Defensa Penal: Estrategia ante cargos de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales

I. Introducción

El ámbito del derecho penal, especialmente en el contexto de la contratación estatal, se ha tornado complejo y exigente. Los cargos relacionados con «Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales» se han convertido en una herramienta de la Fiscalía para perseguir a contratistas privados, a menudo basándose en interpretaciones erróneas o abusivas de la normativa existente. Este tratado se propone brindar un análisis riguroso del tipo penal mencionado y desarrollar estrategias de defensa efectivas para los acusados.

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II. Análisis del Tipo Penal: «Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales»

El tipo penal de «Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales» se tipifica como una falta a la normativa de contratación pública. Esta figura legal busca garantizar que las relaciones contractuales entre el Estado y los privados cumplan criterios de transparencia, legalidad y la debida correcta ejecución de los presupuestos públicos. Sin embargo, tal como se observa en numerosas jurisdicciones, su aplicación frecuentemente transgrede principios fundamentales del derecho penal, entre los que destaca el de presunción de inocencia, y puede resultar en la criminalización de la gestión empresarial.

Para que un contrato sea considerado válido, debe cumplir con una serie de requisitos formales y materiales. No obstante, la no observancia de un requisito legal no siempre implica mala fe o dolo por parte del contratista. Por lo general, este tipo penal se invoca en escenarios donde se cuestiona la existencia de un vicio que nivela el contrato a una nulidad. Sin embargo, es imperativo establecer que la simple infracción de disposiciones administrativas no se traduce automáticamente en culpa penal, existiendo un abismo entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal.

La defensa en estos casos debe concentrarse en demostrar que, aunque pudiera haber habido fallas administrativas, estas fueron atendidas con la debida diligencia y, en todo caso, sin la intención de ocultar o defraudar al Estado. Además, las perspectivas sobre la ejecución de contratos deben incluir el análisis del contexto específico en el que se llevó a cabo la contratación y su ejecución.

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III. El Dolo en la Contratación Estatal: No se Presume

Un aspecto esencial del derecho penal es la necesidad de establecer el dolo para la configuración de la responsabilidad penal. En materia de contratación estatal, el dolo no se presume y debe ser específicamente probado por la acusación. La creencia errada de que un contratista privado actúa de manera dolosa en virtud de una infracción administrativa puede llevar a resultados injustos y desproporcionados.

Este principio se apoya en la idea de que las entidades estatales, en su función de control y fiscalización, deben operar con la máxima transparencia y debido proceso. Los contratistas, por su parte, son merecedores de la misma protección que cualquier individuo que se ve envuelto en un proceso penal. No se puede asumir que un error o improcedencia en la ejecución del contrato conlleva automática y necesariamente la imputación de intenciones dolosas.

La defensa debe articular un argumento claro que establezca que el actor no actuó con el objetivo de eludir o vulnerar la normativa legal, sino que, en todo momento, actuó dentro de los márgenes de lo permitido, llevando a cabo su labor con buena fe. Para ello, es vital recolectar y presentar pruebas que evidencien el cumplimiento de estándares éticos y operativos durante todas las fases de contratación y ejecución.

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IV. La Teoría del Riesgo Permitido en la Ejecución de Presupuestos Públicos

Un concepto fundamental en el análisis de la responsabilidad por incumplimiento contractual en el ámbito del derecho administrativo es la «Teoría del Riesgo Permitido». Esta teoría implica que los contratistas estatales asumen ciertos riesgos inherentes al negocio de la contratación pública, pero no son responsables penalmente por efectos de fuerza mayor o circunstancias que escapan a su control.

En la práctica, esto quiere decir que, a pesar de que podrían presentarse desviaciones durante la ejecución de un proyecto, siempre y cuando estas desviaciones sean resultado de factores ajenos a la voluntad del contratista, el riesgo no puede ser tratado como un dolo o culpa. Adicionalmente, la evidencia de que las acciones del contratista fueron alineadas con las buenas prácticas podría reforzar la defensa frente a acusaciones de mal manejo.

La tarea de la defensa es demostrar que la eventualidad que origina la imputación no era previsible ni controlable, con el uso de pruebas que permitan resaltar el contexto del proyecto, la implementación de medidas de mitigación y el compromiso del contratista con los estándares esperados. Para lograrlo, se debe contar con un sólido soporte documental que respalde la argumentación de que, en función de la «Teoría del Riesgo Permitido», no puede existir un nivel de imputación penal sobre supuestas infracciones administrativas menores.

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V. Método de Nisimblat Law para Desmontar Peritajes Técnicos de la Fiscalía

En el ámbito de los procesos donde se impugnan contratos públicos o su ejecución, los peritajes juegan un papel crucial. Sin embargo, como se ha visto en múltiples ocasiones, los informes periciales producidos por la Fiscalía no siempre se sustentan en un fundamento científico sólido ni cumplen con los principios de imparcialidad necesarios.

El método de Nisimblat Law se orienta a desmontar los peritajes mediante la contratación de peritos especializados que presenten contra-evidencias técnicas. Cada peritaje presentado por la Fiscalía debe ser examinado minuciosamente en cuanto a su metodología, conclusiones e interpretación de la normativa. Los peritos defensores deben tener experiencia en el área específica del contrato en cuestión y ser capaces de criticar la labor realizada por el perito fiscal, distinguiendo entre deficiencias metodológicas y resultados inflacionados.

El generar un peritaje técnico que valide no solo la actuación del contratista sino que también refute de manera precisa las imputaciones de la Fiscalía, es fundamental. Este enfoque permite a la defensa proporcionar una contranarrativa sólida que ampare los actos del contratista en la legalidad, y, así mismo, culpabilizar la carga de prueba y duda sobre la acusación, en línea con los postulados del derecho penal moderno.

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VI. Conclusiones

La defensa penal ante cargos de «Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales» requiere un conocimiento profundo del marco normativo, así como una habilidad estratégica para presentar y demostrar, frente a la Fiscalía y los jueces, la ausencia de dolo y la naturaleza no culposa de las acciones del acusado. La correcta interpretación de los tipos penales, el manejo del principio de no presunción de dolo y la aplicación de teorías como la del Riesgo Permitido son fundamentales en la construcción de una defensa sólida.

Adicionalmente, la metodología de Nisimblat Law, a través de la impugnación técnica de los peritajes, fortalece la capacidad de contrarrestar las acusaciones formuladas por la Fiscalía, volviéndola más vulnerable ante la rigurosidad del análisis técnico y la eventual falta de sustento probatorio.

En definitiva, la defensa no es únicamente una mera reacción ante las acusaciones, sino un proceso proactivo que busca preservar tanto los derechos del contratista como su reputación frente a la sociedad y las instituciones estatales, propiciando así un ejercicio justo y equitativo del derecho penal en el marco de la contratación pública.

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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law

Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.

Autor de las siguientes publicaciones:

• 📘 Responsabilidad Contractual
• 📘 Responsabilidad extracontractual
• 📘 Estudios sobre Casación