Hijo de pensionado fallecido cobró pensión mediante certificados falsos — estafa agravada — casación penal Colombia
Análisis elaborado por
Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices
Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.
La estafa es un delito que atenta contra la confianza y la buena fe en las relaciones económicas y sociales. En este caso, un hijo de un pensionado fallecido se vio involucrado en un acto delictivo que no solo vulneró la confianza de las entidades pagadoras, sino que también afectó el sistema de seguridad social. Este tipo de situaciones son especialmente dolorosas, ya que implican la traición a la memoria de un ser querido y el aprovechamiento de su ausencia para obtener beneficios económicos de manera ilícita. La justicia debe actuar con firmeza en estos casos para salvaguardar los derechos de las víctimas y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia en relación con este caso es un recordatorio de la importancia de la legalidad y la ética en todas nuestras acciones.
¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?
Los hechos que dieron origen a este caso se remontan a la Resolución 4944 de 1986, mediante la cual se reconoció una sustitución pensional a un individuo. Tras su fallecimiento el 30 de mayo de 2003, se descubrió que su hijo continuó cobrando la pensión de manera fraudulenta. Entre los años 2004 y 2007, el hijo del pensionado presentó certificados falsos de supervivencia, supuestamente emitidos por una notaría, así como una autorización falsa de su padre para cobrar la prestación en su nombre. Gracias a estos documentos falsificados, logró engañar a las entidades pagadoras, como el Banco Agrario y Bancolombia, apropiándose de dineros que pertenecían al Sistema General de Seguridad Social Integral. Este comportamiento delictivo fue objeto de investigación por parte de la Fiscalía, que finalmente acusó al hijo del pensionado por estafa agravada y enriquecimiento ilícito. El juez de primera instancia dictó una sentencia condenatoria, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Cali tras un recurso de apelación. Posteriormente, el acusado interpuso un recurso de casación que fue inadmitido, lo que llevó a la Corte a pronunciarse sobre la vulneración de derechos fundamentales en el proceso.
Lo que analizó la Sala de Casación Penal
En su análisis, la Sala de Casación Penal examinó las circunstancias que rodearon el caso y la aplicación de los principios jurídicos pertinentes. Se identificó que el acusado había sido condenado por estafa agravada y enriquecimiento ilícito, delitos que presentan un elemento común: el incremento patrimonial ilícito. La Corte enfatizó que, aunque ambos delitos pueden coexistir, en este caso específico se configuraba una hipótesis de concurso aparente. Esto significa que la conducta del acusado, al haber obtenido un beneficio económico a través de la estafa, no podía ser sancionada nuevamente por enriquecimiento ilícito, ya que ambos delitos compartían el mismo resultado en términos de provecho patrimonial. Este análisis llevó a la Corte a considerar que la aplicación del principio non bis in ídem era fundamental para proteger los derechos del procesado, evitando que se le impusieran sanciones duplicadas por el mismo hecho delictivo. Así, la Corte decidió adoptar los correctivos necesarios para garantizar el respeto a los derechos fundamentales del acusado.
Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia
Consideraciones de la Corte — SP1503-2024
M.P. Myriam Ávila Roldán · Radicación 62281 ·
En ese sentido, pese a que el enriquecimiento ilícito de particulares atenta contra un bien jurídico supraindividual (el orden económico y social), también es verdad que la conducta típica consiste en la obtención de un efecto (un incremento patrimonial personal -injustificado y relacionado con actividades delictivas) que encuentra identidad con el resultado requerido por la estafa, este es, la consecución de un provecho patrimonial -para sí o pa
Frente a las posibilidades de que el delito de estafa concurse con la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares, la Sala fijó su postura mediante CSJ SP20949-2017, rad. 45273, en los siguientes términos: En principio, es posible señalar que el provecho ilícito al que se refiere la estafa, en últimas, consiste en un goce, beneficio o utilidad que origina en favor del estafador un enriquecimiento evidentemente ilícito, en tanto no
En suma, es cierto que el enriquecimiento ilícito de particulares puede concursar materialmente con los delitos de los cuales deriva, pero ello está condicionado a que la comisión del delito fuente no implique para el sujeto activo la obtención del incremento patrimonial no justificado ni exista identidad entre el provecho económico ilícito producto del delito originario y el incremento patrimonial injustificado, pues es esos casos el enriquecimi
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — SP1503-2024 — M.P. Myriam Ávila Roldán — Radicación 62281 —
¿Esta sentencia aplica a su caso?
Solicite un análisis de viabilidad según su situación específica.
¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?
La casación penal puede ser procedente en situaciones donde se evidencien errores en la aplicación de la ley o en la valoración de las pruebas. Según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, se pueden presentar causales de casación por violación de derechos fundamentales, falta de aplicación de la ley penal, o por errores en la interpretación de los hechos. En este caso, el Tribunal incurrió en un error al no considerar adecuadamente el principio non bis in ídem, lo que llevó a una doble sanción por el mismo hecho. Además, la inadmisión del recurso de casación sin la debida justificación también constituye un error que puede ser objeto de revisión. La falta de insistencia en la presentación del recurso por parte del demandante no puede ser utilizada como argumento para desestimar el derecho a la defensa y a un juicio justo. Por lo tanto, estos errores son fundamentales para entender las razones que llevaron a la Corte a intervenir y corregir la situación del procesado.
Nisimblat Law · Casación Penal Colombia
Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal
Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
Elaboración de la demanda ante el Tribunal
Representación ante la Sala de Casación Penal
Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.
El recurso de casación penal es un mecanismo extraordinario que permite revisar las sentencias proferidas por los tribunales, y puede ser interpuesto en un plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia. Posteriormente, se cuenta con un término de 30 días para presentar la demanda ante el Tribunal. Este recurso procede cuando se alegan violaciones a la ley, errores en la aplicación de la norma o vulneraciones a derechos fundamentales. Es importante destacar que la casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad del proceso y de la sentencia emitida. En este sentido, la Corte tiene la facultad de anular la sentencia impugnada y, en algunos casos, ordenar la realización de un nuevo juicio. La correcta interposición del recurso y la presentación de argumentos sólidos son fundamentales para su éxito.
¿Qué significa esto para usted?
La resolución de este caso resalta la importancia de la legalidad y la justicia en el ámbito penal. La intervención de la Corte Suprema de Justicia no solo busca proteger los derechos del procesado, sino también garantizar que el sistema judicial funcione de manera justa y equitativa. Para los ciudadanos, esto significa que, en situaciones similares, existe un mecanismo de defensa que puede ser utilizado para cuestionar decisiones judiciales que no se ajusten a derecho. Además, la protección del principio non bis in ídem es crucial para evitar que una persona sea sancionada dos veces por el mismo hecho delictivo. En este sentido, es fundamental que los ciudadanos conozcan sus derechos y las vías legales disponibles para defenderse ante posibles injusticias. La confianza en el sistema judicial se fortalece cuando se respetan los derechos fundamentales y se aplican correctamente las leyes.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la casación penal? La casación penal es un recurso extraordinario que permite revisar las sentencias emitidas por los tribunales, con el fin de garantizar la correcta aplicación de la ley y la protección de los derechos fundamentales de los procesados.
¿Cuáles son las causales para interponer un recurso de casación? Las causales para interponer un recurso de casación incluyen violaciones a derechos fundamentales, errores en la aplicación de la ley penal y falta de consideración de pruebas relevantes en el proceso.
¿Qué plazo tengo para interponer un recurso de casación? El plazo para interponer un recurso de casación es de 5 días a partir de la notificación de la sentencia, y se cuenta con 30 días adicionales para presentar la demanda ante el Tribunal.
¿Qué sucede si se admite el recurso de casación? Si se admite el recurso de casación, la Corte revisará la legalidad de la sentencia impugnada y podrá anularla, ordenar un nuevo juicio o modificar la decisión del tribunal inferior.
Nisimblat Law · 27 años en casación
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MAIKEL NISIMBLAT - Director Juridico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Harvard PON, MIT, Wharton AI, IBM AI Specialist, George Washington University School of Business. Especialista en litigio con mas de 27 anos de experiencia en casos de alta complejidad en Colombia. Creador de Energy Audit AI reconocido en Associated Press, Fox News y CBS, abril 2026.
