La importancia del principio de transparencia en la contratación pública
Análisis elaborado por
Maikel Nisimblat — Nisimblat Law Offices
Maikel Nisimblat es abogado litigante con más de 27 años de experiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Autor del Tratado General y Especial de Casación Civil Colombiana (Amazon, 2026). Especialista en delitos contra la administración pública, delitos económicos y técnica casacional penal.
La contratación pública es un proceso fundamental para el funcionamiento del Estado y la correcta utilización de los recursos públicos. En este contexto, el principio de transparencia se erige como un pilar esencial, garantizando que las decisiones y actuaciones de las entidades estatales sean claras y accesibles para la ciudadanía. La falta de transparencia en la fase precontractual puede dar lugar a irregularidades que afectan no solo la legalidad de los contratos, sino también la confianza de la sociedad en sus instituciones. En el caso de la chatarrización de vehículos del Ministerio de Defensa, se evidencian serias falencias en la aplicación de este principio, lo que genera interrogantes sobre la integridad del proceso y sus implicaciones legales. La transparencia no solo es un deber normativo, sino un compromiso ético que debe guiar la actuación de los funcionarios públicos, asegurando que cada etapa del proceso de contratación se realice con la debida diligencia y respeto a los derechos de todos los involucrados.
¿Qué ocurrió en este caso ante la Sala de Casación Penal?
En el caso analizado, se presenta una situación donde la falta de transparencia en la fase precontractual del proceso de chatarrización de vehículos del Ministerio de Defensa Nacional ha sido objeto de escrutinio. Según los hechos, se estableció un contrato verbal entre funcionarios del Ministerio y un empresario para llevar a cabo la desintegración de vehículos obsoletos. Este acuerdo, sin embargo, se realizó sin seguir los procedimientos establecidos por la ley, lo que contraviene el principio de transparencia. La ausencia de una convocatoria pública y la elección de una única empresa para ejecutar el proceso no solo vulneran los derechos de otros potenciales contratistas, sino que también comprometen la integridad del proceso de contratación. La falta de documentación formal y la omisión de los requisitos legales exigidos para la celebración de contratos en el sector público son elementos que generan serias dudas sobre la legalidad y la ética de las decisiones tomadas. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la contratación estatal, así como la importancia de garantizar que todos los procesos se realicen con la máxima transparencia y objetividad.
Lo que analizó la Sala de Casación Penal
La Sala de Casación Penal, al abordar este caso, se centró en la aplicación del principio de transparencia y su relevancia en la fase precontractual. Se destacó que la transparencia no es solo un requisito formal, sino un elemento que permite a la ciudadanía conocer y evaluar las decisiones del Estado en la gestión de los recursos públicos. La omisión de la fase de convocatoria y la falta de un contrato escrito son aspectos que contradicen este principio y generan un ambiente propicio para la corrupción y el abuso de poder. La Sala también subrayó que la transparencia debe ser un valor intrínseco en todas las etapas del proceso de contratación, desde la planificación hasta la ejecución y el control. En este sentido, se enfatizó la necesidad de que las entidades estatales adopten prácticas que promuevan la apertura y la rendición de cuentas, garantizando así que los procesos de contratación se realicen de manera justa y equitativa.
Sala de Casación Penal · Corte Suprema de Justicia
Consideraciones de la Corte — AP4216-2025
M.P. Gerson Chaverra Castro · Radicación ·
e enfrenta con el principio de transparencia, la cual debe aplicarse a lo largo de la fase precontractual, fase [que] se reitera fue omitida totalmente por los contratantes. Se enfrenta también con el principio de objetividad, por cuánto no se hizo ninguna convocatoria, simplemente se escogió a una sola empresa para llevar a cabo el proceso de desintegración, conforme esto con el artículo 24 de la Ley 80 del 93, y además traiciona el principio de legalidad merced a qué desobedece los postulados
La definición de competencia es el mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico para establecer de manera perentoria y definitiva cuál de los distintos Jueces o Magistrados es el llamado a conocer de la fase de conocimiento, u ocuparse de un trámite determinado. Esta figura se encuentra regulada en el canon 54 del estatuto procesal en cita, de la siguiente manera: (…) Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la m
Corresponde entonces dilucidar cuál es la autoridad encargada de conocer del proceso adelantado en contra de Luis Alfredo Reyna Salcedo, a quien se le atribuye la comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 3.1. El artículo 43 de la Ley 906 de 2004 establece la competencia territorial en el juez del lugar donde ocurrió el delito y si no es posible determinarlo o si se realizó en varios sitios, en uno incierto o en el extranjero, se fija en el lugar donde se encuentren
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal — AP4216-2025 — M.P. Gerson Chaverra Castro — Radicación —
¿Esta sentencia aplica a su caso?
Solicite un análisis de viabilidad según su situación específica.
¿Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación en este tipo de caso?
Existen varias causales que pueden dar lugar a la casación en casos donde se ha vulnerado el principio de transparencia en la contratación pública. En primer lugar, la falta de motivación en las decisiones del Tribunal puede ser un motivo de casación, ya que la ausencia de justificación adecuada para la elección de un contratista específico puede comprometer la legalidad del proceso. Además, la violación de normas sustantivas y procedimentales, como la falta de un contrato escrito y la omisión de la convocatoria pública, son causales que pueden ser invocadas para solicitar la revisión de la decisión del Tribunal. La falta de imparcialidad en la selección de contratistas y la no observancia de los principios de igualdad y libre competencia también son aspectos que pueden ser objeto de análisis en un recurso de casación. En este contexto, es fundamental que los actores involucrados en la contratación pública actúen con la debida diligencia y respeto a los principios que rigen el proceso, para evitar que situaciones de esta naturaleza se repitan en el futuro.
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Concepto de Viabilidad del Recurso de Casación Penal
Revisión integral de la sentencia de segunda instancia
Identificación de causales aplicables (Art. 181 Ley 906/2004)
Análisis de errores del Tribunal en la valoración de pruebas
Evaluación de nulidades y violación de garantías fundamentales
Elaboración de la demanda ante el Tribunal
Representación ante la Sala de Casación Penal
Término fatal: 5 días hábiles desde la notificación — Art. 183 Ley 906/2004.
¿Cuándo procede el recurso de casación penal en este tipo de caso?
El recurso de casación penal procede en los casos en los que se ha vulnerado el debido proceso o se han cometido errores en la interpretación y aplicación de la ley. Según los artículos 181 a 184 de la Ley 906 de 2004, las partes tienen un plazo de cinco días para interponer el recurso de casación tras la notificación de la sentencia. Posteriormente, se cuenta con un término de 30 días para presentar la demanda ante el Tribunal correspondiente. Es importante destacar que la casación no es un nuevo juicio, sino un mecanismo de revisión que busca garantizar la correcta aplicación de la ley y la protección de los derechos fundamentales. En este tipo de casos, la falta de transparencia en la contratación pública puede ser un argumento sólido para solicitar la revisión de la decisión del Tribunal, especialmente si se demuestra que dicha falta ha afectado el resultado del proceso y ha vulnerado los derechos de los involucrados.
¿Qué significa esto para usted?
La importancia del principio de transparencia en la contratación pública no puede ser subestimada. Para los ciudadanos, este principio representa una garantía de que los recursos públicos se gestionan de manera adecuada y responsable. La falta de transparencia puede dar lugar a la corrupción, el mal uso de los recursos y la desconfianza en las instituciones. Es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre los procesos de contratación y que exijan rendición de cuentas a sus autoridades. Para los funcionarios y contratistas, la transparencia implica cumplir con los requisitos legales y éticos establecidos, asegurando que cada decisión se tome en beneficio del interés público. La promoción de prácticas transparentes en la contratación pública no solo fortalece la confianza de la ciudadanía, sino que también contribuye a un mejor uso de los recursos del Estado, beneficiando a toda la sociedad.
Preguntas frecuentes — transparencia en contratación pública
¿Qué es el principio de transparencia en la contratación pública? El principio de transparencia se refiere a la obligación de las entidades estatales de realizar sus procesos de contratación de manera clara y accesible, permitiendo que la ciudadanía conozca y evalúe las decisiones tomadas.
¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar el principio de transparencia? La falta de transparencia puede dar lugar a irregularidades en la contratación, afectando la legalidad de los contratos y generando desconfianza en las instituciones públicas.
¿Cómo se puede garantizar la transparencia en la contratación pública? Se puede garantizar a través de la implementación de procedimientos claros, la convocatoria pública de contratistas y la exigencia de contratos escritos que cumplan con los requisitos legales.
¿Qué hacer si se sospecha de falta de transparencia en un proceso de contratación? Es fundamental denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades competentes y exigir una revisión del proceso para garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados.
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MAIKEL NISIMBLAT - Director Juridico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Harvard PON, MIT, Wharton AI, IBM AI Specialist, George Washington University School of Business. Especialista en litigio con mas de 27 anos de experiencia en casos de alta complejidad en Colombia. Creador de Energy Audit AI reconocido en Associated Press, Fox News y CBS, abril 2026.
