Industria de Hidrocarburos: Limitaciones al dominio y el Saneamiento defectuoso de títulos por la operadora

1. Marco legal de las servidumbres en el sector petrolero: Ley 1274 de 2009 y Código de Petróleos

El marco normativo que regula las servidumbres en el sector petrolero es fundamental para el adecuado desarrollo de las operaciones extractivas en el país. La Ley 1274 de 2009, que modifica diversas disposiciones del Código de Petróleos, establece un régimen jurídico específico para la constitución y ejercicio de estas figuras jurídicas en el contexto de la exploración y explotación de hidrocarburos.

El artículo 49 de la Ley 1274 reconoce la posibilidad de constituir servidumbres sobre predios privados cuando el titular de los derechos de exploración y producción lo demande, para garantizar el acceso y desarrollo de las actividades inherentes. Se establece, a su vez, que dichas servidumbres deben ser solicitadas ante la administración competente y, en caso de desacuerdo entre las partes, serán fijadas por la autoridad competente. Es esencial que este procedimiento respete los derechos de los propietarios afectados, brindando oportunidades para la negociación y evaluación de compensaciones justas.

El Código de Petróleos, por otro lado, complementa esta regulación y fija principios sobre el uso del suelo y la protección del medio ambiente. Establece que el ejercicio de la servidumbre debe ser proporcional y que la afectación a los predios debe ser mínima, buscando siempre un equilibrio entre el interés público y los derechos de propiedad. Sin embargo, la práctica ha evidenciado que, a menudo, las operadoras no cumplen con el debido proceso y se hace caso omiso del principio de buena fe, generándose conflictos interminables con los propietarios de las tierras donde se llevan a cabo las operaciones.

2. Saneamiento defectuoso de títulos y su impacto en la ejecución del contrato EPC

Uno de los problemas más delicados en la industria de hidrocarburos es el «saneamiento defectuoso de títulos» por parte de las operadoras. Cuando una operadora no ha realizado diligentemente el saneamiento de los títulos de propiedad que afectan a los terrenos donde se van a desenvolver las actividades de explotación, se generan serias inseguridades jurídicas. Este saneamiento debe cumplir con la totalidad de los requisitos legales para que los contratos que se celebren en este contexto tengan validez y puedan ser ejecutados sin contratiempos.

En el contexto del contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction), la falta de un correcto saneamiento de los títulos no solo pone en riesgo la viabilidad del proyecto, sino que también genera un entorno de incertidumbre que podría resultar en sanciones, demandas o incluso la paralización de las obras. Si el acceso al área de operación se basa en títulos defectuosos, la Unión Temporal (UT) que ejecuta el contrato podría verse obligada a asumir costos que no fueron previstos inicialmente, lo cual es inaceptable desde un punto de vista contractual. La UT, en virtud de la inseguridad jurídica generada por la operadora, tiene motivos fundados para no realizar un pago en virtud de un contrato que se encuentra en la cuerda floja por estas deficiencias legales.

3. Conflicto de interés: las «Big Law» y el saneamiento de predios

Un aspecto que exacerba esta problemática es la relación entre las operadoras y las grandes firmas de abogados, comúnmente referidas como «Big Law». Estas firmas, que son contratadas por las operadoras para gestionar sus intereses legales, a menudo se encuentran en un dilema de conflicto de interés. Por un lado, buscan proteger y maximizar los intereses de sus clientes, y por otro, tienen una responsabilidad ética y profesional con el sistema judicial y los propietarios de tierras afectados.

El problema surge cuando estas firmas evitan presionar adecuadamente a las operadoras para que lleven a cabo el debido proceso de saneamiento de títulos, ya que la relación continua con sus clientes les crea incentivos económicos para no cuestionar sus decisiones. Esta falta de presión puede resultar en una cultura de impunidad donde las operadoras se sientan cómodas ignorando la necesidad de gestionar los derechos de propiedad de forma rigurosa.

Este conflicto de interés no solo perjudica a los propietarios de las tierras, que quedan expuestos a la falta de claridad y seguridad jurídica, sino que también amenaza la integridad del sistema jurídico en su conjunto. La responsabilidad de las «Big Law» debe ser revisada y, si es necesario, regulada para que cumplan con su función de evitar situaciones en las que su interés económico predomine sobre los principios de justicia y equidad.

4. Jurisprudencia sobre la responsabilidad de la operadora en el acceso al área de operación

La jurisprudencia ha abordado la responsabilidad de las operadoras en varias ocasiones, destacando la necesidad de un acceso legítimo y bien fundamentado a las áreas de operación. Los fallos judiciales se han orientado a proteger los derechos de los propietarios y a exigir a las operadoras que demuestren un cumplimiento cabal de los requisitos legales durante el proceso de constitución de servidumbres.

El Consejo de Estado de Colombia, en varias sentencias, ha reiterado la obligación de las operadoras de garantizar que la adquisición de permisos y títulos esté respaldada por una condición de legalidad rigurosa. En sus pronunciamientos, también ha afirmado que, en caso de que una operadora opere sin la debida diligencia en el saneamiento de sus títulos, puede ser considerada responsable por los daños que esto cause, tanto a los dueños de los terrenos como a las partes intervinientes en los contratos relacionados.

Así, la jurisprudencia refuerza la idea de que el saneamiento de títulos es un deber ineludible para las operadoras con implicaciones tanto en la esfera civil como administrativa. Esto subraya la necesidad de un marco más estricto y controles efectivos sobre las operaciones petroleras, a fin de que no se vulneren los derechos de terceros.

Conclusión

La industria de hidrocarburos enfrenta un escenario complejo en el que convergen la legalidad, los intereses económicos y los derechos de propiedad. Las servidumbres, reguladas por la Ley 1274 de 2009 y el Código de Petróleos, ofrecen un marco jurídico pero también revelan limitaciones significativas cuando las operadoras no cumplen con el saneamiento de títulos requerido, generando inseguridad para los contratos EPC y para los derechos de los propietarios de tierras.

El conflicto de intereses entre las «Big Law» y las operadoras apremia a examinar hasta qué punto los intereses del cliente afectan la equidad y transparencia de las operaciones petroleras. En última instancia, se requiere un cambio de cultura empresarial y de responsabilidad ética en el sector, de modo que se priorice la legalidad y el respeto por los derechos de propiedad.

El camino hacia una industria de hidrocarburos más justa y sustentable exige una revisión exhaustiva de las prácticas actuales y una mayor responsabilidad por parte de todos los actores involucrados en el proceso. Solo así se puede esperar un futuro donde se conjuguen las actividades extractivas y el respeto por los derechos fundamentados en la propiedad y la justicia social.

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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law

Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.

Autor de las siguientes publicaciones:

• 📘 Responsabilidad Contractual
• 📘 Responsabilidad extracontractual
• 📘 Estudios sobre Casación