Ex gobernador del Putumayo acusado de peculado en contratación pública — casación penal Colombia
Análisis elaborado por
Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices
Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.
La situación de los funcionarios públicos en Colombia es un tema complejo, especialmente cuando se trata de acusaciones de peculado y contratación irregular. La confianza depositada en estos servidores es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado. Sin embargo, cuando se presentan irregularidades, es necesario que la justicia actúe de manera efectiva para salvaguardar los recursos públicos y garantizar la transparencia en la gestión. En este contexto, el caso del ex gobernador del Putumayo, acusado de peculado por apropiación en favor de terceros, resalta la importancia de la responsabilidad en la administración pública. La Sala de Casación Penal se enfrenta a un dilema que no solo afecta al procesado, sino que también tiene implicaciones para la confianza ciudadana en las instituciones. Este artículo analiza los hechos, el análisis de la Sala y los posibles errores que podrían dar lugar a un recurso de casación.
¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?
Los hechos que rodean este caso se remontan a contratos suscritos en 2003 por el ex gobernador del Putumayo, en los cuales se comprometió a suministrar cemento para la pavimentación de vías urbanas en varios municipios. Sin embargo, se alega que estos contratos fueron fraccionados con el fin de eludir la obligatoriedad de la licitación pública. Esto se tradujo en la firma de cuatro contratos consecutivos, todos con el mismo objeto y con un único contratista. A pesar de que el monto de cada contrato era inferior al umbral que requería licitación, la naturaleza del proyecto indicaba que debió ser tratado como un único contrato. Además, se argumenta que el contratista no cumplió con la entrega del material, apropiándose de una suma significativa de recursos públicos. La Contraloría General de la República inició la investigación, lo que llevó a la apertura de un proceso penal en el que se acusó al ex gobernador de peculado y de celebrar contratos sin cumplir los requisitos legales.
Lo que analizó la Sala de Casación Penal
La Sala de Casación Penal se centró en determinar si existían elementos suficientes para considerar que el ex gobernador había incurrido en los delitos que se le imputaban. Se analizó la naturaleza de los contratos y se concluyó que, a pesar de la defensa del ex gobernador, los contratos en cuestión debieron ser considerados como un solo proyecto debido a su identidad en el objeto y la forma en que fueron tramitados. La Sala destacó que el fraccionamiento de los contratos no solo vulneró los principios de transparencia y selección objetiva, sino que también constituyó una violación a la normativa que regula la contratación pública. Además, se revisó la responsabilidad del ex gobernador en cuanto a la supervisión de sus subalternos, concluyendo que, aunque existe un principio de confianza, este no exime de responsabilidad en casos de evidente irregularidad en la gestión contractual.
Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia
Consideraciones de la Corte — SP1063-2024
M.P. Fernando León Bolaños Palacios · Radicación 60778 ·
La Sala no examinará la tipicidad objetiva de las conductas punibles, pues, sobre la convergencia de sus elementos, en las dos conductas por las que se procede, no se ha suscitado discusión alguna en sede de apelación; y de otra parte, la Fiscalía centró su crítica, exclusivamente, en los elementos subjetivos, al entender que el procesado al suscribir como gobernador del Departamento del Putumayo, los contratos 034, 035, 036 y 037 de 2003, estaba
El artículo 410 del Código Penal, que para el presente caso resulta aplicable en su redacción original, establece que: «El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensua
Los artículos 12 y 25, numeral 10, de la Ley 80 de 1993, preceptúan que los jefes y representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, con sujeción a las cuantías indicadas en las respectivas juntas y consejos directivos. En todo caso, la delegación, no deriva en ausencia de responsabilidad del encargado de la contratación, pues, la función de adjudicación está a su cargo.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — SP1063-2024 — M.P. Fernando León Bolaños Palacios — Radicación 60778 —
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¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?
En el contexto de la Ley 906 de 2004, existen causales específicas que pueden dar lugar a la casación. Una de las más relevantes es la violación de normas sustantivas o procesales que afecten el debido proceso. En este caso, se podría argumentar que el Tribunal no analizó adecuadamente las pruebas presentadas, o que se ignoraron aspectos fundamentales del derecho administrativo y penal que rigen la contratación pública. Otro error podría ser la incorrecta valoración de las pruebas, lo que podría llevar a una conclusión errónea sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Además, la falta de motivación en la sentencia también podría ser un motivo para la casación, ya que es fundamental que las decisiones judiciales estén debidamente fundamentadas y expliquen claramente las razones que llevaron a la conclusión adoptada.
Nisimblat Law · Casación Penal Colombia
Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal
Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
Elaboración de la demanda ante el Tribunal
Representación ante la Sala de Casación Penal
Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.
El recurso de casación penal procede en los casos en que se aleguen violaciones a las normas que regulan el proceso penal, así como a los derechos fundamentales de los acusados. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia y debe ser sustentado ante el Tribunal correspondiente. Es importante que el demandante identifique claramente las causales de casación y presente argumentos sólidos que justifiquen la revisión de la decisión del Tribunal. La casación no es un nuevo juicio, sino una revisión de la legalidad de la decisión adoptada, por lo que se debe tener en cuenta que no se pueden presentar pruebas nuevas ni realizar un análisis de fondo sobre los hechos del caso.
¿Qué significa esto para usted?
Para cualquier ciudadano, el caso del ex gobernador del Putumayo representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La gestión de recursos públicos es un tema que debe preocupar a todos, ya que afecta directamente el bienestar de la sociedad. La posibilidad de que un funcionario público sea llevado ante la justicia por irregularidades en su gestión es un signo positivo de que las instituciones están funcionando. Sin embargo, también es fundamental que se garantice un debido proceso y que las decisiones judiciales sean justas y fundamentadas. La confianza en el sistema judicial es esencial para que los ciudadanos se sientan seguros de que sus derechos están protegidos y que la justicia se aplica de manera equitativa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el peculado? El peculado es un delito que se comete cuando un servidor público se apropia o distrae recursos públicos en beneficio propio o de terceros. Este delito busca proteger los bienes del Estado y garantizar que los recursos sean utilizados para el bien común.
¿Cuáles son las consecuencias del peculado? Las consecuencias del peculado pueden incluir sanciones penales, como prisión, así como la obligación de restituir los recursos apropiados. Además, el funcionario puede enfrentar inhabilidades para ejercer cargos públicos.
¿Qué debe hacer un funcionario si es acusado de peculado? Un funcionario acusado de peculado debe buscar asesoría legal inmediata para entender sus derechos y las implicaciones de la acusación. Es fundamental contar con una defensa adecuada que garantice un debido proceso.
¿Cómo se puede prevenir el peculado en la administración pública? La prevención del peculado requiere de una gestión transparente, controles internos efectivos, auditorías regulares y una cultura de rendición de cuentas en la administración pública. La capacitación y sensibilización de los funcionarios también son clave para evitar irregularidades.
Nisimblat Law · 27 años en casación
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MAIKEL NISIMBLAT - Director Juridico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Harvard PON, MIT, Wharton AI, IBM AI Specialist, George Washington University School of Business. Especialista en litigio con mas de 27 anos de experiencia en casos de alta complejidad en Colombia. Creador de Energy Audit AI reconocido en Associated Press, Fox News y CBS, abril 2026.
