Acción popular por falta de baño público accesible — conflicto de competencia Colombia

Recientemente, en Colombia, se ha presentado un caso que pone de manifiesto la importancia de garantizar el acceso a servicios básicos para todas las personas, en especial para aquellas con discapacidad. En este contexto, un ciudadano interpuso una acción popular debido a la falta de un baño público accesible para personas que se movilizan en silla de ruedas en un establecimiento de Bancolombia en Bogotá. Este hecho no solo resalta la necesidad de espacios inclusivos, sino que también plantea interrogantes sobre la competencia judicial para resolver este tipo de conflictos. Si usted se encuentra en una situación similar, donde ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es fundamental entender qué implica este proceso y cómo puede afectar sus derechos. La casación es un recurso extraordinario que busca revisar decisiones judiciales para garantizar la correcta aplicación de la ley y la protección de los derechos fundamentales. En este artículo, exploraremos los detalles del caso, las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia y cómo se relaciona con el Tratado de Casación Civil, así como los errores que pueden dar lugar a este recurso.

Qué ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia se originó a partir de una acción popular interpuesta por Uner Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. El demandante solicitó que se ordenara a la entidad financiera la provisión de un baño público accesible para personas discapacitadas en su sede ubicada en la carrera 45 N° 108-27 Torre 3 Local 11 de Bogotá. Inicialmente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia admitió la demanda y notificó a las partes involucradas, incluyendo al Ministerio Público y a la Alcaldía de Bogotá, para que se unieran al proceso. Sin embargo, en un posterior pronunciamiento, el juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado, rechazó la demanda y envió el expediente a los juzgados civiles del circuito de Bogotá, argumentando que estos eran los competentes para conocer del caso. Esta decisión generó una controversia que llevó a que el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá también rechazara el asunto, cuestionando la competencia del juzgado de La Virginia y alegando que el demandante había señalado que el agravio afectaba a todo el territorio nacional. Ante esta situación de conflicto de competencia, el expediente fue remitido a la Corte Suprema para que decidiera sobre el asunto.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia evaluó el conflicto de competencia que surgió entre los dos juzgados involucrados en el caso. La Corte, al ser el órgano superior común, tenía la responsabilidad de dirimir la controversia y determinar cuál de los juzgados era el competente para continuar con el trámite de la acción popular. En su análisis, la Corte tuvo en cuenta las disposiciones legales que regulan la competencia en materia de acciones populares, especialmente lo estipulado en la Ley 472 de 1998, que establece las reglas sobre el conocimiento de este tipo de acciones. La Corte concluyó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia era el competente para seguir conociendo del caso, dado que la acción popular había sido inicialmente admitida por este juzgado y no existían razones válidas para que se desentendiera del asunto.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3532-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02308-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3532-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02308-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (17 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (21 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3532-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02308-00 — M.P. [ver documento] — 17 de marzo de 2021

Qué dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales que guían el proceso de casación en Colombia. En el contexto de este caso, es relevante considerar cómo se aplica la normativa sobre competencia judicial en acciones populares. La Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares, otorga al actor la posibilidad de elegir entre los fueros concurrentes establecidos, lo que implica que el demandante debe seleccionar el juzgado que considere adecuado para la tramitación de su demanda. Este aspecto es crucial, ya que si el demandante elige incorrectamente, la competencia puede ser cuestionada, pero la Corte ha señalado que, si el juzgado admite la demanda, este se convierte en el competente, a menos que se presente una causal de nulidad. Esto se relaciona directamente con el caso en cuestión, donde la Corte tuvo que decidir sobre la validez de las decisiones de los juzgados involucrados y la correcta aplicación de la normativa sobre competencia.

“El estudio de la técnica casacional constituye uno de los mayores retos en la vida profesional de un abogado litigante.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza la importancia de la celeridad y la protección de los derechos sustanciales en el proceso judicial. En este sentido, la Corte Suprema, al resolver el conflicto de competencia, busca garantizar que el caso avance de manera efectiva y que los derechos del demandante sean protegidos. La decisión de la Corte de devolver el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia refleja este compromiso con la justicia y la adecuada administración del proceso.

Qué errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es fundamental identificar los errores que pueden dar lugar a este recurso extraordinario. En el caso que estamos analizando, se presentan varias causales que podrían ser relevantes. En primer lugar, la falta de competencia es un error que puede ser alegado en casación. Si un juzgado se pronuncia sobre un asunto que no le corresponde, esto puede ser motivo suficiente para que la Corte Suprema revise la decisión. En este caso, el conflicto de competencia entre los juzgados de La Virginia y Bogotá pone de manifiesto esta problemática, ya que ambos juzgados se declararon incompetentes, lo que llevó a la Corte a intervenir. Otro error que puede dar lugar a casación es la violación de normas procesales, como la falta de notificación adecuada a las partes o la omisión de pruebas relevantes. Si el juzgado no sigue los procedimientos establecidos por la ley, esto podría afectar el derecho de defensa de las partes y, por ende, justificar la casación. Asimismo, la interpretación errónea de la ley es otra causal que puede ser alegada. Si un juzgado aplica incorrectamente una norma legal, esto puede dar lugar a una decisión que no se ajuste a derecho, lo que podría ser revisado por la Corte Suprema. En resumen, los errores relacionados con la competencia, las normas procesales y la interpretación de la ley son aspectos que pueden dar lugar a la casación en casos como este.

Cuándo procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo extraordinario que se puede interponer en determinadas circunstancias. En el caso de acciones populares, como el que hemos analizado, existen requisitos específicos que deben cumplirse para que el recurso sea procedente. En primer lugar, es necesario que la cuantía del asunto supere los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Esto significa que, si el valor de la acción popular es inferior a esta cantidad, no se podrá interponer el recurso de casación. Además, el plazo para presentar el recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es fundamental que el demandante actúe con celeridad, ya que el incumplimiento de este plazo puede llevar a la inadmisión del recurso. Por otro lado, las causales de casación son cruciales para la procedencia del recurso. En el caso de acciones populares, se pueden alegar causales como la falta de competencia, la violación de normas procesales y la interpretación errónea de la ley, entre otras. Es importante que el demandante identifique claramente cuál de estas causales fundamenta su recurso, ya que la Corte Suprema solo revisará los aspectos que se hayan alegado en la demanda de casación. En resumen, para que proceda el recurso de casación en casos como este, es necesario cumplir con los requisitos de cuantía, plazo y causales establecidos por la ley.

Qué significa esto para usted?

La decisión de la Corte Suprema en este caso tiene implicaciones significativas para todos aquellos que se encuentran en situaciones similares. Si usted ha interpuesto una acción popular y ha enfrentado problemas de competencia o ha recibido una decisión adversa en segunda instancia, es fundamental que comprenda sus derechos y las opciones legales disponibles. La casación puede ser una herramienta poderosa para garantizar que se respeten sus derechos y que se aplique correctamente la ley. Es importante que busque asesoría legal para evaluar si su caso cumple con los requisitos para interponer un recurso de casación. La inclusión de personas con discapacidad en la sociedad es un tema de gran relevancia, y la jurisprudencia en este ámbito está en constante evolución. Por lo tanto, mantenerse informado sobre las decisiones de la Corte Suprema y las implicaciones de las acciones populares es crucial para proteger sus derechos y los de su comunidad. Recuerde que cada caso es único y requiere un análisis detallado para determinar la mejor estrategia a seguir.

Preguntas frecuentes sobre acción popular baño público accesible

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos e intereses colectivos, como el acceso a servicios públicos, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de grupos vulnerables.

¿Cuáles son los requisitos para interponer una acción popular? Para interponer una acción popular, se debe demostrar que existe un agravio a derechos colectivos y que la acción busca restablecer la situación afectada. Además, es necesario que la cuantía del asunto supere los 1.000 SMLMV.

¿Qué hacer si se pierde en segunda instancia? Si se pierde en segunda instancia, se puede considerar la posibilidad de interponer un recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos legales y se identifiquen las causales correspondientes.

¿Qué plazo tengo para interponer el recurso de casación? El plazo para presentar un recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es importante actuar con celeridad para no perder la oportunidad de recurrir.

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