Acción popular por unidad sanitaria — conflicto de competencia Colombia

En el contexto de la acción popular promovida por Augusto Becerra Largo, se planteó un conflicto de competencia entre dos juzgados en Colombia. Este caso se centra en la falta de una unidad sanitaria adecuada para personas con movilidad reducida, un tema que resuena con muchos ciudadanos que enfrentan barreras en su vida diaria. La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier persona actuar en defensa de derechos colectivos, como la salud, la educación y el medio ambiente. Sin embargo, la complejidad del sistema judicial colombiano puede llevar a situaciones confusas, como la que se presenta en este caso, donde dos juzgados se declaran incompetentes para conocer el asunto. Si usted se encuentra en una situación similar, es fundamental entender cómo funciona el recurso de casación y qué pasos puede seguir para proteger sus derechos.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso comenzó cuando Augusto Becerra Largo presentó una acción popular ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, solicitando que Bancolombia S.A. construyera una unidad sanitaria pública apta para ciudadanos con movilidad reducida. El demandante argumentó que la falta de estas instalaciones vulneraba derechos colectivos. Sin embargo, el juzgado de La Virginia, tras admitir la demanda, declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado, argumentando que el domicilio de la entidad demandada no se encontraba en su jurisdicción y que la vulneración de derechos ocurría en Envigado, Antioquia.

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, al recibir el expediente, también se negó a asumir el caso, alegando que solo la parte demandada tenía legitimidad para cuestionar la competencia del juzgado que había admitido la demanda. Esta situación generó un conflicto de competencia que fue elevado a la Corte Suprema de Justicia para su resolución. La Corte tuvo que evaluar las normas de competencia aplicables y determinar cuál de los juzgados debía conocer el caso, considerando que se trataba de un asunto que involucraba derechos colectivos y la necesidad de garantizar el acceso a servicios básicos para personas con movilidad reducida.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia se centró en la competencia de los juzgados involucrados en el caso, analizando las normas que rigen la materia. La Corte evaluó si el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había actuado correctamente al declarar la nulidad de lo actuado y si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado tenía fundamento para rechazar el conocimiento del caso. La Corte tuvo que considerar no solo el domicilio de las partes, sino también el lugar donde se alegaba que se producían las vulneraciones a los derechos colectivos, así como las reglas de competencia establecidas en la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares en Colombia.

“Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci�n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as�: (i) Los fueros concurrentes por elecci�n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3557-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02806-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Y el fuero contractual ata�e, finalmente, a �los procesos originados en un negocio jur�dico o que involucren t�tulos ejecutivos� en los que �es tambi�n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones�. (iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci�n a las espec�ficas funciones de los jueces en las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3557-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02806-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci�n territorial (pues opera �salvo disposici�n legal en contrario�); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci�n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni�os, ni�as o…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3557-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02806-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece que la competencia en acciones populares debe ser determinada por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, a elección del actor. Esto significa que el demandante tiene la libertad de elegir ante cuál juez presentar su acción, lo que es crucial en casos donde se alegan vulneraciones a derechos colectivos. La Corte ha reiterado que una vez presentada la demanda, el juez ante el cual se interpone debe conservar su competencia, a menos que se presente una objeción válida por parte de la parte demandada. En este caso, la Corte tuvo que decidir si la elección del demandante de presentar la acción en La Virginia era válida, dado que la vulneración alegada ocurría en Envigado.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado menciona que la competencia territorial en acciones populares es fundamental para garantizar el acceso a la justicia, especialmente en casos que afectan a grupos vulnerables. La Corte tuvo que evaluar si la decisión de los juzgados de no asumir el caso era coherente con las normas que rigen la competencia en acciones populares y si se estaba garantizando el derecho del demandante a acceder a la justicia.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En este caso, los errores que podrían dar lugar a la casación incluyen la incorrecta interpretación de las normas de competencia y la falta de consideración de los derechos colectivos involucrados. La Corte ha establecido que los jueces deben actuar con diligencia al determinar su competencia, y cualquier error en este sentido puede ser objeto de revisión a través del recurso de casación. Además, si un juez se aparta de las reglas de competencia establecidas por la ley, esto puede constituir una causal de casación. En este caso, la negativa de ambos juzgados a asumir el conocimiento del caso puede ser vista como un error que afecta el derecho del demandante a obtener una respuesta judicial a su solicitud de protección de derechos colectivos. La Corte debe evaluar si los juzgados actuaron de acuerdo con las pautas establecidas en la Ley 472 de 1998 y si se respetaron los derechos del demandante en el proceso.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación procede en casos donde se ha producido un error en la interpretación o aplicación de la ley por parte de los jueces. En el contexto de acciones populares, el recurso puede ser interpuesto cuando se considera que se ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia o cuando se ha cometido un error en la determinación de la competencia. Para que el recurso de casación sea procedente, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, como la cuantía del asunto, que debe ser superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), y que se interponga dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se impugna. Además, el recurso debe basarse en causales específicas, como la falta de aplicación de normas que regulan la competencia en acciones populares. Es fundamental que el demandante esté bien asesorado para presentar un recurso sólido que permita a la Corte revisar la decisión de los juzgados y garantizar el respeto de los derechos colectivos en juego.

Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano que ha enfrentado situaciones similares, este caso resalta la importancia de entender cómo funciona el sistema judicial en Colombia, especialmente en lo que respecta a las acciones populares. La falta de acceso a servicios básicos, como una unidad sanitaria adecuada, puede ser un tema de gran relevancia para muchas personas. Es esencial que conozca sus derechos y las herramientas legales a su disposición para protegerlos. Si ha presentado una acción popular y se encuentra en una situación de conflicto de competencia, es fundamental que busque asesoría legal para evaluar sus opciones. La Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, y su decisión en este caso puede sentar un precedente importante para futuras acciones populares. No dude en buscar ayuda profesional para asegurar que su voz sea escuchada y que sus derechos sean defendidos.

Preguntas frecuentes sobre acción popular unidad sanitaria

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano actuar en defensa de derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos, la protección del medio ambiente y la defensa de la salud pública.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, se debe demostrar que existe una amenaza o vulneración de derechos colectivos y que se cuenta con la legitimidad para actuar en defensa de esos derechos.

¿Qué hacer si un juzgado se declara incompetente? Si un juzgado se declara incompetente, puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se revise la decisión y se determine la competencia adecuada.

¿Cómo se determina la competencia en acciones populares? La competencia en acciones populares se determina por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, a elección del actor, según lo establecido en la Ley 472 de 1998.

← Ver guia completa de casacion civil en Colombia