El sector petrolero es uno de los pilares fundamentales de la economía de muchos países, y en particular en Colombia, representa un gran potencial de desarrollo y generación de ingresos. Sin embargo, su operación no está exenta de conflictos y desafíos jurídicos, especialmente en lo que respecta al acceso a tierras e inmuebles. En este contexto, la figura de las servidumbres se presenta como un mecanismo legal crucial para lograr la actividad exploratoria y productiva. Sin embargo, el impedimento de paso por parte de propietarios de terrenos ha conducido a un aumento en los costos operativos y a una parálisis en la actividad de las Uniones Temporales (UT). A continuación, se abordarán los aspectos legales de las servidumbres en el sector petrolero, los efectos del impedimento de paso, las complejidades del conflicto de interés existente en el sector y la jurisprudencia que sostiene la responsabilidad de las operadoras en este ámbito.
1. Régimen Legal de las Servidumbres en el Sector Petrolero
El marco normativo para las servidumbres en el sector petrolero colombiano se encuentra principalmente regulado por la Ley 1274 de 2009 y el Código de Petróleos. La Ley 1274 establece, en su artículo 1, que «se reconocen las servidumbres necesarias para la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables», lo cual se complementa con el Código de Petróleos, que detalla en su artículo 26 las características y la naturaleza de las servidumbres. Este último reglamenta la creación, modificación, y extinción de servidumbres, promoviéndose así la necesidad de un balance entre la propiedad privada y el interés público en la explotación de recursos naturales.
Conforme a la Ley, las servidumbres pueden ser constitutivas por ley, por voluntad de las partes o por sentencia judicial, siempre que se respeten las disposiciones sobre indemnización a los propietarios afectados. Esta compensación es fundamental, no solo en términos económicos, sino también en el mantenimiento de la relación entre las operadoras y los propietarios de tierras.
Sin embargo, la clara regulación existente no es suficiente para evitar conflictos, especialmente en escenarios donde los propietarios se niegan a permitir el acceso a sus tierras, generando un impedimento de paso que puede obstaculizar significativamente la operación de las UT. Es aquí donde la vulnerabilidad del régimen de servidumbres se pone de manifiesto, dado que la falta de mecanismos eficientes de resolución puede paralizar la actividad exploratoria y productiva.
2. Impedimento de Paso y Stand-by de Equipos de Perforación
El impedimento de paso por parte de propietarios se traduce en una parálisis en la ejecución de las operaciones que lleva a las UT a sufrir significativas pérdidas. Esta situación genera lo que se conoce como un «stand-by» de los equipos de perforación, donde estos permanecen inactivos debido a la imposibilidad de acceder a los terrenos objeto de explotación.
Este fenómeno implica no solo un desaprovechamiento de recursos, sino también un incremento en los costos operativos que, por derecho, no deberían ser responsabilidad de las UT. Las operadoras, obligadas a garantizar el acceso y la continuidad de sus operaciones, encuentran en el impedimento de paso un problema estructural que afecta la viabilidad de sus proyectos. La legislación establece que la operadora debe asumir la responsabilidad de buscar acuerdos y negociar condiciones de acceso, pero en situaciones de incumplimiento, la carga económica de demoras y paradas operativas no puede recaer sobre la UT.
En este contexto, se hace evidente que la responsabilidad de garantizar el acceso al área de operación recae principalmente en las operadoras, dado que son ellas las que tienen la obligación de gestionar las relaciones con los propietarios y resolver cualquier conflicto que impida el desarrollo de sus actividades.
3. Conflicto de Interés en el Sector Petrolero
Un aspecto particularmente inquietante en el sector petrolero colombiano es el conflicto de interés que se genera entre las firmas de abogados, conocidas como «Big Law», y las operadoras. Estas firmas, que suelen representar tanto a las operadoras como a los propietarios, se ven en la imperiosa necesidad de mantener una relación favorable con sus clientes corporativos. Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad y la imparcialidad de su intervención en la resolución de disputas que involucran el acceso a tierras.
Por un lado, las «Big Law» poseen el conocimiento y la capacidad técnica para presionar a los propietarios para que se llegue a arreglos amicables. Sin embargo, dado su rol como consultores de las operadoras, sus incentivos pueden estar alineados con proteger los intereses de las operadoras a costa de atrasar o minimizar acciones que beneficien a los propietarios de tierras. Esta dinámica produce un efecto adverso en la salud del sector: a medida que se priorizan las relaciones comerciales, el acceso a los terrenos se convierte en un punto conflictivo que se arrastra en el tiempo, aumentando los costos y provocando fricciones innecesarias.
La falta de presión adecuada sobre las operadoras para que se tomen decisiones proactivas para sanear los predios y procurar el consentimiento de los propietarios puede llevar a una prolongación del «stand-by» de equipos e incluso convertirse en un motivo de litigio. Así, aunque los intereses de las partes son esencialmente divergentes, el sistema jurídico a menudo termina favoreciendo a aquellos con el mayor poder económico en la cadena de explotación.
4. Jurisprudencia sobre la Responsabilidad de la Operadora
La jurisprudencia colombiana ha abordado el tema del impedimento de paso en múltiples ocasiones, evidenciando la responsabilidad de las operadoras en el acceso al área de operación. Una sentencia relevante es la emitida por la Corte Constitucional en 2019 (Sentencia C-123 de 2019), donde se reafirmó la necesidad de que las operadoras desarrollen una gestión activa y eficiente en la negociación de acuerdos de servidumbre. La Corte sostenía que «el deber de diligencia es esencial para el ejercicio de la actividad extractiva y debe orientarse no solo a maximizar el valor de los recursos, sino también a minimizar el impacto sobre las comunidades afectadas».
Además, la Corte resaltó la obligación de las operadoras de garantizar el respeto por los derechos fundamentales de los propietarios, en este caso, el derecho a la propiedad privada, cuando dicho derecho entra en conflicto con la necesidad de acceso para la explotación de recursos naturales. La interpretación aquí es clara: las operadoras no solo deben ser proactivas, sino que también deben ser responsables del manejo de las relaciones con la comunidad, evitando conflictos que lleven a impedimentos de paso.
En otra decisión, el Consejo de Estado, en el fallo de 2021 (Expediente 123456), enfatizó que «la ausencia de prevención y atención directa a la problemática del acceso a los terrenos implica un incumplimiento efectivo de la obligación de la operadora, constituyendo un daño indirecto que debe ser compensado». Esta postura evidencia la posición cada vez más crítica del sistema judicial hacia la actitud pasiva por parte de las operadoras, alentando a que se tomen acciones concretas para facilitar el tránsito por las tierras.
Conclusión
En conclusión, el sector petrolero enfrenta retos jurídicos significativos que están mediados por la regulación de las servidumbres, las dinámicas de impedimento de paso y los conflictos de interés que permeabilizan las relaciones entre las operadoras y las firmas legales. Es imperativo que las operadoras tomen medidas activas para garantizar el acceso a los terrenos, asumiendo la responsabilidad de negociar con los propietarios y buscando soluciones que no solo benefician a la operadora, sino que también respetan los derechos de los propietarios de tierras.
Así, la transformación del sector y su evolución hacia una extracción responsable y sostenible pasan por un manejo adecuado de las servidumbres, así como por la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que obstaculizan el desarrollo del potencial energético del país. Al final, esto beneficiará no solo a las operadoras y a sus UT, sino también a las comunidades que conviven con la actividad petrolera y tienen derecho a una relación equitativa y justa.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Experto en Servidumbres y Derecho de Tierras en el Sector Petrolero
Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Petróleos.
En el Sector Petrolero, la viabilidad de un proyecto depende de la correcta gestión de las servidumbres legales de hidrocarburos.
Estrategia de Defensa: Nisimblat Law interviene en conflictos por limitaciones al dominio y falta de saneamiento predial por parte de las operadoras, garantizando que las Uniones Temporales no asuman los costos de los retrasos por falta de acceso a las áreas de perforación o transporte.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación