentación de la demanda ante el Tribunal. Estos plazos son esenciales para garantizar la celeridad y efectividad del proceso judicial.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Casación Colombia

Acción popular por falta de intérpretes — conflicto de competencia Colombia



Acción popular por falta de intérpretes — conflicto de competencia Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

La situación que ha llevado a muchos a buscar justicia en los tribunales es la falta de intérpretes para personas con disminución auditiva y visual. Este hecho no solo afecta la calidad de vida de quienes padecen estas condiciones, sino que también plantea serias interrogantes sobre la accesibilidad y los derechos de estas personas en el ámbito financiero y administrativo. En este contexto, se presenta una acción popular que busca obligar a una entidad financiera a contratar intérpretes profesionales, lo que ha dado lugar a un conflicto de competencia entre diferentes juzgados. Este tipo de acciones son fundamentales para garantizar la protección de los derechos colectivos, pero también pueden ser complicadas debido a la normativa que rige su tramitación. Si usted se encuentra en una situación similar, es importante entender cómo funciona el recurso de casación y qué pasos puede seguir para buscar una solución efectiva.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En el caso que nos ocupa, Sebastián Colorado López presentó una acción popular contra el Banco Davivienda S.A. ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia. El demandante argumentó que la entidad financiera no estaba cumpliendo con su obligación de proporcionar intérpretes para usuarios con disminución auditiva y visual en su sede ubicada en Medellín. La acción popular se fundamenta en la Ley 982 de 2005, que establece la necesidad de contar con profesionales intérpretes que faciliten el acceso a servicios para personas con estas discapacidades. El juzgado de La Virginia admitió la demanda y notificó a las partes involucradas, así como al Ministerio Público y a la Alcaldía de Medellín, para que se pronunciaran sobre la situación. Sin embargo, posteriormente, el juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado y rechazó la demanda, argumentando que la competencia para conocer del caso correspondía a los juzgados de Medellín, dado que allí se encontraba la sede de la entidad demandada y el lugar donde supuestamente se vulneraban los derechos colectivos. Esta decisión generó un conflicto de competencia, ya que el juzgado de Medellín también se negó a conocer el caso, alegando que el actor había escogido incorrectamente el fuero territorial. Así, el expediente fue enviado a la Corte Suprema de Justicia para que resolviera el conflicto.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia suscitado entre los juzgados de La Virginia y Medellín. En su análisis, la Corte se basó en los principios establecidos en el Código General del Proceso y en la Ley 270 de 1996, que regulan la competencia de la jurisdicción ordinaria. La Corte determinó que, dado que la divergencia se había presentado entre juzgados de diferentes distritos judiciales, le correspondía a ella resolver el asunto. Además, se revisaron los factores que determinan la competencia en materia de acciones populares, como el lugar de ocurrencia de los hechos y el domicilio del demandado. La Corte concluyó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia era el competente para continuar con el trámite del caso, dado que había asumido el conocimiento de la acción popular desde el inicio y no había razones válidas para que se desentendiera de ella. Así, se ordenó el retorno del expediente a dicho juzgado para que prosiguiera con el proceso.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3518-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02606-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3518-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02606-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (26 en. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (19 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3518-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02606-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia de los juzgados en el contexto de acciones populares. Según esta normativa, el juez debe respetar la voluntad del actor en la elección del fuero, siempre que se ajuste a lo que la ley establece. En el caso analizado, la Corte tuvo que considerar si la elección del fuero por parte del demandante era válida y si había errores en la asignación de competencia. La ley permite que el actor elija entre varios fueros concurrentes, lo que hace que la decisión del juez de La Virginia de rechazar la demanda por competencia fuera cuestionable. La Corte reafirmó que, en caso de que el juez incurra en un error al calificar el sumario, el demandado no puede cuestionar esa decisión, lo que refuerza la idea de que la competencia debe permanecer inalterable a menos que se presente una causal que justifique su cambio.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Este enfoque busca garantizar la celeridad y la eficiencia en la administración de justicia, evitando que los casos se dilaten por cuestiones de competencia. La Corte, al resolver el conflicto, reafirma su compromiso con la protección de los derechos colectivos y la importancia de que las acciones populares sean tramitadas de manera adecuada y oportuna.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la acción popular y el conflicto de competencia, existen varios errores que pueden dar lugar a la casación. Uno de los principales es la incorrecta interpretación de las normas que regulan la competencia de los juzgados. Si un tribunal se aparta de lo establecido en la ley al declarar la nulidad de un proceso o al rechazar una demanda por falta de competencia, esto puede ser motivo suficiente para que la Corte Suprema revise el caso. Otro error común es la falta de motivación en las decisiones judiciales, ya que los jueces deben justificar adecuadamente sus resoluciones y explicar las razones por las cuales consideran que no son competentes para conocer de un asunto. La ausencia de una argumentación clara puede llevar a la Corte a considerar que se han vulnerado derechos fundamentales, lo que también es causal de casación. Además, si el tribunal no respeta la voluntad del actor en la elección del fuero, esto puede ser considerado un error que afecte el debido proceso y la correcta administración de justicia. En resumen, los errores relacionados con la competencia, la falta de motivación y el respeto a la voluntad del demandante son aspectos que pueden dar lugar a la casación en casos de acciones populares.

Nisimblat Law · Casacion Civil Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

  • Revision integral de la sentencia impugnada
  • Estudio tecnico de las causales aplicables
  • Analisis de errores de hecho y de derecho
  • Evaluacion de probabilidades de procedencia
  • Concepto juridico escrito
  • Elaboracion de la demanda de casacion
  • Representacion ante la Corte Suprema de Justicia

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Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en casos de acción popular como el que hemos analizado procede bajo ciertas condiciones. En primer lugar, es fundamental que el monto de la pretensión supere los 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que asegura que el caso tenga relevancia económica. Además, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales, el Código General del Proceso establece varias situaciones que pueden dar lugar a la casación, tales como la violación de normas sustantivas o adjetivas, la falta de motivación en las decisiones judiciales, y el desconocimiento de la competencia de los tribunales. Es importante que el demandante o su abogado analicen cuidadosamente la sentencia que se desea impugnar y determinen si se cumplen los requisitos establecidos por la ley para presentar el recurso. En este sentido, contar con asesoría legal adecuada es fundamental para garantizar que se sigan los procedimientos correctos y se protejan los derechos de los involucrados en el proceso.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

Maikel Nisimblat · Amazon, 2026 · 33 capitulos · 223 secciones

Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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Que significa esto para usted?

Si usted se encuentra en una situación similar a la de Sebastián Colorado López, es crucial que comprenda la importancia de las acciones populares y el recurso de casación. La falta de intérpretes para personas con disminución auditiva y visual es una problemática que afecta a muchas personas en Colombia, y buscar justicia a través de la acción popular es un derecho que puede ayudar a cambiar esta realidad. Sin embargo, el camino legal puede ser complicado y lleno de obstáculos, especialmente en lo que respecta a la competencia de los juzgados. Por ello, es fundamental contar con el apoyo de un abogado especializado que pueda guiarlo en el proceso y ayudarlo a presentar su caso de manera efectiva. La casación es una herramienta que permite revisar decisiones judiciales que pueden haber vulnerado sus derechos, y es importante que sepa cuándo y cómo utilizarla. En definitiva, su voz y sus derechos son importantes, y es necesario que se tomen las acciones adecuadas para hacerlos valer.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre acción popular conflicto de competencia

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo jurídico que permite a cualquier ciudadano demandar en defensa de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos o la protección del medio ambiente. Su objetivo es garantizar la protección de intereses que afectan a un grupo de personas.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, es necesario que se demuestre que existe una vulneración a derechos colectivos y que se cumplan las formalidades establecidas en la ley, como la presentación de la demanda ante el juez competente.

¿Qué hacer si se rechaza la demanda por falta de competencia? Si su demanda es rechazada por falta de competencia, puede interponer un recurso de apelación o, en algunos casos, un recurso de casación si se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

¿Cuánto tiempo tengo para presentar un recurso de casación? El plazo para presentar un recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar.

Nisimblat Law · 27 anos en casacion civil

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Casación Penal Colombia

Entidad captadora masiva y habitual de dinero operando bajo fachada de fundación — captación masiva y habitual de dineros — casación penal Colombia



Entidad captadora masiva y habitual de dinero operando bajo fachada de fundación — captación masiva y habitual de dineros — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La captación masiva y habitual de dinero es un fenómeno que ha afectado a muchas personas en Colombia, generando pérdidas significativas y afectando la confianza en el sistema financiero. En este contexto, es crucial entender cómo operan estas entidades y las implicaciones legales que enfrentan quienes participan en su gestión. La reciente sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia destaca la gravedad de estas conductas y la responsabilidad de aquellos que, bajo la apariencia de organizaciones benéficas, engañan a la población. La situación es aún más compleja cuando se considera el impacto social de estas prácticas, que suelen dirigirse a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes, atraídos por promesas de altos rendimientos, terminan siendo víctimas de estafas. Este artículo analiza los hechos y el análisis jurídico de un caso emblemático que pone de relieve la importancia de la regulación y el control sobre estas actividades.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el primer semestre de 2008, se identificó en varias ciudades del país una entidad que operaba como captadora masiva y habitual de dinero, utilizando la fachada de una fundación sin ánimo de lucro. Esta entidad, que se hacía llamar Fundación Divino Niño Jesús de Praga, ofrecía a los ciudadanos la posibilidad de invertir sumas de dinero a cambio de rentabilidades exorbitantes, prometiendo intereses del 1.200% y la devolución del capital en el primer mes. Sin embargo, la realidad era que no contaba con la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para llevar a cabo estas operaciones. A pesar de su apariencia legal, la entidad captó más de trece mil millones de pesos de miles de personas a través de sedes en diferentes localidades, lo que generó un esquema de defraudación masiva. La Fiscalía inició investigaciones y se presentaron cargos por captación masiva y habitual de dineros, entre otros delitos, contra varios individuos que ocupaban cargos de dirección y manejo dentro de esta organización, quienes fueron considerados coautores de las conductas punibles.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal analizó los argumentos presentados en la demanda de casación, enfocándose en la legalidad de las decisiones previas y la correcta aplicación de la ley. Se examinó si se habían respetado los derechos de defensa y si existían pruebas suficientes que sustentaran las condenas impuestas por el Tribunal Superior. La Corte destacó la importancia de la debida diligencia en la investigación de estos delitos, así como la necesidad de proteger a los ciudadanos de prácticas engañosas que afectan su patrimonio. La sentencia también subrayó que, aunque la entidad operaba bajo la apariencia de una fundación, su verdadera naturaleza era la captación ilegal de dineros, lo que constituía un delito que debía ser sancionado con rigor. La Corte reafirmó la responsabilidad de los directivos en la gestión de la entidad y su papel en la perpetración del fraude, lo que llevó a la confirmación de las decisiones de instancias inferiores.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP1644-2014

M.P. Corte Suprema De Justicia · Radicación ·

Asimismo, compete al recurrente informar la cobertura de la invalidez, evidenciar que procesalmente no existe manera diversa de restablecer el derecho afectado y, lo más importante, comprobar que la anomalía denunciada tuvo injerencia perjudicial y decisiva en la declaración de justicia contenida en el fallo impugnado –principio de trascendencia–, dado que el recurso extraordinario no puede fundarse en especulaciones, conjeturas, afirmaciones car

En efecto, la primera de ellas dice relación con la manera como fueron incorporadas al juicio las certificaciones fechadas 18 de abril y 29 de junio de 2008, suscritas por el Director Legal para Intermediarios Financieros de la Superintendencia Financiera, donde se consigna que las personas jurídicas denominadas «Fundación Divino Niño de Praga-Gente de Éxito», «Fundación Divino Niño Jesús de Praga de Medellín Cash Easy» y la identificada con matr

Conviene recordar que por regla general, el desconocimiento de las normas que regulan el proceso de formación probatoria debe postularse bajo la égida de la causal tercera de casación por error de derecho por falso juicio de legalidad en la apreciación de la prueba, por tratarse de un error in iudicando, el cual se verifica cuando el juzgador acepta y valora el medio de convicción no obstante haberse quebrantado las garantías fundamentales o las

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP1644-2014 — M.P. Corte Suprema De Justicia — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

Según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, existen varias causales que pueden dar lugar a la casación en casos de captación masiva y habitual de dineros. Uno de los errores más comunes es la falta de motivación en las decisiones del Tribunal, lo que puede llevar a la nulidad de la sentencia. También se considera causal de casación la incorrecta aplicación de la ley sustantiva, especialmente en lo relacionado con la tipificación de los delitos. Además, si se demuestra que no se respetaron los derechos fundamentales de los procesados durante el proceso, esto puede ser motivo suficiente para que la Corte revise el caso. La falta de pruebas que sustenten las condenas o la existencia de pruebas que desvirtúen la culpabilidad de los acusados son aspectos que pueden ser considerados por la Sala al momento de decidir sobre la casación. En este sentido, es fundamental que los Tribunales actúen con la debida diligencia y respeto a los derechos de los involucrados.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en Colombia cuando se han agotado todas las instancias ordinarias y se busca revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por los Tribunales. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el plazo para interponer este recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la sentencia. Posteriormente, el demandante tiene un plazo de 30 días para presentar la demanda ante el Tribunal. Es importante destacar que la casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad del proceso y de las decisiones adoptadas por las instancias inferiores. Por lo tanto, se requiere que el recurso esté debidamente fundamentado y que se presenten argumentos claros sobre las causales de casación invocadas. La Corte tiene la facultad de confirmar, revocar o modificar la decisión del Tribunal, dependiendo de los hallazgos realizados durante el análisis del caso.

¿Qué significa esto para usted?

Para cualquier ciudadano, el conocimiento sobre la captación masiva y habitual de dineros es fundamental para evitar convertirse en víctima de fraudes. La experiencia de casos como el analizado resalta la importancia de informarse adecuadamente sobre las entidades en las que se desea invertir. Además, es esencial entender que la ley protege a los ciudadanos y que existen mecanismos legales para combatir estas prácticas ilícitas. Si usted ha sido afectado por una entidad que opera de manera irregular, es recomendable buscar asesoría legal para explorar las opciones disponibles, incluyendo la posibilidad de presentar denuncias ante las autoridades competentes. La prevención y la educación son herramientas clave para salvaguardar su patrimonio y contribuir a un entorno financiero más seguro.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la captación masiva y habitual de dineros?
Es la actividad de recibir dinero del público en forma de inversión, sin la debida autorización de la Superintendencia Financiera, prometiendo rendimientos que generalmente son engañosos.

¿Cuáles son las consecuencias legales para quienes participan en estas entidades?
Los responsables pueden enfrentar cargos por delitos como captación masiva y habitual de dineros, estafa, lavado de activos y concierto para delinquir, entre otros.

¿Cómo puedo protegerme de estas prácticas?
Es fundamental investigar a fondo cualquier entidad antes de invertir, verificar su registro y autorización ante la Superintendencia Financiera y desconfiar de promesas de rendimientos excesivos.

¿Qué hacer si ya he sido víctima de una captadora ilegal?
Es recomendable presentar una denuncia ante la Fiscalía y buscar asesoría legal para explorar las opciones de recuperación de su dinero y posibles acciones legales contra los responsables.

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Casación Colombia

Conflicto de competencia entre juzgados — competencia judicial Colombia



Conflicto de competencia entre juzgados — competencia judicial Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

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Si ha llegado a esta lectura, es posible que se encuentre en una situación complicada tras haber perdido un caso en segunda instancia o haber recibido una demanda de casación. En particular, el conflicto de competencia entre juzgados es un tema que puede generar confusión y frustración. Este tipo de conflicto ocurre cuando dos o más juzgados reclaman la competencia para conocer un mismo asunto, lo que puede llevar a demoras y complicaciones en la resolución del caso. La Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de dirimir estos conflictos, asegurando que se respete el debido proceso y se garantice una administración de justicia eficiente. Entender cómo funciona este proceso y qué implicaciones tiene para su situación es fundamental para tomar decisiones informadas. La casación es una herramienta legal que permite revisar decisiones judiciales en busca de errores en la aplicación de la ley, y puede ser su camino para buscar justicia en este contexto.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En el caso que nos ocupa, se presenta un conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Civil Municipal de Garzón y el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bucaramanga. La historia comienza cuando Luz Neida Díaz Claro solicita a la primera de estas entidades judiciales que se emita un mandamiento de pago en virtud de las obligaciones que Cecilia Guerrero Villamizar había asumido mediante un pagaré. La elección del juzgado se basó en el lugar de cumplimiento de la obligación, que la demandante consideraba que correspondía a Garzón. Sin embargo, el juzgado de Garzón rechazó la solicitud, argumentando que el lugar de cumplimiento era Bucaramanga, donde también se encontraba el domicilio de la demandada. Ante esta decisión, el expediente fue remitido al Juzgado de Bucaramanga, que a su vez rechazó la competencia, argumentando que el lugar de expedición del pagaré era Garzón y que no se había demostrado que Bucaramanga fuera el domicilio de la deudora. Así, se generó un conflicto que llevó a la Corte Suprema a intervenir y resolver la disputa entre estos dos juzgados.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia planteado entre los dos juzgados. En este sentido, la Corte se centró en determinar cuál de los juzgados era el competente para conocer el caso, basándose en las disposiciones del Código General del Proceso y la Ley 270 de 1996. La Corte analizó los argumentos presentados por ambos juzgados y la elección de la demandante sobre el lugar de cumplimiento de la obligación, así como la interpretación de los documentos que sustentaban la acción judicial. La Corte, en su análisis, se basó en la normativa que regula la competencia judicial y las pautas establecidas para la asignación de procesos entre diferentes autoridades judiciales.

“As� las cosas, si a esa literalidad expresamente se atuvo la ejecutante, el funcionario cognoscente carec�a de discrecionalidad para repudiar la competencia asignada, menos a�n, con el err�neo convencimiento que la ciudad de Bucaramanga era el �lugar de cumplimiento pactado� o el �domicilio� de la demandada, pues ninguna de esas circunstancias…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3514-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01291-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Con ese panorama, se observa que el �pagar� n� 001�, base de la acci�n, establece con claridad en el literal a) de su clausulado el compromiso adquirido por la deudora de pagar las obligaciones a su cargo �en la ciudad� que l�neas atr�s se indicaba como �lugar donde se efectuar� el pago�, es decir, el municipio de �Garz�n Huila�, voluntad…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3514-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01291-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Como criterio general, el primer numeral del art�culo 28 procesal asigna el pleito al funcionario del �domicilio del demandado�, salvo �disposici�n legal en contrario�; no obstante, el numeral tercero �dem establece un fuero personal concurrente al se�alar que en �los procesos originados en un negocio jur�dico o que involucren t�tulos ejecutivos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3514-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01291-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia judicial y la forma en que deben resolverse los conflictos entre juzgados. En este sentido, el Tratado enfatiza que la elección del juzgado debe ser clara y justificada por el demandante, lo que permite que el juez se adhiera a la decisión tomada por la parte demandante. Esto es esencial para garantizar que se respete el derecho de las partes a elegir el foro adecuado para la resolución de sus controversias. La Corte, al resolver este conflicto, se adhiere a estos principios y asegura que la elección de la demandante sea respetada, siempre que esté debidamente fundamentada. Esto no solo protege los derechos de las partes, sino que también contribuye a la eficiencia del sistema judicial.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado menciona que en los litigios coercitivos, como el que se presenta en este caso, el promotor tiene la facultad de elegir el territorio donde desea que se adelante el proceso. Esta elección debe ser clara y debe basarse en criterios objetivos, como el domicilio del demandado o el lugar de cumplimiento de la obligación. La Corte, al analizar el caso, se asegura de que estas pautas sean seguidas y que la decisión final se base en la correcta interpretación de la ley y los hechos del caso.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es importante identificar qué tipos de errores pueden dar lugar a la revisión de una decisión judicial. En este caso específico, los errores relacionados con la competencia judicial son particularmente relevantes. La Corte Suprema de Justicia puede intervenir cuando se presenta un conflicto de competencia entre juzgados, como ocurrió en este caso. Los errores que pueden dar lugar a la casación incluyen la incorrecta interpretación de las normas que regulan la competencia, así como la falta de fundamentación en la decisión del juzgado que rechaza la competencia asignada. Si un juzgado no respeta la elección del demandante o no considera adecuadamente los criterios establecidos por la ley, esto puede ser motivo suficiente para que la Corte Suprema revise la decisión y determine si se debe anular o modificar. Además, cualquier error en la aplicación de la ley que afecte el derecho de defensa de las partes también puede ser objeto de revisión en casación. En este sentido, es fundamental que los juzgados actúen con diligencia y respeto a las normas procesales para evitar que sus decisiones sean cuestionadas en instancias superiores.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

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  • Estudio tecnico de las causales aplicables
  • Analisis de errores de hecho y de derecho
  • Evaluacion de probabilidades de procedencia
  • Concepto juridico escrito
  • Elaboracion de la demanda de casacion
  • Representacion ante la Corte Suprema de Justicia

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Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo legal que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia. En casos como el que hemos analizado, la casación procede cuando se cumplen ciertos requisitos. Uno de los principales requisitos es que la cuantía del proceso debe ser igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales vigentes (SMLMV). Además, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es importante que el recurso se fundamente en causales específicas, como la violación de normas procesales o la falta de competencia del juzgado que emitió la decisión. En este sentido, el demandante debe presentar argumentos claros y precisos que demuestren por qué la decisión del juzgado inferior es incorrecta y debe ser revisada por la Corte Suprema. La casación no es un recurso que se interponga de manera ligera, ya que implica un análisis profundo de los errores cometidos por el juzgado y su impacto en el resultado del proceso. Por lo tanto, es fundamental contar con asesoría legal adecuada para garantizar que se cumplan todos los requisitos y se presente un recurso sólido ante la Corte.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

Maikel Nisimblat · Amazon, 2026 · 33 capitulos · 223 secciones

Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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Que significa esto para usted?

Para usted, como parte involucrada en un conflicto judicial, entender el proceso de casación y los conflictos de competencia es crucial. La decisión de la Corte Suprema en este caso no solo resuelve un conflicto específico entre dos juzgados, sino que también establece precedentes importantes sobre la competencia judicial y la elección del foro. Si se encuentra en una situación similar, es fundamental que conozca sus derechos y las opciones legales disponibles. La casación puede ser una herramienta poderosa para corregir errores judiciales y garantizar que se haga justicia en su caso. Además, es importante que sepa que tiene el derecho de elegir el juzgado que considere más adecuado para su situación, siempre que esta elección esté debidamente fundamentada. La comprensión de estos aspectos le permitirá tomar decisiones informadas y estratégicas en su proceso judicial, aumentando sus posibilidades de éxito en la búsqueda de una resolución favorable.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre conflicto competencia judicial

¿Qué es un conflicto de competencia judicial? Un conflicto de competencia judicial ocurre cuando dos o más juzgados reclaman la competencia para conocer un mismo asunto. Esto puede generar demoras en el proceso y confusión sobre cuál juzgado debe resolver el caso.

¿Cómo se resuelve un conflicto de competencia? La Corte Suprema de Justicia es la encargada de resolver los conflictos de competencia entre juzgados. Analiza los argumentos presentados por las partes y determina cuál es el juzgado competente para conocer el caso.

¿Qué requisitos debo cumplir para interponer un recurso de casación? Para interponer un recurso de casación, la cuantía del proceso debe ser igual o superior a 1.000 SMLMV, y el recurso debe presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se desea impugnar.

¿Qué errores pueden dar lugar a la casación? Los errores que pueden dar lugar a la casación incluyen la incorrecta interpretación de las normas de competencia, la falta de fundamentación en la decisión del juzgado y cualquier error que afecte el derecho de defensa de las partes.

Nisimblat Law · 27 anos en casacion civil

Tiene una sentencia de segunda instancia desfavorable?

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Casación Penal Colombia

Alcalde expide decreto nombrando gerente de hospital, destituyendo a provisional — prevaricato por acción — casación penal Colombia



alcalde expide decreto nombrando gerente de hospital, destituyendo a provisional — prevaricato por acción — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

La situación que enfrentan los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo puede ser compleja, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan a terceros. En este contexto, es fundamental que las acciones de los servidores públicos se ajusten a la ley, ya que cualquier desviación puede dar lugar a graves consecuencias legales. En este caso, se aborda la actuación de un alcalde que, al expedir un decreto para nombrar a un nuevo gerente de hospital, destituyó a una persona que ocupaba el cargo de manera provisional. Este tipo de decisiones no solo debe ser analizado desde el punto de vista legal, sino también desde la ética y la responsabilidad que conlleva el ejercicio del poder. La resolución de este caso ante la Sala de Casación Penal pone de manifiesto la importancia de la correcta interpretación de las normas y el respeto a los derechos de los involucrados.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

Los hechos que dieron origen a este caso se relacionan con la actuación de un alcalde en el municipio de Ortega, quien, en el ejercicio de sus funciones, expidió un decreto que nombraba a un nuevo gerente del Hospital San José. Esta decisión implicó la destitución de una persona que ocupaba el cargo de manera provisional, lo que generó controversia y llevó a la presentación de cargos por prevaricato por acción. El alcalde, acompañado de un asesor jurídico, tomó esta decisión en un contexto en el que la anterior gerente había sido nombrada mediante un decreto que establecía su permanencia en el cargo hasta la finalización de su período institucional. La situación se complicó aún más cuando la decisión del alcalde fue impugnada, y el Tribunal Superior de Ibagué confirmó la absolución de los acusados, lo que motivó el recurso de casación por parte del apoderado de la víctima.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal se centró en evaluar la legalidad de la decisión del Tribunal Superior, así como la interpretación de los hechos y las pruebas presentadas en el proceso. Se argumentó que el fallo de segunda instancia había distorsionado la realidad jurídica al afirmar que existía una vacante definitiva en el cargo de gerente del hospital, cuando en realidad, la anterior gerente había sido nombrada hasta la culminación de su período institucional. La Sala analizó si el alcalde tenía la potestad para realizar el nombramiento de un nuevo gerente y si su actuación se ajustaba a las normas vigentes. En este sentido, se revisaron los conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y las implicaciones de las decisiones adoptadas por el alcalde, así como el contexto en el que se produjeron los hechos.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP1588-2026

M.P. Jorge Hernán Díaz Soto · Radicación ·

¿Esta sentencia aplica a su caso?

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

La casación en este tipo de casos puede ser procedente por diversas causales establecidas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Entre los errores que pueden dar lugar a la casación se encuentra la violación indirecta de la ley sustancial, que puede surgir de un error de hecho en la apreciación de las pruebas. En este caso, el Tribunal incurrió en un falso juicio de identidad al interpretar que existía una vacante definitiva en el cargo de gerente del hospital, lo que contradice el contenido del decreto que establecía la permanencia de la anterior gerente hasta la culminación de su período. Además, la falta de consideración de pruebas documentales y testimoniales que evidencian la ilegalidad del acto administrativo también puede ser motivo de casación. La incorrecta valoración de las pruebas y la falta de análisis de los conceptos emitidos por las autoridades competentes son aspectos que pueden ser considerados como errores que afectan la validez de la decisión del Tribunal.

Nisimblat Law · Casación Penal Colombia

Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
  • Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
  • Elaboración de la demanda ante el Tribunal
  • Representación ante la Sala de Casación Penal

Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.

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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal es procedente en los casos en que se aleguen violaciones a las normas sustantivas o procesales que afecten el debido proceso y los derechos de las partes. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el plazo para interponer el recurso es de 5 días, contados a partir de la notificación de la sentencia. Posteriormente, la demanda debe ser presentada ante el Tribunal correspondiente en un término de 30 días. Es importante que el demandante formule de manera clara y precisa los cargos que sustentan su pretensión, así como las pruebas que respaldan su argumentación. La Sala de Casación Penal tiene la facultad de revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por los tribunales inferiores y, en caso de encontrar errores, puede anular la sentencia y ordenar la realización de un nuevo juicio.

¿Qué significa esto para usted?

La resolución de este caso resalta la importancia de actuar conforme a la ley en el ejercicio de funciones públicas. Para los ciudadanos, es fundamental conocer sus derechos y las vías legales disponibles para hacerlos valer. En situaciones donde se perciben irregularidades en la actuación de funcionarios públicos, es posible recurrir a instancias judiciales para buscar la protección de los derechos vulnerados. La casación penal se presenta como una herramienta para corregir errores judiciales y garantizar que las decisiones se ajusten a la normativa vigente. Por lo tanto, es esencial contar con asesoría legal adecuada para la interposición de recursos y la defensa de los derechos en el ámbito penal, especialmente en casos que involucran a funcionarios públicos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el prevaricato por acción?
El prevaricato por acción es un delito que comete un funcionario público al dictar una resolución contraria a la ley en el ejercicio de sus funciones. Este delito implica que el funcionario actúa de manera arbitraria o ilegal, perjudicando a terceros.

¿Cuáles son las consecuencias del prevaricato?
Las consecuencias del prevaricato pueden incluir sanciones penales, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como responsabilidades civiles por los daños causados a las personas afectadas por la decisión ilegal.

¿Cómo se puede interponer un recurso de casación?
Para interponer un recurso de casación, es necesario presentar una demanda ante el Tribunal correspondiente dentro de los plazos establecidos. La demanda debe contener los cargos que sustentan el recurso y las pruebas que se consideren relevantes para demostrar la existencia de errores en la sentencia impugnada.

¿Qué papel juega el abogado en un proceso de casación?
El abogado desempeña un papel fundamental en un proceso de casación, ya que es el encargado de asesorar al cliente sobre las posibilidades de éxito del recurso, elaborar la demanda y representar los intereses del cliente ante el Tribunal. Su experiencia es clave para la correcta formulación de los argumentos legales.

Nisimblat Law · 27 años en casación

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Casación Penal Colombia

Ex gobernadores del Meta involucrados en irregularidades en contrato de obra pública — contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daño en los recursos naturales agravado — casación penal Colombia



Ex gobernadores del Meta involucrados en irregularidades en contrato de obra pública — contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daño en los recursos naturales agravado — casación penal Colombia

Análisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.

Las irregularidades en la administración pública son un tema de gran preocupación en la sociedad colombiana. En este contexto, se han presentado casos que involucran a funcionarios de alto rango, como ex gobernadores, quienes han sido señalados por presuntas violaciones a la ley en la gestión de contratos de obra pública. Estos casos no solo afectan la confianza en las instituciones, sino que también generan un impacto significativo en los recursos naturales y en el bienestar de las comunidades. La reciente decisión de la Sala de Casación Penal en un caso que involucra a ex gobernadores del Meta resalta la importancia de garantizar que los procesos judiciales se lleven a cabo con estricto apego a la legalidad y a los derechos de los acusados. El análisis de esta situación nos permite reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la ejecución de contratos públicos, así como de asegurar que los responsables de actos de corrupción sean llevados ante la justicia de manera efectiva.

¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?

En el caso en cuestión, se presentó un contrato de obra pública celebrado en el año 2011, cuyo objetivo era la construcción de infraestructura educativa en el Departamento del Meta. Durante la ejecución de este contrato, surgieron serias irregularidades que llevaron a la Fiscalía a imputar a los ex gobernadores por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daño en los recursos naturales agravado. Se alegó que, a pesar de que el contrato fue suscrito por el gerente del Instituto de Desarrollo del Meta, no se contaba con los permisos ambientales necesarios, lo que resultó en la invasión de un área ecológica de especial importancia y en un daño significativo al ecosistema. La defensa de los acusados argumentó que la imputación no cumplía con los requisitos formales establecidos por la ley, lo que llevó a la Sala Especial de Primera Instancia a declarar la nulidad de la acusación, generando así un recurso de apelación que fue posteriormente analizado por la Corte.

Lo que analizó la Sala de Casación Penal

La Sala de Casación Penal se centró en evaluar la legalidad de la imputación y la acusación formuladas por la Fiscalía. Se destacó que la imputación no cumplía con las exigencias de claridad y precisión, lo que vulneraba los derechos de los acusados al no permitirles comprender adecuadamente los cargos en su contra. La Corte subrayó que la falta de especificidad en la imputación podría llevar a una violación del debido proceso, ya que los acusados no podían defenderse adecuadamente ante acusaciones que no estaban debidamente fundamentadas. Además, se analizó la relación entre los hechos imputados y la calificación jurídica de los mismos, concluyendo que existían errores que debían ser corregidos para garantizar un juicio justo.

Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia

Consideraciones de la Corte — AP1571-2024

M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa · Radicación ·

De manera contradictoria se le atribuyó la calidad de coautor-interviniente, ignorando que por ser gobernador, pese a haber delegado la función de contratar, preservaba el carácter de servidor público, circunstancia que se opone a la de particular que caracteriza al interviniente. Además, en la primera parte se imputó una acción, referida a actualizar los verbos tramitar y celebrar, pero, en la segunda, le fue imputada la omisión de ejercer los d

Le fue atribuida de manera simultánea una acción y una omisión de una misma conducta punible. No hay precisión acerca de si VÁSQUEZ SÁNCHEZ tramitó o celebró un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, o si fue otro servidor público quien lo hizo por estar delegadas en él esas etapas, las cuales eran controladas por el imputado. O si incumplió el deber legal de vigilancia y control sobre estas (comisión por omisión), derivado de la delega

Con relación al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se advirtió que no se determinaron los presupuestos fácticos de tal punible, pues la Fiscalía concluyó que JARA ARZOLA como jefe de la administración y ordenador del gasto tenía el control, la orientación y la tutela del gerente del IDM, quien liquidó el contrato 081 de 2011 con vulneración de los requisitos legales esenciales, relacionando extensamente las normas que funda

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP1571-2024 — M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa — Radicación —

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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?

En el marco de la Ley 906 de 2004, existen varias causales que pueden dar lugar a la casación en casos como el presente. En primer lugar, se encuentra la falta de claridad en la imputación, que impide a los acusados conocer con precisión los cargos en su contra, lo que puede constituir una violación del derecho al debido proceso. Asimismo, la ausencia de congruencia entre la imputación y la acusación puede ser motivo de casación, ya que la Fiscalía debe garantizar que los hechos y las conductas imputadas sean coherentes y estén debidamente fundamentadas. Además, la falta de análisis sobre la calificación jurídica de los hechos puede llevar a que se declare la nulidad de la acusación, afectando el derecho de defensa de los procesados. Por último, cualquier error en la aplicación de las normas procesales que afecte el resultado del proceso puede ser objeto de revisión por parte de la Corte, lo que resalta la importancia de un procedimiento judicial riguroso y respetuoso de los derechos de los involucrados.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal

  • Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
  • Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
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  • Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
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¿Cuándo procede el recurso de casación penal?

El recurso de casación penal procede en diversas circunstancias, según lo establecido en los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004. En primer lugar, se puede interponer cuando se presentan violaciones al debido proceso que afecten la validez de la sentencia. Asimismo, es procedente cuando se advierten errores en la interpretación o aplicación de la ley que puedan influir en el resultado del fallo. Es importante señalar que el recurso debe ser interpuesto dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión impugnada, y la demanda debe ser presentada ante el Tribunal en un plazo de 30 días. La casación busca garantizar que se respeten los derechos de los acusados y que se mantenga la integridad del sistema judicial, permitiendo así una revisión exhaustiva de las decisiones tomadas en instancias inferiores.

¿Qué significa esto para usted?

La situación presentada en este caso de los ex gobernadores del Meta resalta la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión pública. Para los ciudadanos, es fundamental comprender que la justicia debe ser un pilar en la lucha contra la corrupción y la mala administración de los recursos públicos. La posibilidad de que un recurso de casación sea interpuesto ante errores en el proceso judicial es un mecanismo que protege los derechos de los acusados, pero también es un recordatorio de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de actuar con integridad y conforme a la ley. La sociedad debe estar atenta a estos procesos, ya que el resultado de los mismos puede tener un impacto significativo en la confianza en las instituciones y en la protección del medio ambiente, así como en el desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la casación penal? La casación penal es un recurso que permite revisar las decisiones judiciales de instancias inferiores para garantizar que se respeten los derechos de los acusados y que se apliquen correctamente las normas legales. Este recurso es fundamental para asegurar la justicia en el sistema penal.

¿Cuáles son los plazos para interponer un recurso de casación? El recurso de casación debe ser interpuesto dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión impugnada, y la demanda debe ser presentada ante el Tribunal en un plazo de 30 días. Es crucial cumplir con estos plazos para que el recurso sea admitido.

¿Qué ocurre si se declara la nulidad de la acusación? Si se declara la nulidad de la acusación, el proceso puede ser devuelto a la Fiscalía para que realice las correcciones necesarias. Esto implica que los acusados pueden tener la oportunidad de defenderse adecuadamente ante una acusación que cumpla con los requisitos legales.

¿Qué derechos tienen los acusados durante el proceso penal? Los acusados tienen derecho a ser informados de los cargos en su contra, a contar con una defensa adecuada, a un juicio justo y a que se respeten todas las garantías procesales. Estos derechos son fundamentales para asegurar un debido proceso en el sistema judicial.

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Casación Colombia

Conflicto de Competencia Entre Juzgados — Servidumbre de Energía Eléctrica Colombia



Conflicto de Competencia Entre Juzgados — Servidumbre de Energía Eléctrica Colombia

Analisis elaborado por

Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices

Maikel Nisimblat es abogado litigante con mas de 27 anos de experiencia en litigios civiles ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), obra basada en el analisis de 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad civil, contratos, simulacion, seguros, construccion y responsabilidad medica.

Este analisis hace parte de una coleccion de mas de 3.300 providencias de la Corte Suprema comentadas por Nisimblat Law Offices.

En el ámbito jurídico, los conflictos de competencia pueden surgir en diversas circunstancias, y uno de los casos más relevantes es el que involucra la servidumbre de energía eléctrica. En este contexto, se presenta un caso en el que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. demandó la imposición de una servidumbre sobre un predio en Santa Rosa de Cabal, generando así un conflicto entre los juzgados de esta localidad y los de Bogotá. Este tipo de situaciones no solo afectan a las empresas y a los propietarios de los predios, sino que también pueden generar incertidumbre sobre cuál es la jurisdicción adecuada para resolver el litigio. La casación, en este sentido, se convierte en una herramienta esencial para dirimir tales conflictos y asegurar que se respeten los derechos de las partes involucradas. La Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de resolver estos conflictos, garantizando así que se mantenga el orden y la justicia en el sistema judicial colombiano.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En este caso específico, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, solicitando la imposición de una servidumbre legal de conducción de energía eléctrica sobre un terreno perteneciente a Paulo Cesar Rodríguez Carmona. Inicialmente, el juzgado consideró que no era competente para conocer el asunto y decidió remitir el caso a los Juzgados Administrativos de Pereira. Sin embargo, tras un conflicto negativo de jurisdicciones, el juzgado de Santa Rosa de Cabal finalmente admitió la demanda y comenzó a tramitar el proceso, realizando diversas diligencias como la imposición de una servidumbre provisional y la notificación al demandado.

A lo largo del proceso, el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal asumió el conocimiento del caso, pero posteriormente se declaró incompetente basándose en la calidad de una de las partes, lo que llevó a la remisión del expediente a los juzgados de Bogotá. Esta decisión generó un nuevo conflicto de competencia, ya que el juzgado receptor también se declaró incompetente, argumentando que el caso debía ser resuelto bajo las reglas del Código General del Proceso. Finalmente, el expediente fue enviado a la Corte Suprema de Justicia para que resolviera la colisión de competencias entre los juzgados.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia que se había suscitado entre los juzgados de Santa Rosa de Cabal y Bogotá. En este análisis, la Corte consideró los principios de competencia territorial y la inmutabilidad de la competencia, así como las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. La Corte concluyó que, dado que el proceso había sido iniciado bajo la legislación anterior, el juzgado de Santa Rosa de Cabal era el competente para continuar con el trámite del caso, desestimando así la decisión de los otros juzgados que se habían declarado incompetentes.

“Sin embargo, pese a que se trataba de un aspecto ya dilucidado, esa dependencia judicial cambi� de criterio y envi� el infolio a sus hom�logos en la capital, lugar de �domicilio� de la accionante, sin que mediara reclamo del demandado o alguna otra hip�tesis de las previstas por el legislador procesal que habilitara ese proceder, con lo que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3511-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01398-00 — M.P. [ver documento] — 7 de junio de 2013

“En armon�a con lo anterior, el inciso tercero del art�culo 40 de la Ley 153 de 1887 se�ala que la �competencia para tramitar el proceso se regir� por la legislaci�n vigente en el momento de formulaci�n de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad� y, de forma concordante, el canon 625, numeral 8�, del actual Estatuto…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3511-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01398-00 — M.P. [ver documento] — 7 de junio de 2013

“Emerge claro, entonces, que el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal no divis� reparo en impulsar el citado juicio, que la accionante inicialmente le asign� a su par como consecuencia de la localizaci�n del predio en contienda, cuyo propietario y contraparte en esa litis tampoco se mostr� inconforme frente a ese espec�fico t�pico,…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3511-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-01398-00 — M.P. [ver documento] — 7 de junio de 2013

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece que los conflictos de competencia deben ser resueltos de acuerdo con las normas que regulan la materia, y que es fundamental garantizar el derecho de las partes a ser oídas en la jurisdicción adecuada. En este sentido, el Tratado enfatiza la importancia de la estabilidad de las decisiones judiciales y la necesidad de que los jueces actúen dentro de los límites de su competencia. Este principio es crucial para evitar la dilación en los procesos y para asegurar que las partes tengan acceso a una justicia efectiva. La Corte, al resolver el conflicto, se adhiere a estos principios, asegurando que el juzgado que originalmente asumió el conocimiento del caso continúe con su trámite.

“Muchas de esas dificultades he logrado superarlas mediante el estudio sistemático de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de las posiciones asumidas por cada magistrado frente a los distintos problemas jurídicos sometidos a su consideración.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado subraya que los jueces no pueden cambiar de criterio sobre su competencia sin un fundamento sólido que lo justifique. En este caso, la Corte encontró que el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal había actuado de manera inconsistente al cambiar su decisión inicial sin que mediara un reclamo por parte de las partes involucradas.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

Los errores que pueden dar lugar a la casación en casos de conflicto de competencia son variados. En primer lugar, se encuentra el error en la interpretación de las normas que regulan la competencia. Si un juzgado se declara incompetente sin un fundamento legal adecuado, esto puede ser motivo suficiente para que la Corte Suprema intervenga. Además, la falta de consideración de los principios de inmutabilidad de la competencia y de la estabilidad de las decisiones judiciales también puede dar lugar a la casación.

Otro error común es el incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación de recursos o la falta de notificación adecuada a las partes. Si un juzgado no notifica debidamente a las partes sobre su decisión de declarar la incompetencia, esto puede ser considerado un vicio procesal que afecte el derecho de defensa. Asimismo, el uso inapropiado de criterios de competencia que no se ajusten a la normativa vigente en el momento de la presentación de la demanda puede resultar en un conflicto que justifique la intervención de la Corte. En este caso, la Corte tuvo que analizar si los juzgados habían actuado conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y si habían respetado los derechos de las partes en el proceso.

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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casacion

Si recibio una sentencia desfavorable en segunda instancia, el primer paso es determinar si su caso tiene fundamento para casacion. El servicio incluye:

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  • Estudio tecnico de las causales aplicables
  • Analisis de errores de hecho y de derecho
  • Evaluacion de probabilidades de procedencia
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Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación procede en casos como este cuando se presentan conflictos de competencia entre juzgados de diferentes distritos judiciales. Para que el recurso sea admisible, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Uno de los principales es que la cuantía del litigio debe ser igual o superior a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Además, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se impugna.

Las causales de casación aplicables en estos casos incluyen la violación de normas procesales que regulan la competencia, así como la falta de motivación en las decisiones que declaran la incompetencia de un juzgado. También se puede alegar la vulneración del derecho al debido proceso si se considera que la decisión de remitir el expediente a otro juzgado no fue justificada adecuadamente. Es fundamental que las partes involucradas en el litigio estén atentas a estos plazos y requisitos, ya que el incumplimiento de cualquiera de ellos puede llevar a la inadmisión del recurso de casación.

Obra de referencia

Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana

Maikel Nisimblat · Amazon, 2026 · 33 capitulos · 223 secciones

Esta investigacion hace parte del analisis sistematico desarrollado en el Tratado, basado en 138 providencias verificadas de la Sala de Casacion Civil. Desarrolla: tecnica del recurso, causales, errores de hecho y de derecho, valoracion probatoria, jurisprudencia comentada y metodologia practica para litigantes ante la Corte Suprema de Justicia.

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Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano o parte involucrada en un proceso judicial, entender el conflicto de competencia y su resolución es crucial. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en este caso reafirma la importancia de que los juzgados actúen dentro de los límites de su competencia y respeten los derechos de las partes. Si se encuentra en una situación similar, es fundamental que conozca sus derechos y las vías legales disponibles para hacer valer sus intereses. La casación no solo es un recurso para impugnar decisiones desfavorables, sino que también es una herramienta para garantizar que se respeten las normas procesales y se asegure un juicio justo.

Además, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado que pueda guiarlo en el proceso y ayudarlo a tomar las decisiones adecuadas. La complejidad del sistema judicial puede ser abrumadora, pero con el apoyo adecuado, puede navegar por ella de manera efectiva y proteger sus derechos.

Sobre el autor

Maikel Nisimblat

Maikel Nisimblat es abogado colombiano, autor del Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026), investigador en derecho procesal civil y director de Nisimblat Law Offices. Durante mas de 27 anos ha estudiado la jurisprudencia de la Sala de Casacion Civil, desarrollando metodologias que combinan tecnica casacional y analisis sistematico de providencias.

Ha elaborado recursos de casacion en responsabilidad contractual y extracontractual, simulacion, seguros, sucesiones, responsabilidad medica y litigios comerciales de alta complejidad. Nisimblat Law Offices presta servicios de concepto de viabilidad, elaboracion de demanda, contestacion y representacion ante la Corte Suprema.

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Preguntas frecuentes sobre conflicto de competencia judicial

¿Qué es un conflicto de competencia judicial? Un conflicto de competencia judicial se produce cuando dos o más juzgados se declaran competentes o incompetentes para conocer un mismo asunto, generando incertidumbre sobre cuál debe resolver el caso.

¿Cómo se resuelve un conflicto de competencia? La resolución de un conflicto de competencia corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que debe determinar cuál de los juzgados es el competente para conocer el caso, basándose en las normas procesales aplicables.

¿Qué requisitos deben cumplirse para presentar un recurso de casación? Para presentar un recurso de casación, es necesario que la cuantía del litigio sea igual o superior a 1,000 SMLMV y que se interponga dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se impugna.

¿Qué errores pueden dar lugar a la casación en un conflicto de competencia? Los errores que pueden dar lugar a la casación incluyen la incorrecta interpretación de las normas de competencia, la falta de motivación en las decisiones judiciales y el incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación de recursos.

Nisimblat Law · 27 anos en casacion civil

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