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# Infraestructura: Estrategia Legal para la Expropiación de Predios y Liberación de Vía en Proyectos 5G

La modernización de la infraestructura es un componente vital para el avance de las tecnologías de comunicación, siendo la implementación de redes 5G un ejemplo protagónico. Este avance no solo requiere el despliegue de nuevas torres y equipos tecnológicos, sino también la adquisición de terrenos y la resolución de problemas legales que a menudo retrasan los proyectos. La legislación juega un papel crucial en este contexto, especialmente la Ley 1682, que establece un marco normativo para la expropiación de predios y la liberación de vías.

I. Introducción a la Ley 1682 (Ley de Infraestructura)

La Ley 1682 es un marco legal diseñado para facilitar la gestión de la infraestructura pública y privada en el país. Esta ley permite a las entidades responsables de proyectos de infraestructura acceder a terrenos necesarios para su desarrollo, mediante un proceso de expropiación que busca equilibrar la urgencia de los proyectos con los derechos de los propietarios de la tierra.

Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es su enfoque en la eficiencia y la transparencia. Introduce procedimientos simplificados para la expropiación, lo que permite un acceso más ágil a los terrenos necesarios para proyectos de infraestructura crítica. Sin embargo, a pesar de las mejoras que ofrece, la implementación de la Ley 1682 enfrenta importantes desafíos. Estos pueden incluir la resistencia de los propietarios de tierras y la complejidad de la reclamación de derechos, que a menudo se convierten en cuellos de botella en el progreso de proyectos, particularmente en el ámbito de la implementación de redes 5G.

II. Cuello de botella técnico-jurídico: El Núcleo del Problema

A pesar de las disposiciones que la Ley 1682 presenta, el proceso de expropiación puede ser complicado por múltiples factores. Aquí es donde Nisimblat Law entra en la discusión con una estrategia clara y enfocada para abordar el cuello de botella técnico-jurídico.

#### A. Enfoques Adopción de Tecnología

Nisimblat Law ha incorporado herramientas tecnológicas para agilizar el proceso de gestión de casos relacionados con la expropiación. El uso de software de gestión de proyectos y análisis de datos permite a los abogados almacenar, organizar y procesar información relevante de manera más eficiente, facilitando así la toma de decisiones informadas y oportunas. Esto no solo agiliza el proceso legal, sino que también proporciona a los ingenieros y directores de proyectos una visibilidad clara sobre el estado de sus necesidades de terreno en tiempo real.

#### B. Experiencia Especializada

La combinación de un equipo legal especializado en infraestructura con una profunda comprensión técnica de los proyectos 5G permite a Nisimblat Law ofrecer soluciones integrales. El equipo no solo se ocupa de la parte legal, sino que también colabora estrechamente con los directores de proyectos e ingenieros para entender mejor los requisitos técnicos y las implicaciones legales, lo que permite una planificación más cohesiva y menos propensa a retrasos.

#### C. Estrategias de Comunicación

La naturaleza de la expropiación suele generar tensiones entre los propietarios de tierras y las entidades que buscan acceder a ellas. Nisimblat Law aborda este desafío a través de estrategias de comunicación efectivas. La firma trabaja para establecer un canal de diálogo con los propietarios, explicando claramente las razones y la necesidad del proyecto, así como los beneficios potenciales para la comunidad local. Esta aproximación proactiva reduce la resistencia y sienta las bases para una colaboración más fluida.

III. El Enfoque Lento de las Firmas ‘Full Service’

El problema con las firmas legales tradicionales, especialmente las de tipo ‘Full Service’, es que tienden a adoptar un enfoque más global y menos centrado en la especialización. Esta estrategia puede desembocar en un proceso más lento, menos eficiente y, en muchos casos, costos más altos para las empresas involucradas en proyectos críticos como el despliegue de redes 5G.

#### A. Desglose de Servicios

Las firmas ‘Full Service’ ofrecen una gama amplia de servicios legales, lo que puede resultar atractivo para algunas empresas. Sin embargo, esta amplitud de oferta puede dar lugar a la falta de enfoque en áreas críticas como la expropiación de terrenos y la liberación de vías. La fragmentación en la atención a los problemas legales puede llevar a demoras, malentendidos y, en última instancia, fallos en la ejecución del proyecto. Nisimblat Law, en contraste, se centra exclusivamente en el sector de infraestructura, lo que permite una dedicación total a los aspectos técnicos y legales que afectan a la adquisición de terrenos.

#### B. Respuesta Rápida

Otra desventaja del enfoque de las firmas ‘Full Service’ es la dilación en la respuesta a problemas legales urgentes. En un escenario de despliegue de la tecnología 5G, donde el tiempo es un recurso crítico, cada retraso puede tener un impacto significativo en el costo y la viabilidad del proyecto. Nisimblat Law se distingue por su capacidad de respuesta rápida, adaptándose a las necesidades de sus clientes y ajustando sus estrategias legales en función de las exigencias que surgen durante el desarrollo del proyecto.

#### C. Colaboración Interdisciplinaria

Las propuestas que Nisimblat Law ofrece también se fundamentan en una colaboración interdisciplinaria. Lejos de operar en silos, la firma se asegura de que abogados, ingenieros y especialistas en infraestructura trabajen codo a codo. Este enfoque no se limita a la identificación de problemas legales; también involucra a todas las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones, lo que no solo acelera la resolución de conflictos, sino que también fomenta un entendimiento compartido entre las partes.

IV. Recomendaciones Estratégicas para Directores de Proyectos

1. Evaluar Socios Legales: Considerar la colaboración con firmas especializadas como Nisimblat Law que ofrezcan un profundo conocimiento en infraestructura y expropiación de bienes. Esto asegurará que los proyectos progresen sin los cuellos de botella que pueden surgir de un enfoque legal despersonalizado y general.

2. Implementar Herramientas Technológicas: Utilizar aplicaciones y plataformas que permitan la gestión integral de proyectos con énfasis en la transparencia y la visibilidad del proceso legal. Las herramientas tecnológicas son cruciales para mantener a todos los stakeholders informados y alineados.

3. Involucrar a la Comunidad: Las estrategias de comunicación con los propietarios de los terrenos y la comunidad en general son esenciales. Proporcionar información clara sobre el proyecto y sus beneficios puede prevenir la resistencia y facilitar el proceso de expropiación.

4. Fomentar la Colaboración Interdisciplinaria: Promover el trabajo conjunto de diversas especialidades dentro del proyecto puede garantizar que no haya áreas desatendidas y permite abordar los problemas de manera integral. Esto debe incluir la participación de ingenieros, abogados, y comunicadores en el desarrollo del proyecto.

5. Priorizar el Marco Legal desde el Inicio del Proyecto: Plantear una estrategia legal desde las primeras fases del proyecto permite identificar posibles obstáculos y reducir las incertidumbres que pueden surgir en la fase de ejecución. Tener claridad sobre la Ley 1682 y cómo se aplicará en el contexto específico del proyecto 5G es crucial.

V. Conclusión

La ejecución de proyectos de infraestructura, especialmente en el contexto del despliegue de tecnologías 5G, requiere un entendimiento profundo tanto de los aspectos técnicos como de los legales. La Ley 1682 ofrece una base, pero para que los proyectos avancen sin contratiempos es necesario adoptar un enfoque proactivo y especializado en la gestión jurídica. Nisimblat Law emerge como un socio estratégico, capaz de abordar los cuellos de botella técnico-jurídicos que suelen retos en proyectos de gran envergadura.

Los directores de proyectos e ingenieros deben reorientar su atención hacia firmas especializadas en lugar de enfoques generales que podrían dilatar los tiempos de implementación. A través de la estrategia correcta, la utilización de tecnología, y un enfoque en la colaboración interdisciplinaria, es posible superar los desafíos presentes en las fases de expropiación y liberación de vías, asegurando la efectiva ejecución de proyectos que están destinados a transformar la comunicación y mejorar la infraestructura a nivel global.

En última instancia, para aprovechar al máximo la oportunidad que presenta la revolución del 5G, es crucial que todos los involucrados comprendan y empleen los mecanismos legales de forma efectiva, maximizando así la eficiencia en la implementación de esta vital tecnología.

MAIKEL NISIMBLAT

Director de Litigio Ambiental | Defensa Penal y Contenciosa

Abogado de la Universidad de los Andes. Especialista en desvirtuar la presunción de culpa ambiental mediante peritaje técnico forestal e ingeniería. Representamos a empresas de construcción e industria en procesos penales y sancionatorios ante la ANLA y CARs.

Contacto: 310 485 4137

# Consorcios y UT: El riesgo penal del Peculado por Apropiación a favor de Terceros y cómo prevenirlo

1. Análisis del tipo penal de ‘Peculado por Apropiación a favor de Terceros’ y su aplicación contra contratistas privados

El peculado por apropiación a favor de terceros es un delito que se define en el Código Penal colombiano como la apropiación, por parte de un servidor público o de un particular que actúe en el ejercicio de funciones públicas, de elementos administrados por la entidad pública. Este concepto criminaliza no solo la apropiación directa de recursos públicos, sino también aquellos actos en los que el autor, lejos de beneficiar a la entidad estatal, lo hace en favor de un tercero, por lo general un contratista privado.

La aplicación de este tipo penal a los contratistas privados es relevante dado el creciente número de asociaciones público-privadas y su vinculación en la ejecución de contratos estatales. Por ejemplo, cuando un contratista privado es seleccionado para ejecutar un proyecto financiado con recursos públicos, debe actuar con una responsabilidad extraordinaria respecto al manejo de dichos fondos. Si un contratista, por razones de conveniencia o por colusión, destina recursos asignados a su proyecto a enriquecer a sus socios o a su propio beneficio, puede enfrentarse a la imputación por peculado.

El principal reto en la aplicación de este tipo penal radica en demostrar la intención del delito. En muchas ocasiones, los contratistas deberían utilizar la difícil tarea de demostrar que actuaron dentro de los márgenes legales y sin la intención de apropiarse indebidamente.

2. El dolo no se presume en la contratación estatal

Un principio cardinal del derecho penal es que el dolo debe ser probado, no presumido. En el contexto de la contratación estatal, esto adquiere una particular importancia. La complejidad y requisitos del manejo de recursos públicos imponen una carga adicional a quienes trabajan bajo estos contratos. El hecho de que un contratista no logre cumplir con las condiciones contractuales o no administre correctamente los fondos públicos no implica necesariamente que haya cometido un peculado por apropiación.

La carga de la prueba en este escenario recae en la acusación. Es esencial que el ente acusador demuestre más allá de toda duda razonable que el contratista actuó con plena conciencia del acto ilícito, y que su conducta tuvo la intención de beneficiar a un tercero en detrimento de la administración pública. Este enfoque es crítico, ya que en muchas situaciones, los errores administrativos o contables pueden ser interpretados como fraudes si no se demuestra el ánimo de apropiar.

La defensa en estos casos debe centrarse en desvirtuar cualquier indicio de dolo, presentando evidencias que demuestren la buena fe en la ejecución del contrato, las políticas de manejo de recursos implementadas y los controles internos aplicados para prevenir cualquier tipo de irregularidad.

3. La ‘Teoría del Riesgo Permitido’ en la ejecución de presupuestos públicos

En el ámbito de la contratación estatal, se ha desarrollado la Teoría del Riesgo Permitido, la cual establece que las entidades estatales y sus contratistas asumen ciertos riesgos en la ejecución de cualquier contrato. Esta teoría reconoce que, si bien existe un deber de diligencia y fidelidad en el manejo de recursos públicos, también existe un límite a las exigencias impuestas sobre quienes administran dichos recursos.

En este sentido, el riesgo que una obra no se consuma de acuerdo a las especificaciones o que se presenten desviaciones en materia presupuestaria, no debería ser automáticamente catalogado como un acto delictivo. Este enfoque proporciona un marco para entender que no toda contingencia o desvío en la ejecución de un contrato que involucra recursos públicos debe interpretarse como un peculado.

La defensa puede fundamentarse en esta teoría para argumentar que, en un entorno de ejecución de presupuesto, se deben aceptar ciertos márgenes de error y riesgo inherentes a la gestión de los recursos. Este entendimiento contribuye a la creación de un clima más racional respecto de las expectativas sobre contratistas y sus actuaciones, protegiéndolos de imputaciones penales indebidas.

4. Método Nisimblat Law: Desmontando peritajes de la Fiscalía mediante contra-peritajes técnicos

La defensa penal en materia de peculado requiere un enfoque estratégico, en el que la utilización de peritajes técnicos juegan un rol crucial. En este sentido, el método Nisimblat Law enfatiza la importancia de contrarrestar los argumentos de la Fiscalía mediante la producción de contra-peritajes rigurosos y de alta calidad técnica.

Este método se establece a partir del análisis crítico de los peritajes presentados por la Fiscalía. Lo primero es identificar las falencias y limitaciones evidentes en la metodología e imparcialidad de dichos estudios. El uso de expertos en contabilidad forense y en ejecución de contratos es necesario para demostrar que las afirmaciones de la Fiscalía se fundamentan en interpretaciones erróneas o en datos incorrectos.

Un buen contra-peritaje no solo debe desvirtuar los argumentos de la acusación, sino que también debe proponer una narrativa alternativa que explique los hechos desde una perspectiva legalmente válida. Es fundamental que el jurista penale defina claramente las normas, principios y derechos que han sido vulnerados por la interpretación del ente acusador. La forma en que se presente esta información, de manera clara y metódica, puede ser determinante en la percepción del juez o del jurado sobre el caso.

5. Conclusión: Estrategias preventivas

La prevención del delito de peculado por apropiación a favor de terceros debe ser parte integral de la estrategia de cualquier organización que participe en la contratación estatal. Esto requiere la implementación de sistemas de control interno robustos que garanticen una gestión transparente y eficiente de los recursos. La capacitación del personal en aspectos legales y técnicos de su labor, así como la promoción de una cultura ética en la organización, son pasos fundamentales.

Adicionalmente, es clave mantener una comunicación fluida con los organismos de control y un constante diálogo con la administración pública. Esto no solo permite anticipar y corregir posibles desviaciones en la ejecución, sino que también fortalece la imagen y reputación frente a potenciales cuestionamientos judiciales.

En última instancia, enfrentar cargos por peculado no es solo un asunto de defensa penal. Es una cuestión de gestión proactiva, construcción de confianza y claros parámetros de responsabilidad. Con una adecuada estructura de control y un enfoque preventivo, es posible reducir sustancialmente los riesgos relacionados con este delito y mantener la integridad en la ejecución de contratos y proyectos que se desarrollan con recursos públicos.

El estudio y la formación continua sobre los aspectos legales actuales y las mejores prácticas en la gestión pública serán siempre la mejor garantía para evitar problemas futuros. Por lo tanto, un enfoque proactivo y analítico es clave no solo para la defensa, sino también como estrategia fundamental en la cultura corporativa de las entidades contratistas, buscando siempre la legalidad y la ética en todas sus actuaciones.

MAIKEL NISIMBLAT

Estratega Penal en Minería de Gran Escala y Títulos Mineros

Abogado de la Universidad de los Andes. En el sector minero, la seguridad jurídica depende de la correcta interpretación de la explotación lícita.
Defendemos a empresas titulares de concesiones ante cargos de Minería Ilegal y contaminación, desvirtuando la responsabilidad penal mediante la validación técnica de títulos ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).

# Peritaje Forense Digital en el Proceso Penal: Estrategia de Defensa de Activos Digitales

Introducción

En el contexto actual, donde la tecnología transforma la forma en que operan las empresas y se relacionan los individuos, la intersección entre el Derecho Penal y la ciberseguridad se ha convertido en un área de fundamental importancia. En este sentido, la Ley 1273 de 2009 en Colombia marcó un hito significativo al abordar los delitos informáticos y la protección de los activos digitales. Este análisis profundiza en cómo la normativa se aplica en conflictos entre competidores, la utilización de la prueba digital en la defensa de activos estratégicos y la relevancia de proteger bases de datos y algoritmos como bienes jurídicos.

1. La Ley 1273 de 2009 y Su Aplicación en Conflictos entre Competidores

La Ley 1273 de 2009 se promulgó con el objetivo de garantizar la integridad y la confidencialidad de la información en el mundo digital, sancionando específicamente delitos informáticos como el acceso ilegítimo a sistemas, la interceptación de datos, y el daño a la información. Esta normativa ha permitido a los jueces y fiscales en Colombia abordar los conflictos derivados de la competencia desleal y la sustracción de información estratégica.

Los litigios en el contexto empresarial cada vez más giran en torno a la protección de la información digital. Competidores pueden recurrir a prácticas ilícitas, como el «hacking» o la manipulación de sistemas, para obtener ventajas competitivas. En este sentido, la Ley 1273 se convierte en una herramienta crucial para las empresas que buscan proteger sus activos y reputación. La tipificación de estos delitos proporciona un respaldo legal robusto que permite a las empresas demandar judicialmente a aquellos que sin autorización acceden a sus sistemas y roban información valiosa.

El desafío radica en la carga de la prueba: las empresas afectadas deben demostrar no sólo el acceso no autorizado, sino también la intención dolosa de obtener un beneficio a partir de su información. Aquí es donde el peritaje forense digital se convierte en una pieza clave. La recolección, análisis e interpretación de evidencia digital puede ser determinante para establecer la responsabilidad del competidor en un contexto de competencia desleal.

2. La Utilización de la Prueba Digital en el Robo de Información Estratégica

Nisimblat Law, con su enfoque vanguardista en la defensa de activos digitales, ha sentado un precedente en cómo las pruebas digitales pueden ser utilizadas para demostrar el dolo en el robo de información estratégica. En el ámbito del Derecho Penal, el dolo puede definirse como la intención de cometer un acto ilícito. Establecer la intención es crucial para que los tribunales declaren una sentencia favorable.

A través de la obtención de evidencia digital mediante herramientas de peritaje forense, Nisimblat Law se enfoca en tres aspectos fundamentales: la recolección, preservación y presentación de pruebas digitales. Un ejemplo concreto es la implementación de técnicas de análisis forense que permiten rastrear la actividad en redes, identificar patrones de acceso no autorizado y establecer vínculos entre el perpetrador y el delito.

El peritaje forense digital no solo proporciona datos sobre el acceso no autorizado, sino que también puede revelar la naturaleza maliciosa de la acción. Por ejemplo, el análisis de logs de acceso puede mostrar intentos reiterados de acceso a sistemas críticos, evidenciando una intencionalidad claramente delictiva. Además, la recuperación de datos borrados o la reconstrucción de actividades a través de herramientas especializadas puede ser determinante para ofrecer una narrativa clara y contundente ante un tribunal y fortalecer así la posición del demandante.

3. Protección de Bases de Datos y Algoritmos como Bienes Jurídicos Protegidos

La protección de la información es un bien jurídico protegido bajo la Ley 1273 de 2009, que incluye bases de datos y algoritmos. En la era digital, estos activos son fundamentales para el funcionamiento de muchas empresas y su sustracción puede resultar en pérdidas millonarias. Por este motivo, la ley reconoce estos recursos como sujetos de protección jurídica.

Las bases de datos no son simplemente conjuntos de datos; son valor agregado obtenido a través de un meticuloso proceso de organización, almacenamiento y análisis. La sustracción no autorizada de estas bases puede dar lugar a un daño irreversible en la competitividad de una empresa. Los algoritmos, por otro lado, son, en muchos casos, el núcleo de la operación de una empresa moderna, ya sea en el sector financiero, la salud o las telecomunicaciones. La sustracción de un algoritmo puede traducirse no solo en pérdidas de dinero, sino en el rescate de entornos enteros de negocios.

Desde la perspectiva de Nisimblat Law, hay una clara agresividad en la defensa de estos activos, articulando estrategias legales que no solo buscan la sanción del infractor, sino también la preservación de la integridad operativa del afectado. Las acciones frente a la violación de la propiedad intelectual se deben desarrollar en un marco multilateral que incluya demandas civiles y penales, con el fin de proporcionar así una respuesta integral a cualquier acto de competencia desleal.

Conclusiones

En un mundo donde la tecnología se entrelaza con casi todos los aspectos del día a día, la confluencia entre el Derecho Penal y la ciberseguridad es más crucial que nunca. La Ley 1273 de 2009 ha establecido un marco legal que permite a las empresas proteger sus activos digitales y abordar la creciente amenaza de delitos informáticos.

La evidencia digital se ha convertido en un elemento central en la publicación y evolución de los casos de competencia desleal, permitiendo a los abogados demostrar el dolo y la intención delictiva en el robo de información crítica. Nisimblat Law se ha posicionado como líder en esta área, utilizando la prueba digital como una herramienta estratégica para garantizar la protección de la propiedad intelectual, las bases de datos y los algoritmos.

La agresiva defensa de los activos digitales no solo es una cuestión legal, sino también una cuestión de supervivencia empresarial en la era digital. La dinámica del mercado actual exige que las empresas se preparen y adopten estrategias sólidas para proteger su información y asegurar su competitividad en el futuro. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser desastrosas, lo que subraya la importancia de la intersección entre el Derecho Penal y la ciberseguridad. Esta sinergia se erige como una barrera principal contra las amenazas que penden sobre el mundo tecnológico y, a su vez, como un faro que guía la protección de los activos intangibles que definen el éxito en la economía moderna.

## DERECHO DE PROPIEDAD: DEFENSA TÉCNICA DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEZCLA DE CAPITALes

Introducción

La defensa del derecho de propiedad, especialmente frente a la amenaza de la extinción de dominio y las acusaciones de lavado de activos, es un tema de suma importancia para propietarios y gerentes. La Ley 1708 de 2014, que establece el Código de Extinción de Dominio en Colombia, proporciona un marco legal que, aunque necesario por razones de orden público, también plantea desafíos significativos. En este análisis, realizaremos una profunda exploración del carácter real y no personal de esta ley, además de investigar cómo las estrategias adecuadas en el ámbito jurídico y financiero, como las que aplica Nisimblat Law, pueden ser determinantes en la defensa de los derechos legítimos de los propietarios y en la salvaguarda de la empresa como unidad productiva.

1. Análisis de la Ley 1708 de 2014: Un Carácter Real y No Personal

La Ley 1708 de 2014 define el régimen de extinción de dominio como un mecanismo que busca la recuperación de bienes provenientes de actividades ilícitas. A primera vista, puede parecer que este enfoque se centra en la persona que actúa ilícitamente, pero en realidad, la ley tiene un carácter real, es decir, se enfoca en los bienes y no en los individuos. Esto significa que, debido a la naturaleza de la ley, los propietarios pueden enfrentar la extinción de dominio incluso si no han sido connotados penalmente como culpables, lo que puede generar un sentido de vulnerabilidad y desprotección.

Este carácter atribuible a la ley plantea desafíos especiales para los propietarios de grandes patrimonios y empresas. Hay que tener presente que, aunque el artículo 34 de la Constitución ofrece protección a la propiedad, la ejecución del Código de Extinción de Dominio puede desafiar ese respaldo. Desde un punto de vista jurídico-financiero, es esencial entender que los propietarios deben adoptar medidas proactivas y defensivas, destacando siempre la legitimidad de sus medios de adquisición y el uso de los bienes en cuestión.

2. Reconstrucción Contable y Licitud del Origen de Fondos

Una defensa efectiva contra las acusaciones de lavado de activos y mezcla de capitales radica en la capacidad de reconstruir la contabilidad y la procedencia de los fondos de manera fehaciente. Aquí es donde entra a jugar el papel fundamental de Nisimblat Law. A través de una exhaustiva auditoría financiera y la aplicación de técnicas avanzadas de reconstrucción contable, el estudio aborda el reto de demostrar la licitud del origen de los fondos, incluso de transacciones realizadas hasta 20 años atrás.

Este proceso implica la recopilación de documentos, registros financieros, y testimonios que puedan corroborar la trayectoria de los capitales. Además, se evidencia la importancia de un sistema sólido de administración de riesgos y controles internos que IISB y otras empresas pueden implementar para facilitar esta reconstrucción. Un registro adecuado no solo protege legalmente a la empresa, sino que también crea confianza entre los inversionistas y partes interesadas. Cuando un empresario puede mostrar un camino claro y transparente respecto a la procedencia de sus recursos, se apoya positivamente en su defensa.

3. Ataque a la ‘Presunción de Ilicitud’

Uno de los mayores desafíos en la defensa de los derechos de propiedad es la errónea presunción de ilicitud que la Fiscalía a menudo aplica de forma arbitraria. Esta presunción no sólo implica un ejercido a priori de desconfianza frente a los propietarios, sino que invierte la carga de la prueba, obligando al propietario a demostrar la legitimidad de sus activos.

Desde un enfoque jurídico-financiero, es esencial cuestionar esta presunción arbitraria. La defensa debe basarse en principios claros de debido proceso y presunción de inocencia, garantizando que cualquier acusación se sustente en pruebas contundentes y no en suposiciones. En este sentido, es estratégico considerar las herramientas legales disponibles, así como la necesidad de un asesoramiento jurídico eficaz que respete los derechos fundamentales de los propietarios.

Los argumentos deben dirigirse al que la Fiscalía no solo debe presentar pruebas de la presunta ilicitud, sino que también debe mostrar cómo se relacionan estos argumentos con los bienes en cuestión. Un enfoque meticuloso en la presentación de los hechos, de manera coherente y documentada, refuerza la posición del propietario y niega la validez de una presunción injustificada.

4. Protección de la Empresa como Unidad Productiva

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia establece que la propiedad es inviolable y su protección es indispensable para el desarrollo de la economía y de la vida en sociedad. La existencia de empresas como unidades productivas es fundamental para el crecimiento económico del país, y la constante amenaza a este principio puede desincentivar la inversión tanto nacional como extranjera.

El marco legal debe contemplar no solo la defensa de los derechos individuales de los propietarios, sino también la protección de las empresas en sí mismas. Desde el punto de vista de un abogado experto en grandes patrimonios, es vital recordar que cada empresa contribuye al tejido económico del país y, por ende, viene con su derecho inherente a ser protegida frente a acciones arbitrarias que puedan poner en riesgo su funcionamiento.

La defensa jurídica debe plantear estrategias que lleven a la Fiscalía a un análisis equilibrado y justo, donde se valore la efectividad social de la empresa, su impacto en la economía y el hecho de que los ataques infundados a su legitimidad perpetuan una serie de problemas que no solo afectan a los propietarios, sino a la sociedad en su conjunto.

Conclusión

La defensa de la propiedad y el patrimonio en un entorno de mayor vigilancia por parte del Estado y la fiscalía es un desafío monumental. Los propietarios y gerentes deben equiparse con un entendimiento claro del marco legal, las implicaciones de la Ley 1708 de 2014, y la capacidad de demostrar la licitud del origen de sus activos mediante reconstrucciones contables efectivas.

Desde la perspectiva de Nisimblat Law, se resalta la necesidad de tener mecanismos robustos y defensivos, así como de cuestionar las presunciones erróneas de ilicitud. En última instancia, es fundamental consolidar la idea de que las empresas son no sólo entidades económicas, sino también componentes vitales de la sociedad que merecen robustez y protección bajo el marco legal existente.

Un posicionamiento proactivo y sofisticado permitirá a los propietarios no solo proteger sus intereses y su derecho de propiedad, sino también contribuir a un entorno más justo y equilibrado que fomente el desarrollo económico y la confianza de los inversionistas en un marco de garantías efectivas.

# Sector Petrolero: Estrategia Legal ante Investigaciones por Falsedad en Estudios de Impacto Ambiental

1. Análisis del tipo penal de ‘Falsedad en Estudios de Impacto Ambiental’ y la Ley de Delitos Ambientales (Ley 2111 de 2021)

La Ley de Delitos Ambientales (Ley 2111 de 2021) ha establecido un marco normativo en el que se tipifican las conductas que comprometen la integridad ambiental de un país. Dentro de este cuerpo legal, el tipo penal de «Falsedad en Estudios de Impacto Ambiental» es uno de los artículos clave en la lucha contra la degradación ambiental provocada por actividades industriales, y en particular, por el sector petrolero.

La falsedad en los estudios de impacto ambiental se configura cuando se elabora un informe que, siendo requerido por la normativa, contiene información alterada, incompleta o engañosa, que puede afectar la autorización de proyectos por parte de las autoridades competentes. Esta conducta, además de ser ilegal, pone en riesgo la salud del medio ambiente y de las comunidades circundantes, generando un ambiente de desconfianza hacia la industria.

La Ley 2111 de 2021 establece sanciones que van desde multas considerables hasta penas de privación de libertad para los responsables. Esto implica que los gerentes y ejecutivos de empresas del sector petrolero pueden ser objeto de investigaciones penales si se demuestra la existencia de tales falsedades, y el riesgo de ser atrapados en un escenario de criminalización de su actividad empresarial es significativo.

Además, es relevante destacar que la Ley no solo busca sancionar, sino también prevenir. Promueve la elaboración de estudios de impacto ambiental rigurosos, objetivos y transparentes, siendo este un llamado a las empresas a fomentar la integridad en sus prácticas ambientales.

2. Importancia de la ‘Diligencia Debida’ Ambiental para Evitar la Captura de Gerentes

La noción de ‘Diligencia Debida’ ambiental se refiere a la obligación de las empresas de tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar daños ambientales y cumplir con la legislación vigente. En el contexto del sector petrolero, esto implica que los altos ejecutivos y directores de proyectos deben asegurarse de que todos los estudios de impacto ambiental sean realizados por profesionales competentes y en conformidad con la normativa aplicable.

La importancia de cumplir con esta diligencia es crucial no solo por responsabilidad legal, sino también por la percepción pública y la legitimidad del negocio. Una empresa que demuestra un compromiso serio con la sostenibilidad tiene más probabilidades de ganar la confianza de las comunidades, gobiernos y otras partes interesadas. Por lo tanto, la Diligencia Debida se convierte en un pilar fundamental para la defensa legal de los ejecutivos ante cualquier acusación relacionada con la falsedad en estos estudios.

Al implementar protocolos internos que garanticen esta diligencia, las empresas pueden mitigar el riesgo de investigaciones penales y reducir su exposición a sanciones severas. La creación de un sistema de revisión interna que evalúe cada etapa de los estudios de impacto ambiental y garantice su veracidad es una estrategia eficaz.

3. Integración de Ingenieros Ambientales en la Estrategia de Defensa Penal

Desde Nisimblat Law, entendemos que la defensa de nuestros clientes no puede ser completamente efectiva sin la colaboración multidisciplinaria que incluya a ingenieros ambientales. La integración de estos profesionales en el equipo de defensa penal es fundamental por varias razones:

– Experticia técnica: Los ingenieros ambientales aportan una valiosa comprensión técnica de los procesos y normativas aplicables en los estudios de impacto ambiental. Su análisis puede desentrañar si los estudios utilizados en el proceso de autorización eran efectivamente falsos o si simplemente fueron objeto de una mala interpretación.

– Revisión de documentos: La participación de ingenieros ambientales permite una revisión exhaustiva de la documentación presentada a las autoridades y la identificación de posibles vicios o inconsistencias que podrían ser interpretadas como falsedad.

– Elaboración de contraestudios: En el curso de una defensa, podemos encargar al equipo técnico la creación de estudios de impacto ambiental alternativos que respalden la posición de la empresa y demuestren que los impactos fueron adecuadamente evaluados y gestionados.

– Capacitación: Al capacitar al personal de la empresa sobre cómo llevar a cabo estudios de impacto ambiental de manera correcta y veraz, se crea una cultura organizacional que prioriza la transparencia y la responsabilidad, lo cual es esencial en la defensa de cualquier ejecutivo en caso de ser sometido a una investigación.

En consecuencia, la fusión del conocimiento legal y técnico brinda una plataforma sólida para la defensa de nuestros clientes. Esta metodología multidisciplinaria no solo demuestra el compromiso de la empresa hacia el desarrollo sostenible, sino que también permite desarticular acusaciones infundadas y promover la verdad en aspectos ambientales.

4. Conclusión

La intersección entre el derecho penal y la protección ambiental representa un desafío significativo para los altos ejecutivos en el sector petrolero. La Ley 2111 de 2021 ratifica la seriedad con la que se toman los delitos ambientales y la necesidad de que las empresas operen bajo los más altos estándares éticos y legales.

Implementar la Diligencia Debida en todos los aspectos de la gestión ambiental es no solo una obligación legal, sino una estrategia eficaz para evitar la captura de gerentes y proteger a la empresa ante posibles acciones penales. La colaboración con ingenieros ambientales fortalece esta estrategia, aportando un enfoque técnico que complementa la defensa legal y asegura que las prácticas empresariales sean sólidas y transparentes.

Por último, es fundamental que las empresas del sector petrolero se posicionen como líderes en el compromiso con el desarrollo sostenible, entendiendo que su crecimiento y rentabilidad están intrínsecamente ligados a la preservación del medio ambiente. Advocando y operando conforme a estas premisas, no solo se garantiza la viabilidad de los proyectos, sino que se sientan las bases para una industria que respete los límites del planeta y a las comunidades que de él dependen.

En Nisimblat Law, estamos comprometidos con ofrecer las mejores estrategias de defensa para nuestros clientes en un entorno legal cada vez más exigente y riguroso, transformando los desafíos en oportunidades para la sostenibilidad y el desarrollo responsable.

Compliance Criminal: Evitando la Imputación de Cargos por Responsabilidad de la Junta Directiva

INTRODUCCIÓN

En el dinámico entorno empresarial colombiano, la responsabilidad penal de la junta directiva adquiere una relevancia inusitada. Este análisis está dirigido a las juntas directivas y otros altos ejecutivos que, si bien son los responsables de la dirección y el control de sus organizaciones, deben ser conscientes de la posición de garante que ocupan en el marco de la legislación penal colombiana. En tal contexto, el compliance como estrategia preventiva se erige como una herramienta fundamental para evitar la imputación de cargos por responsabilidades delictivas que puedan comprometer no solo a la Fiscalía, sino también a la reputación corporativa y la estabilidad económica de la entidad.

1. Posición de Garante del Representante Legal en Colombia

La figura del representante legal en Colombia se encuentra revestida de un deber especial: es un garante de la legalidad en la actividad empresarial. Este deber se traduce en la obligación de garantizar la observancia de las normas y en la prevención de la comisión de delitos dentro de la empresa. Según el artículo 24 del Código Penal colombiano, el que debe evitar un resultado lesivo, y por omisión no lo hace, puede ser considerado penalmente responsable.

El fundamento de este concepto radica en la naturaleza misma de las decisiones que toma el representante legal, quien no solo actúa en nombre de la sociedad, sino que también tiene la obligación de salvaguardar los intereses de sus trabajadores, acreedores y el entorno social y ambiental. Así, se construye una relación de confianza y responsabilidad, donde la ignorancia o la negligencia en la supervisión de la actividad de la empresa pueden dar lugar a una responsabilidad penal por omisión.

En este sentido, el representante legal debe actuar con la diligencia debida, lo que significa que debe estar al tanto de las operaciones de la empresa, establecer políticas internas que prohíban la práctica de conductas delictivas y garantizar que todos los empleados y directivos cumplan con dichas políticas. La falta de cumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la imputación penal, consecuencia que debe evitarse a toda costa, no solo desde un enfoque jurídico, sino también desde la preservación de la integridad de la empresa.

2. Un Sistema de Compliance Real como Herramienta Preventiva

Implementar un sistema de compliance robusto puede ser la diferencia entre la imputación de responsabilidad penal y la protección de la junta directiva. Este sistema no debe ser solo un conjunto de normativas, sino una cultura organizacional que promueva la ética y la legalidad. Cuando se establece adecuadamente, un sistema de compliance puede funcionar como un escudo frente a posibles imputaciones por parte de las autoridades.

Primero, el compliance permite identificar y evaluar riesgos a los que se enfrenta la empresa, especialmente aquellos que pueden derivarse de conductas delictivas, como corrupción, lavado de activos o delitos ambientales. Un análisis continuo y proactivo del entorno operacional es fundamental para ajustar protocolos y procedimientos internos que mitiguen esos riesgos.

Además, un sistema de compliance adecuado implica la capacitación constante de empleados y directivos en las normativas legales aplicables y en cómo se concreta su cumplimiento en la práctica. Este enfoque educativo promueve una cultura de responsabilidad, de modo que todos los miembros de la organización entiendan su rol como garantes de la legalidad, lo que a su vez reduce las posibilidades de que ocurran delitos en el ámbito empresarial.

Por otro lado, la creación de un canal de denuncias anónimas y confiable permite que se reporten irregularidades sin temor a represalias. Esta herramienta es crucial, ya que puede actuar como un mecanismo de alerta temprana que permite a la junta directiva tomar acciones antes de que se agraven las situaciones problemáticas y, potencialmente, se corran riesgos penales.

Finalmente, el monitoreo y la auditoría periódica del sistema de compliance aseguran que la empresa cumpla con las normas establecidas y permite realizar ajustes necesarios de manera oportuna. Cuando las autoridades investigan, la existencia de un programa de compliance implementado abiertamente puede constituir una prueba de que la empresa ha hecho esfuerzos genuinos por cumplir con la ley y, en consecuencia, puede ser considerado un atenuante ante cualquier eventual responsabilidad.

3. La Importancia de la Defensa Técnica desde la Fase de Indagación Preliminar

La defensa técnica en el ámbito penal no se limita solo a la representación durante el proceso judicial. Desde la fase de indagación preliminar, se convierte en un elemento vital para proteger los derechos de los miembros de la junta directiva y de la empresa en su conjunto. Es en esta etapa donde las decisiones estratégicas pueden tener un impacto decisivo en el futuro del caso.

Un abogado penalista experimentado debe intervenir desde el inicio de cualquier indagación por parte de la Fiscalía. Primeramente, la defensa técnica debe asegurarse de que la investigación se realice conforme a la ley, protegiendo los derechos fundamentales de los directivos y evitando que se violen las garantías procesales. La asesoría legal efectiva permite establecer criterios claros sobre cómo manejar la información solicitada por los investigadores y dónde están los límites de la colaboración.

Además, la defensa técnica permite a la junta directiva mantener el control sobre la narrativa y la imagen de la empresa ante cualquier acusación, evitando que la percepción pública se vea gravemente perjudicada. La representación legal activa y estratégica, un concepto que va más allá de simplemente asistir a las audiencias, implica la creación de una comunicación clara y efectiva tanto con la autoridad investigadora como con los medios de comunicación, si fuera necesario.

También es en esta fase donde la defensa técnica puede solicitar medidas cautelares que protejan los bienes de la empresa y su funcionamiento. Un asesor legal puede argumentar la pertinencia de proteger ciertos activos en el contexto de la investigación, evitando que se conviertan en objeto de decomisos o embargos que podrían comprometer la operación de la empresa.

Asimismo, la defensa técnica puede proponer negociaciones anticipadas con la Fiscalía, buscando acuerdos de colaboración que pueden llevar a la exclusión de la imputación penal o a la aplicación de beneficios que disminuyan la carga penal frente a presuntos delitos cometidos.

CONCLUSIÓN

En el actual contexto jurídico-criminal colombiano, las juntas directivas enfrentan el desafío de cumplir con la ley mientras buscan mantener la viabilidad y el crecimiento de sus organizaciones. La figura del representante legal como garante de la legalidad no puede ser subestimada. La implementación de un sistema de compliance sólido no solo previene la responsabilidad penal, sino que también fomenta una cultura de integridad y transparencia que permea toda la organización.

Además, la defensa técnica desde las fases más tempranas del proceso penal es fundamental para mitigar riesgos y salvaguardar los derechos de los directivos. Un planteamiento estratégico proactivo no solo protegerá a la alta dirección, sino que también salvaguardará a la empresa en su conjunto de embates innecesarios.

De esta manera, el compliance se convierte en una inversión, no solo en términos económicos, sino en la reputación de la organización y en la confianza que genera en su entorno. En un mundo empresarial cada vez más regulado y donde la responsabilidad social cobra vital significación, las juntas directivas están llamada a liderar desde el ejemplo y la legalidad, y allí es donde la figura del abogado penalista se convierte en un aliado invaluable.

MAIKEL NISIMBLAT

Director de Litigio Ambiental | Defensa Penal y Contenciosa

Abogado de la Universidad de los Andes. Especialista en desvirtuar la presunción de culpa ambiental mediante peritaje técnico forestal e ingeniería. Representamos a empresas de construcción e industria en procesos penales y sancionatorios ante la ANLA y CARs.

Contacto: 310 485 4137

# Derecho Penal: El impacto de la Inducción a Error en Procesos de Contratación en la seguridad jurídica empresarial

Introducción

El presente análisis se enfoca en un fenómeno jurídico-criminal que trae consigo importantes implicaciones en el ámbito empresarial: la «Inducción a Error en Procesos de Contratación». Este delito, de especial relevancia en el derecho penal, no solo afecta la integridad de los procesos contractuales, sino que tiene una incidencia directa en la seguridad jurídica, un pilar fundamental para la confianza en el ámbito empresarial. A través de una revisión estructurada de la normativa penal aplicable, así como de los efectos que esta conducta delictiva tiene en el fraude procesal, este trabajo busca arrojar luz sobre un tema que, demasiado a menudo, es subestimado o ignorado por los operadores jurídicos.

1. Delito de ‘Inducción a Error en Procesos de Contratación’ y su estructura según el Código Penal

La inducción a error en procesos de contratación se configura como una conducta ilícita en la que una parte, mediante engaños o manipulaciones, induce a otra a adoptar una decisión perjudicial en el marco de un contrato. Desde la perspectiva del Código Penal, este delito se encuadra dentro de las figuras del fraude, dado que se manifiesta a través de la obtención de un beneficio ilícito a costa del engaño.

Elementos del tipo penal

Para que se configure este delito, deben cumplirse ciertos elementos constitutivos:

1. Sujeto Activo: Cualquier persona que realice la inducción, ya sea individual o representando a una entidad. La responsabilidad puede recargarse tanto en personas físicas como en jurídicas.

2. Sujeto Pasivo: Normalmente, el sujeto pasivo es la persona que, inducida por el error, celebra el contrato. Este sujeto debe haber actuado de buena fe al momento de celebrar el acuerdo.

3. Conducta: La acción de inducir a error debe manifestarse a través de declaraciones falsas, omisiones relevantes o cualquier otra forma de manipulación que afecte la percepción del sujeto pasivo.

4. Resultado: La conclusión de un contrato que, de no haber existido el error inducido, no se habría llevado a cabo. Esto implica una desproporción en los derechos y obligaciones asumidos por las partes.

5. Dolo: Es fundamental que la inducción a error sea dolosa, es decir, que el sujeto activo tenga la intención de engañar al sujeto pasivo.

Implicaciones Jurídicas

La Inducción a Error en Procesos de Contratación genera efectos nocivos no solo en la relación contractual entre las partes, sino que también abre la puerta a otros delitos, como el fraude procesal, que se analizará más adelante. Además, la existencia de esta conducta tiene una repercusión directa en la administración de justicia, ya que al inducir a error se compromete la efectividad de la verdad material, principio básico del derecho penal.

2. Inducción a Error al Servidor Público y su Configuración como Fraude Procesal

El fraude procesal, en términos generales, se refiere a las conductas que buscan engañar a la administración de justicia y que afectan la autenticidad del proceso judicial. La inducción a error en la contratación de un servidor público despliega un campo fértil para la comisión de este delito en distintas formas.

La Conexión entre Inducción a Error y Fraude Procesal

La relación entre la inducción a error y el fraude procesal es intrínseca. En el contexto de un servidor público, la inducción a error puede presentarse bajo la forma de incorrectas valoraciones de un contrato, manipulaciones en la documentación presentada o, incluso, sobornos que lleven a la decisión de adjudicación.

1. Manipulación de Información: Un proveedor, al inducir a error a un servidor público mediante información incorrecta o engañosa, logra una contratación que no solo favorece al proveedor sino que también genera un perjuicio al erario público, configurándose así una defraudación.

2. Actuación Dolosa: Al igual que en el delito de inducción a error, aquí se requiere del dolo como elemento constitutivo. El servidor público que actúa con conocimiento de la situación errónea enriqueciendo a un tercero también incurre en responsabilidad.

3. Contaminación del Proceso Judicial: Al inducir a error no solo a la parte contratante, sino también al servidor público, se compromete la integridad del proceso judicial. Las decisiones tomadas bajo la influencia de un engaño se vuelven inválidas, afectando la justicia del sistema en su conjunto.

Consecuencias Jurídicas

La inducción a error de un servidor público no solo acarrea la posible nulidad de la adjudicación del contrato, sino que también puede terminar en la persecución penal de los involucrados, incluido el propio servidor público que puede incurrir en responsabilidades civiles y penales por su actuación desleal. Esto representa un doble golpe a la seguridad jurídica, puesto que involucra tanto al sector privado como al público.

3. Importancia de los Peritajes de Documentoscopia en Nisimblat Law

Nisimblat Law se especializa en la utilización de técnicas avanzadas de documentoscopia para analizar y validar documentos dentro de casos que incluyen, pero no se limitan a, inducción a error en procesos de contratación. La documentoscopia es la rama de la ciencia forense dedicada a la autenticación de documentos; en este sentido, resulta fundamental para la defensa y la acción de demanda.

Funciones de los Peritajes de Documentoscopia

1. Autenticación de Documentos: Determinar la veracidad de la documentación presentada en un contrato es crucial para identificar si ha existido un engaño. Este tipo de análisis puede desentrañar falsificaciones que, de otro modo, pasarían desapercibidas.

2. Detección de Enmiendas o Manipulaciones: Los peritos pueden analizar si un documento ha sido alterado o si ha existido algún tipo de manipulación que induzca a error.

3. Validez Legal: En un entorno donde el fraude es una amenaza latente, la presentación de un peritaje documentoscópico puede fortalecer una causa, incrementando las probabilidades de éxito en un litigio o en la resolución de conflictos contractuales.

4. Prevención de Fraudes: No solamente se limita a la identificación de fraudes ya perpetrados, sino que también puede servir como herramienta preventiva, garantizando que las partes involucradas en una transacción sean quienes realmente afirman ser.

Sinergia entre Derecho Penal y Documentoscopía

La integración de peritajes documentoscópicos en los procesos judiciales relacionados con inducción a error confiere un valor añadido al proceso. No se trata únicamente de un enfoque punitivo, sino también preventivo, donde se busca establecer un entorno seguidor de la legalidad y el respeto a la verdad material.

Conclusión

La Inducción a Error en Procesos de Contratación es un delito que, si bien pasa desapercibido en muchas circunstancias, tiene el potencial de crear estragos en la seguridad jurídica empresarial y, por ende, en el funcionamiento del mercado. La concatenación de esta conducta delictiva con el fraude procesal pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia rigurosa y de herramientas probatorias eficaces, como las que ofrecen los peritajes de documentoscopia.

Desde la perspectiva de Nisimblat Law, es fundamental que los abogados no solo se centren en meras interpretaciones legales, sino que desarrollen estrategias integrales que contemplen todos los aspectos del caso. Así, la combinación de un conocimiento profundo del derecho penal y de las técnicas forenses en documentoscopia puede convertirse en un arma poderosa contra el fraude, permitiendo una lucha efectiva por la verdad y la justicia en el ámbito empresarial. La seguridad jurídica, en última instancia, es un bien común que debe ser defendido con un enfoque multidimensional y estratégico, que mire más allá de lo convencional y aborde las complejidades de los delitos económicos y contractuales con agudeza y precisión.