La Constitución de 1991 eliminó la expropiación sin indemnización. Toda expropiación requiere el pago previo de la indemnización.

Una vez declarado el motivo de utilidad pública, el Estado debe hacer la oferta al propietario dentro de los plazos establecidos en la ley que autoriza la expropiación.

Sí. El propietario puede impugnar el avalúo oficial ante la Subdirección de Catastro o ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La ley prohíbe que los reglamentos de propiedad horizontal prohíban o limiten la tenencia de mascotas.

La administración puede pedir la suspensión de las obras y, si causan daño, iniciar las acciones legales correspondientes.

Este es un tema jurídicamente en debate en Colombia. Algunos reglamentos lo prohíben; en otros casos se ha permitido.

Generalmente no. Las mejoras útiles y de recreo requieren autorización escrita del arrendador.

El depósito es una garantía del pago de los servicios públicos y posibles daños. Si el arrendador no lo devuelve sin justificación, el arrendatario puede demandar su devolución junto con los intereses moratorios.

Solo si el arrendador lo autorizó expresamente. El subarriendo sin autorización es una causal de terminación del contrato.

Es un defecto estructural, de materiales o de técnica constructiva que afecta la solidez, seguridad o habitabilidad de la obra.

Sí, si se originan en un defecto de la construcción. Las humedades por error constructivo pueden ser un vicio reclamable dentro de los plazos de garantía.

Los arrendatarios pueden reclamar al arrendador (propietario), y este puede repetir contra el constructor.

Sí. La transferencia del dominio solo se perfecciona con la inscripción de la escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.

El propietario registrado es quien primero inscribió la compraventa en el registro.

Es el documento que expide la Superintendencia de Notariado y Registro y que muestra la historia jurídica del inmueble.

Sí. La acción popular es el mecanismo idóneo para proteger los derechos colectivos relacionados con el ambiente.

La consulta previa es el proceso de diálogo que debe realizarse con las comunidades étnicas (indígenas, afrocolombianas, raizales) antes de adoptar medidas o proyectos que puedan afectar su territorio o forma de vida.

Es la acción constitucional para proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente, el espacio público, el patrimonio cultural y la seguridad pública.

Sí. La Corte puede declarar de oficio las nulidades insaneables que advierta en el trámite del recurso o en el proceso que dio lugar a la sentencia recurrida.

La nulidad afecta la validez del procedimiento; la causal de casación ataca la corrección jurídica de la sentencia. Ambas pueden coexistir en el mismo proceso.

Debe indicar hasta qué momento el proceso fue válido y ordenar que se rehaga a partir de ahí.

La Sala Civil de la Corte Suprema y el Consejo de Estado han producido abundante jurisprudencia en materia de responsabilidad médica.

Puede, pero debe justificarlo expresamente.

Es la razón o fundamento jurídico que fue determinante para la decisión. Es la parte del fallo que constituye precedente.

Sí, si aparece alguna de las causales del recurso de revisión que no estaban disponibles al momento de la casación.

Sí. Los plazos varían según la causal invocada. Algunas causales tienen plazos de dos años y otras son imprescriptibles.

Sí. El condenado puede pedir la revisión si aparecen hechos nuevos que demuestren su inocencia.

Técnicamente sí, si es abogado titulado. Sin embargo, la alta tecnicidad del recurso hace indispensable contar con un abogado con experiencia en casación.

La Corte puede conceder un plazo para corregirla cuando existen deficiencias subsanables.

Los costos varían según el abogado y la complejidad del caso. Es uno de los recursos más costosos dentro del sistema judicial colombiano.