Daño emergente (gastos del proceso, honorarios de abogados), lucro cesante, daño moral y daño a la vida de relación.

La acción prescribe en dos años contados desde que la víctima conoció o debió conocer el daño y su relación con la conducta del Estado.

Solo si actuó con dolo o culpa grave, a través de la acción de repetición que inicia el Estado, no directamente el ciudadano.

No directamente. Es una acción del Estado.

Sí. La acción prescribe en dos años contados desde que el Estado pagó la condena.

Sí, con todas las garantías del proceso contencioso administrativo.

Sí, ante la Corte Constitucional, que a través de la selección para revisión puede examinar la tutela interpuesta.

La tutela no tiene plazo específico, pero la Corte Constitucional ha señalado que debe interponerse dentro de un tiempo razonable.

No. La tutela no examina la corrección jurídica de la sentencia sino la vulneración de derechos fundamentales.

Sí. Mientras está pendiente el recurso de casación, generalmente el condenado puede solicitar la libertad provisional bajo ciertas condiciones.

En principio no, si solo el condenado recurrió (reformatio in peius está prohibida).

Puede dictar la sentencia de reemplazo, absolviendo al procesado o modificando la pena, o devolver el expediente para que se rehaga la actuación si existe una nulidad que afecta el proceso.

Sí. La Sala Civil de la Corte Suprema puede casar la sentencia de oficio cuando se percaten de que la sentencia viola la ley.

La Corte dicta la sentencia de reemplazo que debió proferir el tribunal.

La interposición del recurso tiene efecto suspensivo sobre la ejecución de la sentencia, lo que en la práctica puede usarse para ganar tiempo.

En materia civil, el recurso debe anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia y sustentarse en el plazo que señale la ley procesal.

Es el escrito técnico con el que se sustenta el recurso, en el que el recurrente debe identificar con precisión las causales invocadas y la forma en que la sentencia las viola.

No. La casación solo revisa la aplicación del derecho. Los hechos establecidos en las sentencias de instancia generalmente no pueden revisarse en casación.

Sí. El proceso requiere un probate (proceso sucesoral) en el Estado donde estén los bienes.

Puede haber obligaciones tributarias tanto en el país donde están los bienes como en Colombia. Consulte con un contador especializado en tributación internacional.

Sí, generalmente. Para tramitar la herencia de bienes en el extranjero, necesitará asesoría jurídica local en ese país, además de la colombiana.

Sí. Si aparecen herederos con mejor derecho dentro del plazo legal, pueden reclamar la herencia o su equivalente en valor.

Los acreedores del causante pueden reclamar el pago de sus créditos con cargo a la masa hereditaria, antes de que los bienes pasen al Estado.

Sí. La ley colombiana no discrimina por nacionalidad en materia de sucesiones.

A cualquier edad adulta y en especial cuando se tienen bienes de valor, cuando hay hijos de diferentes relaciones o cuando se quiere beneficiar a alguien fuera de los herederos legales.

Los honorarios notariales varían según la notaría y la complejidad del testamento. En general, son accesibles.

Sí, dentro de la cuota de libre disposición.

Sí. Si un heredero retiene más bienes de los que le corresponden, el otro heredero puede ejercer la petición de herencia para que se adjudique la porción excedente.

Sí. Cuando el demandante primero debe establecer su filiación para ser reconocido como heredero, puede ejercer ambas acciones.

Si los terceros actuaron de buena fe, puede ser difícil recuperar los bienes específicos. Sin embargo, puede reclamarse su equivalente en valor contra el heredero que los vendió indebidamente.