La extinción de dominio es una figura jurídica que ha cobrado relevancia en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. A pesar de su naturaleza punitiva y de su objetivo de despojar a los criminales de bienes adquiridos ilícitamente, es esencial entender sus implicaciones para los propietarios y gerentes de empresas, quienes pueden verse afectados en su patrimonio y actividad económica. En este análisis, nos centraremos en dos aspectos fundamentales: la interpretación de la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio) y las estrategias legales que permiten la recuperación de bienes que han sido objeto de incautación.
1. Análisis de la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio) y su Carácter Real
La Ley 1708 de 2014 establece el procedimiento y las condiciones bajo las cuales el Estado puede declarar la extinción de dominio sobre bienes que se presumen de origen ilícito. Se trata de una norma que se caracteriza por su enfoque real y no personal; esto significa que se centra en el bien en sí mismo y no en la persona que lo posee. Esta característica invita a una reflexión profunda sobre las implicaciones de esta ley para los propietarios y gerentes.
El carácter real implica que el Estado puede proceder a la incautación de bienes, independientemente de la titularidad del mismo, siempre que se logre establecer una relación de los bienes con actividades ilícitas. Esto es especialmente preocupante para empresarios y gerentes que pueden ver sus bienes afectados sin la posibilidad de defenderse de forma directa en relación a su conducta personal. En consecuencia, la carga de la prueba se desplaza significativamente.
La ley, aunque se propone ser un instrumento para la restitución a la sociedad de bienes que provienen de actividades delictivas, genera un contexto donde se vulnera el principio de presunción de inocencia y, por ende, se debe ser extremadamente cuidadoso en la manera de manejar y documentar los orígenes de los fondos utilizados en la adquisición de bienes.
2. Reconstrucción de la Contabilidad: Probar la Licitud del Origen de los Fondos
Ante la complejidad que implica la Ley 1708 de 2014, es vital que los propietarios y gerentes cuenten con una visión clara sobre cómo pueden defenderse de posibles afectaciones a su patrimonio. Desde Nisimblat Law, hemos desarrollado un enfoque meticuloso para la reconstrucción de la contabilidad que permite demostrar la licitud del origen de los fondos utilizados para la adquisición de bienes.
Este proceso implica un examen detallado de dos décadas de registros contables, que incluye la validación de todas las transacciones financieras, ingresos, egresos y toda la documentación que pueda respaldar la legalidad del origen de los recursos. Este ejercicio no solo es necesario para restablecer la credibilidad ante la autoridad, sino que también permite a los gerentes y propietarios comprender mejor sus propias operaciones financieras.
Dicha reconstrucción debe contemplar la sistematización de documentos como facturas, contratos y otros instrumentos que evidencien la procedencia legítima de los fondos involucrados. Además, el soporte de un perito contable que facilite la interpretación de los datos puede ser determinante para establecer, de manera fehaciente, la integridad empresaria.
3. Ataque a la ‘Presunción de Ilicitud’
Uno de los aspectos más críticos que enfrentan los propietarios y gerentes en el contexto de la extinción de dominio es la aplicación arbitraria de la ‘presunción de ilicitud’ por parte de la Fiscalía. Cuando la autoridad presume que un bien es de origen ilícito, la carga de la prueba recae en el propietario para demostrar lo contrario. Este principio, que podría considerarse contrario a la lógica del debido proceso, aboga por un enfoque preventivo que puede llevar a situaciones injustas.
Nisimblat Law advierte sobre la importancia de no aceptar pasivamente esta presunción. Desde un enfoque jurídico, es fundamental articular una estrategia que cuestione la validez de la imputación hecha por la Fiscalía. Esto incluye demostrar la falta de elementos suficientes que permitan sostener la presunción de ilicitud, asegurando que se respeten los derechos de defensa y el derecho a un juicio justo.
Dado que la ley permite que la Fiscalía tome decisiones discrecionales, es crucial que los propietarios y gerentes estén preparados para hacer frente a estas situaciones. La preparación precisa y un enfoque formal en la defensa pueden marcar la diferencia en el resultado del proceso de extinción de dominio.
4. Protección de la Empresa como Unidad Productiva (Artículo 333 de la Constitución)
Un elemento esencial que debe tenerse en cuenta en este proceso es el artículo 333 de la Constitución Política, que establece el principio de protección a la propiedad privada y la libre iniciativa económica. Este artículo debe ser invocado no solo como un derecho, sino como un baluarte en la defensa de la empresa como unidad productiva.
Los empresarios tienen derechos que deben ser protegidos, incluso en el contexto de una investigación o proceso judicial. La extinción de dominio no puede desarrollarse sin considerar que la empresa es parte fundamental del tejido económico de la sociedad y su despojo puede tener repercusiones negativas no solo para los propietarios, sino también para los empleados y la comunidad en general.
Desde Nisimblat Law, se recomienda articular un discurso que evidencie no solo la legalidad de los bienes, sino también la relevancia de la actividad productiva de la empresa para el desarrollo económico y social del país. Al defender la protección de la unidad productiva, se fomenta un sentido de responsabilidad social que puede influir en las decisiones del Estado.
Conclusión
La extinción de dominio, a través de la Ley 1708 de 2014, plantea un desafío significativo para propietarios y gerentes ante la posible afectación de su patrimonio y actividad económica. Sin embargo, con las estrategias adecuadas y el soporte jurídico-financiero necesario, es posible enfrentar estas situaciones con fundamentación y éxito.
La reconstrucción de la contabilidad, la impugnación de la presunción de ilicitud y la defensa de la empresa como unidad productiva son herramientas vitales para resguardar los intereses de quienes han actuado de manera legítima. Desde Nisimblat Law, estamos comprometidos con la defensa de los grandes patrimonios, abogando por la justicia y un sistema que respete el derecho a la propiedad y la legalidad en las actividades económicas. La protección del patrimonio es una cuestión de derecho y dignidad; trabajamos para que nuestros clientes nunca estén solos en esta batalla.
MAIKEL NISIMBLAT
Estratega en Defensa de Activos y Extinción de Dominio
Abogado de la Universidad de los Andes con formación en Wharton (Finance).
La verdadera batalla penal moderna no es solo por la libertad, es por el Patrimonio. En Nisimblat Law, somos especialistas en desvirtuar la procedencia ilícita de bienes mediante rastreo forense de capitales y reconstrucción histórica de flujos lícitos.
Blindaje Patrimonial: Representamos a empresarios y terceros de buena fe exenta de culpa en procesos ante la Fiscalía de Extinción de Dominio y la SAE, garantizando la recuperación de bienes incautados y la protección de la propiedad privada frente a interpretaciones erróneas del Estado.
⚖️ Evaluación Legal Especializada — Nisimblat Law
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación