INTRODUCCIÓN
En el dinámico entorno empresarial colombiano, la responsabilidad penal de la junta directiva adquiere una relevancia inusitada. Este análisis está dirigido a las juntas directivas y otros altos ejecutivos que, si bien son los responsables de la dirección y el control de sus organizaciones, deben ser conscientes de la posición de garante que ocupan en el marco de la legislación penal colombiana. En tal contexto, el compliance como estrategia preventiva se erige como una herramienta fundamental para evitar la imputación de cargos por responsabilidades delictivas que puedan comprometer no solo a la Fiscalía, sino también a la reputación corporativa y la estabilidad económica de la entidad.
1. Posición de Garante del Representante Legal en Colombia
La figura del representante legal en Colombia se encuentra revestida de un deber especial: es un garante de la legalidad en la actividad empresarial. Este deber se traduce en la obligación de garantizar la observancia de las normas y en la prevención de la comisión de delitos dentro de la empresa. Según el artículo 24 del Código Penal colombiano, el que debe evitar un resultado lesivo, y por omisión no lo hace, puede ser considerado penalmente responsable.
El fundamento de este concepto radica en la naturaleza misma de las decisiones que toma el representante legal, quien no solo actúa en nombre de la sociedad, sino que también tiene la obligación de salvaguardar los intereses de sus trabajadores, acreedores y el entorno social y ambiental. Así, se construye una relación de confianza y responsabilidad, donde la ignorancia o la negligencia en la supervisión de la actividad de la empresa pueden dar lugar a una responsabilidad penal por omisión.
En este sentido, el representante legal debe actuar con la diligencia debida, lo que significa que debe estar al tanto de las operaciones de la empresa, establecer políticas internas que prohíban la práctica de conductas delictivas y garantizar que todos los empleados y directivos cumplan con dichas políticas. La falta de cumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la imputación penal, consecuencia que debe evitarse a toda costa, no solo desde un enfoque jurídico, sino también desde la preservación de la integridad de la empresa.
2. Un Sistema de Compliance Real como Herramienta Preventiva
Implementar un sistema de compliance robusto puede ser la diferencia entre la imputación de responsabilidad penal y la protección de la junta directiva. Este sistema no debe ser solo un conjunto de normativas, sino una cultura organizacional que promueva la ética y la legalidad. Cuando se establece adecuadamente, un sistema de compliance puede funcionar como un escudo frente a posibles imputaciones por parte de las autoridades.
Primero, el compliance permite identificar y evaluar riesgos a los que se enfrenta la empresa, especialmente aquellos que pueden derivarse de conductas delictivas, como corrupción, lavado de activos o delitos ambientales. Un análisis continuo y proactivo del entorno operacional es fundamental para ajustar protocolos y procedimientos internos que mitiguen esos riesgos.
Además, un sistema de compliance adecuado implica la capacitación constante de empleados y directivos en las normativas legales aplicables y en cómo se concreta su cumplimiento en la práctica. Este enfoque educativo promueve una cultura de responsabilidad, de modo que todos los miembros de la organización entiendan su rol como garantes de la legalidad, lo que a su vez reduce las posibilidades de que ocurran delitos en el ámbito empresarial.
Por otro lado, la creación de un canal de denuncias anónimas y confiable permite que se reporten irregularidades sin temor a represalias. Esta herramienta es crucial, ya que puede actuar como un mecanismo de alerta temprana que permite a la junta directiva tomar acciones antes de que se agraven las situaciones problemáticas y, potencialmente, se corran riesgos penales.
Finalmente, el monitoreo y la auditoría periódica del sistema de compliance aseguran que la empresa cumpla con las normas establecidas y permite realizar ajustes necesarios de manera oportuna. Cuando las autoridades investigan, la existencia de un programa de compliance implementado abiertamente puede constituir una prueba de que la empresa ha hecho esfuerzos genuinos por cumplir con la ley y, en consecuencia, puede ser considerado un atenuante ante cualquier eventual responsabilidad.
3. La Importancia de la Defensa Técnica desde la Fase de Indagación Preliminar
La defensa técnica en el ámbito penal no se limita solo a la representación durante el proceso judicial. Desde la fase de indagación preliminar, se convierte en un elemento vital para proteger los derechos de los miembros de la junta directiva y de la empresa en su conjunto. Es en esta etapa donde las decisiones estratégicas pueden tener un impacto decisivo en el futuro del caso.
Un abogado penalista experimentado debe intervenir desde el inicio de cualquier indagación por parte de la Fiscalía. Primeramente, la defensa técnica debe asegurarse de que la investigación se realice conforme a la ley, protegiendo los derechos fundamentales de los directivos y evitando que se violen las garantías procesales. La asesoría legal efectiva permite establecer criterios claros sobre cómo manejar la información solicitada por los investigadores y dónde están los límites de la colaboración.
Además, la defensa técnica permite a la junta directiva mantener el control sobre la narrativa y la imagen de la empresa ante cualquier acusación, evitando que la percepción pública se vea gravemente perjudicada. La representación legal activa y estratégica, un concepto que va más allá de simplemente asistir a las audiencias, implica la creación de una comunicación clara y efectiva tanto con la autoridad investigadora como con los medios de comunicación, si fuera necesario.
También es en esta fase donde la defensa técnica puede solicitar medidas cautelares que protejan los bienes de la empresa y su funcionamiento. Un asesor legal puede argumentar la pertinencia de proteger ciertos activos en el contexto de la investigación, evitando que se conviertan en objeto de decomisos o embargos que podrían comprometer la operación de la empresa.
Asimismo, la defensa técnica puede proponer negociaciones anticipadas con la Fiscalía, buscando acuerdos de colaboración que pueden llevar a la exclusión de la imputación penal o a la aplicación de beneficios que disminuyan la carga penal frente a presuntos delitos cometidos.
CONCLUSIÓN
En el actual contexto jurídico-criminal colombiano, las juntas directivas enfrentan el desafío de cumplir con la ley mientras buscan mantener la viabilidad y el crecimiento de sus organizaciones. La figura del representante legal como garante de la legalidad no puede ser subestimada. La implementación de un sistema de compliance sólido no solo previene la responsabilidad penal, sino que también fomenta una cultura de integridad y transparencia que permea toda la organización.
Además, la defensa técnica desde las fases más tempranas del proceso penal es fundamental para mitigar riesgos y salvaguardar los derechos de los directivos. Un planteamiento estratégico proactivo no solo protegerá a la alta dirección, sino que también salvaguardará a la empresa en su conjunto de embates innecesarios.
De esta manera, el compliance se convierte en una inversión, no solo en términos económicos, sino en la reputación de la organización y en la confianza que genera en su entorno. En un mundo empresarial cada vez más regulado y donde la responsabilidad social cobra vital significación, las juntas directivas están llamada a liderar desde el ejemplo y la legalidad, y allí es donde la figura del abogado penalista se convierte en un aliado invaluable.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Especialista en Defensa Penal Corporativa y Compliance
Abogado de la Universidad de los Andes. En el mundo corporativo de alto nivel, un error administrativo puede convertirse en una imputación penal.
Defensa de Directivos: Nisimblat Law protege la libertad de representantes legales y directivos ante investigaciones de la Fiscalía por delitos contra el orden económico, administración desleal y riesgos derivados de la operación. No solo mitigamos el riesgo, destruimos la teoría del caso de la contraparte mediante estrategia penal de élite.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación