Acción popular por falta de intérpretes — conflicto de competencia Colombia

La situación que ha llevado a muchas personas a buscar justicia en los tribunales puede ser angustiante y frustrante. En este caso específico, se trata de una acción popular que busca garantizar el derecho a la comunicación para personas con discapacidad auditiva y visual, quienes enfrentan serias dificultades para acceder a servicios básicos. La falta de intérpretes calificados en entidades como el Banco Davivienda ha suscitado un conflicto de competencia entre dos juzgados, lo que ha complicado aún más la búsqueda de solución. La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos, y en este contexto, es fundamental para asegurar que las instituciones cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, la complejidad del proceso judicial puede ser abrumadora, especialmente si se enfrenta a un conflicto de competencia. Es aquí donde la Corte Suprema de Justicia juega un papel crucial, al resolver disputas entre diferentes juzgados y asegurar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

En este caso, el demandante, Sebastián Colorado, interpuso una acción popular contra el Banco Davivienda S.A. ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda. El objetivo de la demanda era que la entidad financiera contratara de manera permanente a un intérprete y un guía intérprete, tal como lo establece la Ley 982 de 2005, para atender a usuarios con discapacidad auditiva y visual en su sede ubicada en Barbosa, Santander. El juzgado admitió la demanda el 18 de noviembre de 2020 y comenzó el proceso correspondiente, notificando a la entidad demandada y al Ministerio Público. Sin embargo, en un giro inesperado, el juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado el 13 de abril de 2021, argumentando que la competencia para conocer del caso correspondía a los juzgados de Barbosa, ya que allí se encontraba la sede del banco. Esta decisión generó un conflicto de competencia, ya que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Vélez, Santander, asumió el caso, pero luego decidió que el Juzgado de La Virginia era el competente. Esta situación llevó a que el expediente fuera enviado a la Corte Suprema para que resolviera la disputa entre los juzgados.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre los dos juzgados involucrados en la acción popular. La Corte examinó los fundamentos legales que determinan la competencia de la jurisdicción ordinaria en materia civil, especialmente en el contexto de las acciones populares. Se consideraron factores como el lugar de ocurrencia de los hechos y el domicilio del demandado, así como la elección del actor popular en cuanto a la jurisdicción. La Corte resolvió que, dado que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia había admitido la demanda y no había existido un reproche por parte de la entidad demandada, era el competente para continuar con el trámite del proceso. Esto se basó en la regla de perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez que un juzgado asume un caso, no puede separarse de él sin justificación adecuada.

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (18 nov. 2020), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (13 abr. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3548-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02579-00 — M.P. [ver documento] — 18 de noviembre de 2020

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3548-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02579-00 — M.P. [ver documento] — 18 de noviembre de 2020

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3548-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02579-00 — M.P. [ver documento] — 18 de noviembre de 2020

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece principios fundamentales que guían la resolución de conflictos de competencia entre juzgados. En este caso, se aplica el principio de que la elección del actor popular es vinculante para el juez ante quien se presenta la demanda. Esto significa que, si el demandante elige un juzgado y este acepta el caso, la competencia no puede ser cuestionada sin una justificación válida. La Corte Suprema, al resolver este conflicto, reafirma la importancia de la estabilidad en la jurisdicción y la necesidad de que los juzgados mantengan su responsabilidad en los casos que asumen. Esto es esencial para garantizar la celeridad y la efectividad en la administración de justicia, especialmente en acciones populares que buscan proteger derechos colectivos. La Corte también enfatiza que cualquier error en la elección del juzgado debe ser abordado por el demandado a través de los mecanismos procesales adecuados.

“El estudio de la técnica casacional constituye uno de los mayores retos en la vida profesional de un abogado litigante.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado subraya que la competencia de los juzgados en acciones populares está regida por normas específicas que buscan proteger los derechos de las comunidades afectadas. En este sentido, la Corte reafirma que la correcta aplicación de estas normas es fundamental para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad sean defendidos adecuadamente en el ámbito judicial.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la casación, es importante identificar los errores que pueden dar lugar a la anulación de una decisión judicial. En este caso, se pueden considerar varios aspectos. Primero, la falta de consideración de la regla de perpetuatio jurisdictionis por parte del Juzgado de La Virginia, que inicialmente admitió la demanda y luego se desligó del caso sin justificación adecuada. Este tipo de error puede ser motivo suficiente para que la Corte Suprema revise la decisión y restablezca la competencia del juzgado que asumió el caso en primer lugar. Segundo, la incorrecta interpretación de la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares, puede llevar a decisiones erróneas en cuanto a la competencia. Si un juzgado no aplica correctamente esta ley, puede estar vulnerando los derechos de los ciudadanos y, por ende, ser susceptible a un recurso de casación. Tercero, la falta de respuesta adecuada a las alegaciones del demandado sobre la competencia puede ser otro error que dé lugar a la revisión por parte de la Corte. En resumen, cualquier decisión que no respete los principios establecidos en la ley o que no considere adecuadamente los derechos de las partes involucradas puede ser objeto de casación.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación es un mecanismo que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia. En el contexto de acciones populares, este recurso puede proceder bajo ciertas condiciones. Primero, es necesario que la cuantía del asunto sea superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que asegura que el caso tenga relevancia económica. Además, el plazo para interponer el recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. En cuanto a las causales, estas pueden incluir errores en la interpretación de la ley, falta de aplicación de normas relevantes, o violaciones a derechos fundamentales. En el caso de acciones populares, la Corte también puede considerar si se han vulnerado principios de celeridad y acceso a la justicia. Es fundamental que los demandantes conozcan estos requisitos y causales para poder ejercer su derecho a la casación de manera efectiva.

Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano que busca justicia, este caso representa una oportunidad para entender mejor cómo funciona el sistema judicial en Colombia, especialmente en el contexto de acciones populares. Si ha enfrentado dificultades similares, es importante que sepa que existen mecanismos legales para defender sus derechos. La acción popular es una herramienta poderosa que permite a cualquier persona actuar en defensa de derechos colectivos, y el conflicto de competencia resuelto por la Corte Suprema muestra la importancia de contar con un sistema judicial que funcione adecuadamente. Además, conocer los requisitos y causales para interponer un recurso de casación puede ser crucial si se siente afectado por decisiones judiciales que considera injustas. La justicia es un derecho fundamental, y es esencial que todos los ciudadanos tengan acceso a ella de manera efectiva y oportuna.

Preguntas frecuentes sobre acción popular competencia judicial

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos que se consideren vulnerados, como el acceso a servicios básicos.

¿Cuáles son los requisitos para interponer una acción popular? Para interponer una acción popular, es necesario que exista un interés colectivo afectado y que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 472 de 1998.

¿Qué hacer si se presenta un conflicto de competencia? Si se presenta un conflicto de competencia, es posible recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la disputa entre los juzgados involucrados.

¿Cuánto tiempo tengo para interponer un recurso de casación? El plazo para interponer un recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar.

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