Introducción
La Ley 1708 de 2014, que establece el Código de Extinción de Dominio en Colombia, ha generado un periplo jurídico significativo que toca diversos aspectos del derecho penal y financiero. Este cuerpo normativo permite al Estado reclamar bienes que, por regla general, son atribuibles a actividades ilícitas, generando una serie de interrogantes sobre la figura del «tercerista de buena fe». Este análisis se enfocará en el carácter real, no personal, de la extinción de dominio, la manera en que Nisimblat Law contribuye a la reconstrucción de la contabilidad de las empresas, la crítica a la ‘presunción de ilicitud’ aplicada a menudo de forma arbitraria por la Fiscalía, y la protectora función del artículo 333 de la Constitución en lo que respecta a la protección de las unidades productivas.
1. Análisis de la Ley 1708 de 2014: Carácter Real, No Personal
El Código de Extinción de Dominio, en su esencia, consagra un conjunto de principios que resguardan la propiedad privada, mientras facilita la acción del Estado en la recuperación de bienes vinculados a actividades delictivas. A diferencia de otros procedimientos que pueden enfocarse en la persona del imputado, la extinción de dominio se enfoca en el bien en sí, siendo esta característica «real». Esto implica que el procedimiento puede iniciarse independientemente de la situación penal del propietario o poseedor del bien.
La naturaleza real del derecho en este contexto significa que, en la mayoría de los casos, el origen ilícito de los fondos implica a bienes mismos, sin que necesariamente la culpabilidad penal del dueño de los mismos deba ser demostrada. Este carácter desvinculado permite una acción estatal más ágil, pero también requiere una defensa robusta para aquellos que, siendo ajenos a las actividades ilícitas que rodean un bien, podrían ver amenazada su propiedad.
La figura del «tercerista de buena fe» se inserta en este marco jurídico de manera crítica. Este actor, que adquiere o posee bienes sin conocimiento del origen ilícito, debe contar con mecanismos legales que le permitan defender su posición. La Ley 1708 ha establecido una serie de exigencias para acreditar la buena fe, las cuales son esenciales para evitar que tanto personas como empresas sean objeto de una doble victimización: primero, por la vulnerabilidad a la que se enfrentan al estar asociadas a un bien de origen dudoso, y segundo, por el riesgo de pérdida de su patrimonio.
2. Reconstrucción Contable: La Propuesta de Nisimblat Law
Una de las herramientas más poderosas que tiene un propietario o gerente ante una acción de extinción de dominio es la capacidad de demostrar la licitud de los recursos económicos que respaldan su patrimonio. En este sentido, Nisimblat Law se ha posicionado como un aliado estratégico en la reconstrucción de la contabilidad de los últimos 20 años.
Este proceso no solo implica la verificación de documentos y la recolección de pruebas, sino también la creación de un relato contable que explique claramente el origen de los fondos. Mediante la elaboración de informes financieros detallados, se puede establecer una cadena lógica que demuestre la procedencia legitima de los recursos empleados en la creación o adquisición del patrimonio en cuestión.
El apoyo contable se complementa con evaluaciones fiscales, análisis de tendencias de mercado y estudios sectoriales que permiten demostrar que el crecimiento patrimonial ha sido el resultado de buenas prácticas comerciales y no de operaciones irregulares. Esta reconstrucción se fundamenta en una normativa vigente y en unos estándares internacionales que permiten sostener la buena fe del cliente frente a cualquier cuestionamiento de la Fiscalía.
Además, este proceso debe ser retrospectivo, considerando factores como condiciones del mercado, inflaciones y variaciones económicas que puedan haber influido en la trayectoria financiera del bien o del negocio. Al proporcionar una defensa sólida que sustente la procedencia lícita de los recursos, Nisimblat Law busca dotar a sus clientes de herramientas efectivas para combatir la severidad de los juicios penales.
3. Crítica a la ‘Presunción de Ilicitud’
La presunción de ilicitud que en ocasiones aplica la Fiscalía puede llevar a la estigmatización de propietarios y comerciantes que en realidad no tienen relación con las actividades ilícitas que rodean sus bienes. Esta situación es particularmente dañina, ya que no solo afecta al patrimonio, sino que puede perjudicar la reputación y el funcionamiento normal de una empresa.
La ‘presunción de ilicitud’ se puede entender como un mecanismo que, si bien tiene un objetivo de protección nacional y una razón de ser en la lucha contra el crimen organizado, puede convertirse en un arma de doble filo si se aplica de forma arbitraria. En este sentido, es importante que se realicen investigaciones exhaustivas antes de afectar el patrimonio de una persona o empresa.
Nisimblat Law hace hincapié en que, aunque la carga de la prueba puede recaer en los acusados de demostrar la licencia de los bienes, las autoridades deben estar sujetas a estándares claros y precisos antes de decidir intervenir patrimonialmente. La arbitrariedad en el ejercicio del poder estatal puede dar lugar a violaciones de derechos fundamentales, y dado que la extinción de dominio es un proceso tan gravoso, debe regirse por principios de certeza y justicia.
Desde la práctica, se sugiere que quienes enfrentan acusaciones de ilicitud busquen establecer una red de defensa que no únicamente desvirtúe las acusaciones, sino que también eduque a los tomadores de decisiones y a la opinión pública acerca de la importancia de la protección del patrimonio legítimo en el marco de la ley.
4. Protección de la Empresa como Unidad Productiva: Artículo 333 de la Constitución
En Colombia, el artículo 333 de la Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable y que el Estado debe protegerla. Este principio se relaciona directamente con la defensa de las unidades productivas y el fomento del desarrollo económico. La extinción de dominio, al no distinguir entre el patrimonio ilícito y el licito, puede comprometer el equilibrio que la Constitución busca mantener entre la protección de la propiedad privada y los intereses comunes.
Un enfoque protector para las empresas debe considerar que la extinción de dominio no es solo una cuestión penal, sino que tiene implicaciones económicas. La seguridad jurídica es fundamental para atraer y mantener inversión en el país; de lo contrario, se corre el riesgo de que tanto empresarios como inversionistas busquen entornos más seguros, donde su patrimonio no se vea expuesto a ataques legales infundados.
La unidad productiva debe ser blindada no solo bajo la premisa de que sus bienes son producto de trabajo legítimo, sino que también se debe garantizar un espacio donde el empresario pueda operar sin la amenaza constante de la extinción de dominio. Esta protección jurídica se traduce en aspectos prácticos, como la promoción de mecanismos de defensa que permitan a propietarios y gerentes demostrar la legitimidad de su actividad económica.
Es fundamental entonces que la práctica de la extinción de dominio sea revisada y aplicada conforme a un modelo que no desproteja a los actores económicos, especialmente aquellos que desempeñan funciones vitales para el desarrollo del país. En este escenario, Nisimblat Law se convierte en un defensor del derecho a la propiedad y a la continuidad de las actividades empresariales.
Conclusión
El contexto jurídico-financiero en el que operan los propietarios y gerentes en Colombia es complejo, especialmente en lo que se refiere a la legislación sobre extinción de dominio. El análisis del Código de Extinción de Dominio revela la necesidad de una respuesta robusta y bien fundamentada por parte de aquellos que se enfrentan a acusaciones de ilicitud. La reconstrucción contable que ofrece Nisimblat Law juega un papel crucial en la defensa de los derechos de propiedad, resaltando la importancia de demostrar el origen legítimo de los fondos.
Asimismo, es crucial cuestionar y defender contra la presunción de ilicitud que a veces se ejerce de manera arbitraria. La protección de la unidad productiva es una responsabilidad compartida entre los actores económicos y el Estado. En este sentido, el marco constitucional proporciona un fundamento sólido que debe ser aprovechado por empresas y propietarios para pelear sus derechos.
Como jurista financiero y protector de grandes patrimonios, se hace indispensable contar con la asesoría adecuada que guíe a los empresarios en su lucha por mantener su patrimonio frente a las amenazas de la extinción de dominio. La construcción de una defensa sólida y bien estructurada es el primer paso para garantizar que las empresas sigan siendo un motor clave en la economía colombiana, alejadas del estigma de la ilegalidad.
MAIKEL NISIMBLAT
Estratega en Defensa de Activos y Extinción de Dominio
Abogado de la Universidad de los Andes con formación en Wharton (Finance).
La verdadera batalla penal moderna no es solo por la libertad, es por el Patrimonio. En Nisimblat Law, somos especialistas en desvirtuar la procedencia ilícita de bienes mediante rastreo forense de capitales y reconstrucción histórica de flujos lícitos.
Blindaje Patrimonial: Representamos a empresarios y terceros de buena fe exenta de culpa en procesos ante la Fiscalía de Extinción de Dominio y la SAE, garantizando la recuperación de bienes incautados y la protección de la propiedad privada frente a interpretaciones erróneas del Estado.
⚖️ Evaluación Legal Especializada — Nisimblat Law
Si usted requiere una consulta urgente con un abogado experto el equipo de Nisimblat Law ofrece una auditoría técnica y legal de su caso bajo los más altos estándares internacionales.
MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación