La Industria de Petróleos y el Sector Hidrocarburos constituyen pilares fundamentales de la economía de numerosos países. Sin embargo, no está exento de desafíos legales y regulaciones que pueden influir significativamente en su desarrollo y operatividad. En este ensayo, discutiré la importancia de la supremacía de las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) frente a los procedimientos arbitrales que frecuentemente conducen a liquidaciones arbitrarias en este sector.
La relación entre las normas del CPACA y la industria petrolera se torna crítica cuando nos enfrentamos a la inoponibilidad de manuales de contratación que pueden ser utilizados como justificaciones para decisiones que, a primera vista, parecen estar amparadas bajo un marco normativo. Esta inoponibilidad, además de resultar en liquidaciones injustas, se convierte en un terreno fértil para el conflicto de interés que se manifiesta en las oficinas de las firmas tradicionales del Sector Petrolero. A través de este análisis, demostraré no solo el impacto de estas dinámicas, sino también la relevancia de la jurisprudencia del Consejo de Estado en la defensa de los derechos de las Uniones Temporales (UT) involucradas en el sector.
1. La Inoponibilidad de Manuales de Contratación en el Derecho de Petróleos
Los manuales de contratación en la Industria de Petróleos son documentos elaborados por las entidades estatales que contienen directrices e instrucciones sobre cómo llevar a cabo las actividades de selección de contratistas y la ejecución contractual. Sin embargo, el Consejo de Estado ha establecido, en su jurisprudencia, que dichos manuales no pueden ser considerados normas de carácter obligatorio. Como tal, su carácter inoponible frente a las disposiciones del CPACA puede acarrear serias repercusiones en la validez de las liquidaciones derivadas de su uso.
Este principio se fundamenta en la necesidad de garantizar un marco de protección a los derechos de los contratistas, especialmente en un sector como el de hidrocarburos, que no solo es sensible en términos económicos, sino también en términos de desarrollo nacional. Los manuales, al no tener el mismo rango normativo que una ley o un decreto expuesto en el marco del CPACA, no deberían prevalecer sobre las normas básicas de seguridad jurídica, transparencia y debido proceso que deben regir toda contratación pública.
Por lo tanto, surge la necesidad de revisar y cuestionar aquellas liquidaciones arbitrarias que se basan únicamente en manuales de contratación, dado que estos no cumplen con el estándar de obligatoriedad que se requiere para la generación de efectos jurídicos que desmejoren los derechos de las UT.
2. Supremacía de las Normas del CPACA y Recuperación de Sumas Millonarias
El CPACA, como cuerpo normativo que regula las actuaciones administrativas y garantizan el derecho al debido proceso, tiene primacía en el ámbito del derecho administrativo y contencioso administrativo. Esta supremacía otorga a las UT la capacidad de reclamar judicialmente contras liquidaciones arbitrarias que no cumplen con los postulados del CPACA, incluido el principio de favorabilidad que se traduce en varias dimensiones.
En el contexto del sector petrolero, donde las contrapartes suelen ser gigantescas corporaciones con asesorías legales de alto nivel, es crítico que todas las partes involucradas reconozcan que los derechos de las UT están protegidos. Gracias a la fuerza del CPACA, las UT han podido acceder a una serie de mecanismos procesales que les permiten, no solo cuestionar liquidaciones deformes, sino también recuperar sumas millonarias generadas a partir de decisiones arbitrales antecedentes que no respetaron las normas del CPACA.
Esta capacidad de recuperación, impulsada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, sirve como un baluarte de protección frente a las decisiones arbitrales que no guardan relación con la legalidad, pero que, en la práctica, pueden tener un impacto financiero devastador para las UT. La experiencia revela que, en ocasiones, el conflicto entre las normas de contratación y el CPACA desencadena una serie de litigios que, al final, no solo beneficia a los contratistas afectados, sino también a la reputación y sostenibilidad del sector petrolero en su conjunto.
3. Conflicto de Interés en Firmas Tradicionales
A medida que nos adentramos en el análisis del conflicto de interés en el sector petrolero, es imperativo que reconozcamos las dinámicas que operan detrás de los litigios en la industria de hidrocarburos. Las firmas jurídicas tradicionales con un enfoque en el sector petrolero a menudo se encuentran en una encrucijada. Por un lado, representan a las grandes operadoras de hidrocarburos que son sus principales clientes, pero, por el otro, son también consecuencia de liquidaciones arbitrarias que podrían llevar a sus clientes a un detrimento económico considerable.
Este conflicto de interés plantea serias dudas sobre la capacidad de estas firmas para actuar en defensa de los intereses de las UT y acceder al sistema judicial para demandar a las operadoras. En lugar de buscar la reparación de perjuicios a sus clientes menores, estas firmas se orientan hacia el mantenimiento de relaciones comerciales robustas que les aseguran flujo de caja estable y recursos financieros abundantes.
La falta de disposición para enfrentar a los grandes jugadores limita la capacidad de las UT para hacer valer sus derechos y fomenta un entorno en el que las empresas grandes pueden actuar con libertad, sabiendo que no serán cuestionadas. De este modo, la falta de acción en el contexto de este conflicto de interés no solo afecta a los actores menores dentro del sector, sino que perpetúa una cultura de impunidad que podría tener repercusiones en la sostenibilidad de la industria de hidrocarburos en el país.
4. Propuestas para Mejorar la Legalidad en el Sector Petrolero
Frente a este panorama, propongo una serie de acciones que podrían delinear una suerte de epílogo optimista para el sector petrolero:
1. Revisión y Actualización de Manuales de Contratación: Es esencial llevar a cabo un trabajo de construcción colectiva entre los actores del sector, donde se reevalué la vigencia de los manuales de contratación y su alineación con el CPACA.
2. Promoción de un Código Ético en la Práctica Jurídica: Las firmas deben adoptar marcos éticos que les permitan balancear su rol como asesores legales con su responsabilidad social de defender a todos sus clientes, evitando así el conflicto de interés mencionado.
3. Fomentar Litigios Estratégicos: Se deberían incentivar acciones en defensa de los programas de interés público que busquen reclamar ante el Estado el cumplimiento de la legalidad, así como compensaciones por liquidaciones arbitrarias que denoten una falta de justificación.
4. Fortalecer la Fiscalización sobre Prácticas Arbitrales: Las autoridades competentes deberían implementar mecanismos más solidos de vigilancia sobre los laudos y decisiones arbitrales en el sector, garantizando que la justicia prevalezca.
5. Desarrollo de Capacidades para UTEs: Es indispensable crear programas de capacitación que promuevan la creación de UT más robustas y con mejor conocimiento de sus derechos, potenciando así su capacidad de respuesta ante abusos.
Conclusión
El Sector Petrolero y la Industria de Hidrocarburos enfrentan desafíos complejos en el marco de la normativa y regulación vigente. Sin embargo, con la supremacía de las normas del CPACA, impulsada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, se abre la posibilidad de resarcir injusticias y llevar a cabo un control más efectivo ante las liquidaciones arbitrarias.
Es crucial que todos los actores involucrados, desde el Estado hasta los contratistas menores, trabajen en sintonía para fomentar un entorno de justicia, transparencia y legalidad en el sector. Solo así se podrá asegurar que el Sector Petrolero se desarrolle de manera sostenible y equitativa, beneficiando no solo a las operadoras y contratistas, sino a la economía en su conjunto.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Experto en el Sector Petrolero e Hidrocarburos
Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Petróleos.
Nuestra firma lidera el litigio de alta cuantía en el Sector Petrolero, enfocándose en la nulidad de liquidaciones unilaterales que asfixian a las Uniones Temporales.
Independencia Total: No asesoramos operadoras, lo que nos permite demandar la inoponibilidad de sus manuales de contratación, garantizando el flujo de caja que las firmas con conflictos de interés no pueden defender.
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MAIKEL NISIMBLAT - Director Juridico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Harvard PON, MIT, Wharton AI, IBM AI Specialist, George Washington University School of Business. Especialista en litigio con mas de 27 anos de experiencia en casos de alta complejidad en Colombia. Creador de Energy Audit AI reconocido en Associated Press, Fox News y CBS, abril 2026.
Autor de las siguientes publicaciones:
- Responsabilidad Contractual
- Responsabilidad Extracontractual
- Estudios sobre Casacion