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MAIKEL NISIMBLAT

Director de Litigio Ambiental | Defensa Penal y Contenciosa

Abogado de la Universidad de los Andes. Especialista en desvirtuar la presunción de culpa ambiental mediante peritaje técnico forestal e ingeniería. Representamos a empresas de construcción e industria en procesos penales y sancionatorios ante la ANLA y CARs.

Contacto: 310 485 4137

MAIKEL NISIMBLAT

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Abogado de la Universidad de los Andes. Especialista en desvirtuar la presunción de culpa ambiental mediante peritaje técnico forestal e ingeniería. Representamos a empresas de construcción e industria en procesos penales y sancionatorios ante la ANLA y CARs.

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# Estaciones de Servicio: Cómo renegociar con Gulf para obtener una mejor prima

La industria del suministro de combustibles líquidos en Colombia está marcada por un marco legal y comercial complejo que influye en la viabilidad y rentabilidad del negocio de estaciones de servicio. La variabilidad de los contratos de suministro en el downstream colombiano y la potencialidad de renegociación de términos pueden significar la diferencia entre operar de manera sostenible o incurrir en pérdidas. Este análisis se enfoca en cómo los operadores pueden abordar la renegociación de contratos con Gulf, y cómo Nisimblat Law utiliza su pericia legal y comercial para proporcionar condiciones favorables.

1. Estructura de los contratos de suministro en el Downstream colombiano

Los contratos de suministro en el sector downstream en Colombia están diseñado bajo normas claras, pero también son flexibles para la adaptación a las necesidades de las partes involucradas. En términos generales, estos contratos establecen las condiciones necesarias para la disposición y distribución de combustibles, que incluyen precios, cantidades, y obligaciones de entrega y pago.

La estructura básica de estos contratos abarca varios puntos clave:

– Objeto del contrato: Definición de los combustibles específicos que serán suministrados, que puedan incluir gasolina, diésel, y otros derivados.

– Duración: La duración del contrato determina el compromiso a largo plazo entre el proveedor y el operador. Generalmente, estos contratos son a plazo fijo, pero también pueden contener cláusulas que permitan la revisión periódico de términos.

– Condiciones de suministro y entrega: Detalle de la logística, tiempos de entrega y los estándares de calidad exigidos por la normativa colombiana, como los que establece el Ministerio de Minas y Energía.

– Precios y ajustes: Metodología para la fijación de precios y ajustes periódicos basados en índices de mercado, costos de transporte, y demás factores relevantes.

– Cláusulas de terminación y resolución de conflictos: Aspectos vinculados a la finalización del contrato, incluyendo derechos de espacio y condiciones a seguir por ambas partes.

Otras consideraciones incluyen recursos de conciliación y mecanismos de mediación en caso de controversias, fundamentales en un entorno donde el riesgo de litigios es una constante.

2. Proceso de ‘Cesión de contratos y derecho de preferencia’

En el contexto de operaciones con Gulf, el proceso de ‘Cesión de contratos’ es esencial. Este proceso permite que un operador ceda su contrato de suministro a un tercero, pero debe realizarse cumpliendo diversas regulaciones que protegen tanto al cedente como al cesionario.

El derecho de preferencia se convierte en un tema trascendental. Generalmente, Gulf tiene la opción de asumir o rechazar la propuesta de cesión, lo que significa que las partes deben ser meticulosas en su negociación. Algunas consideraciones clave incluyen:

– Notificación previa: El operador debe notificar a Gulf sobre la intención de ceder el contrato, proporcionando todos los detalles de la cesión.

– Evaluación de idoneidad: Gulf evaluará al cesionario para asegurar que cumple con los estándares de calidad y capacidad técnica.

– Condiciones de cesión: En la mayoría de los casos, se pueden establecer requisitos adicionales que aseguren la viabilidad del negocio durante y después del proceso de cesión.

Este aspecto es crucial, ya que muchos operadores no comprenden completamente sus derechos y obligaciones dentro de este marco legal. La asesoría de Nisimblat Law resulta determinante, asegurándose de que todas las cláusulas sean interpretadas y aplicadas en función de los intereses del operador.

3. Negociación de porcentajes para el operador

La renegociación de términos contractuales, específicamente en términos de márgenes de beneficio o primas, debe realizarse con una estrategia clara. A través de un análisis de mercado, Nisimblat Law ha logrado mejorar las condiciones de los contratos para sus clientes, obteniendo márgenes superiores a la media del mercado.

Aquí hay algunas estrategias que se pueden emplear:

1. Benchmarking: Comparar comisiones y márgenes con los datos del mercado en comparación con competidores como Terpel, Primax, Exxon y Chevron. Esto proporciona un marco de referencia sólido para argumentar a favor de condiciones más favorables.

2. Volumen de compras: Cuantos mayores sean los volúmenes comprometidos (y demostrables) en la negociación, más fuerza tendrá el operador en sus peticiones de reducción de precios o mejora de condiciones.

3. Alianzas estratégicas: Unirse en consorcio con otros operadores para reducir el costo de adquisición o revisar términos en conjunto puede armar al operador con una mejor posición en la mesa de negociación.

4. Diferenciación de servicios: Ofrecer servicios complementarios que puedan justificar un margen superior, como la atención al cliente, servicios de limpieza o convenios para atenciones especiales.

La habilidad de Nisimblat Law para enfocarse en indicadores clave y en el análisis de datos del mercado permite crear propuestas de valor persuasivas que van más allá del simple cambio de cifras.

4. Regulación del Ministerio de Minas y Energía sobre distribución de combustibles líquidos

Es vital mencionar la regulación que impone el Ministerio de Minas y Energía en Colombia para la distribución de combustibles líquidos. La normatividad abarca varios aspectos que los operadores deben observar, tales como:

– Licencias y permisos: Leyes que exigen que tanto el suministro como la distribución deben ser ejecutados por empresas que mantengan licencias válidas y oficiales.

– Estándares de calidad: La regulación establece requisitos específicos respecto a la calidad de los combustibles, así como las especificaciones técnicas que deben cumplirse.

– Aspectos de seguridad: La normativa incluye requerimientos de seguridad que deben ser satisfechos para minimizar riesgos tanto para la operación como para el consumidor final.

– Sistema de auditoría: Implementación de auditorías periódicas para monitorear el cumplimiento de las normas.

En este entorno regulatorio dinámico, es fundamental que los operadores no solo estén al tanto de las normativas, sino que también las incorporen en sus negociaciones con Gulf y otros competidores.

Conclusión

La renegociación de contratos con Gulf o cualquier otro proveedor en el sector de combustibles representa un importante desafío pero también una oportunidad para operadores de estaciones de servicio en Colombia. Con una comprensión clara de la estructura de estos contratos, procesos de cesión, derechos de preferencia, y el marco regulatorio en el que operan, los operadores pueden fortalecer su posición en las negociaciones.

Además, la inclusión de estrategias efectivas en la negociación puede suponer cambios significativos en las condiciones de operación, que pueden impactar de manera favorable en la rentabilidad. Es en este contexto que Nisimblat Law destaca como un aliado estratégico en el proceso, proporcionando no solo asesoría jurídica, sino también una visión comercial que permite a sus clientes obtener condiciones que superen las expectativas del mercado.

En definitiva, la clave radica en la preparación, la estrategia y la capacidad de negociación, elementos que se suman para transformar los contratos en oportunidades de negocio sostenibles y rentables.

# Importadores en Riesgo: El Fraude Aduanero en Importación de Maquinaria y las Sanciones de la DIAN

Introducción

En la dinámica del comercio internacional, la importación de maquinaria desempeña un papel crucial en el desarrollo económico de una nación. Sin embargo, esta actividad no está exenta de riesgos y complicaciones, particularmente en lo que respecta al cumplimiento de las normativas aduaneras. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia se posiciona como la entidad encargada de supervisar y regular las actividades relacionadas con las importaciones, garantizando así la integridad del sistema aduanero. En este contexto, se hace imperativo abordar las diferencias entre una infracción administrativa aduanera y el delito de contrabando, analizar la valoración aduanera en la tipicidad del fraude y discutir la defensa técnica que ofrece Nisimblat Law, afectando la recuperación de mercancías aprehendidas en procesos sancionatorios.

1. Diferencias entre Infracción Administrativa Aduanera y Delito de Contrabando

La legislación aduanera colombiana establece diferencias significativas entre las infracciones administrativas y el delito de contrabando. Las infracciones administrativas se caracterizan por ser transgresiones de normas que, aunque pueden resultar en sanciones económicas o administrativas, no implican necesariamente un comportamiento delictivo. Por ende, las infracciones administrativas suelen ser tratadas en el ámbito administrativo, lo que significa que las sanciones impuestas pueden ser principalmente pecuniarias o relacionadas con la suspensión de permisos.

Por su parte, el contrabando es considerado un delito que atenta contra la seguridad económica del país y está tipificado en el Código Penal. El contrabando, a diferencia de las infracciones administrativas, implica la introducción o extracción de mercancías del país sin el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes, lo que puede incluir la falsificación de documentos, el uso de rutas no autorizadas, entre otras prácticas ilegales. Este delito conlleva no solo sanciones administrativas, sino también penas privativas de libertad, multatorias y la posibilidad de ser incluidas en procesos penales.

Es crucial para los importadores entender esta distinción, ya que la calificación errónea de su conducta puede acarrear graves consecuencias que van más allá de una sanción administrativa. La gravedad de las implicaciones legales va en aumento a medida que se transita del ámbito administrativo al penal.

2. El Impacto de la Valoración Aduanera en la Tipicidad del Fraude

La valoración aduanera es un elemento fundamental en el proceso de importación, ya que establece el valor de las mercancías a efectos fiscales. Dicha valoración no solo determina los impuestos a pagar, sino que también influye en la clasificación arancelaria y regula el marco jurídico aplicable a la mercancía en cuestión. En este sentido, la correcta valoración de la mercancía es esencial para evitar caer en actos fraudulentos que puedan ser calificados como fraude aduanero.

El fraude en la valoración se presenta cuando un importador declara un valor inferior al real de la mercancía con el objetivo de obtener un beneficio mal habido, como una menor carga tributaria. Tal acción puede encuadrarse tanto dentro de las infracciones administrativas aduaneras como en el delito de contrabando, dependiendo de la magnitud y la intencionalidad del acto. Este tipo de prácticas no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también daña la competitividad de los actores legales del mercado.

El impacto de la valoración aduanera es complejo y tiene múltiples dimensiones. En primer lugar, altera las condiciones del mercado al permitir que ciertas empresas compitan de manera desleal, afectando a aquellas que cumplen con la normativa. En segundo lugar, fomenta un ambiente de impunidad al generar desconfianza en el sistema aduanero. Finalmente, la subvaloración sistemática de mercancías puede llevar a sanciones severas, incluidas la aprehensión de mercancías y la imposición de multas que pueden llegar a incurrir en montos significativos.

La DIAN tiene mecanismos de control y verificación que pueden alertar sobre posibles irregularidades en la valoración. Por lo tanto, los importadores deben estar conscientes de la forma en que se determina la valoración y estar preparados para justificar mediante documentación adecuada el costo real de las mercancías importadas.

3. Defensa Técnica de Nisimblat Law en la Recuperación de Mercancía Aprehendida

Ante la aprehensión de mercancías por parte de la DIAN, los importadores pueden verse en una situación crítica, donde la recuperación de los bienes se torna vital para la continuidad de sus operaciones comerciales. En este sentido, la defensa técnica que ofrece Nisimblat Law juega un papel fundamental en la modificación del resultado de los procedimientos sancionatorios.

Nisimblat Law se especializa en la defensa legal en asuntos aduaneros y tiene un profundo conocimiento de los procedimientos administrativos que se siguen ante la DIAN. En el caso de la aprehensión de mercancías, se requieren estrategias bien fundamentadas y un equipo experiente que pueda abordar la situación de manera efectiva. A continuación, se describen algunas de las estrategias que implementa Nisimblat Law en la defensa de sus clientes.

1. Análisis exhaustivo de la documentación: Se realiza una revisión detallada de toda la documentación relacionada con la importación, incluyendo facturas, contratos de compra, documentos de transporte y declaraciones aduaneras. Esto permite identificar posibles fallas o errores que pueden haber llevado a la aprehensión.

2. Representación ante la DIAN: Nisimblat Law actúa como intermediario entre el importador y la DIAN, garantizando una comunicación clara y efectiva. Además, se defiende ante la autoridad aduanera de manera coherente y asertiva, argumentando legalmente en favor de la devolución de las mercancías aprehendidas.

3. Sostenimiento de defensas jurídicas: Dependiendo de la naturaleza de la aprehensión, la defensa puede basarse en la falta de tipicidad del delito, argumentando que el comportamiento no se ajusta a las definiciones de infracción o contrabando. También se puede demostrar que ha habido un cumplimiento parcial de las obligaciones aduaneras.

4. Negociación de soluciones alternativas: Nisimblat Law busca proponer opciones que puedan conducir a la resolución del conflicto de manera más eficiente, ya sea a través de acuerdos amistosos con la DIAN que incluyan la regularización de las mercancías a cambio de sanciones administrativas.

5. Asesoramiento estratégico: En algunas ocasiones, se ofrece asesoría para el diseño de procesos operativos y aduaneros que administren el riesgo de aprehensión en el futuro. Esto conlleva la implementación de controles internos y la capacitación del personal en normativas aduaneras.

A través de estas estrategias, Nisimblat Law se posiciona como un socorro jurídico para importadores en riesgo, al tiempo que busca fortalecer la cadena de suministro y promover una cultura de cumplimiento en el comercio exterior.

Conclusiones

El comercio internacional por su naturaleza implica riesgos inherentes, y la importación de maquinaria es un campo que exige una comprensión clara de las normativas aduaneras vigentes. Con la DIAN actuando como regulador en este ámbito, la diferencia entre una infracción administrativa y un delito de contrabando se convierte en un aspecto fundamental para los importadores. El manejo adecuado de la valoración aduanera es crucial para evitar caer en prácticas fraudulentas, y este marco normativo, combinado con una defensa técnica sólida como la que ofrece Nisimblat Law, se convierte en un baluarte para la recuperación de mercancías aprehendidas.

Los importadores deben adoptar un enfoque proactivo en su cumplimiento normativo, no solo para minimizar las sanciones, sino también para contribuir al fortalecimiento del sistema aduanero en su conjunto. En un mundo globalizado, donde las fronteras se desdibujan, es vital que las empresas actúen con integridad, adoptando prácticas que respalden la seguridad y legalidad en el comercio internacional. La atención a los detalles y el asesoramiento experto son la clave para navegar con éxito en este complejo paisaje.

# Defensa Penal: Estrategia ante Cargos de Interés Indebido en la Celebración de Contratos

La defensa penal en materia de interés indebido en la celebración de contratos en el ámbito estatal y privado se torna un arte de precisión y rigor jurídico, donde la verdad material y la correcta interpretación de las normativas deben prevalecer sobre prejuicios y presunciones erróneas, que pueden llevar a condenas injustas. A continuación, se abordarán los diferentes aspectos que configuran esta compleja materia.

1. Análisis del tipo penal de ‘Interés Indebido en la Celebración de Contratos’ y su aplicación contra contratistas privados

El tipo penal de interés indebido en la celebración de contratos se encuentra tipificado en diversas legislaciones, incluyendo las leyes anticorrupción y de contratación pública. Generalmente, está diseñado para sancionar a quienes, por su condición de servidores públicos, actúan en beneficio propio o de terceros en el manejo de recursos estatales o en la celebración de contratos estatales, lo que pone en riesgo la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública.

El núcleo del tipo penal se orienta hacia la demostración de un vínculo entre el servidor público, interesado de manera directa o indirecta en un contrato, y la empresa o persona privada que contrata con el Estado. Lo crucial aquí es que, para que se configure el tipo penal, no solo debe existir un interés en la negociación, sino que este debe ser indebido, lo que implica que debe estar relacionado con un conflicto entre los intereses patrimoniales del funcionario y los intereses del Estado y la coletilla de la debida transparencia.

La aplicación de este precepto contra contratistas privados, en ciertos contextos, puede ser motivo de controversia. Aunque es cierto que la actividad del Estado en la contratación pública debe mantenerse vigilante ante potenciales irregularidades, también es imperativo defender los derechos de las personas que operan en este ambiente. Acusar a un contratista privado por interés indebido en ausencia de elementos probatorios sólidos o indicios claros de colusión o manipulación por parte del servidor público podría traducirse en una violación de derechos fundamentales, tales como la presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso.

2. Por qué el dolo no se presume en la contratación estatal

Un aspecto fundamental en la defensa de los cargos de interés indebido es la naturaleza del dolo en estos casos. En términos generales, el dolo implica la intención de cometer un acto delictivo, ya sea por acción u omisión. Sin embargo, en la contratación estatal, el dolo no debe ser presunto sino probatorio.

El principio de presunción de inocencia debe guiar todos los procedimientos penales, y esto es especialmente relevante cuando se trata de funcionarios públicos y contratistas privados. La contratación estatal está rodeada de formalidades, procesos de aprobación y supervisión que dificultan la obtención de dolo por parte de los contratos. Se debe analizar no solo la acción, sino el contexto en el que se lleva a cabo la contratación, las normativas vigentes y las decisiones colectivas que incluyen a otros funcionarios.

Exigir prueba del dolo en lugar de suponerlo implica que la Fiscalía debe demostrar, más allá de toda duda razonable, que el imputado actuó con la intención de causar un daño o aprovecharse ilegalmente de su posición. Esta carga de la prueba actúa como un baluarte para la defensa, permitiendo argüir que la ausencia de malicia o de intención dolosa debe llevar a la absolución del acusado.

3. Teoría del Riesgo Permitido en la Ejecución de Presupuestos Públicos

La ‘Teoría del Riesgo Permitido’ se presenta como un paradigma jurídico relevante para el análisis de la gestión de recursos públicos y, por ende, para la defensa en casos relacionados con el interés indebido en la celebración de contratos. Esta teoría plantea que, en la ejecución de nuestros presupuestos públicos, la administración debe asumir un nivel de riesgo razonable. En otras palabras, cualquier decisión administrativa que implique una elección entre varias opciones debe ser considerada bajo la premisa de que se permite cierto grado de riesgo inherente al ejercicio de la función pública.

En este contexto, se debe tener presente que no todas las decisiones que generan pérdidas o que no terminan en un resultado idealico son culpivas o reprochables desde el punto de vista penal. La discrecionalidad que acompaña la función pública es ampliamente reconocida y aceptada, lo que significa que un contratista privado que actúa en alineación con las directrices administrativas y bajo criterios de gestión razonables no puede ser castigado simplemente porque la decisión resultó desfavorable.

La aplicación de esta teoría en el contexto de un proceso penal puede servir como fundamento sólido para la defensa. Cuando se puede establecer que el acto criticado fue parte de una decisión administrativa aceptablemente arriesgada, pero no dolosa, se puede argumentar que el accionar del acusado está amparado por la teoría del riesgo permitido y, por ende, no debe ser objeto de sanción penal.

4. Método de Nisimblat Law para Desmontar Peritajes de la Fiscalía mediante Contra-peritajes Técnicos

El análisis técnico de los casos penales de interés indebido en la celebración de contratos requiere un enfoque metódico y riguroso. Uno de los pilares de la defensa eficaz es el desconstruir los peritajes presentados por la Fiscalía. Esto se logra mediante el «Método de Nisimblat Law», que se basa en una filosofía crítica y analítica de los informes periciales.

En este contexto, la estrategia comienza por la identificación de los peritajes utilizados por la Fiscalía como elemento probatorio. Esta identificación incluye un análisis exhaustivo de la metodología utilizada, los criterios empleados, y la experiencia y credibilidad del perito. Con esto, se establece la base para presentar un contra-peritaje técnico que no solo contradiga los hallazgos de la Fiscalía, sino que, además, aporte nuevas luces sobre la realidad del hecho y la ausencia de dolo.

El contra-peritaje debe ser realizado por expertos independientes y calificados, y debe basarse en metodologías variadas que contrasten con las de la acusación. Esto no solo fortalecerá la defensa, sino que también cuestionará la imparcialidad y la rigurosidad del análisis inicial. Construir un contra-peritaje sólido, que evidencie inconsistencias o errores en el informe inicial, puede llevar a la deslegitimación de la prueba presentada y contribuir a un veredicto favorable para el acusado.

Conclusión

La defensa penal en casos de interés indebido en la celebración de contratos no es solo una cuestión de análisis jurídico, sino que es un complejo entramado de estrategia, interpretación e investigación. El éxito en la defensa dependerá de la capacidad de desmontar las alegaciones de la Fiscalía, de establecer que el dolo no debe presumirse y de fundamentar que el accionar en la contratación estatal está amparado en principios de riesgo permitido. Al adoptar un enfoque técnico y asertivo, la defensa podrá no solo proteger los derechos de los acusados, sino que también contribuir a la integridad del sistema de contratación pública y a la confianza en la gestión del Estado. La lucha por la justicia comienza con una defensa fuerte y bien fundamentada, respaldada por el conocimiento, la estrategia y la ética.

# Contrabando Técnico: Estrategia de defensa para evitar el decomiso de Operaciones de sobrefacturación y subfacturación

1. Diferencia entre una infracción administrativa aduanera y el delito de contrabando

La complejidad del ámbito aduanero exige una diferenciación clara entre distintos tipos de infracciones que incurren los operadores de comercio exterior. En este contexto, se deben distinguir la infracción administrativa aduanera del delito de contrabando.

Una infracción administrativa aduanera se refiere a cualquier acción u omisión que contravenga las normativas aduaneras y que esté sujeta a sanciones administrativas. Estas infracciones pueden incluir, entre otras, la falta de presentación de documentos necesarios, la inexactitud en las declaraciones de aduanas, o el uso indebido de permisos y certificaciones. En general, la consecuencia de este tipo de infracciones es una sanción administrativa, que puede ser pecuniaria o la aplicación de medidas restrictivas que no necesariamente implican la privación de la libertad.

Por otro lado, el delito de contrabando implica un comportamiento más grave y deliberado, que tiene como finalidad el tráfico ilícito de mercancías, elusión de restricciones arancelarias, o la introducción de productos prohibidos en territorio nacional. Este delito se encuentra tipificado en los códigos penales de muchos países y conlleva sanciones penales, que pueden incluir la privación de libertad, así como multas significativas. En resumen, mientras que la infracción administrativa aduanera puede ser vista como una falta que no requiere la intención delictiva, el contrabando se caracteriza por la intención fraudulenta y el conocimiento de la ilegalidad de los actos ejecutados.

2. Análisis del impacto de la valoración aduanera en la tipicidad del fraude

La valoración aduanera es un aspecto clave en la fiscalidad de los intercambios comerciales y, por ende, en la prevención y detección del fraude aduanero. La correcta valoración de las mercancías es esencial para la determinación de los derechos y obligaciones emergentes de las operaciones de comercio exterior. En términos generales, la valoración se basa en el precio pagado o por pagar (valor de transacción) y debe adherirse a normas estrictas establecidas en los tratados internacionales y en la legislación nacional.

Cuando se emplean técnicas como la sobrefacturación o la subfacturación con el objetivo de manipular el valor de las mercancías, se viene a constituir un fraude que altera la realidad económica de la operación. La sobrefacturación, donde se informa un valor superior al real, busca beneficiar a la empresa a través de incentivos fiscales o el acceso a divisas en tasas preferenciales. En contraste, la subfacturación se utiliza para evadir impuestos al informar un valor inferior al real.

El impacto de estos métodos en la tipicidad del fraude es significativo. La incorrecta declaración de valor se transforma en un elemento que refuerza la tipificación del delito, tanto a nivel administrativo como penal, dependiendo de la legislación aplicable. Esta tipificación permite a las autoridades aduaneras identificar operaciones sospechosas y activar mecanismos de control más restringidos. Una vez que se detecta un patrón que revela discrepancias entre el valor declarado y el valor comercial razonable, se da paso a auditorías y a la posible aplicación de sanciones severas.

Así, la valoración aduanera activa un ciclo que potencialmente aumenta la exposición al riesgo de decomisos, investigaciones y sanciones administrativas o penales, dependiendo de la magnitud y la intención subyacente al fraude. Una correcta valoración basada en principios de transparencia y honestidad se traduce en una operación más segura, evitando la tipificación de fraude y contribuyendo a la integridad de la cadena de suministro.

3. Defensa técnica de Nisimblat Law en la recuperación de mercancía aprehendida

El contexto de las operaciones comerciales internacionales está lleno de riesgos y desafíos que pueden desencadenar procesos de aprehensión de mercancía por parte de las autoridades aduaneras. En este sentido, la defensa técnica de Nisimblat Law se configura como una estrategia robusta y fundamentada para la recuperación de mercancía aprehendida, especialmente en casos de supuesta sobrefacturación o subfacturación.

La defensa técnica parte de un análisis exhaustivo de cada caso particular, considerando todos los aspectos relevantes: la naturaleza de la mercancía, la documentación presentada, el marco legal aplicable, y las acciones previas y posteriores a la aprehensión. En primer lugar, se busca comprender si la actuación de las autoridades aduaneras se ha ajustado a derecho, analizando la regularidad de los procedimientos seguidos, la motivación del decomiso y la proporcionalidad de las sanciones impuestas.

Un elemento crucial en esta defensa es el desarrollo de una estrategia de comunicación clara y efectiva, tanto con las autoridades como con los clientes. Nisimblat Law plantea un enfoque proactivo que incluye la presentación de recursos administrativos que permitan solicitar la revisión del acto administrativo que llevó a la aprehensión de las mercancías. Asimismo, es viable el planteamiento de alegaciones técnicas que demuestren la adecuación de la realidad económica que respaldan el valor declarado, sustentando la legalidad de la operación.

Otro aspecto vital de la defensa técnica es la recolección de pruebas que sustenten la legitimidad de las transacciones llevadas a cabo. Esta actividad diagnóstica puede incluir la obtención de informes de peritos, testimonios de proveedores y compradores, así como historial de operaciones similares en el mercado. La exposición de tales evidencias puede inclinar la balanza a favor del cliente, desvirtuando la noción de fraude e ilustrando la ausencia de intención delictiva.

Resultados favorables en la recuperación de mercancías aprehendidas dependen, en gran medida, de la capacidad de Nisimblat Law para integrar todos estos elementos en una narrativa coherente y fundamentada. Las defensas no se limitan a una mera respuesta negativa a las acusaciones; más bien, buscan restablecer la confianza en el sistema de comercio y en las prácticas legítimas de las empresas involucradas.

Conclusión

La intersección entre la legalidad aduanera y el comercio internacional es un terreno delicado que exige tanto un conocimiento pormenorizado de las normativas aplicables como de las mejores prácticas en la gestión de riesgos. La comprensión de la diferencia entre las infracciones administrativas y los delitos de contrabando permite a los operadores económicos adoptar medidas más efectivas para prevenir problemas graves que puedan impactar en su actividad comercial.

Por su parte, la valoración aduanera no es solo un procedimiento técnico, sino un componente crítico en la tipicidad de las infracciones y delitos asociados. Por ello, es vital que los actores del comercio internacional trabajen en la implementación de políticas de transparencia y claridad en todas sus gestiones.

Desde Nisimblat Law, la defensa técnica ante aprehensiones aduaneras representa un compromiso hacia la protección de la cadena de suministro y la legitimidad de las operaciones comerciales. A través de un enfoque sofisticado en la defensa de intereses, se busca asegurar que la legalidad prevalezca en un entorno que frecuentemente se enfrenta a riesgos de interpretación y aplicación errónea de las normativas.

La salvaguarda de la integridad de la cadena de suministro es primordial no solo en términos legales, sino también ético y reputacional, fortaleciendo así la confianza en el sistema de comercio internacional y promoviendo prácticas que se alineen con los estándares más altos de conducta comercial.

MAIKEL NISIMBLAT

Director de Litigio Ambiental | Defensa Penal y Contenciosa

Abogado de la Universidad de los Andes. Especialista en desvirtuar la presunción de culpa ambiental mediante peritaje técnico forestal e ingeniería. Representamos a empresas de construcción e industria en procesos penales y sancionatorios ante la ANLA y CARs.

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