El sector petrolero ha sido un pilar fundamental en la economía de Colombia, al mismo tiempo que ha sido objeto de complejas interacciones jurídicas y conflictos territoriales. En este contexto, las servidumbres juegan un papel crucial, ya que son instrumentos que permiten a las empresas operadoras acceder a las tierras necesarias para llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, el manejo defectuoso de los títulos de propiedad por parte de las operadoras genera un impacto negativo, no solo en la seguridad jurídica de los contratos EPC (Ingeniería, Procurement y Construcción) suscritos por las Uniones Temporales (UT), sino también en la relación entre estas y las autoridades, la comunidad y otros stakeholders.
1. Régimen legal de las servidumbres en el sector petrolero
Las servidumbres en el sector petrolero en Colombia están reguladas principalmente por la Ley 1274 de 2009 y el Código de Petróleos. La Ley 1274 establece las condiciones bajo las cuales las empresas pueden acceder a terrenos privados, definiendo los procedimientos a seguir para la constitución de servidumbres, así como las obligaciones de las operadoras en cuanto a la compensación a los propietarios afectados.
El artículo 1º de la Ley 1274 señala que las servidumbres constituidas para la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos son esenciales para el desarrollo de las actividades mineras y de hidrocarburos. Se establece que las empresas operadoras deben obtener los permisos necesarios y, de no llegar a un acuerdo con los propietarios, pueden solicitar la declaración judicial de la servidumbre. Sin embargo, resulta fundamental que estas empresas tengan un título claro y legítimo sobre los terrenos para llevar a cabo sus actividades sin contratiempos.
El Código de Petróleos también refuerza esta noción y aclara que el acceso y uso de tierras deben sujetarse a la normatividad vigente, asegurando que cualquier afectación a la propiedad privada esté fundamentada en la ley. La falta de un correcto saneamiento de los títulos por parte de las operadoras puede resultar en conflictos legales extensos y en un impacto negativo, tanto social como económico.
2. Saneamiento defectuoso de títulos por la operadora: inseguridad jurídica para la ejecución del contrato EPC
El saneamiento defectuoso de títulos implica que las operadoras no cuentan con la adecuada legitimidad sobre los bienes que pretenden utilizar, generando una situación donde el contrato EPC suscrito con la UT se ve afectado por inseguridades inherentes a la titularidad del terreno. Esto puede evidenciarse en la existencia de conflictos de propiedad, donde otros reclamantes se adjudican derechos sobre la misma tierra o en la falta de diligencia en la obtención de las servidumbres necesarias.
La inseguridad jurídica desencadenada por un saneamiento defectuoso de títulos puede dificultar considerablemente el avance del proyecto. Las UT, que dependen de la seguridad en el acceso a las áreas de operación para garantizar la continuidad de sus obras, se encuentran en una situación precaria cuando los títulos son desafiados, debiendo enfrentar posibles interrupciones y, en consecuencia, sobrecostos significativos.
De esta manera, argumentamos que las UT no deben asumir el costo de las dificultades derivadas de errores en el saneamiento de títulos por parte de las operadoras. Cualquier controversia resulta en gastos innecesarios, retrasos que podrían extenderse por meses o incluso años y, en última instancia, representan un incumplimiento de las obligaciones contractuales que deberían ser asumidas por la operadora.
3. Conflicto de interés: la complicidad de las firmas ‘Big Law’
En el paisaje legal que rodea al sector petrolero, las firmas de abogados conocidas como «Big Law» presentan un fenómeno preocupante. A menudo, estas firmas actúan como asesores legales tanto para las operadoras como para las UT y otros actores involucrados. Sin embargo, su posición como defensores de las operadoras puede crear conflictos de interés que no son del todo transparentes.
La lealtad de las firmas hacia las operadoras puede resultar en una falta de presión sobre ellas para que se comprometan con un saneamiento adecuado de los predios. Las operadoras son, en muchos casos, sus clientes permanentes, lo que puede influir en la voluntad de estas firmas de interceder en favor de los propietarios de terrenos o informarles sobre irregularidades en los títulos. Tal desigualdad en la representación y asesoría jurídica puede perjudicar gravemente la posición de las UT, que se ven atrapadas entre el interés empresarial de las operadoras y su propia necesidad de garantizar sus derechos contractuales.
Cuando las firmas de abogados priorizan su relación económica con las operadoras, los intereses de las UT y de las comunidades locales quedan relegados. Esto plantea serias interrogantes sobre la equidad en el sector petrolero y la efectividad de la asesoría jurídica facilitada por estas entidades de alto prestigio.
4. Jurisprudencia sobre la responsabilidad de la operadora en el acceso al área de operación
La jurisprudencia colombiana ha abordado en diversas ocasiones la responsabilidad de las empresas operadoras en relación con el acceso al área de operación. Se ha sostenido que la operadora es completamente responsable de la obtención de los derechos necesarios para desarrollar su actividad, lo cual incluye el saneamiento de los títulos de propiedad sobre los terrenos.
En la sentencia T-103 de 2020, la Corte Constitucional de Colombia se pronunció sobre la obligación de las operadoras de respetar el derecho a la propiedad, señalando que el acceso a estas tierras debe ser previamente garantizado a través de los mecanismos que la ley proporciona para el saneamiento de títulos. Esto establece un precedente en el que la responsabilidad de las operadoras no puede ser minimizada, y cualquier perjuicio generado por su falta de diligencia podría ser objeto de reclamación tanto contra ellas como contra sus fideicomisarios.
Adicionalmente, el Consejo de Estado ha reforzado la idea de que la indefensión de ciertos sectores de la población y la falta de consideración hacia sus derechos pueden llevar a sanciones para las operadoras, obligándolas a remediar las afectaciones que sus operaciones causan. Este contexto judicial brinda una base para que las UT reclamen compensaciones y protecciones frente a las operadoras, basándose en la premisa de que la responsabilidad sobre el acceso y saneamiento recae, en definitiva, sobre la empresa que inicia la actividad.
Conclusión
El sector petrolero se encuentra en un delicado equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos de propiedad. Como hemos analizado, la normativa que regula las servidumbres en este contexto, aunque robusta, puede verse socavada por prácticas inadecuadas de saneamiento por parte de las operadoras. Esto genera inseguridad jurídica y plantea serios desafíos para la ejecución efectiva de los contratos EPC por parte de las UT.
El conflicto de interés que se presenta en las relaciones entre las operadoras y las firmas de abogados, junto con el marco jurídico sobre la responsabilidad empresarial, subraya la necesidad de una rectificación en las dinámicas del sector. Existen herramientas jurídicas que permiten a las UT proteger sus derechos y garantizar una compensación justa, pero la efectividad de estas dependerá de una defensa decidida frente a las irregularidades en el acceso al territorio.
A medida que avanza la legislación y la práctica en este ámbito, es fundamental que se tenga una mayor conciencia sobre la importancia de una asesoría legal ética y transparente, que respete y defienda los derechos de todos los actores involucrados. Esto no solo asegurará un entorno más justo para el desarrollo petrolero, sino que también contribuirá al fortalecimiento de la convivencia y la paz social en las regiones afectadas por estas actividades.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Experto en Servidumbres y Derecho de Tierras en el Sector Petrolero
Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Petróleos.
En el Sector Petrolero, la viabilidad de un proyecto depende de la correcta gestión de las servidumbres legales de hidrocarburos.
Estrategia de Defensa: Nisimblat Law interviene en conflictos por limitaciones al dominio y falta de saneamiento predial por parte de las operadoras, garantizando que las Uniones Temporales no asuman los costos de los retrasos por falta de acceso a las áreas de perforación o transporte.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación