Acción popular por falta de accesibilidad en entidad financiera — competencia en acciones populares Colombia

En el contexto de la acción popular que se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia, se presentó un caso que refleja la lucha por la accesibilidad en los servicios públicos. Sebastián Colorado, un ciudadano que busca garantizar el derecho a la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y visual, interpuso una acción popular contra el Banco Davivienda S.A. debido a la falta de medidas adecuadas en sus instalaciones. Este hecho pone de manifiesto la importancia de garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder a los servicios financieros. La situación que enfrenta el lector puede ser similar si se ha visto involucrado en un proceso judicial que busca proteger derechos colectivos o si ha recibido una decisión desfavorable en segunda instancia. La casación es un recurso que permite revisar decisiones judiciales, buscando corregir errores que puedan haberse presentado en el proceso. En este artículo, exploraremos el caso específico, la decisión de la Corte, y cómo se aplica la normativa relacionada con las acciones populares en Colombia.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia involucró a Sebastián Colorado, quien presentó una acción popular contra el Banco Davivienda S.A. La demanda se centró en la falta de accesibilidad en las instalaciones de la entidad financiera, específicamente en la necesidad de contar con un profesional intérprete y un guía intérprete para atender a usuarios con discapacidad auditiva y visual. La acción fue inicialmente admitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, que ordenó notificar a la entidad accionada y al Ministerio Público, así como a la Alcaldía de Moniquirá, Boyacá. Sin embargo, posteriormente, el mismo juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado, argumentando que la competencia para conocer del asunto correspondía al Juzgado Civil del Circuito de Moniquirá, dado que allí se encontraba la sede de la entidad bancaria en cuestión. Esta decisión generó un conflicto de competencia entre ambos juzgados, lo que llevó a que el expediente fuera enviado a la Corte Suprema para que resolviera la controversia. La Corte tuvo que analizar las normas que rigen la competencia en acciones populares, así como los principios que deben guiar la asignación de casos en el ámbito judicial.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia que surgió entre los juzgados involucrados en el caso. En particular, se centró en determinar cuál de los dos juzgados tenía la facultad para continuar con el trámite de la acción popular presentada por Sebastián Colorado. La Corte consideró los principios establecidos en la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares en Colombia, así como las disposiciones del Código General del Proceso. La Corte concluyó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia era el competente para seguir conociendo el caso, ya que había admitido la demanda y no había razones válidas para que se apartara del conocimiento del asunto. Esta decisión se basó en la regla de perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede separarse de él sin justificación adecuada.

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (26 ene. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (19 abr. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3549-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02594-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3549-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02594-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3549-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02594-00 — M.P. [ver documento] — 26 de enero de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece directrices claras sobre la competencia en acciones populares y la forma en que deben ser gestionadas por los juzgados. En este sentido, la norma resalta la importancia de que los jueces actúen conforme a los principios de celeridad y eficiencia en la administración de justicia. En el caso en cuestión, la Corte Suprema reafirmó que la elección del juez por parte del actor popular es vinculante, siempre que se ajuste a las disposiciones legales. Esto significa que, si un juez admite una demanda, se espera que continúe con el conocimiento del caso, a menos que se presente una causal que justifique su apartamiento. Esta interpretación es crucial para garantizar la protección de los derechos colectivos y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

“Mediante el uso de la tecnología, el análisis de datos y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busca exponer las líneas jurisprudenciales que gobiernan la técnica del recurso de casación civil en Colombia.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza que la competencia territorial en acciones populares debe ser determinada por el lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado. En este caso, la Corte tuvo que considerar si el juzgado que inicialmente admitió la demanda tenía la competencia adecuada para conocer del asunto, lo que finalmente llevó a la conclusión de que debía continuar con el trámite.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es importante identificar los errores que pueden llevar a la Corte Suprema a revisar una decisión tomada por un tribunal inferior. En este caso, se pueden señalar varios aspectos que podrían considerarse errores del tribunal. Primero, la declaración de nulidad de todo lo actuado por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia puede ser vista como un error, ya que este juzgado había admitido la demanda y, por lo tanto, tenía la competencia para continuar con el proceso. Segundo, el hecho de que el juzgado se apartara del conocimiento del caso sin una justificación adecuada puede ser considerado un incumplimiento de la regla de perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede separarse de él sin motivos válidos. Tercero, la falta de consideración de las normas que rigen la competencia en acciones populares, como lo establece la Ley 472 de 1998, puede haber llevado a decisiones erróneas en la asignación del caso. Estos errores, entre otros, pueden ser causales que justifiquen la intervención de la Corte Suprema a través del recurso de casación, buscando así corregir las decisiones que no se ajusten a derecho.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo que permite a las partes impugnar decisiones judiciales que consideran erróneas. En el caso de acciones populares, este recurso puede proceder bajo ciertas condiciones. En primer lugar, es necesario que la cuantía del asunto supere los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que garantiza que el caso tenga relevancia económica. Además, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se desea impugnar. Las causales de casación son diversas, pero en el contexto de acciones populares, se pueden mencionar las que se relacionan con la violación de normas procesales, la falta de competencia del juez que tomó la decisión y la incorrecta interpretación de las normas sustantivas que regulan el asunto. Es fundamental que quien interponga el recurso de casación argumente de manera clara y precisa cuáles son los errores que considera que se han cometido, ya que esto será determinante para que la Corte Suprema evalúe la procedencia del recurso y, en su caso, revoque la decisión impugnada.

Que significa esto para usted?

Para usted, como lector y potencial afectado en situaciones similares, es fundamental entender que la casación es una herramienta legal que puede ser utilizada para corregir decisiones judiciales que no se ajustan a la ley. Si ha enfrentado un caso relacionado con acciones populares o ha recibido una decisión desfavorable en segunda instancia, es importante que sepa que tiene derechos y opciones disponibles. La protección de los derechos colectivos es un pilar fundamental en el sistema jurídico colombiano, y la Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de garantizar que se respeten estos derechos. Si considera que su caso presenta errores que pueden ser objeto de casación, es recomendable que busque asesoría legal especializada que le permita evaluar las posibilidades de éxito en un eventual recurso. La justicia debe ser accesible para todos, y conocer sus derechos es el primer paso para hacerlos valer.

Preguntas frecuentes sobre competencia acciones populares

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos, el medio ambiente y otros derechos fundamentales.

¿Cuáles son los requisitos para interponer una acción popular? Para interponer una acción popular, se debe demostrar que existe una vulneración a derechos colectivos y que se busca proteger el interés general. Además, es necesario cumplir con los requisitos formales establecidos en la ley.

¿Qué hacer si se pierde en segunda instancia? Si se pierde en segunda instancia, se puede considerar la posibilidad de interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

¿Cuánto tiempo tengo para interponer un recurso de casación? El recurso de casación debe ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que se desea impugnar.

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