Acción popular por falta de baño público para discapacitados — conflicto de competencia Colombia

Recientemente, se ha presentado un caso que pone de manifiesto la importancia de garantizar el acceso a servicios básicos para las personas con discapacidad. En este contexto, un ciudadano, Uner Augusto Becerra Largo, interpuso una acción popular en contra de Bancolombia S.A., debido a la falta de un baño público apto para personas discapacitadas en una de sus sucursales en Bogotá. Este hecho no solo resalta la necesidad de infraestructura accesible, sino que también ha generado un conflicto de competencia entre dos juzgados que debían decidir sobre el caso. Si usted se encuentra en una situación similar, donde ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es crucial entender el proceso y las implicaciones legales que conlleva. La casación es un recurso extraordinario que permite a las partes cuestionar decisiones judiciales, buscando la corrección de errores en la interpretación o aplicación de la ley. En este artículo, exploraremos los detalles del caso, el análisis de la Corte Suprema y las implicaciones de la acción popular en el contexto colombiano.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso se originó cuando Uner Augusto Becerra Largo presentó una acción popular ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, solicitando que se ordenara a Bancolombia S.A. la instalación de un baño público accesible para personas discapacitadas en su local ubicado en Bogotá. El juzgado admitió la demanda y realizó las notificaciones pertinentes, incluyendo a la Alcaldía de Bogotá y al Ministerio Público. Sin embargo, posteriormente, el juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado, argumentando que no era competente para conocer el asunto, y envió el expediente a los juzgados civiles del circuito de Bogotá, considerando que era allí donde se encontraba la municipalidad afectada. Esta decisión generó una controversia, ya que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá también se declaró incompetente, alegando que el Juzgado de La Virginia había actuado de manera incorrecta al rechazar la competencia. Así, se suscitó un conflicto de competencia que llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia para su resolución.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre los dos juzgados involucrados en el caso. En este análisis, se consideraron los principios establecidos en el Código General del Proceso y la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares. La Corte determinó que, dado que la controversia se había generado entre juzgados de diferentes distritos judiciales, era su responsabilidad resolver el conflicto. Se examinó la correcta aplicación de las normas sobre competencia territorial y la posibilidad de que el actor popular eligiera entre los fueros concurrentes para presentar su demanda. La Corte concluyó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia era el competente para continuar con el trámite del proceso, dado que había asumido el caso inicialmente y no se presentaron razones válidas para cuestionar su competencia.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3540-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02106-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3540-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02106-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (17 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (21 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3540-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02106-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales sobre la competencia y el procedimiento en las acciones populares. En este sentido, se enfatiza la importancia de la «perpetuatio jurisdictionis», que implica que una vez que un juez asume un caso, no puede apartarse de él sin razones justificadas. Esto es crucial en el contexto de la acción popular, donde se busca proteger derechos colectivos y garantizar el acceso a servicios básicos. La Corte, al decidir sobre el conflicto de competencia, reafirma la necesidad de respetar estas normas para asegurar la celeridad y la efectividad en la administración de justicia. Esto significa que, si se elige un juez para conocer de una acción popular, ese juez debe continuar con el proceso, a menos que se presente una causal de nulidad o incompetencia debidamente justificada.

“El estudio de la técnica casacional constituye uno de los mayores retos en la vida profesional de un abogado litigante.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado resalta que el actor popular tiene la facultad de elegir el juez competente entre los fueros disponibles, lo que otorga un poder significativo al demandante en la elección del escenario judicial más adecuado para su reclamo. Sin embargo, esta elección debe hacerse de manera informada y conforme a las disposiciones legales pertinentes, ya que un error en la selección puede llevar a complicaciones procesales, como ocurrió en este caso.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto del caso presentado, se pueden identificar varios errores que podrían dar lugar a la casación. Uno de los principales errores fue la declaración de nulidad de todo lo actuado por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia. Este juzgado, al rechazar la competencia y enviar el caso a otro juzgado, actuó en contra de los principios de «perpetuatio jurisdictionis», lo que significa que no podía apartarse de un caso que ya había asumido sin justificación adecuada. Además, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá también incurrió en un error al cuestionar la decisión de su predecesor sin considerar que la competencia inicial había sido asumida correctamente. Estos errores procesales son relevantes, ya que pueden ser objeto de revisión en un recurso de casación, donde se busca corregir fallos que afecten el debido proceso y la correcta administración de justicia. La Corte Suprema, al resolver el conflicto, subrayó la importancia de seguir los procedimientos establecidos y respetar la competencia asignada, lo que es fundamental para garantizar la protección de los derechos colectivos en acciones populares.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo procesal que puede ser interpuesto en situaciones específicas, como en este caso, donde se presenta un conflicto de competencia entre juzgados. Para que proceda la casación, es necesario cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, la cuantía del asunto debe ser igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que asegura que el caso tenga relevancia económica. Además, el plazo para interponer el recurso es de cinco días hábiles a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es importante señalar que la casación no se basa en la revisión de los hechos del caso, sino en errores de derecho, es decir, en la incorrecta interpretación o aplicación de las normas legales. Las causales de casación están establecidas en el Código General del Proceso y pueden incluir, entre otras, la violación de normas procesales o sustanciales que afecten el resultado del proceso. En este sentido, es fundamental que las partes involucradas en un caso de acción popular conozcan sus derechos y las vías legales disponibles para defenderlos.

Que significa esto para usted?

Si usted se encuentra en una situación similar a la del caso analizado, es fundamental que comprenda las implicaciones de la acción popular y el recurso de casación. La acción popular es un mecanismo que permite a los ciudadanos proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios básicos y la infraestructura adecuada para personas con discapacidad. Sin embargo, es esencial que se sigan los procedimientos correctos y que se elijan los juzgados competentes para evitar complicaciones procesales. La casación, por su parte, es una herramienta que puede ser utilizada para corregir errores en decisiones judiciales, pero debe ser interpuesta dentro de los plazos y requisitos establecidos por la ley. Si ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es recomendable buscar asesoría legal para entender sus opciones y cómo proceder en defensa de sus derechos. La justicia debe ser accesible para todos, y conocer sus derechos es el primer paso para garantizar que se respeten.

Preguntas frecuentes sobre acción popular baño público discapacitados

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano presentar una demanda en defensa de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos o la protección del medio ambiente.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, se debe demostrar que existe un interés colectivo afectado y que la acción busca proteger derechos fundamentales. Además, se deben seguir los procedimientos establecidos en la Ley 472 de 1998.

¿Qué hacer si se pierde en segunda instancia? Si se pierde en segunda instancia, se puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema, siempre que se cumplan los requisitos de cuantía y plazo establecidos por la ley.

¿Cómo se determina la competencia en acciones populares? La competencia en acciones populares se determina por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, según lo establecido en la Ley 472 de 1998.

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