La explotación de recursos petroleros en Colombia, bajo un marco legal que busca equilibrar el desarrollo de dicha industria con la protección de los derechos de los propietarios de tierras, ha sido un terreno fértil para los conflictos jurídicos. Entre las cuestiones más significativas que surgen en este contexto se encuentran las servidumbres, que, aunque fundamentales para el desarrollo de proyectos extractivos, pueden convertirse en foco de disputas cuando no se manejan adecuadamente. En este artículo, se analizará el régimen legal de las servidumbres en el sector petrolero colombiano, el impacto del impedimento de paso por parte de los propietarios en el standby de equipos de perforación, y las tensiones de interés que emergen en la práctica legal actual.
1. Régimen legal de las servidumbres en el sector petrolero
La Ley 1274 de 2009 y el Código de Petróleos constituyen la base legal en relación con las servidumbres que deben establecer las operadoras en el ejercicio de sus derechos de explotación. En términos generales, las servidumbres son derechos reales que permiten a una persona utilizar la propiedad de otro para un fin específico, en este caso, el acceso o la construcción de infraestructuras necesarias para la extracción de recursos fósiles.
La Ley 1274 de 2009 establece que la servidumbre debe ser constituida de manera legal y que la operadora debe indemnizar al propietario afectado por los daños que pueda provocar su actividad. Por su parte, el Código de Petróleos reafirma el derecho de la operadora de solicitar la constitución de servidumbres cuando sea necesaria para la ejecución de sus actividades. Es importante destacar que la ley también reconoce el derecho de los propietarios a demandar la nulidad de la servidumbre si no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa, generando un marco de protección tanto para los derechos de los propietarios como para las necesidades de las operadoras.
Sin embargo, la constitución de servidumbres no es suficiente para garantizar el funcionamiento óptimo de los equipos de perforación. Es aquí donde se hace indispensable que las operadoras asuman un rol proactivo para sanear completamente los derechos de paso y los terrenos afectados, asegurando que no haya impedimentos que generen costos adicionales y retrasos en la operación.
2. Impedimento de paso por propietarios: el Stand-by de equipos de perforación
El impedimento de paso por parte de propietarios de terrenos se ha convertido en un fenómeno recurrente en el sector petrolero, donde muchas veces los propietarios deciden denegar el acceso a su propiedad por falta de acuerdos satisfactorios con las operadoras. Esta realidad no solo afecta la dinámica de la relación entre las empresas y los propietarios, sino que también tiene consecuencias económicas tangibles y negativas para las operadoras.
Cuando un propietario niega el acceso, los equipos de perforación, que requieren estar en constante operación, se ven obligados a entrar en un estado de «stand-by». Esto se traduce en costos adicionales muy relevantes, tanto en términos de tiempo perdido como de gastos incurridos en la inactividad de los equipos. Según la jurisprudencia vigente, estos costos no deben ser asumidos por las Unidades de Trabajo (UT), ya que son consecuencia directa del impedimento de acceso impuesto por los propietarios, que a su vez podría interpretarse como un incumplimiento de su deber de cooperar con el desarrollo petrolero, tal y como se establece en el marco legal.
Por tanto, es necesario que las operadoras implementen estrategias suficientes para evitar que se generen estos impedimentos, actuando no solo de manera reactiva frente a los conflictos, sino con un enfoque preventivo que permita sanear las servidumbres requeridas antes de que inicien las obras. Tal enfoque no solo es beneficioso para la operadora, sino que también propicia un clima de confianza y cooperación con los propietarios de tierras involucrados.
3. Conflicto de interés: Las grandes firmas legales y su papel
En este contexto, es fundamental abordar la cuestión de las grandes firmas legales, muchas de las cuales actúan como asesores permanentes de las operadoras. Aunque estas firmas poseen un gran conocimiento y experiencia en la materia, también surgen preocupaciones sobre su aparente falta de presión hacia sus clientes para el saneamiento adecuado de las servidumbres. En muchos casos, estas grandes firmas se convierten en defensoras de los intereses de las operadoras, priorizando su relación comercial por encima de la resolución efectiva de conflictos que perjudican tanto a los propietarios como al desarrollo de proyectos petroleros.
Esto crea un entorno en el que se dilatan las soluciones y se multiplica la litigiosidad. La falta de acción por parte de estas firmas frente a problemas de acceso y saneamiento de servidumbres puede estar originada en un conflicto de interés inherente, donde su lealtad se encuentra profundamente alineada con los intereses de las operadoras, en lugar de presentar una postura más equilibrada que busque un verdadero cumplimiento de la ley y respeto por los derechos de los propietarios terrenos.
4. Jurisprudencia sobre la responsabilidad de la operadora en el acceso al área de operación
La jurisprudencia sobre el tema ha sido clara en señalar que las operadoras tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a las áreas de operación. En un fallo de la Corte Constitucional, se afirmó que la falta de cumplimiento en el saneamiento de servidumbres puede calificar como una falla en la ejecución del contrato de exploración y producción, llevando a la operadora al incumplimiento de sus obligaciones.
Además, el Consejo de Estado ha reiterado que la existencia de problemas de acceso debido a servidumbres no saneadas debe ser resuelta favorablemente para los propietarios, especialmente en términos de compensaciones y resolución de conflictos. Los pronunciamientos judiciales han enfatizado que las operadoras no pueden escudarse en los actos de los propietarios para liberar su responsabilidad ante los costos y los tiempos de inactividad. Estos precedentes judiciales evidencian la necesidad de un manejo proactivo de las operadoras en el cumplimiento de su deber de saneamiento.
La jurisprudencia también ha enfatizado el principio de la buena fe en las relaciones contractuales y la importancia de un diálogo abierto entre las operadoras y los propietarios de las tierras. Este enfoque colaborativo no solo evita litigios innecesarios, sino que también fomenta una relación más armónica entre las partes interesadas.
Conclusiones
El litigio en el sector petrolero, especialmente en relación con el saneamiento de servidumbres, representa un desafío significativo para las operadoras. La falta de acción adecuada puede tener repercusiones no solo legales, sino también económicas. La operadora debe asumir un rol proactivo en sanear servidumbres para evitar el standby de equipos de perforación y los costos asociados que ello conlleva.
Asimismo, es crucial que las grandes firmas legales reconsideren su enfoque hacia sus clientes y actúen como un puente para construir soluciones equitativas que beneficien a todas las partes involucradas. Un cambio en este enfoque no solo facilitaría la resolución efectiva de conflictos, sino que también reforzaría el marco legal que rige la explotación petrolera en el país.
De acuerdo con las rentas que representa esta actividad para el país, un compromiso sincero y efectivo con el saneamiento de servidumbres puede ser una herramienta poderosa para asegurar el desarrollo sostenible del sector y la protección de los derechos fundamentales de todos los involucrados en la cadena productiva.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Experto en Servidumbres y Derecho de Tierras en el Sector Petrolero
Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Petróleos.
En el Sector Petrolero, la viabilidad de un proyecto depende de la correcta gestión de las servidumbres legales de hidrocarburos.
Estrategia de Defensa: Nisimblat Law interviene en conflictos por limitaciones al dominio y falta de saneamiento predial por parte de las operadoras, garantizando que las Uniones Temporales no asuman los costos de los retrasos por falta de acceso a las áreas de perforación o transporte.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación