Introducción
El sector petrolero, como motor de desarrollo en muchos países, se encuentra regido por un estricto marco normativo que, entre otros aspectos, orienta las relaciones entre operadores, propietarios de tierras y el Estado. En este contexto, las servidumbres juegan un papel crucial. Esta figura jurídica, a menudo malentendida y, por ende, subestimada tanto por operadoras como por propietarios de terrenos, puede desembocar en conflictos que inutilizan recursos significativos. Entre las diferentes problemáticas que pueden surgir, destaca el fenómeno del “Stand-by” de equipos de perforación, el que no puede ser achacado a la unidad técnica (UT) en caso de que el impedimento de paso por propietarios no sea saneado por las operadoras.
Régimen legal de las Servidumbres en el Sector Petrolero
Las servidumbres, en el contexto del sector petrolero, se regulan esencialmente por la Ley 1274 de 2009 y el Código de Petróleos. La Ley 1274, que establece el régimen de acceso a la tierra para la exploración y explotación de hidrocarburos, contempla la existencia de servidumbres para garantizar a los operadores el libre acceso a las áreas donde se llevarán a cabo las actividades de perforación. Esta ley no solo establece las condiciones bajo las cuales se pueden establecer las servidumbres, sino que también subraya la necesidad de compensar a los propietarios afectados.
El Código de Petróleos complementa esta regulación al establecer un marco claro sobre la indemnización justa a los propietarios de tierras por el uso de sus terrenos. Es imperativo destacar que la creación de una servidumbre no debe ser una excusa para evadir la responsabilidad que tienen los operadores de sanear las servidumbres, dado que su obligación no se limita a la materialización de los permisos, sino que también se extiende al adecuado mantenimiento de las condiciones para el acceso a las áreas operativas.
Impedimento de paso por propietarios y el Stand-by de equipos de perforación
El impedimento de paso por propietarios representa uno de los principales obstáculos que enfrentan las operadoras, llevando a la paralización de actividades y a la acumulación de costos innecesarios por el stand-by de los equipos de perforación. La operadora, al no efectuar los trámites necesarios para sanear las servidumbres y resolver situaciones de acceso, se expone a la angustiosa realidad del idle time, el tiempo de inactividad que se traduce en gastos sin retorno.
Es fundamental que las operadoras comprendan que, de acuerdo con el régimen jurídico vigente, el deber de sanear servidumbres es ineludible. Conocer la extensión de sus derechos y el deber de facilitar un efectiva ejecución de su agenda operativa es esencial. Un impedimento de paso no debe traducirse en un costo adicional para la Unidad Técnica (UT) o, por extensión, para los asociados. La jurisprudencia ha sido clara al establecer que si el costo resulta del incumplimiento de las obligaciones de la operadora, esta no puede trasladar la carga a la UT.
Por lo tanto, el “Stand-by” de los equipos, consecuencia directa de las fallas en el saneamiento de servidumbres por parte de las operadoras, no debe ser considerado como un gasto reembolsable a la UT. Esto reafirma la importancia del cumplimiento de las normativas y la activa participación de las operadoras en el proceso de negociación de servidumbres.
Conflicto de interés en la asesoría legal
Al abordar el litigio en Petróleos, no se puede silenciar el papel que desempeñan los grandes despachos jurídicos o “Big Law”. A menudo, estas firmas son los asesores principales de las operadoras, lo que genera un evidente conflicto de interés. Por un lado, su interés en mantener a sus clientes satisfechos y que continúen recurriendo a sus servicios puede llevar a una falta de presión sobre las operadoras para que cumplan su obligación de sanear los predios.
Esta situación se convierte en un factor potencial de riesgo en el mercado de hidrocarburos. En muchas ocasiones, se percibe que la colaboración entre las operadoras y sus asesores legales se centra más en minimizar riesgos reputacionales que en garantizar que se respeten los derechos de los propietarios de tierras. Esta falta de acción en la legalidad puede dar pie a litigios prolongados e innecesarios que no solo afectan a las partes involucradas, sino también repercuten en la imagen del sector y su capacidad de seguir operando con eficiencia.
Jurisprudencia sobre la responsabilidad de la operadora en el acceso al área de operación
La jurisprudencia ha establecido criterios claros sobre la responsabilidad de las operadoras en relación con el acceso a las áreas de operación. En varias sentencias, los tribunales han subrayado que la obligación de sanear servidumbres recae sobre la operadora como parte integral de sus responsabilidades operativas. Por ejemplo, en el caso de “X vs. Empresa Y”, el Tribunal Supremo enfatizó que la falta de diligencia en la obtención de los permisos necesarios para el acceso, así como en el dialogo con los propietarios, representa una violación de los deberes regulatorios propios del operador.
El precedente judicial establece que la inacción o la ineficiencia en este proceso no solo genera responsabilidad civil, sino que también puede acarrear consecuencias administrativas que obedecen a la incapacidad de la operadora para garantizar la continuidad de sus actividades. Esto se traduce en la posibilidad de reclamaciones tanto por daños y perjuicios como por tiempo de inactividad, que puede ser considerado como una pérdida directa atribuible a la negligencia en el saneamiento de servidumbres.
Conclusión
El sector petrolero enfrenta desafíos significativos en términos de litigio debido a la falta de cumplimiento de las obligaciones de saneamiento de servidumbres por parte de los operadores. Este comportamiento no solo perjudica a los propietarios, sino que también afecta a la eficiencia de las operaciones de perforación y, en consecuencia, al desarrollo del sector.
Las operadoras deben asumir un rol proactivo y ser conscientes de su obligación legal y moral de sanear servidumbres. La asesoría jurídica debe trascender el mero cumplimiento de responsabilidades, poniendo en primer plano el interés colectivo y la sostenibilidad de las operaciones. La colaboración entre operadoras y propietarios de tierras es indispensable para asegurar un ambiente que fomente la inversión y la confianza en el sector.
En última instancia, tanto el marco legal como la jurisprudencia vigente apuntan a que el cumplimiento de las obligaciones de saneamiento es esencial no solo desde una perspectiva técnica, sino también desde una etiqueta ética que busca garantizar un equilibrio entre los derechos de los propietarios y la necesidad de las operadoras de llevar a cabo su actividad económica. Solo a través de esta comprensión y respeto mutuo se podrá promover un ambiente de cooperación que beneficie a todos los actores del sector.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Experto en Servidumbres y Derecho de Tierras en el Sector Petrolero
Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Petróleos.
En el Sector Petrolero, la viabilidad de un proyecto depende de la correcta gestión de las servidumbres legales de hidrocarburos.
Estrategia de Defensa: Nisimblat Law interviene en conflictos por limitaciones al dominio y falta de saneamiento predial por parte de las operadoras, garantizando que las Uniones Temporales no asuman los costos de los retrasos por falta de acceso a las áreas de perforación o transporte.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación